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Los precios cuidados siguen descuidados

La difusión de los datos de inflación de junio no contó con un discurso ad hoc del ministro de Economía para explicar lo inexplicable. Desde la jefatura de Gabinete de ministros se intentó tímidamente alentar el relatfo de la desaceleración del ritmo de alza de los precios, con lo miopía de quien sólo se contenta con ver distancias cortas. Claramente, se trata de una estrategia interesada de no levantar la mirada para no descubrir, una vez más, que en lugar de avanzar se sigue caminando para atrás, puesto que no sólo se han alcanzado las tasas de inflación interanual más altas desde diciembre de 2002, con casi 40%, (por un punto no se retrocedió diez años más), sino que siquiera se ha podido bajar a las subas informadas un año antes.

El ministro de Economía y su secretario de Comercio resaltaron hace pocas semanas el mérito de los Precios Cuidados para provocar una desaceleración de los aumentos y por eso “lograron acordar” la ampliación de la canasta original de 198 precios a más de 320 a partir de julio, para que generen un efecto imitación sobre los “aproximadamente 230.000 precios en más de 13.000 locales informantes” que, según cita la nota metodológica sobre el IPCNu, releva el Indec mensualmente. Sin embargo, de la paupérrima información que comenzó a brindar el organismo oficial de estadística desde febrero último sobre los precios al consumidor surge que en junio último de los nueve grandes capítulos que componen el agregado del IPCNu dos acusaron menores subas que un año antes, otros dos repitieron la variación y cinco se incrementaron en mayor medida.

Mientras que si se comparan los 20 subíndices relevantes se advierte que apenas un cuarto registró alzas inferiores a las de junio de 2013. De ahí que más allá de compararse canastas de precios diferentes, que responden a ajustes en la estructura de consumo de los hogares, lo cierto es que el índice general oficial saltó de 0,8 a 1,3 por ciento en los pasados doce meses.

Claramente, en comparación con los picos de aumentos detectados en enero y febrero, por efecto del impacto del severo ajuste cambiario y algunas subas de tarifas, se está frente a una desaceleración. Pero eso poco tuvo que ver con la inflación, y mucho con un intento, rápidamente abandonado, de recomposición de los precios relativos entre algunos bienes y servicios, o visto de otra forma entre el tipo de cambio, los salarios y las tasas de interés. La inflación es algo más complejo, ya que no se trata del mero aumento del índice general de precios al consumidor, sino de subas promedio generalizadas (las alzas superan con creces a las bajas, en cantidad e intensidad) y persistentes, por oposición a variaciones de “una vez”.

Entre los <strong>precios al por mayor también el Indec acaba de dar cuenta no sólo de que la suba del índice general fue en junio superior a la del año anterior (1,5 vs 1,3%), sino que, además, ese resultado no fue consecuencias de alzas en rubros aislados, sino que sobre 27 subcapítulos atenuaron la tasa de incremento apenas siete, otros dos la repitieron y en 18 se intensificó, con varios casos de saltos singulares como en el complejo textil y ropa, cuero, productos del papel, materiales para la construcción y equipos para medicina e instrumentos de medición, entre otros.

La excepción se observó en el caso del costo de construcción, donde habría comenzado a tener impacto el brusco cambio de giro de la actividad, al punto que de crecer a un ritmo de 7,4% anual en mayo de 2013 pasó a caer a una tasa de 4,4% doce meses después, ya que sobre 14 subsectores en ocho se registraron menores subas de precios que un año antes y seis evidenciaron una modesta aceleración. Pero aún así, y sacando el efecto del adelanto del primer ajuste salarial acordado en paritarias en abril último, en comparación con junio en 2013, se advirtió también una intensificación de la tasa de crecimiento de los precios de los materiales y gastos generales.

El común denominador no es otro que el desborde de las erogaciones del sector público respecto de los ingresos tributarios y las consecuentes necesidades crecientes de financiamiento con el uso y abuso de la emisión monetaria por parte del Banco Central que ha llevado a achicar el tamaño de la economía, desalentado aún más la inversión productiva, por la doble vía de afectar severamente la capacidad de consumo de las familias y la competitividad de las exportaciones, aún en los rubros históricamente más eficientes, como el agro y la nueva minería.

La restricción presupuestaria castiga el consumo y no baja la inflación
Para peor, el viento de cola que venía favoreciendo a la actividad productiva, y en particular a las finanzas públicas, por la vía de las retenciones abultadas sobre la mayor parte de las exportaciones, ha comenzado a virar mucho antes de lo esperado y por tanto afectará la estrategia que sigue Economía, luego de la fuerte devaluación del peso a fines de enero, de anclar el tipo de cambio, para forzar la desaceleración de la inflación.

El sector privado está ajustando rápida e intensamente, no sólo en lo que respecta al punto de giro de la producción de bienes durables y de inversión, como automotores, maquinarias de uso agrícola y construcción, con caídas siderales, sino también en el gasto de los hogares, al contraerse la capacidad de compra de los salarios y jubilaciones que en poco más de un semestre perdieron más de diez puntos porcentuales.

Mientras el sector público se resista a encuadrar las finanzas y sólo piense en recuperar la capacidad de endeudamiento para complementar el financiamiento de gasto corriente con emisión espuria, no habrá Precios Cuidados capaz de impedir que se siga transitando el probado camino minado de alta inflación y recesión, y consecuente destrucción de empleos netos y más déficit fiscal.

Sólo la habitual contabilidad creativa de la Secretaría de Hacienda que considera como ingreso corriente a las transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, PAMI y Fondos Fiduciarios, posibilitó mostrar en mayo un superávit fiscal, cuando en realidad registró un abultado desequilibrio que ya se multiplicó por más de cuatro en el acumulado de los primeros cinco meses del año y condiciona toda posibilidad de contener la suba de los precios y evitar la pérdida de competitividad, con el consecuente efecto recesivo y profundización de las tensiones en el sector externo de la economía.

La negociación de la deuda afecta a la inversión

El Jefe de Gabinete de Ministros se muestra convencido de que la negociación de la deuda pública no guarda correlación alguna con la tasa de inversión de la economía. No sólo eso, para reafirmar su posición, claramente no comprobable en las estadísticas oficiales, como demostraré más adelante, dejó flotando la idea de una correlación inversa positiva: en 2001 la tasa de inversión era de 14,2% del PBI y había caído a 12% en la crisis de 2002 y subió a más de 21% del producto en 2005, pese a haber transitado el país más de tres años en estado de cesación de pagos y hoy está más abajo.

Sin embargo, un repaso menos ligero de la historia reciente de la economía argentina permite recordar que las tasas de inversión de comienzo del presente siglo fueron las más bajas de la historia contemporánea, con alguna excepción en los tiempos de la hiperinflación. Por tanto no parece un gran mérito superar esos pobres registros, aún en estado de default, si se avanzaba hacia un claro proceso de normalización de las instituciones.

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Un paso adelante que exige dar otros más

La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de su Jefe de Gabinete de que no enviaría a Nueva York a funcionarios y abogados para negociar con los holdouts bajo el paraguas del juzgado de Thomas Griesa, y anunciar formalmente la decisión de pagar las deudas a todos los bonistas, se inscribe en la línea que nunca se debió apartar: el respeto de las instituciones, nacionales y extranjeras.

Se podrá discutir si fue un giro con convicción o simplemente por necesidad para no agravar la recesión y provocar un default en cadena de la Nación, las provincias y también municipios y empresas, pero es innegable que se reaccionó positivamente a tiempo.

Se trata de un paso fundamental para coronar un proceso que se fue acelerando para dar solución a una de las asignaturas pendientes que impidieron al Gobierno, pero también a las empresas, acceder a condiciones de financiamiento internacional menos onerosas. Empezó con las compañías que demandaban al país en el CIADI; siguió, luego de dos años desde la confiscación de las acciones de Repsol en YPF, con el acuerdo de pagar esos papeles con nuevos títulos de la deuda; a posteriori, en cuestión de dos meses, se cerró un convenio para dejar atrás el largo período de cesación de pagos con el Club de París, con pagos en efectivo en cuatro años y ahora, en pocos días, se prevé transitar el último tramo del “puente”, como definió Mario Blejer, para poder acceder a las condiciones ventajosas que caracteriza al mercado de crédito externo y atraer capitales para inversiones productivas de largo plazo, muchos de los cuales son de residentes y están en blanco en el país, pero fuera del circuito financiero.

Proceso no exento de costos elevados
Sólo en el último año la generación de riqueza por el conjunto de los residentes pasó de crecer a una tasa de 9,3% al año, según el EMAE del Indec, a caer a un ritmo de 2,5% en mayo, conforme la estimación de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Significó la pérdida de unos 50.000 millones de dólares, cualquiera sea el tipo de cambio que se utilice, oficial o libre, porque en ese período ambas paridades corrieron parejas.

Con esa perspectiva, los 1.330 o 10.000 millones de dólares que se pagarán en 5 o 10 años a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, los cuales se suman a los 9.000 millones que se agregaron con los acuerdos con Repsol y el Club de París, también a plazo, no parecen tan dramáticos como aparentan cuando se los coteja con los casi 29.000 millones de dólares de reservas de divisas en el Banco Central el último jueves.

Además, se observaron costos tangibles, no sólo en términos de la caída de reservas del Banco Central en unos 10.000 millones de dólares, sino, peor aún, de pérdida de oportunidades para unos 200.000 trabajadores, más la destrucción neta de otros 100.000 empleos, y recortes de salarios para quienes sufrieron los recortes de la jornada laboral, sea por suspensiones o el fin de las posibilidades de hacer horas extras, en las industrias automotriz, la construcción, inmobiliarias, el comercio y también en el agro y la minería.

Ese cuadro agravó las ya debilitadas finanzas públicas, porque perdió brío la capacidad de recaudar impuestos, mientras el gasto público siguió su carrera ascendente, sacándole más distancia al crecimiento de los recursos genuinos amparado en el financiamiento inflacionario y provocando un peligroso incremento del déficit cuasi fiscal, esto es del rojo de las cuentas del Banco Central.

Programa integral de política económica
De ahí que, en simultáneo con las negociaciones que ya el viernes comenzaron los funcionarios y abogados del Gobierno con los representantes de los holdouts, y su acercamiento al juzgado de Thomas Griesa, es deseable que el equipo económico encare un plan integral de ordenamiento de todas las variables macroeconómicas relevantes, siguiendo los estándares internacionales, sin inventos, orientadas a desarmar la maraña de subsidios; el cepo cambiario; los ineficaces y dañinos precios cuidados, administrados y congelados; la depuración de los gastos improductivos y clientelares en la administración pública, y ajustar por inflación real desde diciembre de 2001 los mínimos no imponibles de Ganancias para los trabajadores, asalariados y más aún independientes, junto a la reglamentación de los ajustes por inflación de los balances de las empresas.

Sólo en los últimos doce meses si se hubiese evitado con una visión integral de la macro y micro economía el paso del crecimiento del PBI a un ritmo de 9,3% a una caída de 2,5%, y en su lugar la actividad se hubiera expandido a un rango de 4% y con menor inflación, se podrían haber generado las condiciones para reducir de 48 a 42% del PBI la presión fiscal y bajar la inflación del 27 a 20% o menos, en lugar de haberse duplicado. En ese hipotético escenario, se hubiesen generado las condiciones para reimpulsar la inversión productiva, con su consecuente efecto multiplicador sobre el empleo y la mejora real de los salarios.

Aún se está a tiempo de encarar ese proceso y provocar un cambio de expectativas en muy corto plazo, como se insinuó en Wall Street mientras en la Argentina se conmemoraba el Día de la Bandera.

Salvo Brasil, que muestra dificultades para crecer a una tasa mayor a 2% al año, el mundo sigue ofreciendo amplias oportunidades para la Argentina, sea en términos de acceso al crédito a tasas menos onerosas que las de los últimos meses, ya que el índice de Riesgo País puede caer de un rango de 800 puntos básicos de hace una semana a menos de 300 en corto plazo; sea para atraer capitales de inversión productiva de largo plazo; sea para encarar acuerdos comerciales bilaterales con naciones que mantienen vigorosas tasas de crecimiento como los países asiáticos, altamente demandantes de alimentos, pero también de conocimiento y de productos industriales.

De ahí que pareciera que llegada a esta instancia en que se probó el estado de casi pánico que genera caminar al filo de la cornisa y con pendiente negativa, llegó la hora de seguir dando pasos para adelante, dirigidos a la búsqueda de la recuperación plena de todas las instituciones, desde la aceptación del Congreso como ámbito de debate de las políticas públicas, no simplemente de la presentación sin derecho a discusión y aceptación de quitas y agregados como ocurrió con el Presupuesto 2014 y las negociaciones de la deuda pública; pasando por el reconocimiento de los fallos judiciales, locales e internacionales sin atajos; hasta el rol de independencia del Banco Central como garante de la estabilidad de los precios, para proteger de modo efectivo el valor de la moneda y con ello de los salarios y patrimonios de las empresas; junto a la transparencia de las mediciones y difusión de los datos del Indec de la realidad económica y social, además de la necesaria recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, sin asfixiar la capacidad de pago de los contribuyentes, para no generar el camino a otro cuadro extremo de incapacidad de pago de la deuda pública; y una efectiva apertura al mundo de los negocios, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.

El rol del especulador

En los negocios financieros, pero también en los mercados de bienes, es habitual y común que se hagan operaciones de compra y venta de títulos o de derechos de compra y venta, en bolsas de comercio, de metales, cereales, entre otras, con el debido conocimiento de los riesgos, pero sin dar certezas de ganancias o pérdidas, y operan en mercados institucionalizados, es decir regulados por legislaciones nacionales y extranjeras, según los casos: bonos, acciones, metales, granos, petróleo, entre los más conocidos de su existencia por parte del público general.

Se nutren de la visión encontrada entre quienes prevén el aumento de un precio y el que proyecta su baja, sea en mercados de contado y/o a plazo de diversos activos. Se caracterizan por la liquidez que ofrecen, sean activos físicos o financieros, como los títulos de deuda que necesitan emitir empresas y estados nacionales, provinciales y municipales, porque posibilitan que los inversores y ahorristas puedan entrar y salir cuando lo deseen según la renta o cobertura buscada.

Sin embargo, en ciertas ocasiones algún Gobierno le asigna a quienes operan en esos mercados el carácter de “especulador”, con un tono peyorativo, cuando se llega a circunstancias que terminan afectando al deudor, al menos respecto de sus expectativas y caprichos.

El último martes, Axel Kicillof se refirió en esos términos a los holdouts que litigaron en contra de la Argentina, por no haber aceptado las condiciones de los canjes de deuda de 2005 y 2010 de los bonos que por aclamación parlamentaria cayeron en cesación de pagos a fines de 2001: “Son fondos buitres que nunca le prestaron a la Argentina, sino que compran bonos cuando encuentran una falla judicial y hoy un juez americano les garantiza cobrar 832 millones de dólares, cuando pagaron 48 millones de dólares, con una tasa de 1.608%, y trataron de obtener diversos embargos”.

Claramente, no hay forma de defender esas maniobras, pero me parece relevante no perder el norte sobre cuál es la causa que les dio origen: el desequilibrio irresponsable de las finanzas públicas, el cual se repite y se agrava, pese al costo social que provoca en términos de deterioro del poder de compra de los salarios, sea porque se financia con emisión que deriva en inflación, sea por el aumento de la presión tributaria, tanto a los trabajadores y las empresas, con el consecuente desaliento a la inversión productiva.

Es justamente en esos casos de desestabilización de las variables macroeconómicas donde aparecen severas fluctuaciones de los precios de los activos, de bienes de consumo e inversión, pero también y principalmente en los financieros, porque han terminado muchas veces licuaciones con devaluaciones, desagios, confiscaciones y hasta con el default, y cuya máxima expresión se manifiesta en el caso argentino en la virtual ausencia de un mercado de capitales para negociación de deudas de las empresas para financiar la producción y el desarrollo sustentable.

Mercados secundarios

Tampoco se debiera desestimar que es la existencia de “tomadores de riesgo” lo que posibilita que empresas y gobiernos emitan títulos de deuda hasta 100 años de plazo, como acaba de concretar México, y España analice lanzar un bono a 50 años de plazo, sin que el comprador primario (quién le presta al emisor) deba inmovilizar sus capitales o ahorros por semejante tiempo, porque es justamente la existencia del mercado secundario lo que le da sustento.

La Argentina defraudó a los que confiaron en la solvencia del país y le dieron su dinero para financiar su crecimiento, o cancelar deuda. Eso parece más grave que ser “buitre”. Los holdouts quieren cobrar lo que un gobierno se comprometió a pagar, como deberán hacer las futuras administraciones de los títulos entregados por las reestructuraciones de 2005 y 2010. En tal caso, el que primero vendió el bono no reestructurado poscanje a otro tomador de riesgo fue el que sufrió una pérdida sustancial de su capital y es víctima, no la nación, aunque finalmente siempre es el pueblo el que paga, con sus impuestos, sus pérdidas de oportunidades laborales y licuación del salario con las repetidas devaluaciones de la moneda.

De ahí que si se llega a casos extremos que terminan en cesación de pagos, esto es incumplimiento de la deuda, el tenedor de un bono o acción no puede ser abiertamente descalificado porque los adquirió en segunda, tercera, o enésima instancia.

Y si, justamente, por un cuadro de default, la cotización de un título de deuda pierde valor al extremo de ser categorizado como “bono basura”, la pregunta que corresponde hacer es ¿por qué el emisor no lo rescató a ese precio en el mercado de valores, para no dejarlo a mano de los altos tomadores de riesgo, como fueron muchos de los holdouts, que el Gobierno prefiere categorizar de buitres.

En el futuro inmediato, es deseable que la Argentina logre acordar términos de negociación con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, en los términos acordados con Repsol, el Club de París, en incluso con parte de los bonistas: sin quita, pero con menos tasas y más plazo que las condiciones originales.

Para lograr ese objetivo sería relevante no sólo que se acepte la necesidad y la conveniencia de reducir al mínimo aceptable el abultado déficit fiscal de los gobiernos nacional, provincial y municipal, sino que se lo explicite en un plan económico integral, con respaldo legislativo de los principales bloques de oposición. De lo contrario, no sólo seguirá atrasándose la renovación de la infraestructura y trabando el crecimiento de la economía en su conjunto, sino que se estará preparando el camino para un nuevo default, ante la clara saturación de los agentes económicos para soportar más inflación y más suba de impuestos.