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El despertar de un sueño que se creyó que no era tal

Durante dos períodos presidenciales muchos argentinos disfrutaron de un sueño placentero que les mostraba estar participando de un Estado ideal, de baja inflación y alto crecimiento sustentable de la economía, porque generaba empleos y de ese modo aseguraba la continuidad de la fiesta del consumo, y no existían costos de vivir en default parcial de la deuda pública permanente, y tampoco por la pérdida o el achicamiento de mercados externos, porque el cepo cambiario reducía las importaciones y se creía que así se contenía la fuga de capitales.

Sin embargo, gran parte de la población que no llegó a vivir ese sueño y que, por el contrario, se mantuvo despierta (aunque muchas veces dudaba de ese Estado porque advertía que estaba sumergido en una pesadilla), un día pudo decidir que era tiempo de cambio y por tanto se debía no sólo comenzar a reencauzar la economía para revertir una insoportable realidad social de una singular legión de excluidos que nunca aparecía en la siesta profunda en la que estaban muchos de los votantes: 30% de pobres, producto de más de 11% de la oferta laboral desempleada y creciente desaliento en el mercado de trabajo que había marginado a casi un 3% de la población, un 6% de la oferta laboral total que pasó a formar parte de los “desalentados”.

Frente a ese escenario el nuevo Gobierno se propuso seguir una hoja de ruta compleja, porque optó por medidas de shock para unos casos, que resultaron exitosas, y por el gradualismo para otros, con saldo parcial.

En el primer caso se ubicaron las medidas para salir del cepo cambiario, eliminar la mayor parte de las retenciones a las exportaciones, cerrar un rápido acuerdo con los holdouts para superar un pleito judicial después de casi 10 años con pago en efectivo, subir las asignaciones familiares y corregir parte de las distorsiones que generaba el congelamiento del mínimo imponible de Ganancias sobre los salarios de una pequeña parte de los asalariados y menos aún de jubilados y pensionados.

Mientras que en el segundo caso se situaron los aumentos de las tarifas de luz y gas, principalmente para sincerar los cuadros tarifarios en la limitada, pero amplia, área del Gran Buenos Aires; luego las correspondientes al transporte público de pasajeros para la misma región, y luego el agua, a lo que se agregó el sostenido aumento del precio de las naftas, aun en momentos en que baja la cotización internacional del barril del petróleo.

Hacen, pero no se ve
Y si bien el Gobierno nacional implementó la creación de la tarifa social para todos esos casos, con una cobertura que abarcó a más de tres millones de familias, a excepción de los combustibles, y elevó el alcance de las asignaciones familiares, de efecto inmediato, que se agregó a la estacional suba semestral de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, la sensación generalizada y la prédica diaria de los principales formadores de opinión, con muy pocas excepciones, es que “el Gobierno hizo una fenomenal transferencia de ingresos a los sectores más fuertes, como los empresarios del campo, la industria y la minería, mientras aún no le dio nada a los sectores postergados”, como los trabajadores, los desempleados de antes y los nuevos que se dispararon por el efecto de dichas medidas.

No sólo eso, la elección del gradualismo para los aumentos espaciados de las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y también los servicios privados, junto con las autorizaciones de alza de los precios todavía “administrados”, como la medicina prepaga, la televisión por cable y otros, han provocado el resurgimiento de expectativas fundadas de un cuadro inflacionario sostenido que no sólo impide al Banco Central delinear un sendero de baja de las tasas de interés al nivel compatible con una meta de 25% de inflación, y con ello demorar el esperado ingreso de capitales de inversión productiva, sino que, peor aún, ha disparado decisiones de despidos en algunas industrias, en particular en las ramas de la construcción y de la altamente dependiente del ritmo de la economía de Brasil y del valor del petróleo en el mundo.

Con ese escenario, ya hay economistas que vaticinan enormes dificultades para que el Gobierno no sólo logre cumplir la meta de 25% de inflación, sino la de bajar el déficit fiscal a un 5% del PBI, casi el doble del promedio mundial.

Sin embargo, desde el presidente Mauricio Macri hasta sus ministros y secretarios de Estado se muestran confiados en que el cuadro cambiará radicalmente en el segundo semestre, porque ya habrán cesado los ajustes de tarifas y combustibles y los asalariados registrados volverán a contar con “ingresos nuevos” para “precios nuevos”.

No obstante, para llegar a esa instancia no sólo faltan transitar dos largos meses, sino que aún queda pendiente una respuesta de alivio para quienes están desempleados y diariamente se suman otros, más los sectores carenciados de menos de 18 años y de más de 60, que no están en condiciones de concurrir al mercado de trabajo.

Subestimación del pasado y sobrerreacción del presente
Durante los últimos cuatro años la economía no generó empleos privados netos, y el sector público, pese a haber creado una enorme cantidad de puestos por año, no llegó a absorber a la totalidad de las más de 230 mil personas que anualmente deberían haberse sumado al mercado de trabajo, para no agravar el desempleo, por lo que quedaron sin respuesta en ese período más de quinientas mil personas en todo el país.

Sin embargo, el sueño en el que estaban muchos de los beneficiarios de un modelo que dejó pesadas hipotecas por todos lados hizo que ese fenómeno no adquiriera la entidad que ahora ha tomado la denuncia sindical de más de 127 mil despidos en tres meses, mientras que nada se dice de los esfuerzos que está haciendo la mayor parte de las empresas para sostener e incluso incrementar levemente la nómina.

De ahí que se aliente desde las fuerzas de oposición a tomar medidas antiempleo, porque incluso en los casos en los que no se prevean despidos ni reacciones anticipadas en esa dirección, se deberán incrementar las previsiones contables, con el consecuente impacto alcista sobre los costos laborales y, por tanto, de subas de precios, esto es, de la inflación.

No es fácil despertarse de un largo sueño y encontrarse con una realidad que durante años se negó a gran parte de la sociedad, porque se consideró que vivía de “sensaciones”, y reaccionar rápidamente para no caer en estado de angustia. Y menos aún, recuperarse de una larga pesadilla.

El Gobierno todavía está a tiempo de abandonar el gradualismo y disponer de una vez todas las correcciones tarifarias que considere que restan y, al mismo tiempo, acordar con empresarios y sindicatos medidas de emergencia para compensar a los trabajadores y a la sociedad del impacto real de esas acciones sobre los sectores carenciados y con ingresos inferiores al promedio nacional, para esperar inmediatamente después un cambio de las tendencias inflacionarias como ocurrió en los primeros meses del Plan Austral, en junio de 1985; de la convertibilidad, en 1991 e incluso luego de la crisis de fines de 2001, principios de 2002.

Quienes aseguran que ya se está en la última etapa de los aumentos y que se quiere evitar un daño social, por eso no se encara una drástica reducción del desequilibrio fiscal, que es una de las claves del desmadre de los precios, no advierten que no sólo muchos economistas dudan del logro de una baja efectiva de ese déficit, sino que, peor todavía, aventuran un nuevo aumento de la presión tributaria.

Esa línea fue abonada al cierre de abril, cuando el ministro Alfonso Prat-Gay anticipó a la prensa la decisión de disponer una drástica suba del impuesto a la venta de cigarrillos, bajo el argumento de buscar recursos para asistir a las provincias, cuando es posible esperar enormes ahorros con sólo no validar los sobreprecios denunciados en la obra pública pendiente de pago y en los nuevos proyectos de obras de infraestructura, así como eliminar de la nómina los empleos y los subsidios inexistentes, sólo registrados para alimentar las fuentes de corrupción que también se denuncian a diario en los tribunales.

El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días

En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas.

Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de muy poco tiempo, porque está aceptado que para evaluar la performance de la actividad agregada y a partir de ahí de sus derivados el consumo, el comercio exterior, las finanzas públicas, el empleo, la inversión y la situación monetaria y el nivel de pobreza de la población, se requieren al menos de dos trimestres o tres para advertir si se está frente a más de lo mismo agravado, o de un cambio de carácter permanente, sustentable, o meramente accidental o débil.

Pero además, en la Argentina, por esas cosas de las crisis institucionales recurrentes desde la vuelta a la democracia en 1983 los presidentes asumen el 10 de diciembre, con la excepción de la crisis de fines de 2001-2002 que determinó reiniciar el ciclo por única vez el 25 de mayo de 2003, pero con finalización el 10 de diciembre de 2007, cuando antes de los golpes de estado de los 70 y 80 las asunciones ocurrían al comienzo del último trimestre, un 12 de octubre, o a mitad de año, entre junio y julio.

Este no es un punto menor, que debería ser revisado con la votación legislativa de una addenda a la Constitución Nacional, porque no es lo mismo comenzar un gobierno a comienzos de un tercer trimestre en el que casualmente empiezan los trabajos de elaboración del Presupuesto de Gastos y Recursos para el período entrante y las pautas plurianuales para los tres años siguientes de mandato, que hacerlo sobre el filo del cierre del año calendario y fiscal en el que, además, hereda un Presupuesto aprobado por el oficialismo viejo, como ocurre ahora en que la ciudadanía votó el recambio.

Pero además, desde la óptica meramente del análisis económico no es lo mismo hacer un balance de los primeros 180 en el período de alza estacional de la actividad, que hacerlo justo en el de baja, y para peor en un contexto de una conocida herencia de destrucción de las estadísticas básicas que impiden no sólo conocer los números reales y contrastarlos con las estimaciones de las consultoras privadas, sino tampoco contar con series ajustadas por estacionalidad.

De ahí que luego de una acelerada etapa de normalización de las estadísticas y de las relaciones internacionales, tanto comerciales, como financieras, para lo cual el 14 de abril se ha fijado como punto de partida del antes y después, habrá que esperar el desempeño de las variables económicas de lo que resta del segundo trimestre y todo el tercero, para poder evaluar con números concretos, más que con sensaciones y percepciones sesgadas, según lugares de residencia, bandera política o situación de ingreso, sobre los progresos o fracasos registrados.

Eso nos lleva, como mínimo, al 10 de diciembre próximo, que es la fecha en la que el Indec podrá mostrar los datos relevantes de actividad, empleo, inversión, deuda pública al 30 de septiembre, que se informan cada tres meses con amplia desagregación, y el Gobierno presentar sus metas revisadas para el nuevo año en que a través de la renovación parcial de las cámaras legislativas podrá percibir la real evaluación de la población de su primer año y medio de gestión.

Segundo trimestre clave
El primer trimestre de Gobierno, a contramano de la estacionalidad baja de la actividad productiva y comercial, ha sido singularmente intenso en el flanco político, tanto en lo que respecta a la construcción de poder interno a una velocidad que sorprendió tanto a propios como más aún extraños, como en las relaciones diplomáticas, y en especial en espinoso terreno de las finanzas internacionales con holdouts que aparecían como intransigentes e indomables.

Ahora se espera que adquiera mayor protagonismo el frente económico y social, en lo que por la elección del gradualismo gran parte de la sociedad deberá enfrentar el dolor de las recomposiciones de los cuadros tarifarios de gas, agua, transporte y comunicaciones, y las empresas ajustar sus presupuestos a las definiciones de subas salariales que se acuerden en paritarias, la mayoría concentradas en ese período; mientras que el Banco Central no podrá sostener una política de tasas de interés en torno a 40% anual, si quiere contribuir a recomponer los índices de bancarización y de crédito al consumo de corto plazo, como de inversión productiva y en especial hipotecario y prendario.

Eso requerirá también replantear las modestas previsiones de Hacienda y Finanzas de baja del déficit fiscal, porque con un rojo heredado de más de 7% del PBI, equivalente a más de dos meses de ingresos fiscales genuinos, reducirlo a cerca de 5% del PBI implicará que el Tesoro nacional continúe dependiendo del auxilio financiero del Banco Central y del uso del fondo de ahorro de los jubilados, esto es del impuesto inflacionario, aunque sea atenuado en las metas a un rango aún inquietante de 20 a 25% anual.

En su visita a Buenos Aires el presidente Barack Obama dijo que una de las claves de sus buenos resultados económicos, con 72 meses consecutivos de crecimiento del empleo y reducción del déficit fiscal, fue el haber tomado las medidas duras, antipáticas, de una sola vez: “A veces el dolor a corto plazo y el tener que tomar acciones decisivas en una etapa temprana es lo más oportuno, en lugar de dejar las cosas para mañana y terminar con una serie de problemas que se perpetúan”, dijo.

El gradualismo que eligió Alfonso Prat-Gay, sostenido y alentado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para avanzar no sólo en metas más ambiciosas de disciplina fiscal, sobre todo a la luz del desmadre encontrado en todas las reparticiones públicas en materia de sobre dotación de personal no sólo física, sino también nominal, esto es inexistente para justificar movimientos de fondos a destinos desconocidos pero sospechados, presupuestos descabellados tanto de obras públicas no hechas pero pagadas, como de bienes y servicios, deudas no registradas con proveedores del estado; sino también en la normalización de todos los cuadros tarifarios, pero también de los planes asistenciales y régimen tributario integral, para asalariados, autónomos, monotributistas y empresas (ajustes por inflación), explica el deterioro de las expectativas inflacionarias y con ello de las posibilidades de rápida maduración de las esperadas inversiones productivas, dado que la mayoría no pasan del estado de los anuncios y promesas, a la espera de gran parte de esas soluciones.

10 factores que debería contemplar la discusión paritaria

¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional?

No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación, una siempre optimista por parte de las autoridades nacionales, y otras basadas en criterios que se asumen realistas a la luz del ritmo de expansión histórico de la cantidad de dinero o de los efectos del sinceramiento de algunas variables, singularmente atrasadas respecto de cualquier comparación histórica o internacional, como las tarifas. Sino simplemente de advertir que, a priori, se está frente a un cambio sustancial, tanto en lo político como en lo económico respecto de los doce años precedentes que no debieran ser desestimados.

Si realmente empresarios, trabajadores y Gobierno aspiran a un país que avance hacia una rápida desaceleración virtuosa de la inflación, esto es que no sea a costa de provocar mayor recesión, aumento de la pobreza y aislamiento del mundo, sino con crecimiento y mejora de la calidad de vida general de sus habitantes, la perspectiva de negociación no deberá ignorar el pasado, pero tampoco subestimar el futuro. La posibilidad de revertir una historia pendular y de crisis cada siete a 10 años, con un primer año malo de fuerte ajuste, como pasó en 1990 o 2002, para no ir más lejos, siempre es viable, aunque no necesariamente probable que se repita.

Una incompleta lista de factores que las partes participantes en las negociaciones paritarias de salarios, sea entre trabajadores dependientes del estado y sus empleados, como los docentes, o entre privados, para aumentar la posibilidad de un escenario de ganar- ganar, cada una de las partes, debería contemplar:

1. El cambio de signo político de Gobierno, pero fundamentalmente de estilo, claramente abierto al diálogo, dispuesto a comenzar a revertir los severos desequilibrios monetario, cambiario, fiscal y la realidad social, y fundamentalmente el objetivo de exterminar las decisiones discrecionales y por tanto arbitrarias;

2. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, previo a la supresión del cepo cambiario, fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, economías regionales, y leve baja para el complejo sojero. A partir de ahí, algunos analistas, pero principalmente sindicalistas, alertaron por la inmediata transferencia de ingresos al sector más poderoso de la economía, el cual representa dos de cada tres dólares que generan las ventas totales de la producción nacional al resto del mundo, pero menos de 10 dólares por cada 100 dólares de riqueza que genera el conjunto de residentes en un año: trabajadores, empresarios y Gobierno. Sin embargo, si bien muchos precios al consumo se han elevado en respuesta a esos cambios, la transferencia de ingresos no se produce de una vez, sino que de ocurrir lo hará gradualmente, en la medida que se vendan primero los productos que estaban retenidos en los campos, menos de 10% de la producción total, y luego gradualmente al ritmo que madure el ciclo productivo que según los casos va de seis meses a tres años como la actividad ganadera; luego de las severas pérdidas que provocó en el último cuatrienio el atraso cambiario y la baja de las cotizaciones internacionales, con la excepción de los combustibles;

3. Lo mismo puede decirse del efecto del sinceramiento cambiario que implicó el fin del cepo. Para algunos dirigentes interesados en llevar agua para su molino, como ciertos líderes sindicales que buscan validar sus pergaminos, hablan de un salto de más de 40% respecto del nivel que tenía la paridad oficial entre el peso y el dólar antes del 17 de diciembre. Pero no sólo a aquella paridad de referencia accedían los que participaban del comercio exterior, entre exportaciones e importaciones no más de un cuarto de los que generan riqueza; más unos 7 de cada 100 trabajadores que la AFIP validó hasta el 16 de diciembre para comprar divisas para ahorro y otro tanto que recibían un reintegro del pago a cuenta del 35% de sus gastos con tarjeta en el resto del mundo. El resto, entre el 70% de los generadores de riqueza y más de 90% de los trabajadores que querían o necesitaban comprar un dólar deberían acudir al sofisticado sistema de compra por el canal bursátil (dólar liqui y MEP), en su amplia mayoría al circuito libre, marginal o blue a valores superiores a los actuales. De ahí que para la mayoría de la sociedad la devaluación del peso, o lo que es lo mismo, la caída de los salarios en dólares se produjo a lo largo de los pasados cuatro años. Por tanto, si se consideraba que con los ajustes en paritarias y la movilidad jubilatoria en ese período se compensaba ese efecto, queda invalidado el argumento de la necesidad de recuperar poder adquisitivo por una devaluación que no fue tal;

4. Aún no se definieron las correcciones que tendrán las tarifas de los servicios de gas, agua y del transporte público de pasajeros, además de los movimientos estacionales de los precios de los artículos y servicios escolares y la ropa de la nueva temporada, los cuales como la energía eléctrica, absorberán una parte creciente del salario de los trabajadores, porque en los últimos años fueron aumentados muy por debajo de cualquier pauta salarial y de inflación, y sólo se sostuvieron con la transferencia de subsidios de la Nación, los cuales a la postre alimentaban la inflación, porque el déficit de las finanzas públicas requería del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esa política no sólo derivó en estancamiento del PBI, sino peor aún en la escalada de la pobreza, que ahora se aspira a extinguir en cuatro años;

5. Desde la crisis de 2001, los datos informados por el Indec hasta noviembre 2015, el promedio de salarios de los trabajadores registrados en el sector privado aumentó 1.450%, mucho más que el 922% que experimentó la nómina del sector público en su conjunto, y también, aunque con menor brecha, que el 1.390% de la inflación que midió el Indec hasta diciembre de 2006 y el empalme con el consenso de las estimaciones de las consultoras privadas hasta el cierre de 2015. En ese tramo, la jubilación mínima se incrementó 2.766%, aunque se mantiene en un nivel absoluto indudablemente bajo: 4.299 pesos. De ahí que, en promedio, no se está frente a un singular desfase en la relación precios y salarios, al menos respecto de la situación prevaleciente en los últimos 15 años;

6. Las finanzas de las empresas, en particular de las medianas y pequeñas no pasan por un buen momento, porque si bien nominalmente, en promedio, subieron sus precios y actualizaron los salarios de la nómina para minimizar la conflictividad laboral, enfrentan los efectos del estancamiento del mercado interno en los últimos cuatro años, contracción del negocio de exportación por el atraso cambiario en ese período; más la pérdida de productividad que provocó la discrecional política de aprobación de importaciones, tanto de insumos básicos, como de máquinas y repuestos que no se fabrican localmente. Ese cuadro luce congruente con el anuncio de la AFIP de que decidió diseñar un plan de financiación permanente de deudas que reglamentará en los próximos días;

7. Diferencia entre el cambio del nivel de precios de un bien o servicio y la inflación. Esta última se define como “el aumento persistente y generalizado de los precios de la economía”, mientras que la corrección de una vez del valor de las tarifas de luz, o gas, o agua, que según dijo el ministro Juan José Aranguren, será por única vez en el corriente año; no puede proyectarse como la tasa de inflación a un año vista;

8. Expectativas y realidad. Uno de los reaseguros que tomó el Banco Central de la República Argentina como parte de su objetivo de reducir la inflación a un dígito en cuatro años y contribuir a la recreación del ahorro y el crédito en moneda nacional fue subir la tasa de interés de las Lebac de 28 a 38% anual. A poco más de 50 días de esa medida, la renta que ofrece por esos títulos bajó a 30,5% anual, y se aproximó al nivel previo. La otra, fue iniciar un proceso de sacar del mercado el excedente de pesos que presiona sobre la inflación: la base monetaria que acusaba un ritmo de aumento de más de 45% anual hasta el 9 de diciembre, ahora se atenuó a 32%. Y en la medida en que las autoridades de Hacienda decidan actuar con mayor ímpetu en la reducción del abultado déficit fiscal, la tasa de emisión podrá converger más temprano que tarde a la zona de 20 por ciento;

9. Un rápido encuadramiento de las finanzas públicas permitiría una mayor velocidad de desaceleración de la expansión monetaria y con ello de las expectativas de inflación, fenómeno que se considera clave para reanimar la inversión productiva, local y extranjera, y de ese modo impulsar el empleo privado y absorber la destrucción de puestos improductivos e incluso no comprobados pero altamente remunerados que ya comenzó en el sector público nacional; de ahí la importancia de no sólo mostrar audacia y fortaleza para recuperar la disciplina fiscal, sino fundamentalmente de apoyarla desde todos los sectores;

10. Suba del mínimo no imponible de Ganancias a un salario de bolsillo de $29.266, se argumenta como un factor de compensación de una menor tasa de negociación de suba salarial por parte de las empresas. Sin embargo, ese beneficio recaerá sobre no más del 10% de los asalariados registrados y menos del 5% del total de los trabajadores, de ahí que si ese fuera el criterio para calmar las demandas de los gremios más poderosos y de altas remuneraciones relativas como petroleros, camioneros y bancarios; también debiera pensarse en una medida compensatoria para el resto de los trabajadores, ocupados y más aún desempleados, como suba de las asignaciones familiares y de los planes asistenciales.

Cambio de estrategia
Frente a semejante escenario, de arrastre y proyectado, bien podría plantearse que las partes, empresas y sindicatos, pero también el Gobierno, evalúen la posibilidad de definir un criterio de pauta anual para las negociaciones de salarios en paritarias, pero sin fijar ni montos ni tasas de ajuste.

Claramente, en un ambiente de alta inflación por más de ocho años, pero que también se proyecta para 2016, algunos con desaceleración, otros con intensificación, es impensable, encontrar un punto de acuerdo para fijar una tasa de referencia, aunque luego se la dividida en dos o tres partes. Pero existe una alternativa que ya han comenzado a seguir algunos sectores, como el del mercado de venta de automotores: acordar un aumento de salarios cada tres meses sobre la base de la tasa de inflación real de los últimos tres meses.

Un avance lo dio el Ministerio de Hacienda y Finanzas, al reconocer como factor de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para los títulos de la deuda pública ajustables por inflación, las mediciones que hacen las Direcciones de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, las cuales determina mes a mes.

Si esa referencia fuese aceptada y el período de ajuste pactarlo de modo trimestral, aunque para la primera actualización podría partirse de la última suba de los salarios, en algunos gremios fue en julio, en otros agosto, septiembre u octubre, y en los siguientes cada tres meses, se podría contribuir al objetivo de converger a una menor tasa de inflación sin que nadie pierda.

Y dado que se está frente a una situación excepcional de cambio de Gobierno y de políticas, también se podría acordar que la actualización de los salarios se pacte para todos a partir del corriente mes o a lo sumo del próximo, para equiparar las aguas con las medidas que favorecieron a algunas empresas productoras de bienes y servicios.

Nos quieren hacer creer que un dólar vale menos de 10 pesos

En su último mensaje en la Asamblea Anual de las Naciones Unidades, la presidente Cristina Kirchner hizo una rápida historia de la economía argentina, y al explicar a muy pocos líderes del mundo que se quedaron en el auditorio una de las causas de la crisis de deuda, sostuvo que “nos hicieron creer durante la convertibilidad que un dólar valía un peso”.

Es una pena que ahora, al fin de mandato, la Presidente no repare en que, como en los 90, nos quiere hacer creer que un dólar vale menos de $10, cuando en el mercado libre, donde realmente es posible comprar un billete, ya cotiza a más de $16, con una brecha al filo de 70%, y el consenso de los economistas estima que una paridad real debiera ubicarse entre 12 y 13 pesos, por la inflación que genera un déficit fiscal descontrolado.

Los mentores del derrumbe de la convertibilidad de la peor manera, devaluación, desdolarización, default y corralón para el retiro de depósitos, estimaron entonces que la brecha cambiaria entre el peso y el dólar era del orden de 40%. En este punto, pareciera que el escenario actual es peor que entonces. Más aún cuando los números del comercio exterior muestran que las exportaciones se derrumban a ritmo de más de 11% por segundo año consecutivo, en contraste con 14 años atrás, que sólo habían bajado transitoriamente por un período y el saldo de la balanza comercial superaba en más de tres veces al que, con alguna ingeniería contable del INDEC, se proyecta para todo 2015.

También los indicadores pobreza e indigencia, pese a que nos quieren hacer creer que son sustancialmente bajos, son sensiblemente peores a los que se obtenían en los últimos años de los noventa, como lo acaba de detectar un hallazgo periodístico del diario La Nación.

Del mismo modo, nos quieren hacer creer que los cuadros tarifarios no necesitan una revisión urgente para los sectores de altos ingresos, pese a que pueden pagar hasta más de diez veces los valores actuales sin que se vean comprometidas sus finanzas, para poder mantener los subsidios a la demanda de los segmentos de la población de bajos ingresos, esto es más de la mitad de los argentinos.

No sólo eso, para sostener el relato, el INDEC nos quiere hacer creer que el consumo en supermercados y shopping crece a tasas de dos dígitos altos, entre 10 y 20% en cantidades, respecto del año anterior, pese a que una simple división de los ingresos por ventas por el coeficiente de aumento real de los precios, arroja una caída real de 3% en el primer caso y una modesta suba de 5%, sobre un nivel singularmente bajo del año anterior.

Y para no abundar mucho más en falsas creencias, la Secretaría de Hacienda nos quiere hacer creer que el rojo de las finanzas públicas es menos de la tercera parte del real, porque considera como recursos genuinos el cómputo de ganancias contables del Banco Central y de la Anses.

La realidad se impone
Sin embargo, al final del día, o mejor dicho, de ocho años del gobierno de Cristina Kirchner, ya no hay forma de ocultar los severos desaciertos de política económica, como fue el error de cálculo del posible cambio de escenario internacional cuando en 2012 se le confiscaron a Repsol sus tenencias accionarias de YPF, y después de dos años decidió evitar juicios hipermillonarios en dólares y pagó por el 51% del capital de la petrolera mucho más que el valor actual del 100% en Bolsa.

Y si bien, el derrape del precio del petróleo y la crisis de Petrobras, jugaron un rol relevante, en la pérdida de capitalización de YPF, no se pueden soslayar los efectos derivados de la persistencia del default parcial de la deuda externa de la Argentina porque trabó el ingreso de inversiones extranjeras, salvo casos muy puntuales; el atraso del tipo de cambio que le restó competitividad externa; el cepo cambiario que restó fluidez a las importaciones de insumos y máquinas, en modo directo e indirecto; y el severo atraso del Plan Piloto de Vaca Muerta, porque sólo aparece como viable con una cotización de crudo superior a los USD80 el barril.

De ahí que a menos de un mes de las elecciones nacionales, y de tres meses del cambio de Gobierno, el consenso de los candidatos y sus técnicos reconocen la necesidad de revertir esas falsas creencias y comenzar de inmediato con el reordenamiento de las variables claves, para que la Argentina vuelva a convertirse en un país confiable y por tanto creíble.

Muchos empresarios quieren definiciones de los políticos

La presentación formal del Presupuesto 2016 por parte del ministro de Economía, en tiempo, no necesariamente en forma, no satisfizo las expectativas de gran parte de la dirigencia empresaria, al menos de aquella que más contribuye a la generación de riqueza y de divisas, porque no fue consensuado con los equipos técnicos de los máximos candidatos a acceder a la presidencia de la nación el próximo 10 de diciembre.

Una prueba clara que explica el malestar y la insatisfacción de parte de la dirigencia empresaria, aunque se abstuvo de explicitarlo para no generar ruidos ni malas interpretaciones en tiempos de campaña, la dio Axel Kicillof cuando en su presentación de las pautas de gastos y recursos para el año próximo consideró apropiado destacar ante los legisladores de la Cámara baja que “La intención es cumplir con las leyes como se ha hecho en estos 12 años y presentar un presupuesto adecuado, que es una ley fundamental para el manejo del Estado, no hay intención de condicionar al gobierno que viene en ningún sentido”. Esa sola mención puede interpretarse como que “hay intención de condicionar al gobierno que viene”.

Por eso, para no dejar dudas se considera hoy más que nunca que todos los candidatos, en especial los que presentan las mayores probabilidades de tomar las riendas de la Nación el 10 de diciembre, junto a sus equipos técnicos, se anticipen a explicitar sus objetivos e instrumentos para reencauzar la vida socio económica para el próximo año, a que los actuales legisladores, muchos de los cuales terminan su mandato el 9 de diciembre, voten un Presupuesto que más que nunca en 12 años se convirtió en papel mojado por sus postulados irreales. De ese modo, no sólo harán una esperada contribución al electorado para que sepa qué votará el próximo 25 de octubre, primero, y el 22 de noviembre, en caso de que sea necesario elegir al nuevo presidente en ballottage.

Es cierto que desde la vuelta del ejercicio de la democracia en 1983 nunca los máximos candidatos a la presidencia de la nación se ocuparon de explicitar la forma en que pensaban ejecutar su plataforma electoral, en particular en lo referentes a los instrumentos: medidas cambiarias, impositivas, monetarias, tarifarias. Pero eso no obsta para que exista una primera vez.

“Se nos va la vida”, decía un dirigente rural a semanas en que los productores deben decidir la siembra de granos de cosecha gruesa. “Ya tuvimos experiencia de sembrar con un presidente y cosechar con el que venía, y no nos fue bien. Y eso que se trataba del mismo, porque hubo renovación de mandato”, apuntaba con singular inquietud, recordando las trabas para importar insumos, las restricciones que imponen los ROE (Registros de Operaciones de Exportación); el atraso cambiario y la “sustitución de exportaciones” por el mercado interno.

Algunos economistas asesores de unos de los candidatos sostienen que “una salida gradual del cepo cambiario, no tendría impacto sobre los costos de las empresas, porque todas trabajan con un dólar real de 13 a 14 pesos”, que es la paridad implícita en las operaciones legales en el mercado bursátil, que el mercado bautizó “contado con liqui” y MEP.

Pero altos dirigentes del empresariado aseguran que no es así. “Si fuera así, nuestros costos en dólares serían un tercio más bajos que los que determinan el cambio oficial, y no estarían suspendiendo personal las terminales automotrices, fabricantes de componentes, etc. Y muchos sectores altamente dependientes de insumos importados, como en la rama química, petroquímica, y hasta de materiales para la construcción y productos de consumo masivo, no estarían comprando todo lo que le autorizan, independientemente de la demanda final, porque está descontando la próxima devaluación del peso”.

Los empresarios, por naturaleza, son siempre optimistas, porque además de su afán de querer ganar dinero, le suman la preocupación por sostener e incrementar las fuentes de trabajo. Estas han sido siempre, y más aún en un mundo globalizado, un activo clave para aumentar la riqueza de las naciones y reducir los niveles de pobreza y desigualdad.

Pero en el caso argentino agregan los altos niveles de capacidad ociosa que esperan ser reducidos en varios frentes, desde la mano de obra desocupada que bien medida se ubica en un rango de 11 a 20% de la población económicamente activa; pasando por la industria con casi un tercio del potencial; el agro, tanto de producción extensiva como intensiva (economías regionales); hasta la minería y el sector energético sustentable, hasta el sistema financiero que registra índices de uso del crédito y depósitos sobre el PBI que se ubican entre la mitad y la tercera parte de los que predominan en el vecindario.

Sólo se reclama ponerlos en valor con decisiones de políticas que pongan más el acento en impulsar los negocios de las empresas y de la generación de riqueza por el conjunto de la ciudadanía, que en potenciar un crecimiento burocrático e improductivo de un Estado que contribuyó a favorecer a cada vez menos y alejar a la Argentina no sólo de los mercados de deuda, sino para vender sus productos, para beneficio de sus vecinos.

Los empresarios y familias ya no quieren más sorpresas. Cuánto más se expliciten las decisiones de política económica y social que piensan ejecutar los candidatos, con sus claras mediciones de costos y beneficios: sociales y monetarios, más rápido el sector privado se moverá para reimpulsar la actividad, o ajustarse para perder menos, según sean sus expectativas de cuáles cree que serán más aceptadas por el electorado.

De lo contrario, esperar hasta el 10 de diciembre, y luego hacer el inventario de lo que se recibirá en términos de deuda social y financiera, sólo contribuirá a sostener las tensiones cambiarias, mantener elevada la inflación y estancada la actividad económica, más allá de que algún vuelo de corto aliento lleve a creer a algunos funcionarios que la Argentina transita por caminos de bonanza, pese a algunas turbulencias en el vecindario, y en especial en los principales socios comerciales.

Dólar e inflación en camino a victorias a lo Pirro

La política económica, si se puede calificar de tal a la acción concentrada en que no se dispare el dólar libre y por esa vía no se reactive la inflación, le está aportando al Gobierno nacional una clásica “victoria a lo Pirro” en perspectiva.

Cabe recordar que Pirro reinaba en Epiro en 281 a C. cuando la ciudad de Talento le solicitó ayuda contra Roma. Entonces acudió con 25.000 hombres y enfrentó al cónsul Valerio Levino. Los elefantes, que los romanos aún no conocían, decidieron la batalla y las legiones, diezmadas, dejaron sus posiciones al fin de la jornada. Pero, al amanecer, el rey comprobó sus propias bajas: más de 4.000 hombres y sus mejores jefes muertos; su caballería puesta en fuga. “Otra victoria como ésta y estoy perdido” se quejó amargamente a sus generales. Continuar leyendo →