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El peso se devalúa sí o sí

Desde que asumió la conducción del Banco Central, y el último martes lo ratificó en su presentación en el Senado ante la Comisión de Acuerdos para transformar su cargo en comisión por permanente durante seis años, Alejandro Vanoli reafirmó su postura de desalentar expectativas devaluatorias porque la inflación se está desacelerando. Y para no dejar dudas destacó “yo no me hago cargo de una devaluación que no hice. Me hago cargo de mi gestión, desde el 1 de octubre. La devaluación al inicio de mi gestión no fue un tema. Yo no la quiero hacer, no la he hecho. En este contexto, no sería una medida que mejore la competitividad”.

Y más allá de que es recomendable que un presidente del Banco Central no hable del valor de la moneda nacional, generalmente se alude a la devaluación cuando sube el tipo de cambio oficial de pesos por dólar y sus equivalencias en otras monedas, porque claramente se pasa a requerir mayor cantidad de la moneda nacional para obtener una divisa.

Sin embargo, poco se dice sobre que el peso se devalúa internamente día a día, a un ritmo de más de 2% por mes y casi 40% al año, porque las familias, las empresas y el propio Gobierno necesitan cada vez más cantidad de dinero para adquirir una cantidad fija de bienes y servicios.

No se trata de un juego de palabras, sino de una realidad cotidiana cuya incapacidad o desidia por resolverlo, porque se la niega, ha llevado a consolidar un escenario de singular deterioro de las variables monetarias, financieras y en particular reales, porque el fenómeno llevó a la recesión, el desaliento a la inversión y la consecuente destrucción de empleos y muerte acelerada de empresas incipientes.

Generalmente, cuando se deprecia el peso frente a cualquier divisa mejora la competitividad cambiaria, porque el valor de producción de los productos exportables se abaratan en términos de moneda extranjera, y se encarecen los bienes y servicios que se importan. De ese modo, mejora el resultado del intercambio y el excedente del intercambio posibilita acumular reservas, despejar las tensiones cambiarias y vuelve a apreciarse la moneda nacional sino se utilizan canales de compensación.

Esos canales de compensación, pocas veces utilizados como parte de la política exterior, pueden ser el pago de deuda externa; la flexibilización de los giros de divisas al resto del mundo sea por transferencias de utilidades, inversiones en el exterior para generar nuevas rentas futuras; o favorecer las compras de tecnologías de punta para mejorar la competitividad de las empresas y dar curso a obras de infraestructura demoradas por la recurrente restricción externa, entre otras alternativas.

Sin embargo, en la Argentina del cepo cambiario, con enamoramientos por la paridad cuasi fija, hasta que no da más, como ocurrió hace once meses, la devaluación de la capacidad de compra de la moneda nacional por el contexto de inflación acelerada, deriva en pérdida de competitividad de la producción nacional, mientras que las importaciones también caen por el cierre de la puerta de entrada, al no darle seguridad a los proveedores de la fecha de pago.

Baja sólo relativa
Se podrá insistir con que la inflación se está desacelerando, sea que se la mire por el desagio que le agrega el Indec mes a mes, sea por las estimaciones privadas e incluso de direcciones provinciales de estadística, como la de San Luis y el gobierno de la Ciudad, o por la dinámica de la nominalidad de los salarios, el gasto público en remuneraciones y jubilaciones, entre otras alternativas, respecto de los meses previos recientes, pero todavía se mantiene en niveles singularmente elevados.

Es probable que el ritmo de alza de los precios comience a atenuarse en comparación con los picos que se anotaron entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, pero eso no cambiará la realidad de acumulación de un severo rezago del ritmo de ajuste del tipo de cambio respecto de la tasa de inflación, que continuará minando cualquier posibilidad de reanimación de la actividad productiva y comercial.

Los economistas saben bien que se pueden devaluar los costos de las empresas sin alterar la paridad del tipo de cambio oficial a través de la reducción de la presión tributaria; la eliminación de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial o su consideración como pago a cuenta de IVA o de otro impuesto; la extinción del impuesto al cheque; la inversión en infraestructura vial, portuaria y de servicios esenciales de luz, gas y agua, para generar economías externas y también de la baja nominal del costo del dinero y la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones. Pero eso requiere de un severo recorte del gasto improductivo e ineficiente y disciplina fiscal en todos los ámbitos, principalmente nacional, pero también provincial y municipal.

Pero eso casi nunca se ha logrado, porque cuando se lo intenta aparece el rechazo infundado a las “políticas de ajuste”, pese a que se ha caído de un desbarajuste generalizado, cómo ocurrió en repetidas veces en los pasados 70 años, que derivaron hasta llegar a extremos de hiperinflación y depresión.

Por ahora sólo se pasó del estancamiento con inflación a recesión con más inflación, pero insistir con negar el precio de la devaluación del peso, sea en términos de poder adquisitivo de moneda extranjera, sea en términos de adquisición de bienes y servicios dentro de las fronteras, sólo conducirá a mayor contracción de la actividad productiva y comercial, con las consecuentes derivaciones en destrucción de empleos, deterioro de las cuentas fiscales que, como ahora, ya no se podrán solventar exclusivamente con emisión del Banco Central, sino también del retorno al canje de deudas y aumento del endeudamiento interno y externo.

Un paso adelante que exige dar otros más

La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de su Jefe de Gabinete de que no enviaría a Nueva York a funcionarios y abogados para negociar con los holdouts bajo el paraguas del juzgado de Thomas Griesa, y anunciar formalmente la decisión de pagar las deudas a todos los bonistas, se inscribe en la línea que nunca se debió apartar: el respeto de las instituciones, nacionales y extranjeras.

Se podrá discutir si fue un giro con convicción o simplemente por necesidad para no agravar la recesión y provocar un default en cadena de la Nación, las provincias y también municipios y empresas, pero es innegable que se reaccionó positivamente a tiempo.

Se trata de un paso fundamental para coronar un proceso que se fue acelerando para dar solución a una de las asignaturas pendientes que impidieron al Gobierno, pero también a las empresas, acceder a condiciones de financiamiento internacional menos onerosas. Empezó con las compañías que demandaban al país en el CIADI; siguió, luego de dos años desde la confiscación de las acciones de Repsol en YPF, con el acuerdo de pagar esos papeles con nuevos títulos de la deuda; a posteriori, en cuestión de dos meses, se cerró un convenio para dejar atrás el largo período de cesación de pagos con el Club de París, con pagos en efectivo en cuatro años y ahora, en pocos días, se prevé transitar el último tramo del “puente”, como definió Mario Blejer, para poder acceder a las condiciones ventajosas que caracteriza al mercado de crédito externo y atraer capitales para inversiones productivas de largo plazo, muchos de los cuales son de residentes y están en blanco en el país, pero fuera del circuito financiero.

Proceso no exento de costos elevados
Sólo en el último año la generación de riqueza por el conjunto de los residentes pasó de crecer a una tasa de 9,3% al año, según el EMAE del Indec, a caer a un ritmo de 2,5% en mayo, conforme la estimación de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Significó la pérdida de unos 50.000 millones de dólares, cualquiera sea el tipo de cambio que se utilice, oficial o libre, porque en ese período ambas paridades corrieron parejas.

Con esa perspectiva, los 1.330 o 10.000 millones de dólares que se pagarán en 5 o 10 años a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, los cuales se suman a los 9.000 millones que se agregaron con los acuerdos con Repsol y el Club de París, también a plazo, no parecen tan dramáticos como aparentan cuando se los coteja con los casi 29.000 millones de dólares de reservas de divisas en el Banco Central el último jueves.

Además, se observaron costos tangibles, no sólo en términos de la caída de reservas del Banco Central en unos 10.000 millones de dólares, sino, peor aún, de pérdida de oportunidades para unos 200.000 trabajadores, más la destrucción neta de otros 100.000 empleos, y recortes de salarios para quienes sufrieron los recortes de la jornada laboral, sea por suspensiones o el fin de las posibilidades de hacer horas extras, en las industrias automotriz, la construcción, inmobiliarias, el comercio y también en el agro y la minería.

Ese cuadro agravó las ya debilitadas finanzas públicas, porque perdió brío la capacidad de recaudar impuestos, mientras el gasto público siguió su carrera ascendente, sacándole más distancia al crecimiento de los recursos genuinos amparado en el financiamiento inflacionario y provocando un peligroso incremento del déficit cuasi fiscal, esto es del rojo de las cuentas del Banco Central.

Programa integral de política económica
De ahí que, en simultáneo con las negociaciones que ya el viernes comenzaron los funcionarios y abogados del Gobierno con los representantes de los holdouts, y su acercamiento al juzgado de Thomas Griesa, es deseable que el equipo económico encare un plan integral de ordenamiento de todas las variables macroeconómicas relevantes, siguiendo los estándares internacionales, sin inventos, orientadas a desarmar la maraña de subsidios; el cepo cambiario; los ineficaces y dañinos precios cuidados, administrados y congelados; la depuración de los gastos improductivos y clientelares en la administración pública, y ajustar por inflación real desde diciembre de 2001 los mínimos no imponibles de Ganancias para los trabajadores, asalariados y más aún independientes, junto a la reglamentación de los ajustes por inflación de los balances de las empresas.

Sólo en los últimos doce meses si se hubiese evitado con una visión integral de la macro y micro economía el paso del crecimiento del PBI a un ritmo de 9,3% a una caída de 2,5%, y en su lugar la actividad se hubiera expandido a un rango de 4% y con menor inflación, se podrían haber generado las condiciones para reducir de 48 a 42% del PBI la presión fiscal y bajar la inflación del 27 a 20% o menos, en lugar de haberse duplicado. En ese hipotético escenario, se hubiesen generado las condiciones para reimpulsar la inversión productiva, con su consecuente efecto multiplicador sobre el empleo y la mejora real de los salarios.

Aún se está a tiempo de encarar ese proceso y provocar un cambio de expectativas en muy corto plazo, como se insinuó en Wall Street mientras en la Argentina se conmemoraba el Día de la Bandera.

Salvo Brasil, que muestra dificultades para crecer a una tasa mayor a 2% al año, el mundo sigue ofreciendo amplias oportunidades para la Argentina, sea en términos de acceso al crédito a tasas menos onerosas que las de los últimos meses, ya que el índice de Riesgo País puede caer de un rango de 800 puntos básicos de hace una semana a menos de 300 en corto plazo; sea para atraer capitales de inversión productiva de largo plazo; sea para encarar acuerdos comerciales bilaterales con naciones que mantienen vigorosas tasas de crecimiento como los países asiáticos, altamente demandantes de alimentos, pero también de conocimiento y de productos industriales.

De ahí que pareciera que llegada a esta instancia en que se probó el estado de casi pánico que genera caminar al filo de la cornisa y con pendiente negativa, llegó la hora de seguir dando pasos para adelante, dirigidos a la búsqueda de la recuperación plena de todas las instituciones, desde la aceptación del Congreso como ámbito de debate de las políticas públicas, no simplemente de la presentación sin derecho a discusión y aceptación de quitas y agregados como ocurrió con el Presupuesto 2014 y las negociaciones de la deuda pública; pasando por el reconocimiento de los fallos judiciales, locales e internacionales sin atajos; hasta el rol de independencia del Banco Central como garante de la estabilidad de los precios, para proteger de modo efectivo el valor de la moneda y con ello de los salarios y patrimonios de las empresas; junto a la transparencia de las mediciones y difusión de los datos del Indec de la realidad económica y social, además de la necesaria recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, sin asfixiar la capacidad de pago de los contribuyentes, para no generar el camino a otro cuadro extremo de incapacidad de pago de la deuda pública; y una efectiva apertura al mundo de los negocios, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.

Más precios máximos, pese a sus probados fracasos

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, dijo el sabio Albert Einstein. La contundencia, y a la vez simplicidad de semejante reflexión, no logra tener eco en quienes tienen a cargo la conducción de la economía.

Pese a los singulares perjuicios que generaron en la actividad productiva y comercial los controles de precios, desde los “administrados” en 2007, luego “controlados” y ahora “cuidados”; como el sistema de tipo de cambio regulado, porque ya ni siquiera existe una “flotación sucia” que rige desde fines de 2011, ahora el Banco Central, a pedido del Jefe de Gabinete y de Economía dispuso fijar límites a las tasas de los préstamos personales y prendarios, porque el Gobierno consideró que “son usurarias”, aunque logró atenuar el rigor que le exigían desde Balcarce 50 e Hipólito Yrigoyen 250.

La iniciativa resulta claramente paradójica, habida cuenta de que el principal responsable de la suba de las tasas de interés es el propio Gobierno nacional, con su política de exigir al Banco Central la creación primaria de dinero para financiar el desbordado y creciente gasto público y luego forzar a la autoridad monetaria a que retire esos pesos con la colocación de títulos, como letras y notas, ofreciendo a los bancos tasas que saltaron de 15 o 16 por ciento a 27 a 28% al año, en diferentes plazos.

De ese modo es el Gobierno nacional el que impone un piso y no un techo nominalmente elevado a la tasa de interés, y no las entidades financieras. Para disimular ese efecto, Economía forzó a la autoridad monetaria a que regule la tasa de interés de los depósitos y préstamos en función de la renta que pague por las Lebac. Y como el argentino piensa en dólares, los intereses de los plazos fijos no podrán ubicarse por debajo de la tasa de devaluación, para no recrear tensiones en el mercado cambiario.

Y no se trata de defender a los bancos por lo que cobran y ganan, sino de alertar que con estas políticasse avanza aún más en la dirección de poner obstáculos a la vida de las personas y empresas, que a levantarlos.

Es que cuando se acuerda un aumento de la deuda pública y de gasto público sin contrapartida de ingresos fiscales genuinos, se presiona al alza sobre todos los precios de la economía, desde la moneda, el salario, el valor de los bienes y por supuesto el costo del dinero, con los consecuentes perjuicios que están a la vista sobre el consumo, la inversión, el empleo, el comercio exterior y, consecuentemente el deterioro fiscal y balance del Banco Central.

El Jefe de Gabinete justificó “el tope a las tasas de interés porque también se aplica desde hace varios años en Alemania, Francia, Colombia, Chile, Uruguay, entre otros, como base para penalizar la usura”. Sin embargo, Jorge Capitanich omitió destacar el respeto a las instituciones en esos países, desde el organismo oficial de estadística, hasta honrar las deudas y estar más abiertos al mundo, y no interferir en la política de regulación monetaria, como más aún la estabilidad de precios y la real flotación de sus monedas que ese escenario permite.

Sigue ausente un plan económico integral
Claramente, la economía necesita tender a la normalización y recomposición de los precios relativos, porque está más que probado que con una inflación del 40% anual, tipo de cambio que en forma retrospectiva subió 53% y en perspectiva aumenta más de 20% y sindicatos que negocian aumentos de salarios con pisos 28% y recomposición de 10 puntos de desfase en los pasados doce meses, forzar que la tasa de interés se ubique por debajo de esos parámetros conducirá a distorsiones y desequilibrios financieros sustancialmente mayores.

Por eso el repetido reclamo de los economistas de las diferentes corrientes opositoras al Gobierno nacional de que comience a nivelar todas las variables en forma integral hacia abajo, no alguna aislada como ancla, ya que con políticas compulsivas, en lugar de regulaciones que tiendan a premiar la inversión, el empleo y la disciplina fiscal, tanto del lado de los contribuyentes que deben pagar sus impuestos en función de ganancias genuinas y no derivadas de la inflación, como del lado del gasto público, sólo se contribuirá a profundizar los desequilibrios fiscal, externo, financiero y de la economía real en su conjunto, con su ya visible efecto contractivo sobre la creación de empleos y deterioro del salario de bolsillo de muchos trabajadores por el impacto de Ganancias y la caída de las horas extras.

Sin embargo eso no parece formar parte de la estrategia del equipo económico y una vez más, desoyendo la enseñanza de Einstein, se insiste por el mismo camino de la regulación con carácter restrictivo, y por tanto no hay motivo para tener esperanzas de que se obtengan resultados distintos en los aspectos monetario y financiero a los que se obtuvieron con esas políticas en materia de inflación, crecimiento, comercio exterior y finanzas públicas.

En las puertas de otro default por disfrazar la realidad

Una semana atrás el ministro de Economía, junto a los técnicos del Indec, se presentó a la prensa para dar a conocer una apretada síntesis de la nueva forma de cálculo del PBI, que determinó que en lugar de crecer 4,9% en 2013 se había expandido 3%. Los mercados entendieron que se trató de una salida desesperada para ahorrarle al país más de 3.000 millones de dólares que debía destinar al pago de cupones que recibieron gran parte de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, por un nivel de crecimiento inexistente, en un escenario donde las reservas del Banco Central ya perforaron el piso de 27.000 millones de dólares.

Sin embargo, de la lectura de la letra chica de los prospectos de canje de la deuda que fue declarada en cesación de pagos en los últimos días de 2001, surge con aparente claridad que el cambio de base de cálculo del PBI con una nueva estructura de precios, fenómeno que se prevé se repetirá una o dos veces antes de 2034, determinará una revisión de los parámetros disparadores del pago de una renta condicional a los tenedores de los nuevos bonos.

Así, para el caso actual, el principal mentor de los términos del canje, Guillermo Nielsen, estimó que con la nueva metodología de cálculo del PBI de 2013 el disparador de pago del cupón se reduce de 3,22% que se había establecido en base a los precios de 1993, a 1,75% a precios de 2004, mientras que bancos de inversión de Wall Street achican aún más esa referencia a 1,29 por ciento.

El Gobierno aún no ha dicho nada sobre este punto. Sólo hablaron los mercados, a través de singulares órdenes de venta de cupones, en la convicción de que hasta 2017 no verán un peso, por el receso actual y estancamiento proyectado con alta inflación, al menos hasta el año próximo.

A este grado de confusión se llegó por el estado de hipocresía en el manejo de las estadísticas públicas y en la falta de nobleza para reconocer los errores y enmendarlos sin apelar a mecanismos que pueden derivar en mayores costos a los que se pretende evitar.

Claramente, en 2014 no se puede seguir calculando la capacidad de generación de riqueza del conjunto de la población y empresas a los precios de 1993, porque no sólo se pasó de un escenario de incipiente estabilidad de precios y expectativas de crecimiento, tras haber pasado por dos episodios de hiperinflación, a otro de alta inflación con tendencia recesiva, sino porque también en los últimos 20 años cambiaron los hábitos de consumo, a la luz de las nuevas tecnologías.

Pero previamente hubiera sido más recomendable revaluar las estadísticas base del Indec, tanto de precios y de cantidades, sin cambios metodológicos, tras las denunciadas irregularidades que se cometieron desde 2007, las cuales hubieran arrojado un crecimiento de la economía inferior a tres por ciento, como estimó el consenso de las consultoras privadas con la metodología tradicional a precios de 1993.

La diferencia no es menor, porque haber llegado un número similar, pero por diferentes caminos, puede llevar a caer en un nuevo default, con el consecuente impacto negativo sobre la economía en términos de pérdida de oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida, si Economía decide aferrarse al umbral de 3,22% y comunicar formalmente el no pago del cupon del PBI, ahora o el 19 de septiembre próximo.

Se generaliza la caída de las variables reales
Mientras tanto, hoy se observa que desde que el Gobierno decidió comenzar a sincerar las estadísticas oficiales, aunque lo hace a ritmo lento y desprolijo, todos los indicadores básicos vinculados con la actividad se alinearon en la senda negativa.

El primero fue el reconocimiento del aumento de la inflación, el cual arrastró en sentido inverso a la estimación de crecimiento del PBI, más allá del comentado impacto sobre el no pago del cupón PBI y el ahorro posible de más de 3.000 millones de dólares.

Luego vino el efecto negativo sobre la mejora del poder de compra de los salarios de la aceptación de la escalada de los precios, aunque aún no se acepta el fracaso de los sistemas de controles, porque desde junio de 2013 el promedio de suba nominal de los salarios que calcula el Indec se ubica por debajo del alza real de los precios al consumidor, y se agravó en el primer trimestre del nuevo año.

Pese a ese desagio que sufren los presupuestos de las familias, el Gobierno, que dice que no quiere ser hipócrita, según manifestó la Presidente en uno de sus cuatro mensajes en cadena nacional en una semana, se opone al ajuste de los mínimos no imponibles de Ganancias, para asalariados y más aún para los trabajadores independientes, y menos aún de permitir el ajuste por inflación de las utilidades de las empresas, pese al impacto contractivo que esa decisión ejerce sobre el consumo y la inversión productiva.

Mientras que frente las incapacidades para generar confianza a través de la generación de un clima de negocios saludable, el Gobierno no encontró otra salida para reducir las tensiones cambiarias que endurecer severamente la política monetaria y dejar que las tasas de interés escalaran a niveles de asfixia financiera a las PyME y golpeara a un más las decisiones de consumo a crédito por parte de las familias.

De ahí que la recaudación de impuestos si bien volvió a superar en marzo la pauta presupuestaria de 25,5% de crecimiento interanual, no pudo equiparar a la tasa de aumento de los precios.

De ese modo se alejan las posibilidades de reducción del déficit fiscal, que no sólo es el principal factor de presión inflacionaria, por su financiamiento con emisión espuria del Banco Central, sino también de aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en el último año, pese a que el Gobierno usó unos u$s7.000 millones de reservas para pagar vencimiento y que por la devaluación de la moneda licuó otros 14.000 millones de dólares de deuda nominada en pesos.

El Gobierno en un brete

En el comienzo del undécimo año de Gobierno de un mismo signo político y continuidad estratégica, aunque con algunas modificaciones no menores entre la primera mitad y la segunda, se advierte que un largo período de crecimiento, inédito en 200 años, según afirma la Presidente, no ha sido suficiente para no depender del día a día.

Las familias no saben si podrán llegar a fin de mes con sus presupuestos, porque la aceleración brusca del ritmo inflacionario, a una tasa anualizada cercana a 50% en el primer bimestre, licuó las mejoras salariales y de jubilaciones anunciadas, pero aún no plenamente efectivizadas. Y para peor las posibilidades de que los miembros activos del hogar puedan hacer horas extras no sólo se han esfumado, sino que en varios casos, principalmente en la industria automotriz padecen los efectos del recorte de la semana laboral por suspensiones transitorias.

Y los datos del Indec sobre el desempeño de la actividad industrial en enero y febrero revelaron un proceso recesivo que se habría sostenido en marzo, según las expectativas empresarias que recogió el organismo oficial de estadística, con su consecuente impacto negativo sobre la generación de empleos.

Afortunadamente, el Gobierno, decidió abandonar su afán de mostrar un crecimiento irreal exagerado de 4,9% en todo 2013, dos puntos más que el estimado por el consenso de las consultoras privadas, y desistió avalar el trascendido de que honrará el 15 de diciembre el pago del cupón PBI que tienen incorporado los bonos de los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Se trataba de unos 2.500 a 3.500 millones de dólares, equivalente a 28.000 millones de pesos al cambio oficial. Ahora con semejante ahorro podría destinar una pequeña parte de esos fondos a auxiliar a las provincias, principalmente de Buenos Aires, para que puedan acercar posiciones en las negociaciones para destrabar el conflicto docente, en beneficio de los chicos.

Aunque acá el Gobierno se metió en el brete: porque al sincerar el crecimiento menor a 3,22% no pagará el cupón, y por tanto no dilapidará recursos escasos por haber sobre estimado por mucho tiempo el crecimiento, por efecto de haber subestimado la inflación en 2013 , generará un singular malestar en los mercados financieros, porque se devalúa aún más la seguridad jurídica. Mientras que si no lo hacía, alimentaba tensiones cambiarias, porque agravaría la posición de reservas en divisas, ya que aún con toda la ingeniería financiera y cambiaria del Banco Central no logran subir en el período de estacionalidad favorable del comercio exterior.

En el orden social, se percibe que la denominada década ganada fue insuficiente para sacar del estado de pobreza a más de 40% de los jefes de hogar y 50% de las familias que según el Indec terminaron el último año con ingresos inferiores a uno y tres salarios mínimo vital y móvil, respectivamente. El escenario se agravará con el sorpresivo recorte de los subsidios al gas y agua para todos los consumidores, cuando lo recomendable era avanzar más agresivamente sobre los sectores menores vulnerables.

Sólo control monetario y cambiario
Después de la devaluación del peso, para borrar las expectativas de futuros mega ajustes, y detener la escalada del dólar en el mercado libre, el Banco Central se abocó a retirar en forma acelerada los pesos excedentes en la economía y dejar que escalaran las tasas de interés a niveles más cercanos a la inflación, y más altas aún para el financiamiento del consumo privado por la vía del uso de tarjeta de crédito.

Pero el costo de esa estrategia fue el citado enfriamiento de la actividad productiva y comercial, con su consecuente impacto negativo sobre la recaudación de impuestos, sólo sostenida por el efecto de la inflación, no mucho más.

Y pese a que los precios internacionales se mantuvieron en niveles superiores al promedio histórico, el receso interno no se tradujo en un repunte de los excedentes exportables, por el contrario declinaron en el primer bimestre y el superávit comercial se redujo a la mínima expresión en comparación con un año antes.

Mientras que el frente fiscal siguió desbordado con una dinámica del aumento del gasto que amplió la brecha respecto del curso que siguieron los ingresos tributarios, y acentuó el rojo fiscal, que fue el principal disparador de las tensiones inflacionarias y cambiarias desde que se impuso el cepo cambiario a fines de 2011. Y ahora con la rebaja de los subsidios no hay certeza de que cambie la tendencia, porque el ahorro que se logre se destinará a intensificar las asistencias a las familias de bajos ingresos y a jóvenes que no estudian, no trabajan y ni buscan trabajan, para alentarlos a que se capaciten.

Dada la estacionalidad favorable de la balanza comercial en el segundo trimestre, junto a la estrategia del Banco Central de forzar a los bancos a que se desprendieran de su posición en moneda extranjera excedente, el Gobierno cuenta con tres meses más para intentar reducir el déficit fiscal, fomentar el comercio exterior, sin restricciones al pago de importaciones, y bajar las presiones inflacionarias, no ya a través de fracasados y repetidos controles de precios, sino de una austera política de gasto que despeje temores de aumento de la presión tributaria.

Esto aparece así, porque al haber utilizado el Banco Central toda una batería de astringencia monetaria y de anticipo de liquidación de divisas por parte de los exportadores de los complejos de cereales y oleaginoso, desde julio comenzarán a reaparecer las tensiones cambiarias y financieras, cuya magnitud dependerá de lo que ahora hagan las secretarías de Hacienda y Comercio, con el respaldo de los ministerios de Planificación y de Industria.

Política de ingresos: algo más que precios y salarios

Claramente, en las economías donde predomina la racionalidad sobre la ideología, la política de ingresos se vincula más con el objetivo de mejorar las prestaciones a los trabajadores y elevar el poder de compra de los recursos que logran los empleados sobre la base de ganancias de productividad en el uso del conjunto de los factores de producción, que en simplemente actualizar los salarios por la inflación, y medir la participación en el PBI.

Pero en economías inestables y aferradas al péndulo de los cambios de gobierno y de las políticas de fondo, aun en los casos en que supuestamente en los papeles acusan continuidad del signo político madre, el factor relevante pasa por las políticas fiscal y monetaria, porque de su curso depende la marcha del promedio de los precios y, consecuentemente de la posterior variación de las remuneraciones del trabajo.

En el manual simple de las actuales autoridades de Gobierno la puja distributiva se concentra en las dos primeras variables: el control de los precios a lo largo de la cadena de valor y en la fijación de topes implícitos (nunca reconocidos) en las demandas de subas salariales por parte de los sindicatos.

Y si bien se ha dado un paso sustancial con la elaboración de un nuevo índice de precios que, al menos en el arranque, reconoce la real variación del promedio de precios al consumidor, esto es de la inflación, se ha cumplido con una condición sin duda necesaria, pero claramente insuficiente para que se puedan retomar las negociaciones paritarias en un clima que no amenace con la espiralización del alza de los precios, ahora por inflación de costos.

Más aún cuando, al parecer, se busca en descansar todo el peso del ajuste en el sector financiero, a través de una deliberada política de retiro de billetes en circulación que lleva a la estampida de las tasas de interés, con su consecuente impacto negativo sobre el consumo y la inversión, y sin generar certeza de contención de la inflación.

El riesgo del déficit cuasifiscal
Justamente, la austeridad monetaria, que era reclamada por el consenso de los economistas de la oposición es una condición necesaria, pero para que sea efectiva debe ser acompañada por la austeridad fiscal; sin embargo, de eso no se habla.

Por el contrario, se sigue negando cada mañana el efecto negativo sobre el conjunto de la economía, pero principalmente de la población, y en especial la de más bajos ingresos, de abusar del financiamiento de una parte sustancial del gasto público, cercana a 10% del total con emisión del Banco Central y asistencia de fondos de la Anses y PAMI.

Es que esos no son recursos genuinos, a pesar de que puedan estar avalados por leyes del Congreso Nacional, porque genera un exceso de dinero en circulación sobre lo que los agentes económicos: familias y empresas, desean y por tanto se manifiesta en alza de los precios (inflación), del dólar y ahora de las tasas de interés.

De ahí que en un escenario de estas características no sólo se requiere volver atrás, a pesar del relato, y así como se devaluó cuando la propia Presidente dijo hace menos de un año que no iba a devaluar, o se subió la tasa de interés a niveles impensables meses atrás, o haber sincerado la inflación, ahora es necesario anunciar un programa de austeridad fiscal, junto al replanteo del Presupuesto Nacional y del Programa Monetario, para que se pueda intentar revertir el ritmo ascendente de los precios.

Sólo así, podrían celebrarse las negociaciones de salarios en paritarias sin que deriven en un peligroso escenario como ocurrió a mediados de los 70, cuando la tasa de inflación voló del 24% en 1974 a 182% el año siguiente y la actividad pasara de crecer 5,4% a caer 0,6 por ciento.

Por ahora se usa y abusa de la política monetaria a cargo de Juan Carlos Fábrega, a través de una acelerada absorción de pesos con la colocación de Letras y Notas en los bancos al costo de subir las tasas de interés que ofrece a 29% anual.

En enero, por efecto de la fuerte devaluación del peso y la consecuente valorización de las reservas en divisas medidas en pesos, el Banco Central logró un superávit cuasifiscal del orden de 9% del PBI del mes, porque el pago de intereses le restó apenas 0,8% del PBI del mes.

Pero en febrero, con la apreciación del peso, el tipo de cambio baja 3,7% y las tasas que paga por dichos instrumentos de regulación monetaria suben a 29% anual, se pasó a un desequilibrio que licuó la ganancia del bimestre a sólo 2,2% del PBI equivalente mensual.