Por: Daniel Sticco
Tras el sorpresivo resultado de las elecciones generales, el Gobierno reaccionó de la peor manera, al parecer con el propósito de echarle más pólvora a un teatro de operaciones que le propinó una victoria pírrica.
La primera medida que tomó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, fue la de obligar a las compañías aseguradoras a desprenderse en menos de tres meses del exceso de bonos dolarizados con el claro objetivo de bajar el precio del dólar contado con liqui, pese a que había fracasado un mes antes cuando la Comisión Nacional de Valores adoptó una medida similar para las Fondos Comunes de Inversión. En este caso, el daño, de prosperar la norma, se manifestará más lentamente que en el caso de los FCI, porque sólo ocurrirá cuando las compañías tengan que cubrir siniestros que están directamente asociados al valor del dólar, independientemente de que las primas se paguen en pesos, como ocurre con el caso de los automotores que tienen más de 60% de componente importado y cuyo parque de más de 12 millones de unidades está compuesto por más de 50% de unidades foráneas.
La segunda medida, de carácter informal, porque se comunicó por vía telefónica y mensajes de texto en los celulares por parte del Banco Central a las entidades y de éstas a sus clientes, pero más efectiva que la anterior, fue el aumento del cepo de cambio a los importadores. Pasó de la discrecionalidad conocida en las autorizaciones de las DJAI (Declaraciones Juradas de Necesidades Anticipadas de Importación) a la reducción de las autorizaciones a las entidades bancarias a vender a clientes divisas por más de USD 75.000 diarios, cuando antes de las elecciones era de USD 150.000 y venía de un recorte a partir de las PASO desde USD 200.000. Con la nueva restricción abarcó a los grandes operadores turísticos y con ello a la población que estaba planificando viajar al exterior en los próximos meses.
Pero también se profundizó otra medida del Banco Central que minó a un más el campo de acción del próximo Gobierno, cualquiera sea el signo político, con las ventas de dólares a futuro por cifras hipermillonarias, unos USD 11.000 millones, que deberá pagar la diferencia de precio en pesos del cambio oficial entre el valor pactado y el real. En caso de unificación cambiaria a la paridad del contado con liqui significaría una inyección de pesos de unos $45.000 millones, sobre un excedente que algunos expertos estiman en más de $200.000 millones, dada la relación de convertibilidad y las reservas y la base monetaria, que se estacionó en 20 pesos.
Y a eso hay que agregar el efecto de los intereses devengados por los instrumentos de regulación monetaria, como las Lebacs, más aún luego de la cuarta medida del comienzo de la semana poselectoral de las tasas de esos instrumentos, y, por extensión de los tipos pisos para las colocaciones de pesos a plazo fijo, también para inducir a la baja del dólar contado con liqui.
Las reservas en divisas ya estarían en zona negativa
Mientras no se dispuso de medida alguna para frenar la caída de las reservas que ya están a niveles de más de nueve años atrás, a diferencia de lo que han hecho la mayoría de los países emergentes en general y de la región en particular, vía fuertes devaluaciones de sus monedas, para tampoco perjudicar en exceso a la producción nacional y alentar las exportaciones, en detrimento de importaciones suntuarias.
Sin embargo, pese la acumulación de severas dificultades que enfrentan las empresas productoras de bienes y servicios, que se manifiestan en una capacidad ociosa de 30%; cierre de mercados de exportación y destrucción de empleo hormiga, con la mira puesta en un cambio que si no ocurre desde 10 de diciembre amenaza con potenciarse, porque se agotan las capacidades financieras, principalmente en los sectores de las medianas y empresas que no cuentan con el sostén de las casas matrices del exterior, los mercados financieros trasuntan una singular euforia, bajo el conocido argumento de que “siempre se anticipan y obran en consecuencia”.
Y si bien el último domingo los que votaron por un cambio de política se estima que estuvieron representados por casi dos tercios del electorado, no hay el mismo consenso de que, en caso de validarse el domingo 22 de noviembre, sobre las medidas de política económica que deberá tomar el nuevo Gobierno desde el mismo 10 de diciembre, dada la gravedad de los desbarajustes de los indicadores económicos, y sobre todo sociales, se caractericen por el gradualismo o el shock que aconseja la salida de situaciones desequilibrantes en todos los frentes, que varias veces tuvieron lugar en la Argentina desde fines de los años cincuenta.
Diversos interrogantes hasta el 10-D
Como dijo Juan Carlos de Pablo en un seminario de Thomson Reuters, “la política económica del nuevo Gobierno estará determinada más por las circunstancias que por la ideología”.
Es que nadie puede asegurar no sólo que nuevas medidas adoptará un Gobierno que no se quiso ir y que ya perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, sino cuál será la real magnitud del nivel de reservas en el Banco Central que ya son cada vez más que las ubican con saldo negativo sin el maquillaje del canje de monedas con China, depósitos retenidos de bonistas reestructurados que residen en el exterior, y deudas con importadores y empresas; o cuánto será la magnitud del rojo fiscal y los pagos atrasados y no declarados con proveedores del Estado; o cuántos anticipos por impuesto a la venta de combustibles cobrará la AFIP hasta fin de noviembre; entre otros muchos interrogantes, que parecen más inquietar a la economía real que a la minúscula participación de operadores en el mercado de capitales, sobre todo de renta variable, como son las acciones.