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Testigos contra Milani denuncian a la Justicia

“La causa no avanza, el fiscal Britos se limita a cumplir con lo mínimo indispensable, pero no investiga, no avanza en las líneas de investigación, tal como indica su deber. De cualquier manera, hoy nuestros abogados pidieron que se cite a indagatoria a Milani”, anuncia a este cronista Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo, desaparecido en 1976 mientras cumplía funciones como asistente personal del entonces teniente César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, el hombre elegido por la presidenta Cristina Fernández para regir los destinos del ejército.

“Las presiones que realiza el gobierno nacional para que la causa judicial no avance son impresionantes -denuncia Álvaro “Yopo” Illanes, testigo clave en la acusación contra Milani-. Y nos presionan a nosotros también: por apoyar la huelga docente, somos cinco los procesados en mi familia por ‘privación ilegítima de la libertad’. Mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi sobrina, y yo. Así nos quieren intimidar por los testimonios sobre Ledo”.

“Sabemos que por mucha menos carga probatoria que la que hay en el caso Milani se mandó a prisión a militares por sus crímenes durante la dictadura -explica Gabriela Shaller, hija de Plutarco Shaller, fotógrafo del diario El independiente arrestado por los militares que reconoció a Milani como uno de sus captores-. Mi hermano mismo fue liberado de un campo clandestino de concentración por el propio Milani, pero la justicia no lo llama a declarar”.

Con estas palabras estas tres personas explican la impotencia que produce un proceso judicial detenido debido a que el poder político kirchnerista tomó partido por el acusado y desechó los testimonios de las víctimas. Hoy, en las vísperas de un nuevo aniversario de la desaparición de Ledo, sus palabras se escucharán en el Congreso, en una audiencia convocada por el Frente de Izquierda para denunciar una vez más al jefe del Ejército. Y, como se ve, para apreciar cómo se aplica en la justicia la ley del doble standard.

Tres casos indicarían la participación de Milani en episodios de la represión ilegal durante la última dictadura. Ramón Olivera declaró en la Conadep riojana realizada en 1984 los hechos que ratificó recientemente ante la Justicia y que acusan a Milani por la detención ilegal de su padre en marzo de 1976 y la suya propia posterior. Según el testimonio de Olivera, al tiempo de arrestarlo, Milani se habría presentado como el militar que había detenido a su padre con anterioridad. Olivera denunció que durante su detención hubo un simulacro de fusilamiento. Y que luego Milani lo llevó hasta el despacho de un juez donde fue interrogado hostilmente, con la participación activa del actual jefe del ejército. En el camino hacia el juzgado, Milani lo habría chicaneado anunciándole “el fin de su carrera en el ERP”. El juez ante el que Olivera había sido trasladado no es otro que Roberto Catalán, que actualmente cumple prisión efectiva debido a delitos de lesa humanidad durante la dictadura -el ex juez fue condenado por propiciar tormentos a los detenidos-. Ante el mismo Catalán, Milani declaró en 1979 que sólo había llevado a declarar a Olivera y que lo había dejado en la puerta de su despacho. Allí donde se podría ver una red criminal de complicidades, la justicia riojana ve un descargo válido de Milani.

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“El fiscal Michel Salman actúa como un defensor de los represores y no como un fiscal”, señala Gabriela Shaller. Salman tomó como pertinente el testimonio de Milani ante el condenado ex juez Catalán y pidió que se cierre la investigación sobre los sucesos denunciados. Gabriela es hija de Plutarco Shaller, que era fotógrafo del diario El Independiente, el primer diario cooperativo de América que fue apropiado por los militares apenas sucedido el golpe de Estado. Plutarco fue uno de los detenidos en el operativo. En cierto momento fue trasladado detenido al hospital. Una de esas noches, según declaró en 2009, un militar irrumpió violentamente en su habitación: “Este hijo de puta sigue acá”, habría dicho el militar. Al día siguiente Plutarco preguntó quién había sido la persona que lo había zamarreado en su cama hospitalaria: “Es el tenientito Milani”, le habría respondido el conscripto de guardia. Luego del episodio, Ariel Shaller, hijo de Plutarco, fue detenido, acusado de haber intentado fugar a su padre del hospital. Tenía 18 años. Fue conducido a un campo de concentración, donde fue torturado. Fue liberado por el propio Milani. “Mi hermano reconoció a Milani, que lo despidió del campo de concentración donde había sido detenido -explica Gabriela Shaller-. Milani sabía de las actividades que se realizaban en ese campo y sabía que había menores detenidos. Mi hermano, que reconoció a Milani como el hombre que lo despidió del centro de detención, no fue llamado por la justicia a declarar todavía”.

El tercer caso es el de Ledo, quien mientras cumplía funciones como asistente personal de Milani en un campamento en Tucumán, fue desaparecido. Le habían ordenado integrar un grupo que salió de expedición al monte, y nunca más regresó. Milani se encargó de escribir el informe que lo daba por “desertor”, en una flagrante falsificación de documento público. “Con el flaco Ledo nosotros hicimos la colimba en La Rioja -cuenta a este cronista Álvaro “Yopo” Illanes-. Yo era presidente de la JP de Chilecito, y Ledo era militante del PRT. Estuve pocos días haciendo la conscripción antes de que me detuvieran por mi actividad política. Fueron quince días, pero esos quince días bastaron para saber que Milani nos tenía marcados a mí y a Ledo. Por las tardes nos juntaba a los conscriptos para tener charlas distendidas. Milani empezaba hablando de fútbol, de mujeres, y después pasaba a hablar de la situación política, del Operativo Independencia, de la guerrilla. Con Ledo nos dijimos que estábamos siendo marcados, que estaba haciendo ‘inteligencia’ y decidimos evitar participar de esos diálogos”. Illanes fue apresado y permaneció tres años prisionero de la dictadura, mientras Ledo era designado como asistente personal de Milani. Hasta que desapareció. Hoy, Illanes y varios de sus familiares se encuentran procesados por la justicia debido a su participación en las protestas docentes de la última huelga en Chilecito, y podría ser condenado a prisión. Paradoja de paradojas que los Illanes interpretan como un intento de intimidación.

“La Cámara Federal ordenó que se investigue a Milani por las denuncias en su contra, pero eso no está sucediendo”, dice Graciela Ledo. Para que se conozcan estos caminos inversos de la justicia Ledo se hará presente en el Congreso de la Nación, donde también se escucharán los otros testimonios de la injusticia. El mismo gobierno que se jacta de haber apresado a muchos de los criminales que ejercieron el terror durante el último gobierno militar no cesa en su intención de defender a Milani de las acusaciones de las víctimas. Oscuro signo de una época en la que la búsqueda de la verdad se ve obstruida si interfiere con los designios del poder.

Milani y la Justicia: el mundo del revés

Muchas veces se ha postulado el carácter independiente de la Justicia, como si tal poder orbitara en el vacío y sus ejecutores no pertenecieran a ninguna clase o fracción política. Los acontecimientos contradictorios que se produjeron o producen en estos días no sólo desmienten tal noción, sino que resultan altamente pedagógicos sobre el carácter de la época que vivimos.

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani es un militar de carrera especializado en el área de Inteligencia, miembro del Batallón 601 -cueva de los espías del ejército durante la última dictadura- y actual jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, designado por recomendación de la presidenta Cristina Kirchner. Su participación en la desaparición de ciudadanos durante el último gobierno militar consta de indicios muy potentes y ha provocado que los querellantes de los familiares de esas víctimas del genocidio requieran a la Justicia que se lo investigue.

En los tribunales tucumanos se investiga la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, que el 17 de junio de 1976 participó de una expedición ordenada por sus superiores, y de la que nunca más volvió. Ledo, que en ese momento participaba de un campamento junto a sus compañeros en Tucumán, era asistente personal de Milani, en ese momento un joven subteniente que se encargó de dictaminar que Ledo no había regresado debido a una deserción. Ledo forma parte hoy de la larga lista de desaparecidos. La Justicia investiga la falsificación del documento que lo califica como “desertor” y la cadena de complicidades en su desaparición.

El fiscal Pablo Camuña, designado directamente por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, había desestimado en varias oportunidades que se investigue a Milani -de pública adhesión al gobierno nacional. Sin embargo, la nueva prueba surgida en el último período determinó que la Cámara Federal de Tucumán recomendara “gravemente” a los fiscales que investiguen el rol de Milani en esos acontecimientos. La nueva prueba tiene como base los testimonios de los hermanos Álvaro y Juan Carlos Illanes.

Álvaro era compañero de conscripción de Ledo y había sido presidente de la Juventud Peronista de Chilecito, La Rioja. Según declaró en los tribunales, era testigo de la relación de subordinación directa que tenía Ledo con Milani, a la vez que ambos habían advertido una actitud sospechosa por parte del entonces subteniente. Según contó Illanes, Milani tenía la costumbre de intentar sacar “información”. “Se acercaba a nosotros, charlaba primero sobre fútbol y películas, y después preguntaba cosas como: ‘¿Qué piensan sobre el Operativo Independencia?’, ‘¿Qué piensan sobre la guerrilla?’. Ni Ledo ni yo, que éramos militantes, respondíamos, pero era ostensible que estaba haciendo inteligencia entre nosotros”. Juan Carlos Illanes reafirmó el vínculo entre Ledo y Milani en Tucumán. Es la primera vez que Milani podría ser investigado directamente por los hechos represivos. En los pasillos de Tribunales tucumanos se aguarda cuál será la respuesta del fiscal Camuña de repetida, como se dijo, tendencia a exculpar al jefe militar.

Una situación que se replica en La Rioja, donde también se investiga otra desaparición que involucraría a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. Se trata del secuestro de Ramón Olivera. Según la víctima, cuando fue conducido hacia el despacho del juez Roberto Catalón para su “legalización”, su entregador fue el propio Milani, quien además lo habría hostigado con dureza recriminándole su condición política durante todo el procedimiento y una vez llegados al despacho del juez. Dicho magistrado, debe recordarse, hoy se encuentra preso investigado por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

El fiscal Michel Salman pidió el sobreseimiento de Milani con argumentos propios de abogados de militares. Que los testimonios de los familiares de las víctimas estaban viciados de nulidad por parcialidad, que el procedimiento ante el juez correspondía a la legalidad -argumento rebatido ya en el juicio a las Juntas en 1985-, que Milani no estuvo esos días allí donde se lo menciona y que por eso se daba por probada su inocencia. Salman incumple de esta manera todo deber del fiscal en su rol de funcionario público, ya que se niega a investigar desde el comienzo, y para ello recurre a los mismos razonamientos que la defensa del acusado. No debería olvidarse que la justicia de La Rioja acaba de encausar por privación ilegítima de la libertad a docentes y activistas ambientales protagonistas de las movilizaciones de la última huelga de los maestros. Álvaro Illanes, denunciante de Milani en la causa Ledo, y su hermana. Un mundo del revés.

El mismo mundo del revés que se manifiesta en el accionar de la justicia en Santiago del Estero, donde por primera vez se intenta aplicar la Ley Antiterrorista, votada a mano alzada por el kirchnerismo en noviembre de 2011, a un periodista. Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, fue acusado por el fiscal Pedro Simón por el delito de sedición agravado por el intento de coaccionar a una autoridad mediante el terror por publicar las imágenes de un policía que protestaba y por informar sobre el estado de los levantamientos policiales en Santiago del Estero durante diciembre de 2013. Si fuera encontrado culpable, debería pasar entre 6 y 12 años tras las rejas.

El fiscal Simón había sido objetado en su designación en 2009 por el CELS, que denunciaba su falta de apego a la defensa de los derechos humanos y su tendencia a seguir los dictados del poder político. Un grave hecho que muestra el modo de acompañar, por parte de la justicia, los caminos del poder. Un poder en retirada. Pero que en su final muestra su verdadera naturaleza fascistizante. No debería sorprender que el ciclo abierto con una ilusoria “revolución” que habría de producir la Ley de Medios termina con uno de sus impulsores votando la Ley Antiterrorista. Que, como se señaló, podría ser aplicada a un periodista. Una imagen que bien da cuenta del fin del ciclo K.