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Final de juego

La literatura —como cualquier arte narrativa— registró a lo largo del tiempo evoluciones en la estructura que brindaba a sus historias. De ese modo, si en cierto momento todo lo contado precisaba de un comienzo, un nudo y un desenlace, luego, durante la modernidad, se incorporó a las posibilidades de lectura y escritura el final abierto. Y tanto se incorporó a las posibilidades de lectura que una novela como El castillo, de Franz Kafka, se puede leer —con su final incierto, pero previsible— como un texto acabado, cuando en realidad su autor murió antes de poder terminarlo. Tal vez la imagen pueda explicar la situación argentina, en la que el fin de ciclo kirchnerista deja abiertas varias líneas de acción para el próximo período, que tendrá como presidente a Mauricio Macri, de la coalición Cambiemos.

Hay algunas certezas. Cristina Fernández de Kirchner cesa su mandato con un país con unas finanzas cercanas a la quiebra, casi sin reservas en el Banco Central y con vencimiento de bonos que deberán ser pagados en dólares en el futuro inmediato. Mientras tanto, el endeudamiento público —inexistente, según el ministro de Economía saliente Axel Kicillof y la ex Presidente— se eleva a 240 mil millones de dólares, con acreedores internos como el Banco Central, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Banco Nación. A esto hay que sumarle 11 mil millones de dólares que reclaman los fondos buitre. Continuar leyendo →

La humillación como una de las Bellas Artes K

“Uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le dará importancia al robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente”. Así describe Thomas de Quincey, con todo el poder del sarcasmo, al acostumbramiento que produce el crimen, a ese inusitado clima de irrealidad debido a que una costumbre falaz se convierte en norma. Tal vez algo así haya pasado por la cabeza de Florencio Randazzo durante los primeros minutos y horas desde que se enteró por medio de la televisión que ya no era más el hombre del kirchnerismo en carrera hacia el puesto presidencial en la disputa electoral de este año. Tal vez -en esos momentos arduos en los que atinó a amenazar con renunciar a su cargo como ministro para luego reunirse con la presidenta Cristina Fernández y el designado candidato a vicepresidente Carlos Zannini y después a retirarse a pensar- Randazzo haya recordado las admoniciones de aquellos que abandonaban el barco del poder K, que repetidamente aludían a un estado de humillación permanente por parte de sus capitanes presidenciales. Y se haya visto reflejado en un espejo. El del acostumbramiento a la humillación que describía De Quincey. Continuar leyendo →

La izquierda ante una gigantesca crisis política

En enero, el edificio del Congreso es un edificio vacío. Incluso en medio de una crisis de Estado lo que impera es el vacío y el silencio -como si nadie se hiciera cargo del murmullo inquieto que atraviesa a la nación. La crisis iniciada luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman mostró iniciativas legislativas por parte del Gobierno y denuncias por parte de la oposición. Pero nadie podría afirmar que tales iniciativas ayuden positivamente a encausar la deliberación ocasionada por tal acontecimiento ni señalen las causas profundas de la crisis. Quizás porque todos, la oposición que gobernó y el oficialismo que gobierna, están hundidos en el sistema de complicidades que prohijó el estado actual de las cosas: una guerra intestina de servicios de inteligencia, el operativo estatal de encubrimiento de la causa AMIA, la indolencia y desorientación ante la muerte del fiscal Nisman.

Durante la tarde del jueves el silencio de los pasillos del parlamento se rompió. Se rompió por los pasos de los periodistas que asistieron a la conferencia del Partido Obrero (PO), que había convocado a esa reunión con la presencia de sus diputados y dirigentes y cuyo objetivo era sentar una posición y dar a conocer una caracterización y un plan de acción frente a la crisis política que vive la nación.

“Consideramos el llamado a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de una nueva ley inteligencia del oficialismo como una mera maniobra distraccionista, para cerrar la crisis con un autoencubrimiento y con una autoamnistía por las responsabilidades que llevaron a 20 años de impunidad en la causa AMIA, a la descomposición de los aparatos de inteligencia y a las circunstancias en las que murió el fiscal Nisman”, disparó el diputado Néstor Pitrola ni bien comenzó la conferencia. La fuerte declaración implica caracterizar a la iniciativa del gobierno como un canto de sirenas en medio de un estado generalizado de conmoción política. En cambio, anunció la presentación de su proyecto de resolución para que se llame a interpelación a todo el gabinete nacional y eventualmente a la presidenta Cristina Fernández para desarrollar un debate que clarifique las posiciones ante la crisis. También anunció una movilización de rechazo para el día que se debata en el Senado la iniciativa presidencial. No por nada la tapa del periódico del PO titula con letras molde: “El pueblo debe saber”.

“Hay un operativo de encubrimiento”, señaló Jorge Altamira, candidato a presidente del Frente de Izquierda. “Ante la crisis desatada el gobierno responde con una postulación de un candidato a la Corte Suprema y con un proyecto, desconocido todavía, de nueva ley de inteligencia. Esto es patear la pelota para afuera. Se necesita clarificar políticamente un crimen de Estado, porque está vinculado a una crisis del poder judicial, a una crisis de los aparatos de inteligencia y que implica una verdadera crisis política. Es una crisis que involucra a todos los partidos tradicionales. Sergio Massa fue jefe de gabinete de este gobierno y responsable él mismo de los servicios de seguridad, porque tiene gente vinculada a los asesinatos de Kosteki y Santillán en su equipo de trabajo. Macri está acusado por espionaje en el ámbito de la ciudad. Está en cuestión todo el régimen política. Nuestro proyecto de interpelación interpelaría también a toda esta oposición trucha que ha colaborado en distintos momentos y distintos gobiernos y que ha formado parte de este mismo gobierno”. Altamira fustigó a los opositores que piden la anulación del Memorándum con Irán como salida a la crisis, ya que ese pacto está muerto de toda muerte.

“¿Por qué se excluye al servicio de inteligencia del ejército? -se preguntó el candidato presidencial de la izquierda-. Es una herencia de la dictadura como todos los demás. Si hubiera coherencia en la coherencia oficial debería también ser disuelto y renovado. Sin embargo, un oficial acusado por crímenes de lesa humanidad como César Milani lo dirige. Si ese aparato de inteligencia está excluido del espionaje interior, que lo demuestre”.

En un pasaje intenso de su intervención, Altamira dio una definición sobre el rol de los servicios de inteligencia para la izquierda. “Son un órgano absolutamente vital del Estado y responden a la orientación y los intereses de ese Estado. El Estado en la Argentina defiende a los monopolios, a la superexplotación de los trabajadores y el trabajo precario. Los servicios se orientan en función de preservar esos intereses. No necesitamos un nuevo servicio de inteligencia, sino que necesitamos otro gobierno, un gobierno de trabajadores”.

-¿Pero un gobierno del Frente de Izquierda disolvería los servicios de inteligencia? -preguntó una periodista.

-Si nosotros fuéramos gobierno, tendríamos un excelente servicio de inteligencia. Trabajaría para favorecer los intereses de los trabajadores, la autonomía nacional de la República Argentina, su independencia política y económica y que no estaría al servicio de la CIA ni el M15 británico ni de la Mossad, sino sólo a favor de los intereses de los trabajadores y los jóvenes de la Argentina y de los mejores intereses de los trabajadores de los otros países. El servicio de inteligencia es el sistema nervioso del Estado y debe responder a los intereses del cerebro en el que se ha alojado ese sistema nervioso.

Se ha abierto una crisis política de carácter gigantesco. La presidenta Fernández insiste en jugar a ser Sherlock Holmes -y a atribuir de modo surreal a Clarín la muerte del fiscal Nisman- y a esbozar proyectos altisonantes y distraccionistas, como en otras oportunidades -sólo basta recordar la supuestamente transformadora, y fracasada, Ley de Medios. El jueves por la tarde en el Congreso se señalaron definiciones políticas. Planteos que deben ser realizados por todo el arco partidario para debatir una crisis elefantiásica de esas características.

Acusados: casi todos

En el film clásico “El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante” se asiste a un proceso de degradación moral que termina por incluir -perdón por el proto spoiler a quien no lo haya visto- a todos los personajes de este drama terribilísimo de Peter Greenaway. Las circunstancias de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sus antecedentes y su curso posterior revelan un panorama en el que la gran mayoría del contingente político nacional podría ser acusado de una degradación semejante, de una u otra manera.

El drama principal se sirvió en dos pasos. Primero, la acusación de Nisman pidiendo la indagatoria de la principal plana del kirchnerismo, incluida la presidenta Cristina Fernández, por su supuesto rol criminal en el encubrimiento de los posibles autores de la voladura de la AMIA. Luego, la aparición del cuerpo sin vida del fiscal en el baño de su departamento de Puerto Madero y la incertidumbre posterior que transforma los hechos en una novela política negra y asfixiante que protagonizan todos los argentinos. Ese continuum ubica al Gobierno en el lugar donde jamás hubiera querido estar: en el centro del tablero del tiro al blanco.

Sin embargo, no sólo el kirchnerismo debe rendir cuentas, ya que esa tarea también le corresponde a los opositores que antes gobernaron y no sólo formaron parte de este Estado, sino que son cómplices de la procreación del engendro. La trama en torno a la impunidad estatal frente al crimen de la AMIA y la sujeción de los distintos Gobiernos al Estado en la oscuridad conformado por el aparato de inteligencia -que usaron unos y otros en su beneficio y de modo ilegal- los acusa a todos.

El aparato de inteligencia no está apartado de la trama de impunidad del crimen de la AMIA. Basta con revisar las investigaciones independientes que dan cuentas de desvíos, intento de desvíos, operaciones, coimas, plantación de pruebas, sustracción de pruebas y otros elementos que muestran cómo los servicios operan en este país -y a favor de diversos intereses. También alcanzaría con recordar que el año pasado un espía de la Policía Federal reveló que se había infiltrado en la AMIA y que alcanzó un rol de dirección en alguna de las organizaciones políticas de la comunidad judía, a la vez que señaló que miembros de la Federal poseían planos de la institución antes del atentado. Planos que estaban perdidos en el país. El infiltrado era cercano a la ex ministra de Seguridad Nilda Garré. Hoy está en el programa de protección a testigos y su testimonio está demorado en algún despacho judicial.

No es el único tema -o crimen- en el que los servicios de inteligencia tuvieron tanta gravitación. El aparato de espionaje local es la continuidad de su conformación durante la última dictadura, cuando se integró al aparato represivo genocida. Esta afirmación no indica que no hayan tenido intervención anterior, con la misma tónica, pero en un momento de totalidad política estatal, los miembros de la ex SIDE fueron un engranaje central en la tarea que costó miles de desapariciones y asesinatos. Por dar un ejemplo, Jaime Stiusso, último jefe de la ex SIDE jubilado por la Presidente, había ingresado al nido de espías en 1972, cuando todavía dirigía el país la dictadura de Levingston. Fue parte de ese aparato de presupuestos delirantes que se usaban no sólo para espiar gremialistas, opositores de turno, periodistas y hasta amantes de los jefes, sino también para hacer desaparecer personas.

Llegada la democracia, ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rua, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández dejaron de usar las habilidades ilegales de la SIDE y fueron socios y escucharon con atención a Jaime “Stiusso”. En un artículo aparecido en The Buenos Aires Herald se recuerda que el espía Raúl Guglielminetti llegó a ser custodio presidencial de Raúl Alfonsín o que con Carlos Menem los sobres para disciplinar periodistas desde la SIDE eran gigantescos y que bajo De la Rúa el incremento presupuestario fue abismal y que la SIDE pagó a sindicalistas las famosas coimas de la Banelco y la flexibilización laboral.

Lo que sorprende es que el artículo del Herald continúa la enumeración y dice: “Llegamos a los Kirchner. La Presidenta acaba de descubrir un nido de víboras capaz de cometer las peores cosas”. Lo que omite decir la nota es que pasaron doce años de gobierno kirchnerista para que se descubra ese “nido de víboras” y que hasta ese momento los mismos servicios sirvieron al kirchnerismo con pasión. A tal punto que a Nisman el entonces presidente Néstor Kirchner le dijo personalmente que Stiusso debía ser su hombre de apoyo en la investigación del crimen de la AMIA. Luego, la presidente Cristina Fernández habría desestimado continuar con tal equipo porque no le servía para hacer inteligencia interior contra Sergio Massa. Echó a Stiusso. Entonces la guerra empezó.

Todos los gobiernos de la democracia están implicados en la trama de uso y subordinación -y viceversa- de los aparatos de inteligencia del Estado argentino. El gobierno kirchnerista también: doce años los usó a su conveniencia, y sólo quiso reemplazarlos por el aparato de inteligencia propio que les prepara con presupuesto millonario el jefe del ejército y represor César Milani.

Todos los personeros que ostentaron el poder -hoy algunos en el oficialismo, otros en la oposición- son culpables. Asistimos a un festín orgiástico de la hipocresía.

Código Civil: La veloz factura de Francisco a CFK

No pasó una semana desde el tour con almuerzo incluido que llevó adelante la comitiva gubernamental en el Vaticano -encabezada por la presidenta Cristina Fernández- hasta que el oficialismo anunció el tratamiento en el parlamento de la reforma del Código Civil, sin que el proyecto pase por comisiones. A veces, y en muchos campos de la existencia, la velocidad es signo de eficiencia. Este no es el caso. A continuación, algunos de los motivos que revelan, sin embargo, razones más oscuras para el aceleramiento de la aprobación -se da por da contada por la mayoría oficialista- de esta reforma que rige el funcionamiento social.

La reforma fue rechazada por todos los ámbitos relacionados con los sectores laboriosos debido a su carácter marcadamente antiobrero. El corpus del edificio legislativo promueve la precarización de los trabajadores, elimina categorías laborales, impulsa la tercerización mediante nuevas figuras de asociación empresaria que quitan responsabilidad a las empresas “madre”, tiende a equipar a las partes dejando de lado la noción de que la parte laboriosa es la más débil y quita responsabilidad a los funcionarios del Estado, que sólo deberían responder al Código Administrativo. El desarrollo técnico de este armado que precariza las condiciones jurídicas de los trabajadores puede consultarse en el texto elaborado por la Asociación de Abogados Laboralistas, que se pronuncia en contra de estas reformas que, señalan, “precarizan las condiciones laborales” y que se puede consultar aquí. 

El último punto enumerado en el párrafo anterior no sólo obra en el campo de las relaciones obrero-patronales, ya que la exclusividad de pertenencia de los funcionarios estatales al ámbito del Código Administrativo los hace inmunes a otro tipo de demandas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la tragedia de Once -que costó 51 vidas- los funcionarios que hoy están sentados en el banquillo de los acusados no pasarían por los tribunales penales ni civiles, ya que toda su responsabilidad debería ser juzgada en el estricto ámbito de la legislación estatal. Tal norma es un reaseguro de la impunidad.

El gran logro del lobby clerical es la inserción en el Código Civil del concepto de que “la vida se inicia en la concepción”, obturando de este modo aún más las posibilidades de la legalización del aborto -un derecho de la mujer cuya prohibición sólo encubre las diferencias de clase: las mujeres de recursos los pueden realizar en clínicas privadas, las mujeres de los sectores postergados mueren en abortos mal realizados y clandestinos. El Vaticano logró, además, que se eliminara un párrafo que señalaba que en el caso de reproducción asistida la existencia de la persona comenzaba desde “la implantación del embrión”, obstruyendo la posibilidad de discutir el concepto de acuerdo a las circunstancias. Por otro lado, eliminó toda referencia a la “fecundación post mortem”, al alquiler de vientres y a cualquier posibilidad de concepción que esté en contra de la doxa católica.

De cualquiera manera, la premura en el tratamiento de la ley es una pasaje de facturas del papa Bergoglio al gobierno kirchnerista y una demostración de fuerza. La Iglesia, no contenta con la disposición de un código civil a su medida, exigió que sea aprobado apenas una semana después de la visita de la presidenta Fernández a la Santa Sede. El precio del “cuiden a Cristina” y de la foto de la mandataria vestida de negro junto al monarca vaticano vestido de blanco se cobra en contantes y sonantes a los pocos días. Una demostración de la orbitación papal en la política argentina y en el peso que se guarda para sí mismo Francisco en una transición complicada en este fin de ciclo kirchnerista.

Boudou, el presidente que amaba el dinero

Ciertas veces resulta difícil visualizar el modo en que figuras de relevancia política y social serán vistas en el futuro a través de la mirada de la Historia. Lo más probable es que tal no sea el caso de Amado Boudou, quien hoy cumple funciones como presidente de la Nación, el primero en la historia procesado por la Justicia, sospechado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Todo indica que los manuales del porvenir le reservarán un lugar en los capítulos de la vergüenza de nuestra historia y será percibido como un signo efervecescente de este final del kirchnerismo.

Boudou no es una excepción al armado kirchnerista y se puede asegurar sin dudas que los presidentes de la década ganada, incluído él mismo, amaron el dinero. Ninguna persona cercana a la figura de Néstor Kirchner podría poner en duda esa afición, replicada en su esposa, la actual presidente Cristina Fernández, y que también se cuenta entre los deseos públicos y privados del vice procesado, hoy jefe de Estado, Amado Boudou.

No se trata de especulación psicologista, sino de constatación de los datos que indican el aumento de las fortunas personales de los Kirchner y de Boudou durante sus servicios en la función pública, en particular desde mayo de 2003. El patrimonio de los Kirchner creció más de mil por ciento durante el tiempo de sus presidencias. En 2002, Boudou presentaba bienes por $128.034,29 en su declaración de impuesto a las ganancias. En 2012, señalaba que su fortuna había ascendido a $1.112.132,14 ante la Oficina Anticorrupción. Un crecimiento más que notable. Y más todavía cuando para el juez Ariel Lijo, que dictó el procesamiento del hoy presidente, Boudou se había convertido en el verdadero dueño de Ciccone Calcográfica, operación para la que habría contratado al prestanombres Alejandro Vanderbroele.

Existe un rasgo que opera en ciertas personas y que se condice con las leyes de la física y la naturaleza: la transformación de cantidad en calidad. De tal modo, la acumulación física de dinero promueve que los billetes dejen de ser meros billetes -o números de cuenta en paraísos fiscales del Caribe o las Seychelles- para convertirse en cifras del poder. Un proceso que sufre una tercera transformación y que bien definió en los noventa el suicidado empresario menemista Alfredo Yabrán: “El poder es impunidad”, había dicho. Impunidad, agua en la que se mueve a gusto el vicepresidente procesado, hoy presidente, Boudou.

Desde sus tempranas épocas como animador de la noche marplatense en el boliche Frisco -nido de pseudo-bon vivants modernosos pero también de arribistas sociales-, pasando por sus veleidades militantes en la liberalísima UPAU -cuando su agrupación, y él mismo, militaban por el desprocesamiento de los militares acusados por crímenes en la dictadura-, hasta su paso kirchnerista por la ANSES, el ministerio de Economía y la vicepresidencia -regado todo por la idiosincracia millonaria de Puerto Madero y sus formas adictivas. ¿Es el hoy presidente Boudou una anomalía de este modelo nacional y popular?

Permítaseme arriesgar que, en realidad, se trata de su exponente más honesto. El modelo kirchnerista no produjo transformaciones estructurales sino que se abocó a la reconstrucción de una burguesía nacional parasitaria, a la entrega de los recursos del país a multinacionales como Chevron, al pago de la deuda usuraria y reparaciones como las que se brindaron al Banco Mundial, a Repsol y que hoy negocia en Nueva York Axel Kicillof con los fondos buitre.

Boudou es el emblema de un modelo que lleva, como señala la fábula del sapo y el escorpión, a la corrupción como constituyente de su naturaleza. A pesar de la defensa ignominiosa que pueda realizar Hebe de Bonafini sobre él -que la hunde más en la oscuridad de un rol que no debería haber tenido-, es la torpe honestidad de Boudou la que expone vehementemente sus miserias.

Aunque quiera disimular, como Remo Erdosain ante el farmacéutico Ergueta, a quien intenta conducir hacia la entrega de su dinero en un capítulo de la genial novela de Robertlo Arlt, Los siete locos. Quizás la sociedad deba imitar a Ergueta, levantarse, extender el brazo, hacer chasquear la yema de los dedos y pronunciar, mirando bien directo a los ojos del hoy presidente Amado Boudou, esa línea ejemplar: “Rajá, turrito, rajá”.

 

Jujuy: prisión para mujeres por un aborto

El edificio que alberga las leyes argentinas está construido con ladrillos de opresión. Este concepto es experimentado ahora mismo por tres mujeres jujeñas, oriundas de la localidad de Calilegua, presas en una comisaría de la capital provincial por haber realizado un aborto. Los hechos remiten al caso de Romina Tejerina, quien permaneció nueve años presa en la misma provincia debido a la carencia del derecho al aborto legal en la Argentina y, por el contrario, la criminalización de tal práctica.

Susana D., una mujer de 37 años cuyo apellido preserva el secreto de sumario, concurrió a una posta sanitaria en su norteño pueblo debido a fuertes dolores abdominales, pero ante la gravedad de su estado, los médicos decidieron trasladarla al hospital Oscar Arias, de Libertador General San Martín. Allí, la ginecóloga que la atendió constató un cuadro de septicemia aguda que podía haber sido provocado por la realización de un aborto en condiciones precarias.

La profesional llamó entonces a la policía, que dio parte a la Justicia. La fiscal Silvia del Valle Farral tomó cartas en el asunto y decidió poner custodia en la puerta del cuarto. Apenas estabilizado su estado de salud, Susana D. fue trasladada a una dependencia policial, donde se quebró y confesó entre llantos que se había realizado un aborto con la ayuda de dos amigas, que el embarazo era fruto de una violación y que le habían dado sepultura a los restos del feto en el cementerio de Calilegua. La fiscal Del Valle Farral ordenó la detención de las otras dos mujeres, María C. y María G., y las acusó por “homicidio”. En el caso de Susana D., la acusación es de “homicidio agravado por el vínculo”, que podría ser penado hasta con prisión perpetua. Las tres mujeres permanecen encerradas en una celda de la comisaría 24 del Barrio Ledesma.

El caso muestra, una vez más, el sometimiento sobre las mujeres que comete el aparato legislativo y represivo del Estado. Sólo en la provincia de Jujuy se atiende diariamente a seis mujeres en los hospitales por abortos clandestinos mal realizados. En abril de este año, una joven de 19 años falleció en el hospital Pablo Soria de San Salvador debido a las consecuencias de una intervención quirúrgica mal realizada. Las complicaciones por aborto constituyen la principal causa de muertes maternas en la Argentina y, según cifras oficiales, las mujeres fallecidas por esta causa alcanzan a 100 por año, aunque otros estudios elevan esa cifra. Una guía editada por el ministerio de Salud de la Nación cita el estudio de las doctoras Silvia Mario y Edith Pantelides que estima que se realizan 460 mil abortos clandestinos por año en el país.

La magnitud del problema plantea no sólo la inutilidad de la prohibición del aborto, sino el rol criminal del Estado, que al obligar a las mujeres que determinan realizarlo a hacerlo en condiciones clandestinas, plantea diferencias definitorias de acuerdo a su rol de clase. Los abortos realizados en clínicas o consultorios ginecológicos con condiciones seguras cuestan entre 20 mil y 35 mil pesos. Cifras imposibles para las mujeres de los sectores populares que recurren a los métodos más precarios para ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

El aparato del Estado impide ese derecho a las mujeres. La Iglesia católica, sostenida por el Estado, es un agente activo de esta posición. Y su influencia es enorme y fatídica. La misma presidenta Cristina Fernández se opone ferréamente al aborto. La oposición de derecha -y la de centroizquierda encabezada por la clerical Elisa Carrió- también. Un signo de la hipocresía generalizada, porque las amigas con las que la Presidente y Carrió toman el té pueden realizarse abortos en clínicas asépticas. No así la mayoría de la población femenina, que no sólo se ve enfrentada a consecuencias físicas de diverso tipo por someterse a estas intervenciones clandestinas, sino también a la muerte. Sólo la izquierda apoya firmemente el reclamo de la legalización del aborto. Incluso algunos sectores del oficialismo y de la oposición de centroizquierda también lo harían, pero prefieren la cautela a los principios.

Hay tres mujeres presas -tres mujeres, como toda mujer perseguida por abortar, pertenecientes a los sectores postergados de la población- encerradas en una celda, porque una de ellas -Susana D- decidió legítimamente sobre su cuerpo y sobre su vida que no podía traer y sostener un nuevo hijo en este mundo. Este es su crimen, para la ley argentina. Esta es la triste postal de nuestra era.

Milani y la Justicia: el mundo del revés

Muchas veces se ha postulado el carácter independiente de la Justicia, como si tal poder orbitara en el vacío y sus ejecutores no pertenecieran a ninguna clase o fracción política. Los acontecimientos contradictorios que se produjeron o producen en estos días no sólo desmienten tal noción, sino que resultan altamente pedagógicos sobre el carácter de la época que vivimos.

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani es un militar de carrera especializado en el área de Inteligencia, miembro del Batallón 601 -cueva de los espías del ejército durante la última dictadura- y actual jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, designado por recomendación de la presidenta Cristina Kirchner. Su participación en la desaparición de ciudadanos durante el último gobierno militar consta de indicios muy potentes y ha provocado que los querellantes de los familiares de esas víctimas del genocidio requieran a la Justicia que se lo investigue.

En los tribunales tucumanos se investiga la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, que el 17 de junio de 1976 participó de una expedición ordenada por sus superiores, y de la que nunca más volvió. Ledo, que en ese momento participaba de un campamento junto a sus compañeros en Tucumán, era asistente personal de Milani, en ese momento un joven subteniente que se encargó de dictaminar que Ledo no había regresado debido a una deserción. Ledo forma parte hoy de la larga lista de desaparecidos. La Justicia investiga la falsificación del documento que lo califica como “desertor” y la cadena de complicidades en su desaparición.

El fiscal Pablo Camuña, designado directamente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, había desestimado en varias oportunidades que se investigue a Milani -de pública adhesión al gobierno nacional. Sin embargo, la nueva prueba surgida en el último período determinó que la Cámara Federal de Tucumán recomendara “gravemente” a los fiscales que investiguen el rol de Milani en esos acontecimientos. La nueva prueba tiene como base los testimonios de los hermanos Álvaro y Juan Carlos Illanes.

Álvaro era compañero de conscripción de Ledo y había sido presidente de la Juventud Peronista de Chilecito, La Rioja. Según declaró en los tribunales, era testigo de la relación de subordinación directa que tenía Ledo con Milani, a la vez que ambos habían advertido una actitud sospechosa por parte del entonces subteniente. Según contó Illanes, Milani tenía la costumbre de intentar sacar “información”. “Se acercaba a nosotros, charlaba primero sobre fútbol y películas, y después preguntaba cosas como: ‘¿Qué piensan sobre el Operativo Independencia?’, ‘¿Qué piensan sobre la guerrilla?’. Ni Ledo ni yo, que éramos militantes, respondíamos, pero era ostensible que estaba haciendo inteligencia entre nosotros”. Juan Carlos Illanes reafirmó el vínculo entre Ledo y Milani en Tucumán. Es la primera vez que Milani podría ser investigado directamente por los hechos represivos. En los pasillos de Tribunales tucumanos se aguarda cuál será la respuesta del fiscal Camuña de repetida, como se dijo, tendencia a exculpar al jefe militar.

Una situación que se replica en La Rioja, donde también se investiga otra desaparición que involucraría a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. Se trata del secuestro de Ramón Olivera. Según la víctima, cuando fue conducido hacia el despacho del juez Roberto Catalón para su “legalización”, su entregador fue el propio Milani, quien además lo habría hostigado con dureza recriminándole su condición política durante todo el procedimiento y una vez llegados al despacho del juez. Dicho magistrado, debe recordarse, hoy se encuentra preso investigado por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

El fiscal Michel Salman pidió el sobreseimiento de Milani con argumentos propios de abogados de militares. Que los testimonios de los familiares de las víctimas estaban viciados de nulidad por parcialidad, que el procedimiento ante el juez correspondía a la legalidad -argumento rebatido ya en el juicio a las Juntas en 1985-, que Milani no estuvo esos días allí donde se lo menciona y que por eso se daba por probada su inocencia. Salman incumple de esta manera todo deber del fiscal en su rol de funcionario público, ya que se niega a investigar desde el comienzo, y para ello recurre a los mismos razonamientos que la defensa del acusado. No debería olvidarse que la justicia de La Rioja acaba de encausar por privación ilegítima de la libertad a docentes y activistas ambientales protagonistas de las movilizaciones de la última huelga de los maestros. Álvaro Illanes, denunciante de Milani en la causa Ledo, y su hermana. Un mundo del revés.

El mismo mundo del revés que se manifiesta en el accionar de la justicia en Santiago del Estero, donde por primera vez se intenta aplicar la Ley Antiterrorista, votada a mano alzada por el kirchnerismo en noviembre de 2011, a un periodista. Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, fue acusado por el fiscal Pedro Simón por el delito de sedición agravado por el intento de coaccionar a una autoridad mediante el terror por publicar las imágenes de un policía que protestaba y por informar sobre el estado de los levantamientos policiales en Santiago del Estero durante diciembre de 2013. Si fuera encontrado culpable, debería pasar entre 6 y 12 años tras las rejas.

El fiscal Simón había sido objetado en su designación en 2009 por el CELS, que denunciaba su falta de apego a la defensa de los derechos humanos y su tendencia a seguir los dictados del poder político. Un grave hecho que muestra el modo de acompañar, por parte de la justicia, los caminos del poder. Un poder en retirada. Pero que en su final muestra su verdadera naturaleza fascistizante. No debería sorprender que el ciclo abierto con una ilusoria “revolución” que habría de producir la Ley de Medios termina con uno de sus impulsores votando la Ley Antiterrorista. Que, como se señaló, podría ser aplicada a un periodista. Una imagen que bien da cuenta del fin del ciclo K.

Postales del fin de ciclo K

La retirada siempre es caótica. Sirvan estos dos ejemplos como muestra.

En el Chaco, a pesar de la llegada del otoño, las temperaturas siguen rondando los veinticinco grados. O aún más. Como cuando durante estos días la represión se vivió en sus calles. Este último miércoles 7 de mayo yo estaba en esa provincia, por razones periodísticas ajenas a la protesta social, cuando se realizó en el centro de Resistencia una multitudinaria movilización contra el ajuste gubernamental y por paritarias libres para los gremios estatales, docentes y de la salud. Fue entonces cuando la temperatura aumentó.El gobierno de la provincia del actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, decidió no permitir que las calles sean cortadas. Por eso las pobló de policías -que cortaban las calles- y, antes de que la manifestación llegara a casa de Gobierno, emprendió la represión.

Palos, gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma. Esos fueron los elementos que se usaron para dispersar a los manifestantes, a los que se persiguió por cinco cuadras. Luego del acto de repudio, el gobernador Juan Carlos Ivanoff Bacileff -que había compartido el estrado con Capitanich el primero de mayo- reafirmó su política de mano dura y señaló que ese sería el método para normalizar la provincia. Una muestra de kirchnerismo explícito, ya que en su discurso ante el Parlamento la presidenta Cristina Kirchner había pedido despejar de las calles la protesta social.

En Santiago del Estero dieron un paso más: por primera vez, la Justicia puso a su disposición el aparato represivo de la Ley Antiterrorista, impulsada y votada por el kirchnerismo en diciembre de 2011. La causa que investiga el accionar del periodista Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, durante los levantamientos policiales que sacudieron al país el pasado diciembre, cobró nueva vida -y significados- al conocerse que la tipificación de la carátula no solamente lo acusaba de “sedición”, sino que agravaba la figura con los artículos 212 y el artículo 41 quinquies del Código Penal.

Esto quiere decir que la Justicia lo investiga por “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones”, a la vez que dobla las penas en función de la reforma concretada por la Ley Antiterrorista. Suárez, cuyo delito fue filmar la detención de un policía que se intentaba encadenar en la plaza central de Santiago e informar sobre la situación aquellos días tenebrosos de diciembre, podría cumplir de seis a doce años de prisión. Esto sucede en la provincia de Santiago del Estero, cuya gobernadora es la esposa del ex gobernador, Gerardo Zamora, quien hoy es el tercero en la cadena de sucesión presidencial al ocupar la presidencia del Senado. Claudia Ledesma, tal el nombre de la mandataria provincial, es conocida por ser un títere de Zamora, a la vez que en este último periodo intentó fortalecer su halo gubernamental con una serie de medidas represivas contra manifestaciones -las últimas: contra la marcha del día de la mujer y contra estudiantes del Normal santiagueño.

Se sabe que frente a los fines de ciclo ciertos órdenes internos se desbordan y muestran su intimidad. El fin de ciclo kirchnerista pone al desnudo sus herramientas represivas y el modo de usar su legislación para acallar las manifestaciones que intentan mostrar su carácter de independencia.

La pinochetista ley antipiquetes de los K

El diputado Carlos Kunkel, un kirchnerista de paladar negro, acaba de enviar un proyecto de ley al parlamento que regimienta la protesta social. Las consideraciones del proyecto, que más adelante serán detalladas, muestran no sólo el declive del gobierno, sino el modo en el que se realiza: mediante la ruptura total con el campo popular, en medio del temor del Estado a la movilización, a través de la profundización de la tendencia fascistizante al control de todo aspecto de la vida social y, en última instancia, a la realización de la historia.

¿Sería posible imaginar que el 20 de diciembre de 2001 los centenares de miles de manifestantes hubieran designado mediadores para discutirle a De la Rua la decisión del Estado de Sitio? ¿Podría considerarse que los obreros de Avellaneda hubieran elegido representantes para solicitarle a Edelmiro Farrell la liberación del teniente Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García, para luego movilizarse por dos horas antes de ser reprimidos por la policía, en el marco legítimo de la ley? ¿Es pertinente pensar siquiera que los trabajadores y estudiantes cordobeses le hubieran anticipado al gobierno de Onganía cuarenta y ocho horas antes que tomarían el barrio Clínicas con barricadas y autos quemados para determinar el fin de ese tramo de la dictadura?

El absurdo que atraviesa el proyecto de Kunkel podría hacer presumible que su autor es un ignorante absoluto acerca de los procesos sociales y el desarrollo no tan sólo de la historia argentina, sino de la universal. Pero no es así. Kunkel fue uno de los diputados de la Juventud Peronista que en 1974 renunció a la bancada oficialista ante la presentación por parte del entonces presidente Perón de la ley de Asociaciones Profesionales, que todavía rige, y que abrió el camino a la eternización de las burocracias sindicales y al bloqueo de direcciones alternativas en todas las ramas de la producción. El proyecto de ley de Kunkel no es ingenuo ni absurdo. Es peligroso. Y da cuenta de la total degradación del proyecto político del oficialismo.

La ley está inspirada en otra que aplicó el régimen dictatorial de Augusto Pinochet en Chile. El “Decreto Supremo 1086”, promulgado por Pinochet el 15 de septiembre de 1983, años en los que la lucha democrática lanzaba a miles a las calles a desafiar a la opresión militar. Su artículo segundo indica los datos que los manifestantes deben avisar a los funcionarios de gobierno con dos días de anticipación: “El aviso indicado deberá ser por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, con indicación de su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad. Deberá expresar quiénes organizan dicha reunión, qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, donde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación”.

El proyecto de ley kirchnerista calca a la ley dictatorial y señala en su artículo séptimo: “Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. En esa notificación deberá indicarse: a) El lugar en que se llevará a cabo. b) El tiempo estimado.c) El objeto de la manifestación. d) El manifestante delegado.”

El proyecto K introduce la figura del “manifestante delegado”, que tendría la misión de parlamentar con los representantes estatales o privados a los que se dirijan las peticiones de la manifestación por el lapso de dos horas. Pasado ese período, se declararía la ilegitimidad de la protesta y las fuerzas de seguridad deberían disolverla –aunque, según indica la norma, la fuerza debería usarse en su “mínima expresión” y (gracias Ley de Medios) la protesta declarada “legítima” debería ser difundida en los medios públicos-. Dos horas es el tiempo de legitimidad que le otorgaría el Estado antes de quedar libre de manos para la represión. Félix Uriburu, Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla palmearían los hombros de los diputados que aprueben esta ley.

La actual coyuntura marca un incremento exponencial de la protesta social, que tuvo un pico la semana pasada con la realización del paro general, de carácter activo debido a los piquetes de la izquierda sindical. Estos sectores impulsan la continuidad de la protesta, con paros progresivos de 36 y 72 horas –aunque el moyanismo se manifiesta proclive a llegar a acuerdos y acomodamientos políticos de cara al 2015 antes que verificar el cumplimiento de sus reclamos-.

Frente a esta alza de luchas es que se erige la muralla represiva de la ley antipiquetes de los K. No está de más recordar que el periodo  que se inició con la convulsión social de 2001 y 2002 encontró a Néstor Kirchner reprimiendo a los vecinos asambleístas que se reunían en Río Gallegos, Santa Cruz. Cristina Fernández da fin al ciclo kirchnerista con una reaccionaria ley para seguir reprimiendo.