Archivo de Tag: juez Griesa

Desde el fallo de Griesa se dejó de generar riqueza por u$s100.000 millones

Ese es el lucro cesante desde el segundo trimestre de 2012, luego de que la Argentina sufriera el primer revés en la justicia de los EEUU en el pleito que iniciaron un pequeño grupo de bonistas que no aceptaron ingresar voluntariamente a los canjes de la deuda en default en 2005 y 2010.

El ejercicio es simple y muy conservador, dado que por el severo atraso cambiario el cálculo del PBI en dólares puede sufrir una depreciación sustancialmente mayor, en particular en comparación con el valor inflado pico de 635.000 millones, equivalente anual, que el Indec calculó para el cuarto trimestre de 2012 a precios de 2004 y luego redujo a 482.100 millones para los primeros tres meses de 2014, por efecto de la devaluación del peso en enero.

Después de una saludable recuperación de la actividad productiva y comercial desde 2003 hasta 2008 y con altibajos hasta 2011, el PBI mostró un virtual estancamiento en términos reales en adelante con 0,9% en 2012, casi 3% en 2013 y ahora se proyecta con caída entre un piso de 2%, sin default y máximo de 4 por ciento con nueva cesación de pagos.

Y si bien, gran parte del receso que hoy se manifiesta en pérdida de capacidad del sector privado para generar empleos y horas de trabajo; sostenida contracción del comercio exterior; caída de la tasa de inversión, con derrumbe de la inversión extranjera directa y disminución fuerte del poder de compra de la población, sea asalariada o jubilada, es consecuencia de un caprichoso e inexplicable cepo cambiario impuesto a fines de octubre de 2011, no hay duda de que esas restricciones se profundizaron desde que el juez Thomas Griesa dictara su fallo a favor de los holdouts a fines de febrero del año siguiente.

De ahí que si en lugar del estancamiento inicial que liberó a la Argentina de pagar el cupón de PBI en diciembre 2013 y también en igual mes del corriente año, la desaceleración de la actividad se hubiera frenado en la tasa tendencial o de ritmo del PBI potencial en torno a 3,5%, que es el disparador de ese premio a los bonistas que ingresaron a los canjes I y II, a fin de año el PBI sería unos 100.000 millones de dólares más alto al que se puede estimar hoy.

Claramente que en un país donde un día el ministro de Economía habla de “tipo de cambio de equilibrio de sustentabilidad macroeconómica”, para justificar la devaluación del 23 de enero último en más de 15%, para llevar el tipo de cambio oficial a ocho pesos por dólar, y seis meses después lo licúa con un ritmo inflacionario cercano a 20% en el período, al punto de provocar la octava caída interanual consecutiva de las exportaciones, el PBI en dólares puede volver a volar a la zona de los 650.000 millones, o derrumbarse a un rango de 350.000 millones, por decisión de una persona o, si se quiere, mini gabinete.

Golpe a todos los bolsillos
Pero en cualquier caso, no se podrá negar que gran parte de la sociedad argentina, como los sectores de la producción, el comercio y los servicios, vuelven a sufrir las consecuencias de haber extendido por más de doce años un estado de default que hasta hace apenas unos meses parecía camino a dejar atrás (acuerdo con empresas en el CIADI, pago generoso a Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF, convenio muy benévolo con los acreedores del Club de París) y que ahora amenaza con multiplicarse, no sólo con los holdouts que cuentan con sentencia en firme a su favor, sino también con una parte de los bonistas que habían aceptado las reestructuraciones en 2005 y 2010, al cumplirse los 30 días de mora.

Y si bien podrá argumentarse que el próximo 31 de julio podría ingresarse en el cuarto default de la Argentina, aunque con un horizonte finito de poco más de cinco meses, hasta el 1 de enero de 2015, cuando expire la fatídica cláusula RUFO, me pregunto quién podrá garantizar que los bonistas reestructurados con legislación Nueva York no demanden a la Argentina también por cifras hipermillonarias y arrastre a todo el resto y por tanto que su arreglo se resuelva en horas?

De ahí que, de caer en una nueva cesación de pagos de parte de la deuda pública, por no haber mostrado diplomacia y habilidad para pedirle al juez Griesa que especifique que el pago de un fallo judicial constituye un mandato ineludible y que, por tanto, no puede vincularse a un “arreglo volunario” que dispare la cláusula RUFO, nadie podrá asegurar que su estado será acotado y transitorio y, menos aún sostener que “no pasará nada”.

La economía real no sólo se ha enfriado, sino que peor aún va ganando consenso entre los economistas profesionales, en particular los no vinculados a banderías políticas que pueden ser tentados por una retórica interesada, la expectativa de que de ingresar en un nuevo default, aunque sea parcial, o, peor aún se lo niegue porque se deposita el pago aunque nunca llegue a destino del acreedor, potenciará la recesión del primer semestre de 1,5 a 2% a una zona peligrosa de 3,5 a cuatro por ciento en el segundo, como ya indican los datos de la industria, la construcción, el comercio interior y también del comercio exterior.

La consecuencia de ese escenario no sólo será mayor destrucción de fuentes de empleo, por ahora disimulado con suspensiones parciales, sino también creciente pérdida de horas de trabajo y mayor deterioro del poder de compra de los salarios de bolsillo, junto a crecientes restricciones al acceso al crédito comercial con el resto del mundo que se contaba para impulsar emprendimientos productivos, obras de infraestructura e incluso financiar desequilibrios en las finanzas públicas de la nación y provincias.

Un paso adelante que exige dar otros más

La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de su Jefe de Gabinete de que no enviaría a Nueva York a funcionarios y abogados para negociar con los holdouts bajo el paraguas del juzgado de Thomas Griesa, y anunciar formalmente la decisión de pagar las deudas a todos los bonistas, se inscribe en la línea que nunca se debió apartar: el respeto de las instituciones, nacionales y extranjeras.

Se podrá discutir si fue un giro con convicción o simplemente por necesidad para no agravar la recesión y provocar un default en cadena de la Nación, las provincias y también municipios y empresas, pero es innegable que se reaccionó positivamente a tiempo.

Se trata de un paso fundamental para coronar un proceso que se fue acelerando para dar solución a una de las asignaturas pendientes que impidieron al Gobierno, pero también a las empresas, acceder a condiciones de financiamiento internacional menos onerosas. Empezó con las compañías que demandaban al país en el CIADI; siguió, luego de dos años desde la confiscación de las acciones de Repsol en YPF, con el acuerdo de pagar esos papeles con nuevos títulos de la deuda; a posteriori, en cuestión de dos meses, se cerró un convenio para dejar atrás el largo período de cesación de pagos con el Club de París, con pagos en efectivo en cuatro años y ahora, en pocos días, se prevé transitar el último tramo del “puente”, como definió Mario Blejer, para poder acceder a las condiciones ventajosas que caracteriza al mercado de crédito externo y atraer capitales para inversiones productivas de largo plazo, muchos de los cuales son de residentes y están en blanco en el país, pero fuera del circuito financiero.

Proceso no exento de costos elevados
Sólo en el último año la generación de riqueza por el conjunto de los residentes pasó de crecer a una tasa de 9,3% al año, según el EMAE del Indec, a caer a un ritmo de 2,5% en mayo, conforme la estimación de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Significó la pérdida de unos 50.000 millones de dólares, cualquiera sea el tipo de cambio que se utilice, oficial o libre, porque en ese período ambas paridades corrieron parejas.

Con esa perspectiva, los 1.330 o 10.000 millones de dólares que se pagarán en 5 o 10 años a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, los cuales se suman a los 9.000 millones que se agregaron con los acuerdos con Repsol y el Club de París, también a plazo, no parecen tan dramáticos como aparentan cuando se los coteja con los casi 29.000 millones de dólares de reservas de divisas en el Banco Central el último jueves.

Además, se observaron costos tangibles, no sólo en términos de la caída de reservas del Banco Central en unos 10.000 millones de dólares, sino, peor aún, de pérdida de oportunidades para unos 200.000 trabajadores, más la destrucción neta de otros 100.000 empleos, y recortes de salarios para quienes sufrieron los recortes de la jornada laboral, sea por suspensiones o el fin de las posibilidades de hacer horas extras, en las industrias automotriz, la construcción, inmobiliarias, el comercio y también en el agro y la minería.

Ese cuadro agravó las ya debilitadas finanzas públicas, porque perdió brío la capacidad de recaudar impuestos, mientras el gasto público siguió su carrera ascendente, sacándole más distancia al crecimiento de los recursos genuinos amparado en el financiamiento inflacionario y provocando un peligroso incremento del déficit cuasi fiscal, esto es del rojo de las cuentas del Banco Central.

Programa integral de política económica
De ahí que, en simultáneo con las negociaciones que ya el viernes comenzaron los funcionarios y abogados del Gobierno con los representantes de los holdouts, y su acercamiento al juzgado de Thomas Griesa, es deseable que el equipo económico encare un plan integral de ordenamiento de todas las variables macroeconómicas relevantes, siguiendo los estándares internacionales, sin inventos, orientadas a desarmar la maraña de subsidios; el cepo cambiario; los ineficaces y dañinos precios cuidados, administrados y congelados; la depuración de los gastos improductivos y clientelares en la administración pública, y ajustar por inflación real desde diciembre de 2001 los mínimos no imponibles de Ganancias para los trabajadores, asalariados y más aún independientes, junto a la reglamentación de los ajustes por inflación de los balances de las empresas.

Sólo en los últimos doce meses si se hubiese evitado con una visión integral de la macro y micro economía el paso del crecimiento del PBI a un ritmo de 9,3% a una caída de 2,5%, y en su lugar la actividad se hubiera expandido a un rango de 4% y con menor inflación, se podrían haber generado las condiciones para reducir de 48 a 42% del PBI la presión fiscal y bajar la inflación del 27 a 20% o menos, en lugar de haberse duplicado. En ese hipotético escenario, se hubiesen generado las condiciones para reimpulsar la inversión productiva, con su consecuente efecto multiplicador sobre el empleo y la mejora real de los salarios.

Aún se está a tiempo de encarar ese proceso y provocar un cambio de expectativas en muy corto plazo, como se insinuó en Wall Street mientras en la Argentina se conmemoraba el Día de la Bandera.

Salvo Brasil, que muestra dificultades para crecer a una tasa mayor a 2% al año, el mundo sigue ofreciendo amplias oportunidades para la Argentina, sea en términos de acceso al crédito a tasas menos onerosas que las de los últimos meses, ya que el índice de Riesgo País puede caer de un rango de 800 puntos básicos de hace una semana a menos de 300 en corto plazo; sea para atraer capitales de inversión productiva de largo plazo; sea para encarar acuerdos comerciales bilaterales con naciones que mantienen vigorosas tasas de crecimiento como los países asiáticos, altamente demandantes de alimentos, pero también de conocimiento y de productos industriales.

De ahí que pareciera que llegada a esta instancia en que se probó el estado de casi pánico que genera caminar al filo de la cornisa y con pendiente negativa, llegó la hora de seguir dando pasos para adelante, dirigidos a la búsqueda de la recuperación plena de todas las instituciones, desde la aceptación del Congreso como ámbito de debate de las políticas públicas, no simplemente de la presentación sin derecho a discusión y aceptación de quitas y agregados como ocurrió con el Presupuesto 2014 y las negociaciones de la deuda pública; pasando por el reconocimiento de los fallos judiciales, locales e internacionales sin atajos; hasta el rol de independencia del Banco Central como garante de la estabilidad de los precios, para proteger de modo efectivo el valor de la moneda y con ello de los salarios y patrimonios de las empresas; junto a la transparencia de las mediciones y difusión de los datos del Indec de la realidad económica y social, además de la necesaria recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, sin asfixiar la capacidad de pago de los contribuyentes, para no generar el camino a otro cuadro extremo de incapacidad de pago de la deuda pública; y una efectiva apertura al mundo de los negocios, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.

El rol del especulador

En los negocios financieros, pero también en los mercados de bienes, es habitual y común que se hagan operaciones de compra y venta de títulos o de derechos de compra y venta, en bolsas de comercio, de metales, cereales, entre otras, con el debido conocimiento de los riesgos, pero sin dar certezas de ganancias o pérdidas, y operan en mercados institucionalizados, es decir regulados por legislaciones nacionales y extranjeras, según los casos: bonos, acciones, metales, granos, petróleo, entre los más conocidos de su existencia por parte del público general.

Se nutren de la visión encontrada entre quienes prevén el aumento de un precio y el que proyecta su baja, sea en mercados de contado y/o a plazo de diversos activos. Se caracterizan por la liquidez que ofrecen, sean activos físicos o financieros, como los títulos de deuda que necesitan emitir empresas y estados nacionales, provinciales y municipales, porque posibilitan que los inversores y ahorristas puedan entrar y salir cuando lo deseen según la renta o cobertura buscada.

Sin embargo, en ciertas ocasiones algún Gobierno le asigna a quienes operan en esos mercados el carácter de “especulador”, con un tono peyorativo, cuando se llega a circunstancias que terminan afectando al deudor, al menos respecto de sus expectativas y caprichos.

El último martes, Axel Kicillof se refirió en esos términos a los holdouts que litigaron en contra de la Argentina, por no haber aceptado las condiciones de los canjes de deuda de 2005 y 2010 de los bonos que por aclamación parlamentaria cayeron en cesación de pagos a fines de 2001: “Son fondos buitres que nunca le prestaron a la Argentina, sino que compran bonos cuando encuentran una falla judicial y hoy un juez americano les garantiza cobrar 832 millones de dólares, cuando pagaron 48 millones de dólares, con una tasa de 1.608%, y trataron de obtener diversos embargos”.

Claramente, no hay forma de defender esas maniobras, pero me parece relevante no perder el norte sobre cuál es la causa que les dio origen: el desequilibrio irresponsable de las finanzas públicas, el cual se repite y se agrava, pese al costo social que provoca en términos de deterioro del poder de compra de los salarios, sea porque se financia con emisión que deriva en inflación, sea por el aumento de la presión tributaria, tanto a los trabajadores y las empresas, con el consecuente desaliento a la inversión productiva.

Es justamente en esos casos de desestabilización de las variables macroeconómicas donde aparecen severas fluctuaciones de los precios de los activos, de bienes de consumo e inversión, pero también y principalmente en los financieros, porque han terminado muchas veces licuaciones con devaluaciones, desagios, confiscaciones y hasta con el default, y cuya máxima expresión se manifiesta en el caso argentino en la virtual ausencia de un mercado de capitales para negociación de deudas de las empresas para financiar la producción y el desarrollo sustentable.

Mercados secundarios

Tampoco se debiera desestimar que es la existencia de “tomadores de riesgo” lo que posibilita que empresas y gobiernos emitan títulos de deuda hasta 100 años de plazo, como acaba de concretar México, y España analice lanzar un bono a 50 años de plazo, sin que el comprador primario (quién le presta al emisor) deba inmovilizar sus capitales o ahorros por semejante tiempo, porque es justamente la existencia del mercado secundario lo que le da sustento.

La Argentina defraudó a los que confiaron en la solvencia del país y le dieron su dinero para financiar su crecimiento, o cancelar deuda. Eso parece más grave que ser “buitre”. Los holdouts quieren cobrar lo que un gobierno se comprometió a pagar, como deberán hacer las futuras administraciones de los títulos entregados por las reestructuraciones de 2005 y 2010. En tal caso, el que primero vendió el bono no reestructurado poscanje a otro tomador de riesgo fue el que sufrió una pérdida sustancial de su capital y es víctima, no la nación, aunque finalmente siempre es el pueblo el que paga, con sus impuestos, sus pérdidas de oportunidades laborales y licuación del salario con las repetidas devaluaciones de la moneda.

De ahí que si se llega a casos extremos que terminan en cesación de pagos, esto es incumplimiento de la deuda, el tenedor de un bono o acción no puede ser abiertamente descalificado porque los adquirió en segunda, tercera, o enésima instancia.

Y si, justamente, por un cuadro de default, la cotización de un título de deuda pierde valor al extremo de ser categorizado como “bono basura”, la pregunta que corresponde hacer es ¿por qué el emisor no lo rescató a ese precio en el mercado de valores, para no dejarlo a mano de los altos tomadores de riesgo, como fueron muchos de los holdouts, que el Gobierno prefiere categorizar de buitres.

En el futuro inmediato, es deseable que la Argentina logre acordar términos de negociación con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, en los términos acordados con Repsol, el Club de París, en incluso con parte de los bonistas: sin quita, pero con menos tasas y más plazo que las condiciones originales.

Para lograr ese objetivo sería relevante no sólo que se acepte la necesidad y la conveniencia de reducir al mínimo aceptable el abultado déficit fiscal de los gobiernos nacional, provincial y municipal, sino que se lo explicite en un plan económico integral, con respaldo legislativo de los principales bloques de oposición. De lo contrario, no sólo seguirá atrasándose la renovación de la infraestructura y trabando el crecimiento de la economía en su conjunto, sino que se estará preparando el camino para un nuevo default, ante la clara saturación de los agentes económicos para soportar más inflación y más suba de impuestos.

Mucho esfuerzo que se decidió no coronar

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU de no aceptar tomar el caso argentino tras los fallos adversos en el estado de Nueva York y en la Cámara de Apelaciones impuso un baño de realismo y cordura que desdibujó las expectativas en contrario que durante la última semana corrieron como un reguero de pólvora.

Frente a ese cuadro, la primera reacción de la presidente Cristina Kirchner fue acudir a su hombre de confianza, Juan Carlos Fábrega, por su responsabilidad para administrar las muy debilitadas reservas de divisas en el Banco Central, y decidió anunciar que “no va a ceder frente a la extorsión de los bonistas y que garantizará los pagos al 92% que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010”.

De este modo, lejos de avanzar hacia la resolución definitiva de lo que constituye el último capítulo del default de la deuda pública, la Presidente eligió mantenerse en la línea de la confrontación no sólo con los holdouts sino, peor aun, con los Tribunales de Nueva York, y echar por tierra los últimos avances hacia la normalización de las relaciones internacionales, requisito imprescindible para poder aspirar a la obtención de financiamiento de largo plazo y divisas para financiar el crecimiento de la economía.

Continuar leyendo →