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El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días

En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas.

Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de muy poco tiempo, porque está aceptado que para evaluar la performance de la actividad agregada y a partir de ahí de sus derivados el consumo, el comercio exterior, las finanzas públicas, el empleo, la inversión y la situación monetaria y el nivel de pobreza de la población, se requieren al menos de dos trimestres o tres para advertir si se está frente a más de lo mismo agravado, o de un cambio de carácter permanente, sustentable, o meramente accidental o débil.

Pero además, en la Argentina, por esas cosas de las crisis institucionales recurrentes desde la vuelta a la democracia en 1983 los presidentes asumen el 10 de diciembre, con la excepción de la crisis de fines de 2001-2002 que determinó reiniciar el ciclo por única vez el 25 de mayo de 2003, pero con finalización el 10 de diciembre de 2007, cuando antes de los golpes de estado de los 70 y 80 las asunciones ocurrían al comienzo del último trimestre, un 12 de octubre, o a mitad de año, entre junio y julio.

Este no es un punto menor, que debería ser revisado con la votación legislativa de una addenda a la Constitución Nacional, porque no es lo mismo comenzar un gobierno a comienzos de un tercer trimestre en el que casualmente empiezan los trabajos de elaboración del Presupuesto de Gastos y Recursos para el período entrante y las pautas plurianuales para los tres años siguientes de mandato, que hacerlo sobre el filo del cierre del año calendario y fiscal en el que, además, hereda un Presupuesto aprobado por el oficialismo viejo, como ocurre ahora en que la ciudadanía votó el recambio.

Pero además, desde la óptica meramente del análisis económico no es lo mismo hacer un balance de los primeros 180 en el período de alza estacional de la actividad, que hacerlo justo en el de baja, y para peor en un contexto de una conocida herencia de destrucción de las estadísticas básicas que impiden no sólo conocer los números reales y contrastarlos con las estimaciones de las consultoras privadas, sino tampoco contar con series ajustadas por estacionalidad.

De ahí que luego de una acelerada etapa de normalización de las estadísticas y de las relaciones internacionales, tanto comerciales, como financieras, para lo cual el 14 de abril se ha fijado como punto de partida del antes y después, habrá que esperar el desempeño de las variables económicas de lo que resta del segundo trimestre y todo el tercero, para poder evaluar con números concretos, más que con sensaciones y percepciones sesgadas, según lugares de residencia, bandera política o situación de ingreso, sobre los progresos o fracasos registrados.

Eso nos lleva, como mínimo, al 10 de diciembre próximo, que es la fecha en la que el Indec podrá mostrar los datos relevantes de actividad, empleo, inversión, deuda pública al 30 de septiembre, que se informan cada tres meses con amplia desagregación, y el Gobierno presentar sus metas revisadas para el nuevo año en que a través de la renovación parcial de las cámaras legislativas podrá percibir la real evaluación de la población de su primer año y medio de gestión.

Segundo trimestre clave
El primer trimestre de Gobierno, a contramano de la estacionalidad baja de la actividad productiva y comercial, ha sido singularmente intenso en el flanco político, tanto en lo que respecta a la construcción de poder interno a una velocidad que sorprendió tanto a propios como más aún extraños, como en las relaciones diplomáticas, y en especial en espinoso terreno de las finanzas internacionales con holdouts que aparecían como intransigentes e indomables.

Ahora se espera que adquiera mayor protagonismo el frente económico y social, en lo que por la elección del gradualismo gran parte de la sociedad deberá enfrentar el dolor de las recomposiciones de los cuadros tarifarios de gas, agua, transporte y comunicaciones, y las empresas ajustar sus presupuestos a las definiciones de subas salariales que se acuerden en paritarias, la mayoría concentradas en ese período; mientras que el Banco Central no podrá sostener una política de tasas de interés en torno a 40% anual, si quiere contribuir a recomponer los índices de bancarización y de crédito al consumo de corto plazo, como de inversión productiva y en especial hipotecario y prendario.

Eso requerirá también replantear las modestas previsiones de Hacienda y Finanzas de baja del déficit fiscal, porque con un rojo heredado de más de 7% del PBI, equivalente a más de dos meses de ingresos fiscales genuinos, reducirlo a cerca de 5% del PBI implicará que el Tesoro nacional continúe dependiendo del auxilio financiero del Banco Central y del uso del fondo de ahorro de los jubilados, esto es del impuesto inflacionario, aunque sea atenuado en las metas a un rango aún inquietante de 20 a 25% anual.

En su visita a Buenos Aires el presidente Barack Obama dijo que una de las claves de sus buenos resultados económicos, con 72 meses consecutivos de crecimiento del empleo y reducción del déficit fiscal, fue el haber tomado las medidas duras, antipáticas, de una sola vez: “A veces el dolor a corto plazo y el tener que tomar acciones decisivas en una etapa temprana es lo más oportuno, en lugar de dejar las cosas para mañana y terminar con una serie de problemas que se perpetúan”, dijo.

El gradualismo que eligió Alfonso Prat-Gay, sostenido y alentado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para avanzar no sólo en metas más ambiciosas de disciplina fiscal, sobre todo a la luz del desmadre encontrado en todas las reparticiones públicas en materia de sobre dotación de personal no sólo física, sino también nominal, esto es inexistente para justificar movimientos de fondos a destinos desconocidos pero sospechados, presupuestos descabellados tanto de obras públicas no hechas pero pagadas, como de bienes y servicios, deudas no registradas con proveedores del estado; sino también en la normalización de todos los cuadros tarifarios, pero también de los planes asistenciales y régimen tributario integral, para asalariados, autónomos, monotributistas y empresas (ajustes por inflación), explica el deterioro de las expectativas inflacionarias y con ello de las posibilidades de rápida maduración de las esperadas inversiones productivas, dado que la mayoría no pasan del estado de los anuncios y promesas, a la espera de gran parte de esas soluciones.

El inventario que deberá hacer Macri: beneficios y costos

El nuevo Presidente de la Nación sabe que comienza su mandato con un estado de la economía y del escenario socioeconómico muy complicado, porque la mayoría de los indicadores relevantes se han salido de la órbita de los desvíos generalmente tolerables, sea en lo referente a la tasa de inflación, déficit fiscal, nivel de reservas, cantidad de dinero en circulación, niveles de oferta laboral y desempleo encubierto, pobreza y diversidad de planes sociales que no llegan totalmente a sus reales beneficiarios, como subsidios al consumo de servicios públicos a sectores de ingresos varias veces superiores al promedio nacional.

Sin embargo, lo que parece claro e indiscutible para la mayoría de los argentinos, como de las gobernaciones, aún de las administradas por partidos de oposición, no lo es a la hora de cuantificar la realidad de dichos desvíos, porque las estadísticas han sido viciadas al extremo y los destinos de los recursos asignados no llegan plenamente a todos los beneficiarios.

INDEC: Uno de los puntos de partida es la decisión de normalizar las estadísticas, no sólo para poder conocer cada vez el real nivel de inflación en el promedio nacional y el desagregado por región del Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano que la administración anterior nunca se ocupó de difundir, y el correspondiente recálculo de los índices reales de pobreza e indigencia, como de población con necesidades básicas insatisfechas, y el real nivel de oferta laboral y la proporción que no logra el objetivo de obtener un empleo pleno. Continuar leyendo →

Un campo minado que no inquieta a los mercados de capitales

Tras el sorpresivo resultado de las elecciones generales, el Gobierno reaccionó de la peor manera, al parecer con el propósito de echarle más pólvora a un teatro de operaciones que le propinó una victoria pírrica.

La primera medida que tomó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, fue la de obligar a las compañías aseguradoras a desprenderse en menos de tres meses del exceso de bonos dolarizados con el claro objetivo de bajar el precio del dólar contado con liqui, pese a que había fracasado un mes antes cuando la Comisión Nacional de Valores adoptó una medida similar para las Fondos Comunes de Inversión. En este caso, el daño, de prosperar la norma, se manifestará más lentamente que en el caso de los FCI, porque sólo ocurrirá cuando las compañías tengan que cubrir siniestros que están directamente asociados al valor del dólar, independientemente de que las primas se paguen en pesos, como ocurre con el caso de los automotores que tienen más de 60% de componente importado y cuyo parque de más de 12 millones de unidades está compuesto por más de 50% de unidades foráneas.

La segunda medida, de carácter informal, porque se comunicó por vía telefónica y mensajes de texto en los celulares por parte del Banco Central a las entidades y de éstas a sus clientes, pero más efectiva que la anterior, fue el aumento del cepo de cambio a los importadores. Pasó de la discrecionalidad conocida en las autorizaciones de las DJAI (Declaraciones Juradas de Necesidades Anticipadas de Importación) a la reducción de las autorizaciones a las entidades bancarias a vender a clientes divisas por más de USD 75.000 diarios, cuando antes de las elecciones era de USD 150.000 y venía de un recorte a partir de las PASO desde USD 200.000. Con la nueva restricción abarcó a los grandes operadores turísticos y con ello a la población que estaba planificando viajar al exterior en los próximos meses.

Pero también se profundizó otra medida del Banco Central que minó a un más el campo de acción del próximo Gobierno, cualquiera sea el signo político, con las ventas de dólares a futuro por cifras hipermillonarias, unos USD 11.000 millones, que deberá pagar la diferencia de precio en pesos del cambio oficial entre el valor pactado y el real. En caso de unificación cambiaria a la paridad del contado con liqui significaría una inyección de pesos de unos $45.000 millones, sobre un excedente que algunos expertos estiman en más de $200.000 millones, dada la relación de convertibilidad y las reservas y la base monetaria, que se estacionó en 20 pesos.

Y a eso hay que agregar el efecto de los intereses devengados por los instrumentos de regulación monetaria, como las Lebacs, más aún luego de la cuarta medida del comienzo de la semana poselectoral de las tasas de esos instrumentos, y, por extensión de los tipos pisos para las colocaciones de pesos a plazo fijo, también para inducir a la baja del dólar contado con liqui.

Las reservas en divisas ya estarían en zona negativa
Mientras no se dispuso de medida alguna para frenar la caída de las reservas que ya están a niveles de más de nueve años atrás, a diferencia de lo que han hecho la mayoría de los países emergentes en general y de la región en particular, vía fuertes devaluaciones de sus monedas, para tampoco perjudicar en exceso a la producción nacional y alentar las exportaciones, en detrimento de importaciones suntuarias.

Sin embargo, pese la acumulación de severas dificultades que enfrentan las empresas productoras de bienes y servicios, que se manifiestan en una capacidad ociosa de 30%; cierre de mercados de exportación y destrucción de empleo hormiga, con la mira puesta en un cambio que si no ocurre desde 10 de diciembre amenaza con potenciarse, porque se agotan las capacidades financieras, principalmente en los sectores de las medianas y empresas que no cuentan con el sostén de las casas matrices del exterior, los mercados financieros trasuntan una singular euforia, bajo el conocido argumento de que “siempre se anticipan y obran en consecuencia”.

Y si bien el último domingo los que votaron por un cambio de política se estima que estuvieron representados por casi dos tercios del electorado, no hay el mismo consenso de que, en caso de validarse el domingo 22 de noviembre, sobre las medidas de política económica que deberá tomar el nuevo Gobierno desde el mismo 10 de diciembre, dada la gravedad de los desbarajustes de los indicadores económicos, y sobre todo sociales, se caractericen por el gradualismo o el shock que aconseja la salida de situaciones desequilibrantes en todos los frentes, que varias veces tuvieron lugar en la Argentina desde fines de los años cincuenta.

Diversos interrogantes hasta el 10-D
Como dijo Juan Carlos de Pablo en un seminario de Thomson Reuters, “la política económica del nuevo Gobierno estará determinada más por las circunstancias que por la ideología”.

Es que nadie puede asegurar no sólo que nuevas medidas adoptará un Gobierno que no se quiso ir y que ya perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, sino cuál será la real magnitud del nivel de reservas en el Banco Central que ya son cada vez más que las ubican con saldo negativo sin el maquillaje del canje de monedas con China, depósitos retenidos de bonistas reestructurados que residen en el exterior, y deudas con importadores y empresas; o cuánto será la magnitud del rojo fiscal y los pagos atrasados y no declarados con proveedores del Estado; o cuántos anticipos por impuesto a la venta de combustibles cobrará la AFIP hasta fin de noviembre; entre otros muchos interrogantes, que parecen más inquietar a la economía real que a la minúscula participación de operadores en el mercado de capitales, sobre todo de renta variable, como son las acciones.

Muchos empresarios quieren definiciones de los políticos

La presentación formal del Presupuesto 2016 por parte del ministro de Economía, en tiempo, no necesariamente en forma, no satisfizo las expectativas de gran parte de la dirigencia empresaria, al menos de aquella que más contribuye a la generación de riqueza y de divisas, porque no fue consensuado con los equipos técnicos de los máximos candidatos a acceder a la presidencia de la nación el próximo 10 de diciembre.

Una prueba clara que explica el malestar y la insatisfacción de parte de la dirigencia empresaria, aunque se abstuvo de explicitarlo para no generar ruidos ni malas interpretaciones en tiempos de campaña, la dio Axel Kicillof cuando en su presentación de las pautas de gastos y recursos para el año próximo consideró apropiado destacar ante los legisladores de la Cámara baja que “La intención es cumplir con las leyes como se ha hecho en estos 12 años y presentar un presupuesto adecuado, que es una ley fundamental para el manejo del Estado, no hay intención de condicionar al gobierno que viene en ningún sentido”. Esa sola mención puede interpretarse como que “hay intención de condicionar al gobierno que viene”.

Por eso, para no dejar dudas se considera hoy más que nunca que todos los candidatos, en especial los que presentan las mayores probabilidades de tomar las riendas de la Nación el 10 de diciembre, junto a sus equipos técnicos, se anticipen a explicitar sus objetivos e instrumentos para reencauzar la vida socio económica para el próximo año, a que los actuales legisladores, muchos de los cuales terminan su mandato el 9 de diciembre, voten un Presupuesto que más que nunca en 12 años se convirtió en papel mojado por sus postulados irreales. De ese modo, no sólo harán una esperada contribución al electorado para que sepa qué votará el próximo 25 de octubre, primero, y el 22 de noviembre, en caso de que sea necesario elegir al nuevo presidente en ballottage.

Es cierto que desde la vuelta del ejercicio de la democracia en 1983 nunca los máximos candidatos a la presidencia de la nación se ocuparon de explicitar la forma en que pensaban ejecutar su plataforma electoral, en particular en lo referentes a los instrumentos: medidas cambiarias, impositivas, monetarias, tarifarias. Pero eso no obsta para que exista una primera vez.

“Se nos va la vida”, decía un dirigente rural a semanas en que los productores deben decidir la siembra de granos de cosecha gruesa. “Ya tuvimos experiencia de sembrar con un presidente y cosechar con el que venía, y no nos fue bien. Y eso que se trataba del mismo, porque hubo renovación de mandato”, apuntaba con singular inquietud, recordando las trabas para importar insumos, las restricciones que imponen los ROE (Registros de Operaciones de Exportación); el atraso cambiario y la “sustitución de exportaciones” por el mercado interno.

Algunos economistas asesores de unos de los candidatos sostienen que “una salida gradual del cepo cambiario, no tendría impacto sobre los costos de las empresas, porque todas trabajan con un dólar real de 13 a 14 pesos”, que es la paridad implícita en las operaciones legales en el mercado bursátil, que el mercado bautizó “contado con liqui” y MEP.

Pero altos dirigentes del empresariado aseguran que no es así. “Si fuera así, nuestros costos en dólares serían un tercio más bajos que los que determinan el cambio oficial, y no estarían suspendiendo personal las terminales automotrices, fabricantes de componentes, etc. Y muchos sectores altamente dependientes de insumos importados, como en la rama química, petroquímica, y hasta de materiales para la construcción y productos de consumo masivo, no estarían comprando todo lo que le autorizan, independientemente de la demanda final, porque está descontando la próxima devaluación del peso”.

Los empresarios, por naturaleza, son siempre optimistas, porque además de su afán de querer ganar dinero, le suman la preocupación por sostener e incrementar las fuentes de trabajo. Estas han sido siempre, y más aún en un mundo globalizado, un activo clave para aumentar la riqueza de las naciones y reducir los niveles de pobreza y desigualdad.

Pero en el caso argentino agregan los altos niveles de capacidad ociosa que esperan ser reducidos en varios frentes, desde la mano de obra desocupada que bien medida se ubica en un rango de 11 a 20% de la población económicamente activa; pasando por la industria con casi un tercio del potencial; el agro, tanto de producción extensiva como intensiva (economías regionales); hasta la minería y el sector energético sustentable, hasta el sistema financiero que registra índices de uso del crédito y depósitos sobre el PBI que se ubican entre la mitad y la tercera parte de los que predominan en el vecindario.

Sólo se reclama ponerlos en valor con decisiones de políticas que pongan más el acento en impulsar los negocios de las empresas y de la generación de riqueza por el conjunto de la ciudadanía, que en potenciar un crecimiento burocrático e improductivo de un Estado que contribuyó a favorecer a cada vez menos y alejar a la Argentina no sólo de los mercados de deuda, sino para vender sus productos, para beneficio de sus vecinos.

Los empresarios y familias ya no quieren más sorpresas. Cuánto más se expliciten las decisiones de política económica y social que piensan ejecutar los candidatos, con sus claras mediciones de costos y beneficios: sociales y monetarios, más rápido el sector privado se moverá para reimpulsar la actividad, o ajustarse para perder menos, según sean sus expectativas de cuáles cree que serán más aceptadas por el electorado.

De lo contrario, esperar hasta el 10 de diciembre, y luego hacer el inventario de lo que se recibirá en términos de deuda social y financiera, sólo contribuirá a sostener las tensiones cambiarias, mantener elevada la inflación y estancada la actividad económica, más allá de que algún vuelo de corto aliento lleve a creer a algunos funcionarios que la Argentina transita por caminos de bonanza, pese a algunas turbulencias en el vecindario, y en especial en los principales socios comerciales.

Habrá que esperar al 2017 para volver a crecer

El 2014 terminó de la peor manera: alta inflación, acentuada recesión, creciente endeudamiento del sector público, destrucción de empleos, merma del poder de compra de los salarios y jubilaciones, y arrastre negativos en todas las variables, en particular las sociales.

No se trata de predicciones personales, ni de previsiones de las consultoras privadas, sino de la simple lectura de la catarata de indicadores que en los dos últimos días del año difundió el Indec, con la pasividad que lo caracteriza y sin ameritar explicación alguna por el ministro de Economía, o de Trabajo y menos aún de los secretarios de Estado de cada área. Es lógico, ¿qué podrían haber argumentado?, que sus recetas y recomendaciones de política fracasaron, o que eso era lo que buscaban negando las enseñanzas más básicas de la ciencia económica, la cual muchos ignoran que es una ciencia social y que por tanto los desaciertos afectan severamente a las personas, más a las físicas que a las jurídicas (empresas). Continuar leyendo →

Cambio de escenario transitorio

En los últimos 35 días se observó un singular cambio de tendencia en la escalada del tipo de cambio libre, luego de que se perfilaba a más de 16 pesos por unidad, a menos de 14 en la actualidad, a partir de la astringencia monetaria y consecuente suba de las tasas de interés; la política del miedo con intimidaciones y suspensiones de entidades cambiarias y bursátiles; la flexibilización de ventas de dólares para ahorro con el propósito de inducir a su venta a mayor precio en el circuito marginal; el ingreso del swap de China y nuevos acuerdos con cerealeras y sojeros para que anticipen la liquidación de exportaciones con el propósito de fortalecer las debilitadas reservas del Banco Central y el incentivo a operaciones bursátiles con bonos y acciones de alta liquidez para obtener singulares ganancias de corto plazo.

Todo eso fue acompañado con versiones emanadas de las propias fuentes oficiales y siempre contradictorias de que se avanza hacia una negociación definitiva con los holdouts a partir de enero cuando supuestamente expire la cláusula RUFO que exige conceder a los bonistas reestructurados en los canjes I y II las mismas condiciones que se pueda acordar con los fondos en litigio, si son mejores.

A partir de allí comenzaron a tejerse expectativas de un rápido retorno de la Argentina al mercado internacional de deuda y destrabar el ingreso de inversores del resto del mundo para los diversos emprendimientos que la Argentina tiene pendientes como Vaca Muerta; otras obras energéticas y de infraestructura; la minería y el reimpulso de la agricultura para alcanzar la demorada meta de las 150 millones de toneladas, entre otras.

Sobre esa base empezaron a plantearse pronósticos de algunos economistas y consultoras de empresas y bancos que indican la continuidad de la pax cambiaria hasta todo el 2015, porque se lograría equilibrar la oferta con la conocida demanda de divisas para enfrentar los abultados compromisos externos del gobierno nacional hasta entonces, y en consecuencia arriesgan que el PBI podrá volver a crecer a un rango de 3 a 4 por ciento, luego de un trienio de estancamiento neto.

Otros desequilibrios presentes y sin atención
Sin embargo, en dichos estudios y análisis pareciera subestimarse al extremo la persistencia de crecientes desbarajustes en los indicadores macroeconómicos, entre los que se destacan los asociados a las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria y consecuentemente la inflación y sobreestimarse el esperado y deseado flujo de capitales, si se cierra el capítulo del default con los holdouts.

Los datos acumulados correspondientes a los primeros diez meses de 2014 indican que mientras los recursos fiscales totales crecieron 40,6% en los pasados doce meses, luego de las valiosas transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, el PAMI y los fondos fiduciarios, los gastos devengados, esto es ejecutados pero no necesariamente pagados, se elevaron 47,7%. De ahí surgió que el rojo de las cuentas públicas se multiplicó por 2,8 veces, a más de 78.600 millones de pesos.

La tasa de inflación se aceleró en ese período de 26 a más de 41% y el tipo de cambio oficial, luego del salto a 8 pesos a fines de enero, apenas aumentó siete por ciento, provocando una apreciación de la moneda nacional en más de 24 puntos porcentuales y con ello desalentó al extremo las exportaciones, la única fuente genuina de generación de divisas, al afectar aún más la deteriorada competitividad de la producción nacional.

Con ese escenario, sumado a la continuidad del cepo cambiario y ahora a la política de generar miedos en la plaza con la presencia de gendarmes, policías y suspensiones de casas de Bolsa, de cambio e incluso de sanciones a bancos por causas administrativas que datan de más de cinco años, algunas vinculadas con la demora en poner las mamparas que separan a la atención del público en cajas de las colas de espera en los salones de las entidades, no sorprende que la inversión extranjera directa haya caída en el año a la mínima expresión.

Y en la economía real, pese a la inquietante aceleración de la inflación, en muchos sectores se observan precios reprimidos, como también ocurre en contrapartida con las tarifas y diversos subsidios, cuya regularización requerirá atención en algún momento, los cuales no han impedido que el consumo se derrumbara a una tasa de 10% en supermercados y shopping y del 5 a 7 por ciento en los comercios tradicionales, fenómeno que ha disparado los índices de vacancia de locales.

Mientras que los indicadores de inversión, más de la actividad privada que en el sector público, también se consolidó la tendencia contractiva, fenómeno que redundó en destrucción de empleos y disminución de las oportunidades laborales para los jóvenes que esperaban incorporarse al mercado de trabajo.

También las exportaciones muestran tasas crecientes de disminución.

De ahí que del lado de la demanda agregada, a menos de dos meses del cierre del año, ya se observa un arrastre fuertemente negativo para el año próximo, que limitará cualquier impacto inicial de reversión del ciclo.

En tanto del lado financiero, en un año electoral, no cabe esperar el regreso a la disciplina fiscal y por tanto si se llegara a cerrar el capítulo del default no será una condición suficiente para despejar la reaparición de tensiones cambiarias, a la espera de un plan económico integral que posibilite comenzar a reordenar todas las variables.

Por eso pareciera que la actual pax cambiaria es más transitoria que duradera, porque no se sustenta en la recreación de la confianza y en la revisión de políticas que provocaron severos desequilibrios, en particular desde que rige el cepo cambiario.