Por: Daniel Sticco
En los negocios financieros, pero también en los mercados de bienes, es habitual y común que se hagan operaciones de compra y venta de títulos o de derechos de compra y venta, en bolsas de comercio, de metales, cereales, entre otras, con el debido conocimiento de los riesgos, pero sin dar certezas de ganancias o pérdidas, y operan en mercados institucionalizados, es decir regulados por legislaciones nacionales y extranjeras, según los casos: bonos, acciones, metales, granos, petróleo, entre los más conocidos de su existencia por parte del público general.
Se nutren de la visión encontrada entre quienes prevén el aumento de un precio y el que proyecta su baja, sea en mercados de contado y/o a plazo de diversos activos. Se caracterizan por la liquidez que ofrecen, sean activos físicos o financieros, como los títulos de deuda que necesitan emitir empresas y estados nacionales, provinciales y municipales, porque posibilitan que los inversores y ahorristas puedan entrar y salir cuando lo deseen según la renta o cobertura buscada.
Sin embargo, en ciertas ocasiones algún Gobierno le asigna a quienes operan en esos mercados el carácter de “especulador”, con un tono peyorativo, cuando se llega a circunstancias que terminan afectando al deudor, al menos respecto de sus expectativas y caprichos.
El último martes, Axel Kicillof se refirió en esos términos a los holdouts que litigaron en contra de la Argentina, por no haber aceptado las condiciones de los canjes de deuda de 2005 y 2010 de los bonos que por aclamación parlamentaria cayeron en cesación de pagos a fines de 2001: “Son fondos buitres que nunca le prestaron a la Argentina, sino que compran bonos cuando encuentran una falla judicial y hoy un juez americano les garantiza cobrar 832 millones de dólares, cuando pagaron 48 millones de dólares, con una tasa de 1.608%, y trataron de obtener diversos embargos”.
Claramente, no hay forma de defender esas maniobras, pero me parece relevante no perder el norte sobre cuál es la causa que les dio origen: el desequilibrio irresponsable de las finanzas públicas, el cual se repite y se agrava, pese al costo social que provoca en términos de deterioro del poder de compra de los salarios, sea porque se financia con emisión que deriva en inflación, sea por el aumento de la presión tributaria, tanto a los trabajadores y las empresas, con el consecuente desaliento a la inversión productiva.
Es justamente en esos casos de desestabilización de las variables macroeconómicas donde aparecen severas fluctuaciones de los precios de los activos, de bienes de consumo e inversión, pero también y principalmente en los financieros, porque han terminado muchas veces licuaciones con devaluaciones, desagios, confiscaciones y hasta con el default, y cuya máxima expresión se manifiesta en el caso argentino en la virtual ausencia de un mercado de capitales para negociación de deudas de las empresas para financiar la producción y el desarrollo sustentable.
Mercados secundarios
Tampoco se debiera desestimar que es la existencia de “tomadores de riesgo” lo que posibilita que empresas y gobiernos emitan títulos de deuda hasta 100 años de plazo, como acaba de concretar México, y España analice lanzar un bono a 50 años de plazo, sin que el comprador primario (quién le presta al emisor) deba inmovilizar sus capitales o ahorros por semejante tiempo, porque es justamente la existencia del mercado secundario lo que le da sustento.
La Argentina defraudó a los que confiaron en la solvencia del país y le dieron su dinero para financiar su crecimiento, o cancelar deuda. Eso parece más grave que ser “buitre”. Los holdouts quieren cobrar lo que un gobierno se comprometió a pagar, como deberán hacer las futuras administraciones de los títulos entregados por las reestructuraciones de 2005 y 2010. En tal caso, el que primero vendió el bono no reestructurado poscanje a otro tomador de riesgo fue el que sufrió una pérdida sustancial de su capital y es víctima, no la nación, aunque finalmente siempre es el pueblo el que paga, con sus impuestos, sus pérdidas de oportunidades laborales y licuación del salario con las repetidas devaluaciones de la moneda.
De ahí que si se llega a casos extremos que terminan en cesación de pagos, esto es incumplimiento de la deuda, el tenedor de un bono o acción no puede ser abiertamente descalificado porque los adquirió en segunda, tercera, o enésima instancia.
Y si, justamente, por un cuadro de default, la cotización de un título de deuda pierde valor al extremo de ser categorizado como “bono basura”, la pregunta que corresponde hacer es ¿por qué el emisor no lo rescató a ese precio en el mercado de valores, para no dejarlo a mano de los altos tomadores de riesgo, como fueron muchos de los holdouts, que el Gobierno prefiere categorizar de buitres.
En el futuro inmediato, es deseable que la Argentina logre acordar términos de negociación con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, en los términos acordados con Repsol, el Club de París, en incluso con parte de los bonistas: sin quita, pero con menos tasas y más plazo que las condiciones originales.
Para lograr ese objetivo sería relevante no sólo que se acepte la necesidad y la conveniencia de reducir al mínimo aceptable el abultado déficit fiscal de los gobiernos nacional, provincial y municipal, sino que se lo explicite en un plan económico integral, con respaldo legislativo de los principales bloques de oposición. De lo contrario, no sólo seguirá atrasándose la renovación de la infraestructura y trabando el crecimiento de la economía en su conjunto, sino que se estará preparando el camino para un nuevo default, ante la clara saturación de los agentes económicos para soportar más inflación y más suba de impuestos.