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Capitanich vs la clase trabajadora

En la novela Segunda fundación, uno de los personajes de Isaac Asimov, al explicar el mecanismo del engaño, señala: “Solía decir que sólo una mentira que no estuviera avergonzada de sí misma podía tener éxito”. Tal vez el jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich no se haya detenido en este requisito a la hora de pronunciar, en las últimas jornadas, unos brutales ataques a trabajadores empeñados en no perder sus puestos ni sus fuentes de trabajo. Para justificar las suspensiones de todo el personal en la fábrica Lear y las desvinculaciones de doscientos trabajadores -entre los que se cuentan los delegados de la comisión interna-, Capitanich había atribuido el viernes los hechos a la acción del Partido Obrero, al que definió como “el preferido por los capitalistas”.

“Esto tiene que ver con una acción del Partido Obrero, que no es el partido de los trabajadores. El único partido que defiende a los trabajadores es el Partido Justicialista”, había dicho el ex gobernador del Chaco (una de las provincias más pobres del país). Y había agregado: “Lo que hace el Partido Obrero es defender siempre los intereses de la patronal y hostigar el funcionamiento de la economía, El Partido Obrero no es un partido antisistema; es el partido del sistema, el preferido por los capitalistas y por los grandes empresarios“. La suma de incoherencias -una encadenación de mentiras que se avergonzarían de sí mismas- se incrementó el último martes, cuando en su habitual encuentro matutino con el periodismo, Capitanich continuó: “No nos vengan a correr por izquierda. La verdadera izquierda revolucionaria de este país siempre fue el peronismo”. Y en referencia al activismo de izquierda que gravita en el conflicto de Lear, agregó: “Observamos con mucha preocupación que no son solamente idiotas útiles sino que están actuando para destruir el empleo de los argentinos”. Las manifestaciones del jefe de Gabinete no sólo tuvieron el encanto del absurdo, sino que evitaron explicar el rol de una empresa multinacional estadounidense que había decidido vaciar su producción importándola desde plantas centroamericanas -pese a las restricciones a las importaciones que plantea el gobierno argentino- en función de deshacerse de su comisión interna combativa, en complicidad con el sindicato SMATA, dirigido por Ricardo Pignanelli. El citado sindicato acababa de publicar una solicitada en la que se manifestaban cansados del accionar de la izquierda y anunciaba que llamaría a una asamblea para destituir a los delegados combativos. Una vieja tradición de la burocracia sindical que, en el caso de SMATA, fue cómplice en la entrega de trabajadores izquierdistas a los militares para su desaparición durante la dictadura, como se comprobó en el caso de la fábrica Mercedes Benz.

Sin embargo, las declaraciones de Capitanich, por asombrosas que resulten, no logran ocultar el peso de unas acciones patronales hostiles contra sectores de la clase trabajadora que defiende sus derechos. No sólo es síntoma de esta acción empresarial el conflicto en Lear, sino también el de larga data en los talleres ferroviarios Emfer y Tatsa (de difusa propiedad del grupo Cirigliano, que también lo está vaciando) y, más recientemente, el de la gráfica de origen estadounidense Donelley, que el lunes anunció el cierre de su planta, ubicada también en el trazado de la ruta Panamericana. El modus operandi se había repetido tanto en Lear como en Donelley -cuya comisión interna está dirigida por miembros de la lista Bordó, que se referencia en el Partido de los Trabajadores Socialistas, miembro junto al PO e Izquierda Socialista del Frente de Izquierda-: los empresarios habían planteado recursos preventivos de crisis para imponer suspensiones y despidos, que fueron rechazados por los trabajadores y por el ministerio de Trabajo, aunque luego ejercitaron las desvinculaciones, en un caso, y el cierre de la fábrica, en el otro.

Con mucha demora, y cumpliendo varias resoluciones judiciales, el ministerio de Trabajo tuvo que garantizar el reingreso de la despedida comisión interna de Lear durante la mañana del último martes -a pesar de que el viernes mismo la empresa había suspendido a todo el personal-. “El ministerio vino a hacer cumplir la reinstalación y comprobó el lock out patronal con la evidencia de la empresa vacía y nadie trabajando -señaló a este cronista Silvio Fanti, secretario general de la comisión interna-. Cuando termine el periodo de suspensiones, la resolución indica que los delegados tenemos que estar”.

-Capitanich dijo que ustedes eran “idiotas útiles” al servicio de los grupos concentrados, ¿qué opina de esas declaraciones?

-No somos idiotas útiles, encabezamos la defensa de los puestos de trabajo y lo vamos a seguir haciendo. El SMATA debería movilizarse junto a nosotros y no lo hace, ellos sí, en claro servicio a este grupo concentrado. La empresa tiene un plan de expansión, necesita bajar los costos salariales y para eso necesita descabezar una comisión interna que defiende los derechos de los trabajadores. Yo he votado al kirchnerismo y le diría al jefe de Gabinete que si lo que dice es verdadero, que venga con nosotros a defender los puestos de trabajo.

Ante el cierre de la gráfica Donelley, los trabajadores decidieron tomar la empresa. “Los tres turnos de trabajo estamos desde esta mañana cumpliendo la conciliación obligatoria y estamos produciendo, terminando los trabajos que teníamos que terminar -explicó el martes por la mañana a este cronista Eduardo Ayala, delegado de la empresa-. La empresa no apareció y estamos tratando de preservar el trabajo para todos y lo estamos logrando. 

-¿Cuál es la actitud del sindicato?

-El sindicato nos está acompañando.

Donelley había anunciado la suspensión de trabajadores -no el cierre de la empresa- y había comenzado el vaciamiento empresarial tercerizando su producción hacia otras plantas. “En las plantas que dirigimos sindicalmente nos negamos a aceptar el trabajo derivado de Donelley -señala Pablo Viñas, secretario general de AGR-Clarín y miembro de la lista Naranja, ligada al PO-. Sin embargo, pequeños talleres cooperativos cuya dirección legal es la del sindicato estuvieron produciendo ese trabajo que la empresa decidió tercerizar. Ante el cierre de esta gran planta, creemos que es necesario que el sindicato llame al paro de todo el gremio para evitar esta situación”.

La posibilidad de que grandes empresas realicen operativos de despidos y vaciamientos para evitar la acción del sindicalismo combativo fue esbozada por el periodista Ricardo Carpena en su columna sindical del lunes en el diario Clarín. En medio del agravamiento de la crisis económica y el crecimiento de la izquierda en los sindicatos, las graves declaraciones de Capitanich y las amenazas de Pignanelli corroborarían esta teoría. Jorge Altamira, líder del Frente de Izquierda y otro “idiota útil”, según las palabras del jefe de Gabinete, así opinó: “Es palabrerío sin contenido: sólo la izquierda está contribuyendo a desbaratar los planes para despedir trabajadores y cerrar plantas. Capitanich dice que se acuesta muy tarde. Le recomendaría que duerma el tiempo suficiente como para contestar apropiadamente las preguntas de los periodistas y no desvaríos. El que está a las cinco de la mañana defendiendo los puestos de trabajo es el Frente de Izquierda, acción que se replica en el plano legislativo, donde planteamos la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin mengua salarial. Estamos avanzando con la CTA de Micheli en la realización de una gran marcha contra los despidos y el impuesto al salario que realizaremos a fin de mes”. La semana que viene la CGT definirá si realiza un tercer paro general contra el gobierno de Cristina Fernández ante la crítica situación que se vive en el campo laboral.

Hace cierto tiempo el kirchnerismo consideraba que, a su izquierda, sólo se encontraba la pared. No sólo miembros del gobierno planteaban esta máxima abiertamente, sino que sus acólitos estaban convencidos de su justeza y de su verdad. Sin embargo, uno de los efectos de la construcción de un relato ajeno a la realidad es que, cuando tal realidad se torna ineludible por la fuerza de los hechos, sólo resta entonces la aceptación o la psicosis. Las indefinibles declaraciones del jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich permiten señalarlas como manifestaciones de esta segunda posibilidad. Quizás se trate de una psicosis senil que, en tanto síntoma de un cuerpo político agotado, tan sólo sea una comprobación más del así llamado “fin de ciclo” kirchnerista.

Paro general: máquina del futuro de los trabajadores

Al momento de que estas líneas se publiquen, habrá comenzado uno de los mecanismos más potentes que poseen los trabajadores para exhibir sus reclamos y su fuerza: el paro general.

La medida de fuerza colectiva realizada por las masas enormes –mayoritarias- que componen el cuerpo social de la Argentina es una máquina de fenomenal potencia obrera –un método que la atraviesa desde que se fisionomizara como clase. La paralización de la economía es una prerrogativa de los sectores laboriosos, sobre los que se funda la producción de la nación. Es una forma de la acción que le permite defenderse de las ofensivas de empresarios y gobiernos, a la vez que avanzar en la obtención de derechos, y al mismo tiempo en su consolidación política. Tal vez los abuelos de los abuelos de algún lector hayan participado en los paros de 1919 contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen, o en la gran huelga general de 1936, quizás un patriarca familiar haya estado entre los miles que se movilizaron en el marco del paro general de 1945 para pedir la liberación de Juan Perón, un lector mismo pudo haber participado del Cordobazo en 1969 que acabó con Onganía, o de la gran huelga con coordinadoras de junio y julio de 1975 que derrotó al fascista López Rega, o del paro del 31 de marzo de 1982 que marcó el carácter de cadáver político de la dictadura militar, o de los paros contra Alfonsín, o del paro de la CGT de 1999 que señaló el final del ciclo menemista. Sirva esta leve enumeración para ilustrar de qué manera el método del paro general forma parte de nuestra historia viva, de nuestro sino.

Cada paro, claro, tiene sus propias características. La disposición generalizada de la realización de esta medida de fuerza entre vastos sectores laboriosos indica que sus reservas de energía para enfrentar el ajuste de Capitanich y Kicillof -es decir, su ánimo de derrotar el intento de que la crisis sea pagada por ellos mediante un retroceso tajante en sus condiciones de vida- no sólo están firmes, sino en aumento. No es para menos. Una devaluación gigantesca, una inflación que no cesa y que avanza mes a mes –a pesar del bluff gubernamental de esa fantochada de los “precios cuidados”-, aumentos de tarifas que podrían llegar al 500% en el gas justo antes de que empiece el invierno –todos tópicos que denigran el nivel de vida del campo popular y que constituyen la forma ortodoxa del ajuste-. A la vez que el gobierno acude a los organismos financieros internacionales –que alguna vez dijeron, con impostura, repudiar- para acceder a créditos que los ayudarían a paliar la crisis. Pero, por el contrario, la crisis económica mundial se profundiza en el eslabón argentino y, en especial, el brasileño, cuyos desmadres repercutirán en la región. Paradoja de paradojas, la mano ajustadora es la de Axel Kicillof, de cierto pasado izquierdista, esperanza blanca de la progresía y los kirchneristas vergonzantes, convertido en un agente de Chevron y los organismos financieros, un peón cool y palermitano de los beneficiados por el ajuste.

¿Quiénes llaman al paro? Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, viejos burócratas sindicales, hombres de fortuna y negocios inefables –aunque se pueda señalar que Moyano tiene empresas que prestan servicios a la obra social de su gremio, que su esposa es gerenciadora de servicios privados contratados por su sindicato y que reside en una coqueta mansión de Parque Leloir (además de que su gremio esté implicado en serios casos de ajustes mafiosos por las disputas por la caja); mientras que la autodefinición de Barrionuevo como “ultraalcahuete de Carlos Menem” lo pinta por entero-. Burócratas sindicales, carreristas que responden a sus intereses personales, ajenos a los destinos históricos de los trabajadores. Pero astutos. Una astucia que actúa en dos ámbitos: por un lado, quieren descomprimir con una huelga aislada luego del abandono del plan de lucha después del paro del #20N de 2012; por el otro, es una manera de posicionarse en la rosca del postkirchnerismo, que los tiene entre los protagonistas de la construcción de una alternativa pejotista y derechista al kirchnerismo. Moyano y Barrionuevo llaman al paro con el método que corresponde a un sector parasitario de los trabajadores. Y paran sin movilización.

Pablo Micheli, de la CTA, se sumó al método de la falta de movilización, a pesar de que había apelado a marchas a Plaza de Mayo en el último periodo. Se adaptó. No así los sectores que le exigían a las centrales sindicales el paro general desde hace un tiempo de años considerable, la izquierda que crece en direcciones sindicales, seccionales gremiales y comisiones internas que forman parte de las cinco centrales. Los grupos sindicales integrados por militantes del Frente de Izquierda, principalmente, y algunos otros grupos que orbitan alrededor de él o incluso en contra de él. La izquierda que, en el momento en que estas líneas lleguen al lector, estará realizando el paro activo del 10 de abril de 2014.

Este cronista presenció el inicio del paro general que se produjo en la planta AGR, que imprime productos del grupo Clarín, en la Pompeya profunda. Allí –donde trabajan 350 operarios gráficos que votaron en asamblea la paralización de actividades frente al llamado a no parar la producción de su dirección sindical kirchnerista- el paro era total. Y un piquete integrado por cincuenta obreros le daba visibilidad a los reclamos con bombos, cantos y banderas. El paro había sido votado pese a que partes sustanciales de sus salarios sería disminuido debido a la caída del presentismo. Pero la decisión había sido parar, por la necesidad de defender las condiciones de vida, por la comprensión de la necesidad de una respuesta política al ajuste. En una planta del grupo Clarín, que llamó a trabajar a los jefes y que puso remises a disposición de los empleados que decidieran carnerear. Pero el paro era total. Escenas de esa naturaleza se repitieron en grandes fábricas gráficas, del SMATA, de la UOM, de la Alimentación, del Neumático, en el subte. Lugares donde los sindicatos decidieron no parar, pero los trabajadores sí. (No debería dejar de hacerse notar que el kirchnerismo mostró, ante el paro, su faceta más reaccionaria, antiobrera, macartista e irrespetuosa de la clase obrera con la que decidió romper).

La activación de la máquina del paro general expresa una tendencia profunda, que da cuenta del descontento con el gobierno y de la ruptura de miles de trabajadores con el kirchnerismo. Una expresión más del fin de ciclo K. Las razones del paro no podrían ser más justas. Y el paro general no podría ser más necesario. Para que los trabajadores dejen de ser la medida del ajuste, para derrotar al ajuste de Kicillof, para que las paritarias no tengan techos digitados por Balcarce 50, para evitar la debacle de las condiciones de vida, para que se abandone la entrega al capital financiero y se reorganice la nación para beneficiar a las mayorías populares. Hoy hay paro general. Ya forma parte de la corriente que impulsa a los trabajadores a ser sujetos políticos de peso en el próximo período. Falta más. Mucho más. Pero es, innegablemente, un primer paso formidable.

Renovada centralidad de los trabajadores en el ocaso K

Diversos sectores laboriosos protagonizaron durante el último período acontecimientos que ganaron las tapas de la prensa y generaron una discusión social generalizada sobre ellos, no sólo porque estos sectores conforman la mayoría de la población, sino debido a que su salto hacia la acción directa implica el cuestionamiento de la legitimidad de ciertas bases sociales naturalizadas. Sólo basta repasar los hechos de los últimos días.

El paro docente por salario -de particular interés social, ya que afecta la cotidianidad familiar- cobra dimensiones dramáticas debido a la implacable decisión de sostenerlo por parte de los maestros para no permitir un brutal ataque a sus condiciones de vida. Las mínimas ofertas gubernamentales, en medio de la devaluación y de la inflación, implican de hecho una rebaja salarial. Contra esa perspectiva se desarrollan paros en todo el país y, a diferencia de otros años, las direcciones sindicales yaskistas de CTERA no pueden decidir levantamientos de paros o acuerdos con el gobierno a espaldas de sus bases. Esas direcciones -atravesadas por el hiperoficialismo de Hugo Yasky, ex jefe gremial docente y actual secretario general de la CTA (además de aplaudidor en cuanto acto de  la presidenta Cristina Fernández se lo invite)- no podrían hacerlo debido a los fuertes reclamos de los maestros, a la vez que debido a la irrupción de la izquierda en numerosas seccionales y provincias en las que se convirtió en una dirección radicalizada del conflicto.

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Neuquén: la debacle moral de los progres K

La jornada del miércoles 28 de agosto de 2013 será recordada como aquella en la que la progresía local bajó un escalón más en su imparable descenso moral hacia los subsuelos. En la ciudad de Neuquén la Legislatura debía votar la aprobación o no del decreto del gobernador Jorge Sapag que habilitaba el acuerdo entre YPF y la empresa estadounidense Chevron, anunciado e impulsado por la presidenta Cristina Fernández y su gobierno. Para resguardar la sesión parlamentaria de la movilización popular -planteada por la realización de un paro activo en la región-, el día anterior la ciudad amaneció vallada y dos barrios circundantes a la Legislatura fueron militarizados. El miércoles, día de la sesión, se realizó la movilización, que fue reprimida constantemente durante más de cinco horas. Hubo detenidos y contusos y hasta un manifestante herido por una bala disparada por un arma de fuego policial. Dentro del parlamento, kirchneristas y miembros del Movimiento Popular Neuquino (oficialista) aprobaron el acuerdo. En las tribunas parlamentarias se habían instalado unas barras favorables al acuerdo que llegaron a cantar: “¡Viva Chevon!” -textualmente-. Los diputados neuquinos no se pronunciaron sobre la represión. En el ámbito nacional, el kirchnerismo guardó silencio -y festejó en sus búnkeres de Puerto Madero-. La progresía, otra vez, calló.

El acuerdo allanado implica la asociación de la parcialmente nacionalizada YPF con la empresa estadounidense Chevron -hecho que implica una reprivatización de la compañía petrolera-. Chevron ha sido demandada por el gobierno ecuatoriano por el desastre ecológico que sus prácticas produjeron en la Amazonia, donde 500 mil hectáreas verdes fueron contaminadas. ”El desastre natural es cinco o seis veces superior al derrame del petróleo de British Petroleum en el Golfo de México, y 30 veces superior al derrame de Exxon Valdez en Alaska”, describió hace pocos días el presidente ecuatoriano Rafael Correa. La justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares como indemnización por sus crímenes ecológicos. La empresa se fugó y no se sometió a la justicia. Encontró refugio en la Argentina, donde su Corte Suprema no hizo lugar a un embargo sobre sus bienes como paso previo al acuerdo YPF-Chevron. Un dato notable para aquellos kirchneristas que se llenan la boca hablando de la “Patria Grande” y de la “unidad latinoamericana”.

La petrolera estadounidense llevará adelante la extracción no convencional de hidrocarburos en la zona conocida como Vaca Muerta. Éste es el nombre amable que tiene el método del fracking, prohibido en Francia, Bulgaria y varios estados de los Estados Unidos. La semana pasada se realizaron movilizaciones en Washington y Londres contra el fracking, una práctica altamente contaminante y destructiva. “El fracking es la búsqueda de hidrocarburos mediante la fractura de la roca madre, que se encuentra muy por debajo de la tierra, mediante la presión de agua y químicos. Este método permitiría encontrar los restos de hidrocarburos en la vieja roca que antes los proveía. Es como sacarle los últimos jugos a la tierra”. Así describe el método el abogado ambientalista Enrique Viale. La violencia de la presión del agua quebraría las resistencias de la roca subterránea, usando grandes cantidades de ese líquido vital. La destrucción ecológica es doble, ya que la actividad no sería contaminante del subsuelo neuquino, sino que agotaría los recursos acuíferos de la cuenca del río Limay.

No sólo eso.

El acuerdo entre YPF y Chevron contiene cláusulas secretas. La justicia ordenó a YPF que diera a conocer los términos del acuerdo, pero la empresa se negó a hacerlo aduciendo el carácter de “acuerdo entre privados” -negando la cualidad “estatal” de la compañía, tan cacareada por el gobierno- y que podría ocasionar perjuicios en su cotización en bolsa. Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero y candidato del Frente de Izquierda, aseguró que el secretismo se debía a la existencia de una cláusula según la cual YPF absorbería el pasivo ambiental de la asociación, es decir que, en caso de desastre ecológico, la parte argentina se haría cargo de las costas de una posible demanda. Los términos coloniales del acuerdo con la empresa estadounidense desmienten cualquier viso nacional del gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

La sesión parlamentaria neuquina fue escandalosa. En las tribunas barras cantando “¡Viva Chevron”, en los curules el impedimento de debate ya que sólo se podría votar por sí o por no. Esto no impidió que un grupo de ocho legisladores se retiraran de la sesión, sobre un total de 35 entre los que se cuentan los del Frente para la Victoria, el MPN, el Frente Grande y Nuevo Encuentro, que dieron rienda libre al acuerdo colonialista. Antes de retirarse, el diputado Raúl Godoy, del Frente de Izquierda, y la diputada Beatriz Kreitman, de la Coalición Cívica, desplegaron una bandera estadounidense que dejaron expuesta a los demás legisladores para recordarles en nombre de los intereses de qué país estarían trabajando.

Antes, toda la jornada había sido marcada por la represión a la movilización enmarcada en el paro activo decretado por la CTA regional y que contó con el acatamiento de trabajadores estatales, docentes, ceramistas, de la Federación Universitaria del Comahue y de numerosos estudiantes secundarios, además de las comunidades mapuche que exigen que no se implemente el fracking en sus tierras ancestrales. Había más de cuatro mil manifestantes, que equivalen a una manifestación de 60 mil personas en la Capital Federal. La represión fue constante. Las comunicaciones telefónicas que este cronista pudo establecer con manifestantes tenían como fondo el ruido de las balas policiales. Hubo numerosos detenidos y heridos por balas de goma y por las consecuencias de los gases lacrimógenos que acosaron a la manifestación sin descanso. Testigos señalaron que en cierto momento los policías empezaron a disparar con sus pistolas 9 milímetros. Rodrigo Barreiro, de oficio docente, fue internado en un hospital de la capital neuquina por una herida de bala de plomo. A ese punto llegó la represión para lograr la aprobación de un acuerdo infame.

Hubo silencio. Silencio en las guaridas de Hugo Yasky, secretario general de CTERA -gremio que agrupa a los docentes de todo el país-, frente a la represión que sufrieron sus compañeros en la Patagonia. Silencio en los organismos de derechos humanos que adhieren al kirchnerismo, transformados en meros cotos de celebración en actos oficiales de las medidas gubernamentales -triste destino que la coptación gubernamental logró en personas, por ejemplo, como Estela de Carloto-. Silencio en los “pibes por la liberación”, que se movilizaron a favor de la ley de medios pero que no emitieron ni un solo comunicado repudiando las balas policiales. Silencio entre los progres. Silencio.

Trataba de entender el fenómeno del derrumbe de la progresía local conversando con mi amigo Martín Quintana. “Están aprisionados por la potencia redentora del ‘pero’”, me decía Martín, que vive en Corrientes, escribe, es docente y tuitea bajo el nick @fragmentario. “Esa partícula les permite olvidar lo que viene detrás de ella: ‘Reprimen en Neuquén por un acuerdo colonialista pero impulsaron el matrimonio igualitario’. O: ‘Se asocian con el fascista Gildo Insfrán en Formosa pero están en contra de la corporación Clarín’. El ‘pero’ es muy potente. Produce que la parte anterior a la partícula confrontativa sea olvidada y se sientan bien entonces con sus conciencias”. Quintana tiene razón. Sin embargo, no es sólo un asunto lingüístico. Es peor. El sino de los progres es su adhesión a un pragmatismo vergonzante en nombre de un proyecto “nacional y popular” ficticio, que no ha realizado transformaciones estructurales y que mantiene los privilegios de los que nunca los perdieron a los que suma a una nueva burguesía emergente que obtiene nuevos beneficios de la mano del poder gubernamental. Es su enlodamiento en una política que se postula como popular, pero que cuenta con muertos por balas policiales de gobiernos kirchneristas en esta década ganada para imponer sus planes. Es la transformación de los biempensantes en aplaudidores sin escrúpulos de la entrega incesante de estos años. Es el derrumbe moral sin escalas hacia el fondo de los fondos.

El acuerdo con Chevron -descripto por el viceministro de Economía Axel Kicillof como “un carnaval”- ha sido aprobado a través de la represión policial y de las balas de plomo. Los progres que lo festejaban están a un paso del desbarranco total y definitivo. Sin embargo, tienen una última oportunidad. La de abandonar la farsa del relato kirchnerista en función de los principios que alguna vez sostuvieron. Si no es así, serán condenados -bajo admonición de ser sometidos al peso implacable de la verguenza ajena- a no hablar de política frente a sus hijos ni frente a los hijos de sus hijos durante las próximas décadas, cuando el relato kirchnerista sea caracterizado como lo que es: una farsa que engañó a la progresía y le hizo aplaudir la entrega.