Muchas veces se ha postulado el carácter independiente de la Justicia, como si tal poder orbitara en el vacío y sus ejecutores no pertenecieran a ninguna clase o fracción política. Los acontecimientos contradictorios que se produjeron o producen en estos días no sólo desmienten tal noción, sino que resultan altamente pedagógicos sobre el carácter de la época que vivimos.
César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani es un militar de carrera especializado en el área de Inteligencia, miembro del Batallón 601 -cueva de los espías del ejército durante la última dictadura- y actual jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, designado por recomendación de la presidenta Cristina Kirchner. Su participación en la desaparición de ciudadanos durante el último gobierno militar consta de indicios muy potentes y ha provocado que los querellantes de los familiares de esas víctimas del genocidio requieran a la Justicia que se lo investigue.
En los tribunales tucumanos se investiga la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, que el 17 de junio de 1976 participó de una expedición ordenada por sus superiores, y de la que nunca más volvió. Ledo, que en ese momento participaba de un campamento junto a sus compañeros en Tucumán, era asistente personal de Milani, en ese momento un joven subteniente que se encargó de dictaminar que Ledo no había regresado debido a una deserción. Ledo forma parte hoy de la larga lista de desaparecidos. La Justicia investiga la falsificación del documento que lo califica como “desertor” y la cadena de complicidades en su desaparición.
El fiscal Pablo Camuña, designado directamente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, había desestimado en varias oportunidades que se investigue a Milani -de pública adhesión al gobierno nacional. Sin embargo, la nueva prueba surgida en el último período determinó que la Cámara Federal de Tucumán recomendara “gravemente” a los fiscales que investiguen el rol de Milani en esos acontecimientos. La nueva prueba tiene como base los testimonios de los hermanos Álvaro y Juan Carlos Illanes.
Álvaro era compañero de conscripción de Ledo y había sido presidente de la Juventud Peronista de Chilecito, La Rioja. Según declaró en los tribunales, era testigo de la relación de subordinación directa que tenía Ledo con Milani, a la vez que ambos habían advertido una actitud sospechosa por parte del entonces subteniente. Según contó Illanes, Milani tenía la costumbre de intentar sacar “información”. “Se acercaba a nosotros, charlaba primero sobre fútbol y películas, y después preguntaba cosas como: ‘¿Qué piensan sobre el Operativo Independencia?’, ‘¿Qué piensan sobre la guerrilla?’. Ni Ledo ni yo, que éramos militantes, respondíamos, pero era ostensible que estaba haciendo inteligencia entre nosotros”. Juan Carlos Illanes reafirmó el vínculo entre Ledo y Milani en Tucumán. Es la primera vez que Milani podría ser investigado directamente por los hechos represivos. En los pasillos de Tribunales tucumanos se aguarda cuál será la respuesta del fiscal Camuña de repetida, como se dijo, tendencia a exculpar al jefe militar.
Una situación que se replica en La Rioja, donde también se investiga otra desaparición que involucraría a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. Se trata del secuestro de Ramón Olivera. Según la víctima, cuando fue conducido hacia el despacho del juez Roberto Catalón para su “legalización”, su entregador fue el propio Milani, quien además lo habría hostigado con dureza recriminándole su condición política durante todo el procedimiento y una vez llegados al despacho del juez. Dicho magistrado, debe recordarse, hoy se encuentra preso investigado por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura.
El fiscal Michel Salman pidió el sobreseimiento de Milani con argumentos propios de abogados de militares. Que los testimonios de los familiares de las víctimas estaban viciados de nulidad por parcialidad, que el procedimiento ante el juez correspondía a la legalidad -argumento rebatido ya en el juicio a las Juntas en 1985-, que Milani no estuvo esos días allí donde se lo menciona y que por eso se daba por probada su inocencia. Salman incumple de esta manera todo deber del fiscal en su rol de funcionario público, ya que se niega a investigar desde el comienzo, y para ello recurre a los mismos razonamientos que la defensa del acusado. No debería olvidarse que la justicia de La Rioja acaba de encausar por privación ilegítima de la libertad a docentes y activistas ambientales protagonistas de las movilizaciones de la última huelga de los maestros. Álvaro Illanes, denunciante de Milani en la causa Ledo, y su hermana. Un mundo del revés.
El mismo mundo del revés que se manifiesta en el accionar de la justicia en Santiago del Estero, donde por primera vez se intenta aplicar la Ley Antiterrorista, votada a mano alzada por el kirchnerismo en noviembre de 2011, a un periodista. Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, fue acusado por el fiscal Pedro Simón por el delito de sedición agravado por el intento de coaccionar a una autoridad mediante el terror por publicar las imágenes de un policía que protestaba y por informar sobre el estado de los levantamientos policiales en Santiago del Estero durante diciembre de 2013. Si fuera encontrado culpable, debería pasar entre 6 y 12 años tras las rejas.
El fiscal Simón había sido objetado en su designación en 2009 por el CELS, que denunciaba su falta de apego a la defensa de los derechos humanos y su tendencia a seguir los dictados del poder político. Un grave hecho que muestra el modo de acompañar, por parte de la justicia, los caminos del poder. Un poder en retirada. Pero que en su final muestra su verdadera naturaleza fascistizante. No debería sorprender que el ciclo abierto con una ilusoria “revolución” que habría de producir la Ley de Medios termina con uno de sus impulsores votando la Ley Antiterrorista. Que, como se señaló, podría ser aplicada a un periodista. Una imagen que bien da cuenta del fin del ciclo K.