Por: Diego Rojas
La retirada siempre es caótica. Sirvan estos dos ejemplos como muestra.
En el Chaco, a pesar de la llegada del otoño, las temperaturas siguen rondando los veinticinco grados. O aún más. Como cuando durante estos días la represión se vivió en sus calles. Este último miércoles 7 de mayo yo estaba en esa provincia, por razones periodísticas ajenas a la protesta social, cuando se realizó en el centro de Resistencia una multitudinaria movilización contra el ajuste gubernamental y por paritarias libres para los gremios estatales, docentes y de la salud. Fue entonces cuando la temperatura aumentó.El gobierno de la provincia del actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, decidió no permitir que las calles sean cortadas. Por eso las pobló de policías -que cortaban las calles- y, antes de que la manifestación llegara a casa de Gobierno, emprendió la represión.
Palos, gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma. Esos fueron los elementos que se usaron para dispersar a los manifestantes, a los que se persiguió por cinco cuadras. Luego del acto de repudio, el gobernador Juan Carlos Ivanoff Bacileff -que había compartido el estrado con Capitanich el primero de mayo- reafirmó su política de mano dura y señaló que ese sería el método para normalizar la provincia. Una muestra de kirchnerismo explícito, ya que en su discurso ante el Parlamento la presidenta Cristina Kirchner había pedido despejar de las calles la protesta social.
En Santiago del Estero dieron un paso más: por primera vez, la Justicia puso a su disposición el aparato represivo de la Ley Antiterrorista, impulsada y votada por el kirchnerismo en diciembre de 2011. La causa que investiga el accionar del periodista Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, durante los levantamientos policiales que sacudieron al país el pasado diciembre, cobró nueva vida -y significados- al conocerse que la tipificación de la carátula no solamente lo acusaba de “sedición”, sino que agravaba la figura con los artículos 212 y el artículo 41 quinquies del Código Penal.
Esto quiere decir que la Justicia lo investiga por “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones”, a la vez que dobla las penas en función de la reforma concretada por la Ley Antiterrorista. Suárez, cuyo delito fue filmar la detención de un policía que se intentaba encadenar en la plaza central de Santiago e informar sobre la situación aquellos días tenebrosos de diciembre, podría cumplir de seis a doce años de prisión. Esto sucede en la provincia de Santiago del Estero, cuya gobernadora es la esposa del ex gobernador, Gerardo Zamora, quien hoy es el tercero en la cadena de sucesión presidencial al ocupar la presidencia del Senado. Claudia Ledesma, tal el nombre de la mandataria provincial, es conocida por ser un títere de Zamora, a la vez que en este último periodo intentó fortalecer su halo gubernamental con una serie de medidas represivas contra manifestaciones -las últimas: contra la marcha del día de la mujer y contra estudiantes del Normal santiagueño.
Se sabe que frente a los fines de ciclo ciertos órdenes internos se desbordan y muestran su intimidad. El fin de ciclo kirchnerista pone al desnudo sus herramientas represivas y el modo de usar su legislación para acallar las manifestaciones que intentan mostrar su carácter de independencia.