El plan económico de Macri

Mauricio Macri ha presentado a la sociedad su plan económico integral, aunque pocos se hayan dado cuenta de tamaño hecho.

Ante el Cecyp, una suerte de club social de los más importantes empresarios, Macri aseguró que en su Gobierno no intervendría para fijar el tipo de cambio y que ese valor sería determinado por el mercado.

Es importante prestar atención a las dos partes de su afirmación. Está planteando un mercado libre de cambios, por un sistema de oferta y demanda, y también está anunciando que no existirá intervención del Estado para determinar los tipos de cambio.

A la vez, con esa sola frase, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deja de ser la contraparte obligada de las transacciones cambiarias.

Prácticamente un mercado cambiario de esas características no existe desde el Gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, recordado porque fue durante su mandato cuando el país alcanzó el proverbial sexto lugar entre las economías mundiales.

La decisión es seguramente la forma más rápida de salir del cepo, ya que no requiere de la acumulación de reservas para hacer frente a una posible corrida, por dos razones. Por un lado, porque desaparecería el fuerte estímulo de un dólar subsidiado desde el sector de la demanda y, por el otro, porque el BCRA no tendría la obligación de vender dólares ante una demanda alta, ya que el mercado se compondría solamente de privados o particulares. Continuar leyendo

La estafa de los derechos adquiridos

Solemos pasar por alto los elefantes y ocuparnos de las ovejitas. Se leen por doquier las críticas al robo al Estado, el exceso de gasto público, “lo que roban estos tipos” y similares conceptos, todos válidos o con una alta dosis de verdad.

Pero somos más inocentes cuando vamos a lo concreto. A buscar las raíces de los problemas o el modo más fácil de resolverlos. Caemos en generalidades y frases hechas, y preferimos, por desidia, por conveniencia o por lo que fuera, no profundizar en algunos temas.

Por ejemplo, no queremos aceptar que toda corrupción del Estado tiene un socio y cómplice privado. Nos parece que el funcionario tiene una obligación ética y de lealtad, mientras que el privado es “un empresario que defiende su empresa”. Tenemos que revisar urgentemente la definición de empresario o por lo menos hacer una gran división.

Y también habrá de revisarse el límite preciso de estos derechos adquiridos que la mayoría de las veces son derechos comprados, que aunque parezca un sinónimo no lo es.

Miles de “empresarios creativos” inventan negocios inviables o inexistentes y luego se asocian con los funcionarios para expoliar al Estado. Sobreviven de gobierno a gobierno y van evolucionando. Una vez que se ganan la confianza de los funcionarios corruptos, son éstos quienes los buscan con nuevas ideas para desarrollar.

En el imaginario popular, sólo unos poquísimos nombres son demonizados con el estigma. Pero hay miles prendidos al presupuesto nacional y a los provinciales y municipales. Caminos, puentes, represas, informática, subsidios, importación de gas y petróleos, concesiones, venta de equipamiento militar, hospitalario. No se trata de “facilitating payments”, como los llama la hipocresía americana. Son auténticas sociedades para robar.

Allí hay empresarios que comparten y empresarios testaferros o prestanombres. La industria de las facturas truchas para justificar impositivamente el pago de retornos ha evolucionado ahora a facturas truchas al Estado, que no recibe ningún servicio, donde el funcionario corrupto devuelve al “empresario” el 30% y se queda con el resto.

Los presupuestos tienen hoy ese efecto acumulado. Todos estos casos tienen un denominador común. Si alguien quisiera eliminarlos se enfrentaría a que se le opondría el concepto de derechos adquiridos, o de seguridad jurídica, en términos de lobby. Un lobby poderosísimo que se mide cuando se empiezan a barajar nombres, muchos de ellos consultados por la prensa diariamente como si fueran expertos en otra cosa que el latrocinio.

Vamos a poner dos ejemplos recientes. El primero la Ley de Hidrocarburos que se acaba de aprobar y que es tema de comentario en todos los medios. En esa norma, además de otras barbaridades que no son objeto de esta columna, se otorgan preferencias, concesiones y prebendas de todo tipo a empresas amigas, socias, testaferros, y seguramente a alguna que no ha hecho nada malo pero que se beneficia en la volteada.

Esos privilegios, además de la falla ética,  ponen en riesgo cualquier política energética -si alguna vez hay una- al establecer un derecho de pernada y un virtual oligopolio para esas empresas, que aportarán un muy bajo financiamiento en una actividad que requiere justamente todo lo opuesto. También ahuyentará a las pocas empresas en el mundo con capacidad técnica y financiera para la gigantesca y difícil tarea de explotar Vaca Muerta.

Cuando alguna vez tengamos gobierno, necesariamente tendrá que revisar estos privilegios para poder incorporar a los grandes jugadores. Se encontrará entonces conque estos beneficiarios de hoy reclaman una compensación fabulosa por sus “derechos adquiridos” sea lo que fuere que esa frase signifique. Así crece exponencialmente el gasto del Estado. Con decisiones que nadie entiende, a veces sin coherencia, a veces con cláusulas secretas.

En la cola se pondrán a partir de la fecha los afectados por esta ley que se aprueba hoy, enarbolando también los derechos adquiridos problablemente de algún modo similar. Los montos son mucho más significativos que el ahorro real de despedir empleados, vagos o no, medida que también se suele esgrimir siempre, con cero resultado.

Lo mismo ocurre con la ley de Medios bis, o como se quiera llamar a la reciente Ley de Telecomunicaciones que permite la entrada de las telco en el juego del cable, con o sin justificativo. Va a generar juicios por enormes reclamos que el Estado perderá, como siempre, por parte de los antiguos protagonistas, protegidos de la competencia de la banda ancha, y en el futuro, reclamos de todos los nuevos beneficiados cuando la práctica obligue a los cambios que ya se advierten va a sufrir la norma en el futuro.

La cantidad de casos y los montos son tan relevantes, que se debe pensar en los mecanismos de legislación de emergencia para poder modificar o anular estos contratos, y en el tratamiento permanente futuro de estos convenios, a la vez que en un plan sistemático para la detección y revisión de estos casos. Definitivamente, también habrá que modificar las responsabilidades penales de los privados en la corrupción de estado. Si la oposición habla de derogar el Código Civil, con más razón habría que revertir estos “derechos adquiridos”. Cierto que habrá que enfrentarse al lobby más poderoso y de rancia corrupción de la Argentina.

Está claro que se debe respetar la seguridad jurídica, pero un punguista no puede alegar el derecho de posesión de una billetera robada, ¿no?

Esto es más necesario cuando se advierte que varias de estas normas han sido hechas  a las apuradas y con el solo propósito de generar privilegios, prebendas o ventajas políticas antes del cambio presidencial de 2015.

Por una serie de razones muchos dirán que esto no es posible. Nada es posible entre nosotros, salvo robarle al Estado. Y hablar al vicio.

No se puede bajar el gasto público sin entenderlo

Día llegará en que la vergonzosa payasada que es el manejo de la economía nacional se termine. Espero como todos que así ocurra. No hablo de los últimos diez años, aunque podría, sino de siempre. El manejo del gasto es una improvisación y una estafa desde los comienzos de la Nación.

Como se ha puntualizado por años, el gasto público es la madre de todas las desgracias que asuelan a nuestro país. Allí están acumuladas las prebendas, las corrupciones, las ineficiencias, los errores, las ideologías monetizadas, el clientelismo, los puestos públicos de favoritismo político, el populismo, el nepotismo, las ideas obsoletas, un sistema jubilatorio injusto para los que aportaron, pero un regalo para los 3.000.000 de jubilados sin aportes que se agregaron dadivosamente en los últimos 6 años, y decenas de miles de nombramientos.

Se suman los efectos de las políticas industriales amiguistas, denominando así no a los amigos del poder, sino la de los especiales industriales locales, que se hacen amigos de todos, amén de los perjuicios cambiarios que generan. Están también allí los concesionarios de obras públicas y servicios, licitadores, expertos en no terminar las obras y hacer juicios al estado, los contratistas, los concesionarios de tecnología que son viejos constructores reconvertidos y los miles y miles de proveedores del estado, algunos seguramente serios, pero muchos más directamente expoliadores.

Nadie sabe lo que hay en los presupuestos

Ahora preguntémonos: ¿cómo se bajará el gasto sin analizarlo, como se propone a veces? ¿Cuántos Ciccone hay en nuestros presupuestos? ¿Cómo los detectaremos? ¿Cuántas empresas que facturan sin prestar servicio alguno existen en el orden nacional, provincial y municipal? ¿Cómo identificarlas y eliminarlas? ¿Cuánta tercerización con retorno del 50% hay? Las usinas de facturas truchas, que servían en su origen sólo para justificar coimas de privados a funcionarios con la venia de la Afip, ahora han evolucionado y son directamente fábrica de gastos inexistentes que se reparten 70/30% entre el funcionario y el dueño de la “empresa”.

Rubros como los subsidios indirectos elefantiásicos vía empresas de prestación de servicios, ineficientes y sospechados, son una cifra larguísima sin explicaciones. A ello se incorporó en los últimos años el truco de crear sociedades anónimas del Estado, que importan gas caro, por ejemplo, para venderlo a precio vil a los consumidores, generando una sola partida deficitaria que no se investiga porque las sociedades anónimas son consideradas “empresas privadas” en la cínica dialéctica gubernamental.

Se puede simplificar y culpar sólo a los actuales gobiernos por este estado de cosas. Sería un acto de generosidad para quienes estuvieron antes y una buena manera de no resolver el problema del sobregasto. Es justamente la mescolanza y superposición de barbaridades lo que hace tan difícil bajar el gasto. Los derechos adquiridos y los intereses creados son los muros impenetrables del sistema que es supra Estado, un econo-sistema, autónomo, con poder de resiliencia infinita y con poder de fuego, además. Los mismos que se burlan de las leyes, la gente y el derecho, gritan ¡inseguridad jurídica! cuando se mete el dedo en sus contratos y ventajas espurias.

Las leyes de inamovilidad laboral, la acción sindical y de múltiples grupos políticos, la utilización de los presupuestos como moneda de cambio político, las centenas de miles de contratos temporarios laborales o de tercerización que implican siempre un juicio potencial, son un cepo que torna imposible una baja.

Licuación y resiliencia del gasto

Por estas y otras razones, los gobernantes, aún los pocos decentes que existen, optan no por la baja de gastos, sino por equilibrar el presupuesto vía incremento de los impuestos, tasas, gabelas, exacciones y otros trucos que saturan nuestro sistema. Con una recurrente inflación licuadora, el mecanismo parece eficaz. Por un tiempo. Hasta que el metasistema, lleno de contratos y licitaciones con poison pills descubre que también han aumentado los recursos y comienza a apoderárselos cual un cáncer. Con tal mecanismo la carga impositiva es enorme y creciente.

El gasto se convierte así en la causa de la inflación, el endeudamiento, la pobreza, la ineficacia en la prestación de servicios por los que la población paga, y en una colosal máquina de pérdida y destrucción de oportunidades.

Pensemos ahora concretamente en cómo bajar el gasto. Se puede.

Para bajar el Gasto: Decisión, convicción, persuasión.

La decisión política es, como en todas las grandes causas, un proceso de una vida, o de un minuto de inspiración.

El líder o los líderes que estén dispuestos a este acto heroico debe o deben tener una convicción profunda, que será reforzada con el aporte de técnicos que los ayuden a entender no sólo la magnitud del problema, sino la esencia, génesis y formatos de los grandes grupos de usinas de gastos que se enquistaron en el sistema de gastos del país.

Esa convicción debe ser compartida preferentemente por varios partidos, entidades, organizaciones cívicas, educativas, empresarias y si se puede, sindicales. Y debe estar reforzada por la convicción técnica de la conveniencia del cambio. Un análisis a fondo de la historia presupuestaria y fiscal del país será fundamental.

Y esa convicción, de la que el lector ya está dudando a esta altura, deberá ser reforzada por la acción de la comunidad en sus formas modernas de presión política, como veremos en su momento.

Al hablar de convicción, apunto no sólo a la fuerza para convencer a otros líderes de emprender la epopeya, sino a que se requerirá mucha seguridad en el proyecto, porque cada partida, cada concepto, cada subrubro, será defendido con uñas y dientes bajo el lema de la Patria, la soberanía, las fuentes de trabajo, el autoabastecimiento, la dominación extranjera y argumentos similares, esgrimidos en discusiones públicas y privadas y al mismo tiempo con artilugios, trampas, acomodos, más corrupción, operaciones de prensa, y toda la artillería con que se han defendido históricamente las prebendas descriptas.

Debe comprenderse que todo ese lenguaje supuestamente socialista es utilizado por los ladrones del gasto, que suelen contar con la complicidad ideológica o paga de quienes hablan ese idioma. La convicción de que el gasto y su socio infaltable, el populismo, es la razón de todos los males que padece la economía y la gente, servirá no sólo como argumento sino como forma de templar el ánimo.

Esos ladrones del gasto están embebidos en nuestra sociedad, se casan con vuestras hijas, nos invitan a sus fiestas, se asocian a los mejores clubes y son respetados como grandes empresarios, cuando son apenas ladrones públicos con autos caros. También nos contratan como ejecutivos o asesores y avisan en los medios importantes y nos auspician a muchos periodistas.

Este párrafo es para demostrar lo difícil que resultará la tarea, aun cuando se lleve a cabo con pleno apoyo político.

Pensar en cómo cambiar las ideas de la sociedad

Un aspecto no menor será la capacidad de persuadir, de negociar con la comunidad, de hablar con claridad de la necesidad de la revisión, sus costos y beneficios. La población jugará un rol vital en el proceso, por lo que todo esfuerzo en instruirla, convencerla, hacerla participar y rendirle cuenta periódicamente de los resultados obtenidos será importantísimo. A eso se llama ser un estadista: a la capacidad de cambiar las ideas de la sociedad. La ciudadanía debe movilizarse en apoyo de esta política de Estado, y para eso debe conocer los porqués, y los excesos. La indignación con que la gente procesa casos como el de la imprenta Ciccone indica que habrá que tener varios casos preparados no judicialmente, pero sí mostrando con crudeza lo que ocurre y el modo en que el dinero de la comunidad es robado por los amos del presupuesto.

Quien haga esta tarea debe tener a la gente de su lado, para lo que la integridad, seriedad, capacidad, conocimiento y humildad serán atributos irremplazables. La contrapartida a ese apoyo de la gente, será la lealtad de los líderes de este cambio, y la sinceridad que pongan en su tarea y su relación con la gente. La prepotencia como método de gobierno, no sólo no es democrática, sino que es ineficiente.

Cortar el gasto sin estudiarlo es como operar a un enfermo sin una tomografía

La primera sensación a enfrentar es de imposibilidad ante la complejidad descripta, lo que tiende a llevar a soluciones simplistas, el lápiz rojo, el ogro con la libretita diciendo que no a todo, la prohibición o restricción legal, todos mecanismos que no recomendaría como único recurso, primero porque han fracasado demasiadas veces, y segundo porque se corre el riesgo de extirpar las partes sanas del enfermo y dejar las partes infectadas, en especial por el efecto de la corrupción, el gran enemigo a enfrentar. O sea, dejar sin gasas o médicos a los hospitales pero mantener incólumes los miles de contratos delictivos que nos agobian. Por otra parte, no estamos siendo Dios creando esta sociedad desde cero. No suprimiremos stalinianamente a la gente.

Este liberal se niega a echar a empleados de planta o a bajar gastos sociales, justos o no, si primero no se elimina la escandalosa y rampante corrupción contractual empresaria en los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, se anulan los nombramientos partidistas con salarios descomunales y se deja de dar subsidios a empresas, para entregarlos directamente a los interesados.

Sin análisis, cualquier baja del gasto es una masacre en beneficio de los ladrones públicos privados, que tenemos derecho a suponer deliberada.

Y además, este método es más fácil y rápido, con menor costo político.

Se la sigo en una semana. Ideas, por favor.