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Es hora de que Prat-Gay encare una enérgica disciplina fiscal

El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua non para atacar de cuajo el flagelo de la inflación y con ello comenzar a exterminar la pobreza.

Ya se ha dicho, y no parece ocioso reiterarlo, el destacado esfuerzo que está haciendo el Banco Central por sacar del circuito financiero el enorme excedente de pesos que dejó el Gobierno anterior, estimado en más de 30% de la cantidad de dinero en circulación al 9 de diciembre. Sin embargo, se sabe que la respuesta de los mercados a esa política de esterilización es lenta, entre 12 y 18 meses, y siempre y cuando se puedan cerrar todos los grifos que alimentaron semejante inyección de pesos.

Pero la pesada hipoteca que recibió el Gobierno, con muy pocos activos y una enorme carga de pasivos, como las compensaciones por la irresponsable y hasta supuestamente delictiva de venta de USD 17.000 millones de reservas a precios de liquidación, según se desprende del llamado a indagatoria por el juez Claudio Bonadío a la ex presidente Cristina Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, por esa acción que se estimó implicará una inyección adicional al mercado de más de $100.000 millones, equivalente a otro 20% de la base monetaria, exige un esfuerzo adicional del Banco Central, el cual se manifestó en el salto de las tasas de interés de las Lebac a 37% anual.

Si bien se puede argumentar que el aumento del costo del dinero tendrá un carácter transitorio y que no debería trasladarse rápidamente a las tasas de interés de las colocaciones a plazo fijo y menos aún al costo del dinero para las empresas y familias, no se podrá evitar que una suba de casi seis puntos porcentuales anuales en una licitación para absorber apenas poco más del 2% de la cantidad de dinero en circulación, sea interpretada por los mercados como una señal clara de las restricciones para desacelerar la inflación y con ello todo lo que viene asociado: alza del dólar, caída de los salarios, aumento de la pobreza, demora de las inversiones productivas, etc., etc.

De ahí que pareciera que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, debiera ya abandonar su vocación gradualista para poner en caja las finanzas públicas, como se interpreta el objetivo que anunció de reducir el déficit fiscal antes del pago de intereses del corriente año de 5,9% del PBI heredado a 4,9%, y presentar un plan integral de disciplina fiscal, severo recorte y hasta eliminación de los subsidios económicos, esto es a empresas y familias con ingresos muy superiores al promedio nacional, acompañando por otros Ministerios con un rápido encuadramiento de las tarifas de gas, agua, transporte y telefonía, y la equivalente compensación a los sectores más desprotegidos con un refuerzo adicional de los subsidios sociales y hasta la recomendación de un aumento salarial, a modo de anticipo de lo que finalmente cada sector negocie en paritarias, luego de que se niveles todas las variables que habían quedado desfasadas .

Sólo así, y con un Banco Central que está obligado a compensar las pérdidas de las operaciones de venta de dólares a futuro a precio de remate por la anterior administración con una expansión adicional de base de hasta $70.000 millones hasta junio, pero al mismo tiempo a no abandonar su objetivo de desacelerar la creación primaria de dinero, las expectativas de inflación empezarán a ceder, clave para preparar el terreno para la llegada de inversiones, tanto del exterior, como más aún de los residentes que, como pocos en el mundo guardan parte de sus ahorros en moneda en cajas de seguridad bancaria.

Cambios de precios relativos versus inflación
Claramente, una estrategia de ese tipo es temida por el efecto inmediato sobre la suba de las tasas de interés y su supuesto impacto sobre una actividad económica que no crece, pese a que el estancamiento con alta inflación, destrucción de empleos y creciente pobreza tuvo lugar en un escenario de singular excedente de pesos y tasas de interés reales negativas, esto es que no le compensaba al ahorrista el efecto de la suba de los precios de los bienes y servicios que intentaba postergar su consumo.

Se sabe también que el uso del crédito ha sido muy escaso en los últimos cinco años, al punto que el Presidente dijo en su mensaje a la Asamblea Legislativa que en ese lustro “la Argentina dejó de recibir USD 100.000 millones y con eso se impidió que se generaran unos dos millones de puestos de trabajo”. De ahí que como estrategia antiinflacionaria y por corto plazo, subir drásticamente los encajes para retirar del mercado todo el excedente de pesos de una vez a costo cero para el BCRA, pareciera la medida recomendada para enfriar las expectativas de inflación e ingresar en serio en la etapa de normalización de las finanzas públicas, clave para recuperar la senda del crecimiento y atacar de cuajo la inflación y la pobreza.

Eso requiere que el gasto se concentre en lo relevante, y los ahorros que se obtengan con la limpieza de los focos de corrupción, de la eliminación de los sobreprecios en las contrataciones de bienes, servicios y obra pública y se prescinda del pago de salarios a quien no trabaja (ñoqui), se destinen tanto a exterminar el agobiante déficit fiscal heredado, como a encarar las tareas imprescindibles en materia de obras de infraestructura no hechas en la última década.

De ahí que no se comprende como el ministro de Hacienda y Finanzas que tuvo la convicción y la firmeza para enfrentar sin titubeos el fin del cepo cambiario y de la mayor parte de las retenciones, y haber logrado en tres meses lo que otros no pudieron, no quisieron o no supieron lograr en 15 años, estar próximo al fin del default de la deuda pública, se muestre tan cauteloso en impulsar una rápida disciplina fiscal y acompañar la ardua tarea que le compete al Banco Central, para transmitir a la sociedad civil y a las empresas la convicción de que ese es plan antiinflacionario, clave para acelerar las inversiones; primero serán las financieras para enfrentar los vencimientos de deuda; luego llegarán los créditos de organismos internacionales para reactivar las obras de infraestructura y finalmente las productivas en ampliaciones de plantas, renovación tecnológica y llegada de nuevas empresas.

El shock a cuenta gotas es enemigo de las expectativas

El Gobierno experimentó exitosamente la salida del cepo cambiario sin que hasta ahora se cumplieran los vaticinios de muchos economistas que recomendaban el gradualismo, al menos para los primeros 100 días, porque de lo contrario se corría el riesgo de caer en una espiral inflacionaria provocada por una violenta depreciación del peso.

A poco más de 40 días de la acertada decisión de comenzar a normalizar la economía, eliminando restricciones que causaron sólo daños a la mayoría de los argentinos, sea por la destrucción de las reservas del Banco Central, al erosionar groseramente la competitividad de la producción nacional, sea por la destrucción de las oportunidades laborales, sea por haber resultado un ancla fallida contra el control de la inflación, aquellos temores virtualmente desaparecieron.

Sin embargo, en materia fiscal, el Gobierno sigue respondiendo a las recetas de quienes aconsejan un avance gradual hacia el encuadramiento del desmadre que recibió en las finanzas públicas, con anuncios parciales y resoluciones confusas sobre los cambios en los cuadros tarifarios y asignaciones discrecionales en el reparto de los fondos coparticipables con las provincias, pese a que de ese modo en poco contribuye a corregir los singulares problemas de fondo.

De ahí que no sorprendió que en el primer mes de Gobierno la confianza de los consumidores se haya mostrado mezquina en su evolución, con una modesta baja 1,6%, atenuada por una leve mejora en la Capital Federal y en menor medida en la Provincia de Buenos Aires, donde ganó el actual oficialismo, dada la brusca caída que un informe para la Universidad Torcuato Di Tella detectó en el resto del país.

Ese escenario determinó que por segunda semana consecutiva el Banco Central tuviera que limitar al mínimo en la última licitación de Lebac la política de absorción del abultado excedente monetario que recibió en herencia, más los $40.000 millones que debió inyectar al mercado en compensación por la irresponsable venta de dólares a futuro a una paridad singularmente subsidiada por el equipo que respondía a las decisiones e iniciativas de Alejandro Vanoli en el último mes de la presidencia de la Nación de Cristina Kirchner.

Inflación, recesión y algo más
Uno de los grandes costos que está enfrentando el presidente Mauricio Macri es que el gradualismo en la corrección de los grandes frentes abiertos en el plano fiscal, que ha dejado un arrastre de déficit de más de 7% del PBI, es que en lugar de haber provocado un cambio de una vez en el nivel de precios relativos de la economía, con la eliminación de las retenciones, con la excepción del complejo sojero, el sinceramiento cambiario; la supresión de los subsidios a los consumos de luz y gas para los sectores de altos ingresos; congelamiento nominal del gasto público -dado el colchón que tiene incluido en sobreprecios en las contrataciones, empleados ñoquis, y superposición de tareas y asignaciones de gastos, en particular en publicidad y propaganda, y asesorías externas-, está provocando una espiral inflacionaria que sólo en las expectativas de todos los bien intencionados se espera que se corte hacia el comienzo del segundo semestre, aunque a costa de una nueva recesión del consumo y la producción.

Los índices de inflación reconocidos oficialmente hasta que el Indec vuelva a publicar el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, arrojó en diciembre 3,9% en el caso de la medición de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires y 6,5% en la estimación de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de San Luis; y se proyecta otro tanto, para enero, y también para febrero con los aumentos que comenzarán a regir para los cuadros tarifarios de luz, pese a que se atenuarán con el establecimiento de una tarifa social, y para los pasos por los puestos de peajes, y marzo con la estacionalidad de los productos y servicios escolares, el cambio de temporada para la ropa y los servicios de turismo para la temprana Semana Santa.

Este no es el mejor escenario para evitar tensiones y reclamos de los gremios de recomposición salarial muy superiores a las metas objetivo que anunció el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prar-Gay, del 20 a 25%, y menos aún respecto de la banda más cercana al extremo que anticipo Mauricio Macri en Davos.

Todavía se está a tiempo para anunciar un plan concreto de reordenamiento fuerte de las finanzas públicas, que facilite la tarea del Banco Central de tender a la estabilidad monetaria y de los precios, clave para poder reimpulsar el crédito hipotecario, como se han fijado como objetivos relevantes los nuevos presidentes del Banco Nación, Carlos Melconian y del Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, y dejar para presentar al Congreso el 1 de marzo las discusiones también relevantes de cambios en la coparticipación federal de impuestos; reforma tributaria, Asignación Universal por Hijo y prioridades en el plan de obras públicas, entre otras iniciativas.

De lo contrario, los anuncios y decisiones casi diarias de política económico-social lejos de contribuir a mejorar el escenario para volver a crecer y reconstruir la confianza, pueden llevar a realimentar un estado de incertidumbre que podría tornase creciente a medida que se diluye la clásica “luna de miel” que acompaña inicialmente a todo nuevo gobierno.

Un campo minado que no inquieta a los mercados de capitales

Tras el sorpresivo resultado de las elecciones generales, el Gobierno reaccionó de la peor manera, al parecer con el propósito de echarle más pólvora a un teatro de operaciones que le propinó una victoria pírrica.

La primera medida que tomó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, fue la de obligar a las compañías aseguradoras a desprenderse en menos de tres meses del exceso de bonos dolarizados con el claro objetivo de bajar el precio del dólar contado con liqui, pese a que había fracasado un mes antes cuando la Comisión Nacional de Valores adoptó una medida similar para las Fondos Comunes de Inversión. En este caso, el daño, de prosperar la norma, se manifestará más lentamente que en el caso de los FCI, porque sólo ocurrirá cuando las compañías tengan que cubrir siniestros que están directamente asociados al valor del dólar, independientemente de que las primas se paguen en pesos, como ocurre con el caso de los automotores que tienen más de 60% de componente importado y cuyo parque de más de 12 millones de unidades está compuesto por más de 50% de unidades foráneas.

La segunda medida, de carácter informal, porque se comunicó por vía telefónica y mensajes de texto en los celulares por parte del Banco Central a las entidades y de éstas a sus clientes, pero más efectiva que la anterior, fue el aumento del cepo de cambio a los importadores. Pasó de la discrecionalidad conocida en las autorizaciones de las DJAI (Declaraciones Juradas de Necesidades Anticipadas de Importación) a la reducción de las autorizaciones a las entidades bancarias a vender a clientes divisas por más de USD 75.000 diarios, cuando antes de las elecciones era de USD 150.000 y venía de un recorte a partir de las PASO desde USD 200.000. Con la nueva restricción abarcó a los grandes operadores turísticos y con ello a la población que estaba planificando viajar al exterior en los próximos meses.

Pero también se profundizó otra medida del Banco Central que minó a un más el campo de acción del próximo Gobierno, cualquiera sea el signo político, con las ventas de dólares a futuro por cifras hipermillonarias, unos USD 11.000 millones, que deberá pagar la diferencia de precio en pesos del cambio oficial entre el valor pactado y el real. En caso de unificación cambiaria a la paridad del contado con liqui significaría una inyección de pesos de unos $45.000 millones, sobre un excedente que algunos expertos estiman en más de $200.000 millones, dada la relación de convertibilidad y las reservas y la base monetaria, que se estacionó en 20 pesos.

Y a eso hay que agregar el efecto de los intereses devengados por los instrumentos de regulación monetaria, como las Lebacs, más aún luego de la cuarta medida del comienzo de la semana poselectoral de las tasas de esos instrumentos, y, por extensión de los tipos pisos para las colocaciones de pesos a plazo fijo, también para inducir a la baja del dólar contado con liqui.

Las reservas en divisas ya estarían en zona negativa
Mientras no se dispuso de medida alguna para frenar la caída de las reservas que ya están a niveles de más de nueve años atrás, a diferencia de lo que han hecho la mayoría de los países emergentes en general y de la región en particular, vía fuertes devaluaciones de sus monedas, para tampoco perjudicar en exceso a la producción nacional y alentar las exportaciones, en detrimento de importaciones suntuarias.

Sin embargo, pese la acumulación de severas dificultades que enfrentan las empresas productoras de bienes y servicios, que se manifiestan en una capacidad ociosa de 30%; cierre de mercados de exportación y destrucción de empleo hormiga, con la mira puesta en un cambio que si no ocurre desde 10 de diciembre amenaza con potenciarse, porque se agotan las capacidades financieras, principalmente en los sectores de las medianas y empresas que no cuentan con el sostén de las casas matrices del exterior, los mercados financieros trasuntan una singular euforia, bajo el conocido argumento de que “siempre se anticipan y obran en consecuencia”.

Y si bien el último domingo los que votaron por un cambio de política se estima que estuvieron representados por casi dos tercios del electorado, no hay el mismo consenso de que, en caso de validarse el domingo 22 de noviembre, sobre las medidas de política económica que deberá tomar el nuevo Gobierno desde el mismo 10 de diciembre, dada la gravedad de los desbarajustes de los indicadores económicos, y sobre todo sociales, se caractericen por el gradualismo o el shock que aconseja la salida de situaciones desequilibrantes en todos los frentes, que varias veces tuvieron lugar en la Argentina desde fines de los años cincuenta.

Diversos interrogantes hasta el 10-D
Como dijo Juan Carlos de Pablo en un seminario de Thomson Reuters, “la política económica del nuevo Gobierno estará determinada más por las circunstancias que por la ideología”.

Es que nadie puede asegurar no sólo que nuevas medidas adoptará un Gobierno que no se quiso ir y que ya perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, sino cuál será la real magnitud del nivel de reservas en el Banco Central que ya son cada vez más que las ubican con saldo negativo sin el maquillaje del canje de monedas con China, depósitos retenidos de bonistas reestructurados que residen en el exterior, y deudas con importadores y empresas; o cuánto será la magnitud del rojo fiscal y los pagos atrasados y no declarados con proveedores del Estado; o cuántos anticipos por impuesto a la venta de combustibles cobrará la AFIP hasta fin de noviembre; entre otros muchos interrogantes, que parecen más inquietar a la economía real que a la minúscula participación de operadores en el mercado de capitales, sobre todo de renta variable, como son las acciones.

Preguntas para el debate entre candidatos

Los candidatos a la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre deberán vender algo más que sus buenas intenciones para restablecer el diálogo entre sus pares y ofrecer su compromiso para terminar con un país mejor, no sólo respecto del que recibirán sino también en el pico de su gestión, en el debate que se realizará el 4 de octubre.

Este punto no parece menor, habida cuenta de que después de 12 años de gobierno, la administración saliente y muchos de sus seguidores destacan como grandes logros los avances que en materia económico-social se obtuvieron respecto de años previos, como fueron la recesión y default de fines de 2001 y la depresión del año siguiente. Mientras ignoran los severos deterioros que se observaron entre 2011 y 2007, y más aún en la última etapa de gestión.

A partir de ahí, creo importante para entonces saber cuál es el diagnóstico que cada candidato hace de la situación actual, con números concretos, en especial en temas palpables por la sociedad, como inflación, pobreza, nivel de atraso cambiario y forma de eliminarlo, entre otros, para que a partir de allí definan cuales son las prioridades, medidas y efectos en el tiempo, en términos económicos, pero principalmente sociales.

En este punto, sería interesante que el grupo de notables que integran el Comité Estratégico de Argentina Debate se ocupe de obtener esos datos para que puedan ser mostrados con claridad. Continuar leyendo →

El daño ya está hecho

La sorpresiva interrupción de la venta de divisas a los importadores que hizo el Banco Central en tres de los primeros cinco días hábiles de febrero agregó una nueva mancha a la política gubernamental argentina, y profundizó el descrédito para operar con el país, salvo muy pocos sectores privilegiados, como las importaciones energéticas, de partes y trenes chinos y productores fueguinos.

Ya desde hace un año se advirtió que entre las prioridades del Gobierno está la de poner límite a una tasa de inflación que a meses de terminar 2014 se había disparado hasta el 40% al año y prenunciaba un camino al cielo, al mejor estilo de los ochenta.

Para lograr ese objetivo, que por ahora parece tender a lograrse, apeló a la vieja y fracasada receta de anclar el tipo de cambio, oficial y libre, con nuevo desenganche de la economía internacional, donde las monedas de los principales socios comerciales se deprecian aceleradamente respecto del dólar en una búsqueda desesperada de no perder competitividad. Además, alentó la demanda de dólar ahorro a costa de negarle divisas a la producción e inversión del sector privado no energético ni fueguino, en la convicción de que de ese modo lubricaría el mercado libre de divisas.

Con esos movimientos, junto a la contabilidad creativa que significa contabilizar como reservas un canje de monedas con China, el Gobierno logró atenuar el drenaje de divisas del Banco Central, pero al costo de intensificar la recesión y alimentar la desconfianza en el resto del mundo.

La virtual salida del radar internacional, por el empecinamiento de extender el default con los bonistas que no aceptaron las condiciones de canje de la deuda pública declarada en cesación de pagos a fines de 2001 y haber caído en default técnico con bonistas (holdin) que residen en el exterior, explica que el fenómeno no se manifieste en la suba del indicador de Riesgo País que elabora el banco JP Morgan.

Pero aunque ahora se prometió regularizar la situación no se podrá evitar el señalado efecto del mayor descrédito generado en el segmento comercial, porque muchos proveedores de la Argentina, no vinculados societariamente con empresas radicadas en el país, han experimentado la posibilidad de incumplimientos de condiciones de pago por parte de sus clientes, y por tanto pondrán mayores exigencias, al recorte de plazos que habían dispuesto desde que rige el cepo cambiario.

Ahora resulta que ahorrar en dólares está bueno

Y pese a que en el último año se destruyeron casi 500 mil empleos, en forma generalizada y extendida en la geografía nacional, según las devaluadas estadísticas oficiales, parece no inquietar a las autoridades económicas avanzar en la dirección que conduce a agravar ese proceso. Más aún, porque en el “déjà vu” al que nos tiene acostumbrado el equipo económico se agregó ahora la decisión del Banco Central de intentar alentar el ahorro en dólares, a tasas de 2,45 a 3,20% anual, en un renovada búsqueda de opciones para apuntalar las debilitadas reservas en divisas, pese a que hasta hace poco criticaba con dureza a quien elegía al dólar como refugio de valor, en lugar del peso.

Se sabe que los 31.300 millones de dólares en términos brutos se reducen a cero cuando se le restan todos los factores que en rigor constituyen pasivos de la autoridad monetaria, como la parte de los depósitos en dólares del sector privado que no son devueltos al sistema a través de préstamos a exportadores; la deuda con los proveedores de los importadores; el swap de monedas con China; los dólares del default selectivo con los bonistas que aceptaron los canjes pero no pueden cobrar por estar radicados en el exterior y se resisten a abrir cuentas en la Argentina; además de créditos del Banco de Francia, entre otros.

Con ese cuadro y pese a la recesión que afecta a gran parte de la industria nacional y fundamentalmente a las economías regionales, a las cuales se les niega la quita de retenciones y por el contrario se las castiga con la deliberada apreciación del peso, para no hablar del siempre ponderado atraso cambiario como herramienta siempre fallida de ancla de la inflación y reaseguro de perjuicio a los sectores exportadores, el aumento de los precios al consumidor volvió a la senda del dos por ciento en enero y se perfila también alto para febrero y marzo.

De este modo, se avanza sin pausa y con prisa a extender los daños que sufre la economía desde que se impuso el cepo cambiario desde octubre de 2011 con medidas que ahora buscan alentar el ahorro en divisas para poder dar curso a los pagos atrasados con los importadores sin perder reservas, en la esperanza de que una vez más “la avaricia de los inversores supere al miedo”, pese a la aún fresca memoria de la crisis del 2001, cuando debutó el corralito financiero.

No obstante, los asesores de la Presidente le hicieron creer que “la Argentina avanza en el proceso de reindustrialización se que se inició en 2004″, luego de anunciar inversiones minúsculas por 200 millones de pesos, apenas poco más de lo que sorteó anoche el juego del LOTO, esto es menos de 20 millones de dólares, ignorando no sólo que el Banco Central había informado que en todo 2014 la inversión extranjera directa no alcanzó a u$s2.000 millones, esto es menos de 0,5% del PBI, sino también los datos del Indec que dieron cuenta de que la participación del sector industrial en el PBI que era de 20% en 2004, se elevó a 20,8% en 2011, y desde entonces, por efecto del cepo cambiario, declinó a menos de 19,7%. En los ’90, aplicando la metodología de cálculo actual del Indec, el conjunto de las manufacturas generaba más de 20,5% del PBI.

Receta para terminar con las crisis crónicas en el país

En los últimos 70 años se ensayaron en el país los más diversos planes de estabilización de precios, como paso para superar las crisis sistémicas cada 7 o 10 años, según cómo se lo mida, pero ninguno, sea ortodoxo o heterodoxo, o una combinación de ambos, ha resultado eficaz para lograr su objetivo de modo concreto y contundente para exterminar el flagelo de la inflación y con ello, blindar a la economía del riesgo de repetición de una nueva crisis.

Así se probaron programas de controles de precios de los más diversos; inflación cero; precios administrados, desagio con el Plan Austral; caja de conversión con la Convertibilidad; y en este tiempo cambio de la Carta Orgánica del Banco Central para abandonar el rol de preservar el valor de la moneda para reorientar el crédito, y pasar a ser el principal banco del estado para financiar un gasto público que crece más que los recursos que se les sustrae a los residentes por la vía de impuestos, porque por capricho, y por suerte! en las actuales condiciones de fin de mandato, se mantiene la restricción al financiamiento con crédito del resto del mundo, en una apretada síntesis.

En este punto, cabe preguntarse si no es el momento de ensayar una nueva receta propia para las características de un país como la Argentina que se ha acostumbrado a burlar las instituciones, e intentar aplicar políticas económicas probadamente fracasadas, y que por tanto nunca debieran haber ocurrido, menos por gobiernos que se dicen democráticos simplemente porque se mantiene el voto cada dos o tres años para legisladores y cuatro para presidente de la nación.

Desde los años ’70 uno de los maestros de economistas, aún de los más contemporáneos, como Simon Smith Kuznets, Nobel de Economía en 1971, un estudioso de la estimación e interpretación de las cuentas nacionales, enseñaba en sus clases de Harvard y luego a través de sus libros que a los países se los podía agrupar en cuatro clases: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina, para enfatizar la atipicidad de ambos casos, y que en la explicación del desarrollo económico no había que sobreestimar la importancia de los recursos naturales: Japón, que no tenía ninguno, había avanzado mucho más que la Argentina, que tenía muchos”. Frase célebre que repitió en sus libros Paul Anthony Samuelson.

A partir de esa clasificación, que en los últimos años se fue afirmando con arcaicos métodos de administración de precios e incentivo del consumo con gasto público desmedido, se me ocurre que es tiempo de que los argentinos comencemos a aceptar esa condición de ser defectuosamente diferentes, en la economía, al resto del mundo, pero que puede ser sanable de modo definitivo.

La Tesorería de la Nación como ente autárquico
El camino que se me ocurre para ser uno más en el planeta, en especial entre los casos exitosos, y no uno distinto que no sólo no logra emerger sino que pierde terreno en la capacidad de generación de riqueza relativa con sus vecinos, como Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, además de Brasil y otros, es crear la institución Tesorería de la Nación, con carácter autárquico, alejado del poder político y no modificable siquiera por nueva Ley de Congreso; así como recuperar la autarquía del Banco Central de la República Argentina, para que vuelva a velar por el valor de la moneda, esto es que no se devalue ni que se aprecie más allá de rangos muy acotados, tentativamente tres por ciento.

Su función debe ser ejecutar el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Nación propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso, con pauta mínima de resultado cero, o un déficit de hasta 3% del PBI, no acumulable, si se asegura el financiamiento con crédito externo. Y sin que pueda ser modificado, como hasta ahora, por meras decisiones administrativas del Jefe de Gabinete.

De este modo, el Poder Ejecutivo no podrá diseñar Presupuestos que sólo respondan a un trámite administrativo, sino que deberá concentrarse en la búsqueda de la mejor asignación del gasto en función de los esperados recursos tributarios, de acuerdo con los objetivos partidarios, pero sin poder desviarse de la exigencia de la extrema disciplina fiscal.

En las condiciones actuales, estimo que el punto de partida ofrece enormes grados de libertad para recuperar la solvencia fiscal sin generar situaciones traumáticas justificables racionalmente porque existen bolsones de gastos que no debieran existir, como la catarata de subsidios y gastos tributarios (exenciones) injustificables y el exceso de empleados en posiciones circunstanciales que aspiran a consolidarse en las áreas de administración que en parte podrían ser canalizadas a reforzar las áreas postergadas del sistema de salud, educación, seguridad, acción social y obras de infraestructura y en parte a aliviar la presión tributaria sobre el sector productivo y los asalariados.

Impacto virtuoso
De ese modo, con la creación de la institución Tesorería de la Nación, con funcionarios de carrera técnica y especializada en administración pública, no sólo se podrá atacar de cuajo y rápido la larga historia inflacionaria y de cesaciones de pagos reales, sino que se abrirá la puerta al desarrollo con ingreso de capitales productivos que posibilitarán un genuino aumento de los recursos tributarios.

En ese caso, el exceso de ingresos que pudiera surgir respecto de lo presupuestado deberá acumularse como Fondo Anticíclico, cuyo uso únicamente podrá votarse en el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, previa consulta a cada ministerio de las necesidades insatisfechas, para el siguiente año fiscal.

Se sabe que la inflación es un fenómeno monetario originado en la creación primaria de dinero por un sector público indisciplinado. De ahí que poniendo la caja en orden, alejada del manejo discrecional sin límite del apetito ilimitado que caracteriza a los políticos argentinos, se podrá no sólo exterminar la suba sostenida y generalizada del nivel de precios al consumidor, sino también se podrá ingresar más temprano que tarde en la senda del crecimiento y desarrollo sustentable, con aumento del empleo y el bienestar de todos los argentinos, como han logrado la mayoría de los países.