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Habrá que esperar al 2017 para volver a crecer

El 2014 terminó de la peor manera: alta inflación, acentuada recesión, creciente endeudamiento del sector público, destrucción de empleos, merma del poder de compra de los salarios y jubilaciones, y arrastre negativos en todas las variables, en particular las sociales.

No se trata de predicciones personales, ni de previsiones de las consultoras privadas, sino de la simple lectura de la catarata de indicadores que en los dos últimos días del año difundió el Indec, con la pasividad que lo caracteriza y sin ameritar explicación alguna por el ministro de Economía, o de Trabajo y menos aún de los secretarios de Estado de cada área. Es lógico, ¿qué podrían haber argumentado?, que sus recetas y recomendaciones de política fracasaron, o que eso era lo que buscaban negando las enseñanzas más básicas de la ciencia económica, la cual muchos ignoran que es una ciencia social y que por tanto los desaciertos afectan severamente a las personas, más a las físicas que a las jurídicas (empresas). Continuar leyendo →

Nada rompe el silencio de la oposición

La crisis se acentúa trimestre a trimestre, mes a mes y día a día, pero los principales referentes de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, en particular del área económica, parecen anestesiados e incapaces para hacer oír sus voces de preocupación y buscar consensos, para lograr cambios de políticas que posibiliten que ese proceso primero se frene y luego se revierta.

La semana comenzó con la confirmación de la suba del desempleo por tercer trimestre consecutivo, aunque atenuada por dos fenómenos: el aumento del efecto desaliento que se manifestó en el retiro del mercado de trabajo de más de 340 mil trabajadores en términos simples, pero en casi 540 mil en términos reales, por el crecimiento vegetativo de la población; y las inconsistencias a las que nos tienen acostumbrados las estadísticas del Indec: la Encuesta Permanente de Hogares no constituye la excepción.

Luego apareció la primera estimación seria de variación de la producción del conjunto de las manufacturas, la cual para la consultora Orlando Ferreres arrojó una caída de 6,1% con amplia mayoría de sectores en receso, por efecto de la contracción simultánea y creciente del consumo interno y también de las exportaciones.

Y el martes, sorpresivamente por la fecha, aunque esperado por las tendencias de corto plazo, apareció en el Boletín Oficial el decreto 2129 del 13 de noviembre, con la firma de la Presidente, al parecer en el sanatorio donde estaba internada, que dispuso el aumento del gasto público en unos 57.000 millones de pesos y un salto del déficit fiscal aceptado para el corriente año equivalente a 5% del PBI.

Estos indicadores fueron precedidos por la aceleración de la inflación respecto de un año atrás a un rango firme de más de 40% en doce meses, no obstante que la actividad en su conjunto se afirma en una recesión que para el tercer y cuarto trimestre por arriba del cuatro por ciento.

Y sin embargo, del lado del Gobierno niegan de diversas formas la magnitud de la crisis, y por tanto sus efectos sociales que se manifiestan abiertamente en despidos, suspensiones, vacancias de locales y el reimpulso de la informalidad. Sólo se atina a culpar al escenario internacional, aunque premios nobel que en el pasado avalaban la política económica de la última década ahora la cuestionan abiertamente en seminarios organizados por funcionarios del propio gobierno, como hizo Paul Krugman.

Estrategia que no atiende las necesidades del presente

Por el contrario, los máximos referentes de los partidos que aspiran a competir por la sucesión del gobierno a partir del 10 de diciembre de 2015 sólo se concentran en tejer alianzas y pelear para que un puñado de trabajadores sean eximidos del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo, para que no lo pierdan en forma plena antes de fin del año, pese a que semejante confiscación del fruto del trabajo y justo reclamo sólo comprende a menos del 10% de la masa de trabajadores registrados y a menos del 7% del total de los ocupados.

Del restante 93%, como de casi el 15% de desocupados o más que surge del reprocesamiento de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, no se habla, y se los mantiene en el olvido, pese a que en algún momento se los irá a buscar para captar su voto.

El momento es ahora. Trece meses, hasta el cambio de gobierno, es mucho tiempo, para dejarlo al libre albedrío, bajo la convicción de que cuánto en peor estado se llegue en el plano económico y social a las elecciones mayor será la contundencia del triunfo opositor, con probabilidad de lograrlo, incluso, en primera vuelta.

Quienes así piensan, que a juzgar por los hechos, hoy no parecen ser pocos, estarían subestimando que un mayor deterioro del escenario económico y social les impedirá imponer giros de política que posibiliten superar rápidamente los efectos inerciales de la crisis y consecuentemente aliviar la carga de los que hoy ya padecen de angustias y privaciones. Basta con recordar el tiempo que le llevó a Carlos Menem preparar la economía para dejar atrás la hiperinflación y Néstor Kirchner para revertir la depresión de 2002.

La salida traumática de la crisis de 2001 derivó en una depresión en 2002 y sólo por la tonificación de los precios de la soja y de otras materias primas que vende la Argentina se pudo pasar de la etapa de la recuperación a la del crecimiento a partir del sexto año, aunque rápidamente se interrumpió, porque la Argentina de los últimos 60 años se especializó en crisis y sus salidas, pero nunca en lograr dar el paso siguiente al del crecimiento genuino, entendido por la superación del pico previo a la recesión y menos aún pensar en estadios de desarrollo, sin uso de contabilidades creativas y atraso cambiario, para mostrar una potencialidad y solvencia superior a la real.

Mantener el silencio, y guardar las recetas para reordenar la economía hasta cuando les toque gobernar, con la esperanza de que el sólo cambio de presidente y equipo atraerá masivamente capitales de riesgo, es desconocer la historia argentina y sobreestimar el apetito de los inversores.

Es cierto que las autoridades del gobierno se muestran cerradas a abrirse al diálogo y, más aún reacias a validar iniciativas de la oposición. Pero no por eso se debe abandonar el intento y menos aún renunciar a la prédica y búsqueda del respaldo popular para lograr consensos que lleven a la vuelta de la racionalidad y la institucionalidad, por sobre la discrecionalidad y el abuso de autoridad para controlar los mercados.

Para el mercado, 8 pesos no es un cambio de equilibrio

El ministro de Economía definió el viernes último que la parcial flexibilización del cepo para pequeñas operaciones de cambio, aunque con singular profundización para los grandes contribuyentes (se redujo el máximo autorizado de compra de dos millones dólares por mes a sólo u$s2.000, a la milésima parte!) se hacía porque “ocho pesos es un tipo de cambio de equilibrio para la sustentabilidad macroeconómica”. Sin embargo, ni Axel Kicillof, ni Jorge Capitanich, precisaron cómo entienden el equilibrio macroeconómico.

En tres días de apertura mínima del canal de ahorro en dólares se presentaron solicitudes de compra por poco más de u$s113 millones, pero sólo se efectivizaron menos de 42 millones de dólares, y las reservas del Banco Central cayeron a ritmo de 181 millones de dólares por día, pese a subir las tasas de interés en seis puntos porcentuales. A esa velocidad en los primeros días de octubre el país se queda sin reservas.

Claramente que eso no va a ocurrir, al menos en forma inmediata, porque antes la tasa de interés trepará a valores que hoy aparecen como insospechados y se asume como altamente improbable, que el Gobierno deje que esos dos fenómenos ocurran. Aunque la historia Argentina muestra varios episodios en los que las reservas cayeron a niveles inferiores a u$s5.000 millones, en los papeles, como en los setentas y ochentas, aunque disponibles mucho menos aún.

Eso es lo que está intentando hacer el Banco Central luego de que abandonara el gradualismo que mantuvo en la suba diaria del tipo de cambio oficial que iniciara el 20 de noviembre, tras comprobar en dos meses de esa estrategia que lejos de haber sido un principio de solución de los problemas, los agravó porque desalentó la liquidación de divisas por parte de los exportadores y tentó a importadores, empresas y futuros turistas a tomar posiciones, para evitar suba de sus costos.

Lo mismo, pero al revés
Ahora repite una estrategia similar con el manejo de las tasas de interés, con la convicción de que de ese modo se secará la plaza de pesos y por tanto quita un lubricante que considera esencial para el mercado de cambios, libre y oficial.

Sin embargo, aquí también Juan Carlos Fábrega y su equipo podrían equivocarse porque el exceso de pesos se estima en más de 100.000 millones, el cual surge de la dinámica del financiamiento al Tesoro con emisión, y eliminarlo con operaciones de $5.000 millones en los vencimientos semanales de Letras y Notas que luego se colocan con un plazo mínimo de 70 días, llevaría casi cinco meses.

Pero además, porque si comparte que existe semejante desborde monetario, equivalente a casi cinco puntos del PBI y logra absorberlo, paralelamente tendrá que ocurrir que la principal fuente de emisión se detenga: el exceso de gasto público que avala la Secretaría de Hacienda, que hasta ahora se cubrió con adelantos de pesos a la Tesorería.

Y si bien el Jefe de Gabinete aseguró que política de suba de las tasas de interés no afectará a las pequeñas y medianas empresas porque el Gobierno ha decidió elevar en $22.000 millones el crédito productivo a tasa subsidiada, no ocurre lo mismo para el resto de las empresas y en particular de las personas físicas que se endeudaron a tasa variable, sea para la compra de una vivienda, de un auto o de un artefacto para el hogar.

Y peor aún para las nuevas necesidades de crédito de empresas que necesitan descontar un documento o pedir un adelanto bancario de corto plazo en cuenta corriente, y por supuesto para nuevos préstamos.

Más regulaciones sobre la economía real sin atacar las causas de los desequilibrios
Una vez más, el equipo económico avanza en su afán de controlar todos los movimientos de los agentes económicos, empresas y familias, menos de poner en orden la casa propia,, poniendo una regla simple que limite el aumento del del gasto público a los recursos que obtiene con la estructura impositiva tradicional, sin agregados y comenzar a desarmar la maraña de subsidios a sectores de altos ingresos, para poder fortalecer los destinados a los que realmente los necesitan.

De ese modo, profundiza los desajustes fiscales, cambiarios y en los mercados de bienes, sin querer aceptarlo, como hace con la inflación, la pobreza y la recesión, los cuales se manifestaban inicialmente en la escalada de la inflación y del dólar libre, luego se sumó la pérdida de reservas y ahora se agregó el aumento de las tasas de interés, dando lugar a un círculo vicioso que amenaza con espiralizarse, porque no alcanzan para revertir las expectativas negativas y recrear la confianza.

Si realmente se quiere esterilizar el exceso de dinero emitido a lo largo de los últimos dos años, la herramienta más recomendada es la suba de los encajes bancarios, porque se hace de una vez, y rápidamente se puede flexibilizar, según sea la respuesta de los agentes económicos.

Pero hacer eso sin un plan integral que cierre la fuente principal del desequilibrio macroeconómico, que es el salto del déficit fiscal, no habrá ni acuerdos de precios, ni deslizamiento cambiario oficial, ni alza de las tasas de interés que puedan estabilizar los precios y el dólar libre y por el contrario precipitará la actividad productiva y comercial a un pozo depresivo, con el consecuente impacto inmediato sobre el alza del desempleo y caída del salario real, como ocurrió en repetidos episodios de la historia económica argentina. Incluso en el caso del Rodrigazo de 1975: la economía pasó de crecer 5,4% a caer 0,4%, seis puntos de diferencia! y no puedo afirmar que el Indec de entonces era intachable.

No se trata de ser patriota o no patriota, ni de inquietarse porque “se habla con el corazón y el mercado responde con el bolsillo”, sino de aceptar los repetidos y agravados errores de política económica, en particular los cometidos en los últimos 27 meses y comenzar a repararlos desde su origen, sin atajos, ni amenazas.

El Gobierno se niega a sumarse al ajuste salvaje

Enero comienza con ya el clásico más de lo mismo. A poco más de 40 días de cambios en el gabinete se advierte con claridad que nada cambió, al menos para bien. Por el contrario, el Gobierno avanzó en la línea de imponer obstáculos a los pocos sectores que habían escapado del ajuste forzoso que se inició desde fines de octubre de 2011, cuando de la mano del “vamos por todo” se impuso el cepo cambiario, la discrecionalidad en la aprobación de importaciones, el cambio de las reglas habituales que guiaban al mercado inmobiliario, las limitaciones de hecho al pago de dividendos a los accionistas de empresas que no residen en el país, en particular de firmas de capital extranjero, trabas a la autorización de venta de dólares para viajar al exterior, etc., y las idas y vueltas, en un círculo vicioso, en materia de control de precios, aunque se lo denomine de cualquier otra forma: acuerdos, precios administrados.

Por un lado, con la complicidad de un Congreso donde todavía mantiene mayorías, el Poder Ejecutivo impuso una extraordinaria suba de impuestos internos a los autos y motos de media a alta gama, con el argumento de contener las importaciones de unidades terminadas y también de partes, aunque el resultado fiscal podría resultar neutro o incluso negativo, por el impacto recesivo que generará en la producción nacional, la pérdida de ingreso de derechos de importación y también por el menor cobro de IVA, Ganancias, Cheque, sobre la oferta y demanda global de esos rubros, amén de aportes y contribuciones a la seguridad social, por despidos y suspensiones.

Por otro lado, la insistencia con subsidiar el crédito a la producción con recursos que los bancos deben captar de sus clientes, en lugar de hacerlo con la derivación de rentas generales, también afectará la capacidad de generar negocios del sistema financiero, y con ello debilitará su contribución al PBI, al afectar la bancarización las tasas interés por debajo de la inflación para el ahorro privado.

La aceleración de la inflación, inducida por el desborde del gasto público improductivo, acentuó la contracción del consumo de productos básicos. Las ventas en supermercados pasaron de caer 6% en 2012 a más de 9% en los últimos meses de 2013. Y en los establecimientos más pequeños, la Cámara Argentina de Comercio detectó que en diciembre la mitad de los consultados vendió menos que un año antes, y sólo un cuarto pudo mostrar mejor desempeño.

La inversión en equipamiento y ampliaciones de plantas, junto a la demanda de construcciones de viviendas, se debilitaron aún más. De 21,3% del PBI que había representado en 2012 terminó el siguiente por debajo de 20%. La consecuencia se expresó en la brusca disminución de la creación de empleos: de 203.000 en 2012 se limitó a 23.000 un año después, y se concentraron exclusivamente en el sector público, los cuales ahora se pagan con emisión, porque la recaudación de impuestos no alcanza para pagar todos los gastos.

La construcción, clásica multiplicadora de industrias, pasó de crecer más de 10% en agosto a 3,4% en sólo tres meses después, y las expectativas para 2014 que recogió el Indec lucen contracctivas, las cuales son consistentes con la intensificación de la disminución de los pedidos de autorizaciones para edificar en los próximos meses.

En valores nominales, los recursos tributarios batieron récord, como también lo hizo la inflación, la pérdida de valor del peso respecto de otras divisas, la emisión, pero mientras los precios promedio de la economía aceleraron la variación mes a mes, no tanto por acciones oligopólicas, monopólicas y ejercicio de posición dominante de las empresas en diversos mercados, sino directamente por la política oficial que lo indujo (esto no surge de estudios privados, sino de las propias cuentas de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, que está bajó la órbita del ministro de Economía Axel Kicillof), el crecimiento de la recaudación se atenuó de más de 27% en diciembre de 2012 a 21% en noviembre último.

El salario promedio de los trabajadores pudo sostener un aumento levemente superior a 25% al año, pero se agravó la brecha negativa respecto de la inflación, y más aún si se considera el ingreso de bolsillo porque ahora la actividad productiva y comercial no ofrecen las posibilidades de trabajar horas adicionales a las básicas de convenio.

Banco Central más activo, pero solitario
Juan Carlos Fábrega, como presidente de la autoridad monetaria, impuso su sello, con un drástico cambio de política respecto de la pasividad que había caracterizado la tarea de Mercedes Marcó del Pont: el tipo de cambio ahora sube a ritmo de casi 7% al mes, en contraste con menos de 2% en la etapa previa, y la base monetaria desaceleró la expansión de casi 40% a fines de 2012 a 24% al año doce meses después.

Pero se trataron de medidas aisladas, porque no respondieron a un giro hacia la austeridad fiscal, la flexibilización de la política comercial, la recuperación de las instituciones, el levantamiento de los cepos y otras restricciones. Y por tanto contribuyeron en poco o nada hacia la búsqueda de la estabilidad genuina de los precios y la competitividad con el resto del mundo. Por el contrario, el gasto público se mantuvo acelerado, con alza en noviembre que superó en casi 15 puntos porcentuales al tímido incremento de los recursos tributarios, y pago promedio de sueldos a los nuevos empleos públicos que más que duplicaron al de la media de toda la nómina.

Las reservas del Banco Central se derrumbaron en casi u$s13.000 millones, ahora no tanto por la fuga que provocaron los privados, sino por el uso y abuso del sector público, en contraste con apenas u$s3.300 millones que habían caído un año antes. El resultado fue la reaparición de tensiones en el mercado de cambios. Y el costo del dinero para las empresas, salvo el subsidiado, comenzó a subir y la consecuencia fue el alargamiento de los términos de pago a proveedores.

Como se ve, casi todo el sector privado ajustó violentamente su ritmo de producción, consumo, inversión, empleo. Obviamente, en un país de 42 millones de habitantes siempre hay varios millones que pueden manifestar altos índices de gasto, llenar los lugares de veraneo, sea en la costa, las sierras, o el norte y sur del país, pero la gran mayoría hoy acusa intenciones y posibilidades de gasto sustancialmente menores a la de un año antes.

Por el contrario, en el sector público, que es el que provocó todos los desequilibrios macroeconómicos descriptos, el ajuste, entendido por limitar la expansión del gasto total al que acuse los recursos genuinos, sigue ausente y, lo que es peor, no da señales de dar un giro rotundo en todo lo hecho en los últimos dos años. Ahora queda esperar si en las 200 metas-objetivo que prometió anunciar para estos días el Jefe de Gabinete aparece alguna pista en esa dirección. Por lo hecho y dicho en los últimos 40 días, todo indica que se avanzará hacia más trabas y regulaciones a la actividad privada, que hacia la liberación y recuperación de los superávit gemelos, la estabilidad de precios, la apertura de la economía, a la inversión abierta, es decir, hacia el crecimiento sustentable.

El Banco Central baila salsa con las reservas

Parafraseando a Gloria Estefan, Mercedes Marcó del Pont dispuso “abrir puertas y profundizar las heridas“. Ya sé que la letra de la salsa es “Abriendo puertas y cerrando heridas”… pero la autoridad monetaria parece que escuchó mal.

Es que las puertas que hay que abrir para que se pueda revertir la sangría de dólares -aunque el caudal de los últimos días parece haber transformado en hemorragia que amenaza con comprometer la salud del paciente- es el de la ortodoxia monetaria y fiscal, obviamente por parte de un gabinete creíble que esté a la altura del mensaje de las urnas en agosto, en las PASO, y el 27 de octubre en las reales elecciones de medio término.

Limitar el crédito en pesos a los grandes exportadores por parte de la banca local, a través de la comunicación A 5.493, para forzarlos a que se endeuden en dólares, ¿en qué se diferencia de principios de los 80, cuando en los últimos tiempos de los gobiernos de la dictadura se alentó el crédito en moneda extranjera y puso al filo de la quiebra a muchas empresas luego de las fallidas devaluaciones de Lorenzo Sigaut? ¿Querrá Mercedes Marcó del Pont que vuelva Domingo Cavallo para que licue esos pasivos y salve transitoriamente a las empresas, pero no a la economía y a la sociedad en su conjunto?

¿Por qué forzar al endeudamiento en el exterior provocará más heridas? Porque no se trata de una sana estrategia para sacar provecho de las bajísimas tasas de interés en el mundo, sino simplemente para atraer dólares caros (por el seguro de cambio) para convertirlos a pesos al tipo oficial, con lo que se atizará más el fuego de la inflación y de los severos desequilibrios que ya acusa la economía.

Ese movimiento desesperado, avalado por un disminuido y devaluado directorio del Banco Central, no sólo porque la mayoría de sus miembros de peso está en comisión, sino porque se ha despreocupado de defender el valor del peso, más temprano que tarde llevará al Banco Central a devaluar la moneda nacional más intensamente que el 24% actual en prospectiva y más de 30% en perspectiva, y hará estragos a las finanzas de quienes se endeudan en dólares, gastan a cuenta con la tarjeta e importan energía e insumos para producir a pagar a plazo.

Caer en el desdoblamiento del mercado de cambios, con un dólar libre para turismo y para importación de bienes suntuarios, como autos de alta gama, como alientan muchos economistas que asesoran a los líderes de los partidos de la oposición, sólo podrá comprar tiempo, no curará las heridas que desde el cepo cambiario padece la sociedad en su conjunto. No veo cuál es la diferencia con una “devaluación desordenada”, como ya descartan varios economistas profesionales que asesoran al sector privado.

Poco de estos males estarían presentes si la autoridad monetaria se hubiera preocupado y ocupado por asegurar el valor del peso, en lugar de destruirlo, como la Secretaría de Comercio hizo con el Indec.

Es tiempo de ortodoxia

La receta para frenar la hemorragia de dólares es bien conocida, aunque no se podrá poner en práctica mientras Cristina Kirchner no retome la presidencia de la Nación: cambiar el gabinete, volver a la austeridad fiscal, entendida por un escenario en el que los gastos crecen a menor tasa que los recursos fiscales genuinos, esto es sin contabilidad creativa y financiamiento compulsivo del Banco Central y de la Anses.

Honrar los vencimientos de deuda con emisión de deuda a plazo y menor tasa.

Limitar la expansión de dinero a la demanda voluntaria de las empresas y familias y comenzar a desarmar una estructura tributaria en los tres órdenes de gobierno, nacional, provincial y municipal que ha llevado a asfixiar las finanzas de muchas empresas y desalentado la inversión productiva.

Eso requerirá terminar con los subsidios a los sectores de medianos y altos ingresos a sus consumos de luz, gas, agua, transporte, así como el turismo al exterior y la compra de autos importados, en especial de alta gama, y reforzar los descuidados a la asistencia social de los sectores vulnerables, pero a través de mecanismos transparentes fiscalizados por fuerzas de oposición, para evitar filtraciones hacia punteros políticos.

Si junto a todo eso, se encaran negociaciones serias para cerrar el capítulo del default con el Club de París, normalizar la relación con el Fondo Monetario Internacional, ofrecer acuerdos para superar los pleitos en el CIADI, incluyendo la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, las perspectivas de flujos de dólares al país es expansiva.

Del Gobierno depende proponérselo, de lo contrario, se intentarán abrir y cerrar puertas, pero no se curarán las heridas, las cuales ya han comenzado a paralizar la economía, según los últimos datos del Indec.

La Argentina cumple con las deudas, pero a medias

“Nuestra máxima prioridad es continuar pagando las deudas en tiempo y forma como hemos venido haciendo durante la última década. Simplemente queremos que nos dejen cumplir con nuestras obligaciones”, señaló en la última semana el ministro de Economía Hernán Lorenzino en sus encuentros con ministros y funcionarios del FMI, del Banco Mundial y del BID, en Washington.

Sin embargo, eso no es lo que se observa en el caso de las obligaciones vencidas con el denominado Club de París, desde la crisis de 2001, las cuales entre capital e intereses superan los u$s10.000 millones, y si bien se dice que “siempre se está en conversaciones”, lo cierto es que, por tratarse de deudas con un grupo de países altamente desarrollados no agrupados como entidad, como ocurría con el caso del Fondo Monetario Internacional, no se advierte vocación por regularizarlas.

También, en su participación en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional – Banco Mundial, Lorenzino llamó la atención “de la comunidad internacional sobre estos asuntos y hacemos hincapié en la importancia de abordar nuestros desafíos. Tenemos que reconocer y buscar soluciones sobre la necesidad de reglas internacionales más claras, transparentes y coherentes para garantizar resoluciones de crisis de deuda rápidas y justas”.

No obstante, eso no es lo que se observa en el tratamiento de la deuda pública ajustable por CER, es decir, aquella que se emitió para los canjes de 2005 y 2010 con cláusula de actualización por la tasa de inflación que publica el Indec, porque desde hace seis años se subestima el alza real del promedio de los precios de la economía. Y si bien en gran parte esa falencia y carencia de transparencia fue compensada con el cálculo de un crecimiento del PBI superior al efectivamente verificado, no se corresponde con el reclamo que el funcionario hizo fuera de la Argentina.

Tampoco se percibe dentro de la frontera una política consistente con el llamado que el ministro formuló en Washington, cuando invitó a los países de la región “a encontrar un equilibrio entre equidad, formalidad y productividad en la agenda de las políticas públicas“. “Lo que debemos procurar en muchos países de América Latina es encontrar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades del presente y las del futuro, implementando políticas que estimulen el ahorro interno”, ”en un contexto externo con disponibilidad para el financiamiento”.

Por el contrario, el exagerado aliento del consumo, con una viciada política de subsidios, favorece más a los que más tienen que a los sectores que se busca asistir, porque éstos sufren en mayor medida las consecuencias del flagelo de la inflación que provoca una política monetaria pasiva, destinada a satisfacer las necesidades insaciables del fisco.

No es equitativo el efecto de la inflación sobre la población, sino que afecta más a los de menores ingresos que a los más altos, y en particular a los que dependen de haberes fijos y que de rentas variables.

Enamoramiento de la heterodoxia

No se honra la formalidad cuando se buscan recurrentes atajos contra la ortodoxia para obtener resultados en el corto plazo que no podrán sostenerse en el largo.

Y tampoco se incentiva la productividad, cuando se desalienta la inversión con políticas de precios administrados, cepo cambiario, exigencias de declaraciones juradas de necesidades anticipadas de necesidades de importación, obstáculos para el pago de dividendos a los accionistas de empresas extranjeras en el país que residen en el exterior y deliberadamente se atrasa la tasa de devaluación del peso respecto del alza promedio de los costos de producción, porque de ese modo se desincentiva el ahorro, al menos dentro del circuito institucionalizado.

Los economistas no se ponen de acuerdo sobre si después de las elecciones legislativas del 27 de octubre el Gobierno decidirá mantener la política económica que sigue desde 2007 y que profundizó desde 2011 o si, a la luz de los resultados electorales, pero fundamentalmente en términos económicos y laborales, optará por tender a lo que Lorenzino definió como la necesidad de “encontrar un equilibrio entre equidad, formalidad y productividad en la agenda de las políticas públicas. Lo que debemos procurar en muchos países de América Latina es encontrar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades del presente y las del futuro, implementando políticas que estimulen el ahorro interno”.

En pocas semanas lo sabremos. Las operaciones bursátiles con papeles de los paneles energético y bancario parecen anticipar un cambio.