El discurso de Cristina Kirchner sobre el tema de la deuda es un calco del que presenta el periodista y economista Alfredo Zaiat en su libro “Economía a contramano”. Transcribo a continuación las páginas de mi libro “Camino a la Estabilidad” en las que explico las falacias de ese relato.

Es increíble, pero Zaiat demuestra no entender nada sobre cómo funciona el sistema fiscal de un país bien organizado. Sólo así puede atribuir a los economistas ortodoxos, al mismo tiempo, vocación por ajustes fiscales permanentes y apego al creciente endeudamiento público. Es el abc de las finanzas públicas que la deuda pública crece cuando hay déficit fiscal y decrece cuando hay superávit fiscal. El stock de deuda pública, en un determinado momento del tiempo, no es sino la suma algebraica de toda la historia de desequilibrios fiscales del pasado que no fueron financiados con impuesto inflacionario. Esto no requiere de profundos conocimientos económicos, se trata de simple aritmética.

Ya expliqué que una política fiscal expansiva es aquella que logra financiar un déficit fiscal con acceso al crédito público, es decir, con endeudamiento. Y una política fiscal contractiva es la que genera un superávit y permite cancelar deuda. Financiar todo o parte del déficit fiscal con emisión monetaria no es política fiscal sino política monetaria inflacionaria, es la forma de recaudar el impuesto inflacionario que pagan los que más sufren la inflación.

Es rigurosamente cierto que desde siempre, la Argentina ha tenido una tendencia al déficit fiscal muy por arriba de lo que sería recomendable. Se lo puede ver en el gráfico que sigue, que detalla la evolución del gasto público y del déficit fiscal a lo largo de los últimos setenta años. Pero el déficit fiscal fue significativamente más elevado en los períodos 1945-1958 y 1973-1990 que en el último cuarto de siglo. En el primero de estos períodos, el déficit fiscal se financió con inflación y con los ahorros del sistema jubilatorio, prácticamente sin endeudamiento. En el segundo, también se utilizó mucho el impuesto inflacionario, pero los intentos de estabilización requirieron que en algunos años se echara mano también al endeudamiento, especialmente cuando existió fácil acceso al crédito público, como entre 1977 y 1981, mientras el mundo reciclaba los petrodólares.

Dice Zaiat en la página 249 de su libro:

“El recorrido de la deuda externa argentina tiene rasgos similares a lo largo de toda su historia, desde el primer empréstito otorgado por los ingleses de la Baring Brothers en 1824 hasta el megacanje de deuda diseñado por Domingo Felipe Cavallo en 2001, última estación previa al default. Las características son:”
“-El desvío de fondos obtenidos de los préstamos hacia otros objetivos no previstos al momento de solicitar el crédito externo”
“-La aplicación irregular de los recursos obtenidos”
“-El pago de sobretasas de interés,”
“-Operaciones financieras poco transparentes y corrupción de banqueros y funcionarios.”
“-Definición de cláusulas condicionantes de la política interna por parte de bancos acreedores, primero, y del FMI, después, organismo que actuó como auditor de los acreedores”
“-Ser el canal de alimentación para la especulación financiera y la fuga de capitales.”

“El último ciclo de endeudamiento iniciado con la dictadura militar de 1976 es una referencia ineludible para comprender como participa la deuda en la reestructuración económica y social de un país. También como facilitó la incorporación de la economía nacional en el ciclo de transformación del funcionamiento del capitalismo a nivel global con la desregulación de los sistemas financieros.

“El monto de la deuda pública al final de cada gobierno deja al descubierto el más destructivo ciclo de endeudamiento de la economía argentina.”
“Al final del gobierno de Isabel Perón, en 1976, la deuda pública ascendía a 8 mil millones de dólares; al final de la dictadura militar, en 1983, ascendía a 45 mil millones de dólares; al final del Gobierno del Dr Raúl Alfonsín a 65 mil millones de dólares, al final del gobierno de Carlos Menem, a 122 mil millones de dólares; y al final del gobierno de Fernando de la Rúa a 144 mil millones de dólares.”

Son muchos los errores-o falsedades-que contiene esta cita. Voy a enumerarlas, comenzando por una corrección sobre las cifras de deuda que presenta Zaiat para el final de cada gobierno.

1. La deuda pública, bien medida, al final del gobierno de Raúl Alfonsín no era 65 mil millones sino de 90 mil millones, tal como lo determinaron Melconián y Santángelo en un importante trabajo de investigación publicado en 1996 . La diferencia tiene una clara explicación: durante la suspensión de ejecución de sentencias a favor de los jubilados que dispuso el gobierno en 1987, se acumuló una deuda de 18 mil millones de dólares que se hizo exigible por cientos de miles de sentencias judiciales. Además, las provincias habían ganado juicios por regalías mal calculadas que ascendían a 3 mil millones de dólares y el Tesoro Nacional y las empresas públicas debían a contratistas y proveedores otros 4 mil millones de dólares. La ley de consolidación de pasivos de 1991 permitió transformar esas deudas en bonos previsionales, bonos de regalías hidrocarburíferas y bonos de proveedores, por 28 mil millones de dólares.
Durante el gobierno de Eduardo Duhalde también se acumuló una deuda no registrada del orden de 34 mil millones de dólares, por las compensaciones que se terminaros pagando a los bancos a raíz del efecto sobre sus balances de la pesificación asimétrica y la emisión de los Boden 2012 para compensar a los ahorristas que no se allanaron a la pesificación de sus depósitos y siguieron demandando ante la Justicia. Zaiat sugiere que este endeudamiento es responsabilidad de la convertibilidad, pero la realidad es todo lo contrario. Se produjo por la decisión de Duhalde de pesificar activos y pasivos financieros. Como a la pesificación de depósitos y a las pérdidas de los bancos tuvo finalmente que compensarlas con nueva deuda, el impuesto inflacionario que los tenedores de pesos pagaron durante el año 2002 no fue recolectado por el Estado sino por los grandes deudores, a los que se les pesificaron sus deudas en dólares.
Algo parecido ocurre actualmente. Si uno va a las estadísticas del INDEC encuentra que la deuda pública registrada asciende a 198 mil millones de dólares. Pero no han sido registradas no menos de 30 mil millones con sentencias firmes a favor de los jubilados y acreedores internos y externos. Por consiguiente, la verdadera deuda pública al final de 2013 no es inferior a 228 mil millones de dólares.

2. Durante todos los períodos, el endeudamiento fue inferior a la suma de los déficits anuales.

Los préstamos se solicitaron y los bonos se emitieron para financiar el déficit fiscal de cada año. La parte del déficit que no se financió con bonos, se financió con inflación. Puede ser muy criticable tanto el nivel como el destino del gasto público, pero una vez que el gasto se produce no hay otra forma de financiarlo que recurriendo al endeudamiento o al impuesto inflacionario.

Puede resultar asombroso que tanto durante el régimen militar como en el gobierno de Alfonsín, a pesar de que la inflación fuera muy alta, se hay podido financiar mucho menos con impuesto inflacionario que durante el período de los Kirchner. Esto se explica porque desde el Rodrigazo en adelante, la gente huyó de los pesos y la base del impuesto, la demanda de dinero en términos reales, fue muy baja. Durante los años del kirchnerismo, hasta prácticamente el año pasado, la fuerte devaluación de 2002 después de 10 años de estabilidad que había aniquilado a las expectativas de inflación, permitió que la demanda de dinero en términos reales se mantuviera alta. Por consiguiente, se cobró más impuesto inflacionario con una tasa de inflación mucho más baja que durante los setenta y ochenta. Pero más importante que ese fenómeno fue la utilización de diversos mecanismos que actuaron como verdadera confiscación de ahorros privados: alteración de los índices de inflación para contener el aumento del CER, confiscación de los ahorros que administraban las AFJPs para sus afiliados y congelamientos de tarifas de servicios públicos, entre otros controles de precios. Esto se agregó a la inflación como financiamiento no genuino del déficit fiscal. Si bien durante el gobierno de Duhalde también se produjo una enorme confiscación de ahorros privados, éstos no sirvieron para financiar el déficit ni evitar el endeudamiento público, sino para transferir riqueza al sector privado endeudado en dólares, que fue el que motorizó la pesificación.

3. Como se desprende del cuadro anterior, el endeudamiento de los noventa tuvo dos orígenes: la consolidación de deudas que se habían devengado en los años de alta inflación e hiperinflación, que recién se reconocieron en 1992 (fundamentalmente la deuda con los jubilados que se pagó con bocones previsionales y la deuda con proveedores que se pagaron con bocones proveedores) y el financiamiento de los déficits fiscales que comenzaron en 1995, con el impacto de la crisis mexicana en la economía argentina. En general, ese endeudamiento fue a tasas razonables. De hecho, en 2001, por la deuda pública nacional que ascendía a 124 mil millones de pesos o dólares, la factura de intereses era de 10 mil millones de pesos o dólares al año (un 8% promedio, que no era una tasa alta para la época).
La que si había alcanzado tasas muy altas era la deuda de las provincias con los bancos locales, pactada a BADLAR más 7% o dólares, en 2001 obligaba a las provincias a pagar intereses por 3 mil quinientos millones de pesos o dólares. Sin duda ese fue un endeudamiento excesivo e inconveniente que se produjo entre 1997 y 1999, mientras Menem y Duhalde competían por la candidatura presidencial del peronismo, y continuó durante el año 2000, porque desde el Banco de la Nación el gobierno de Fernando de la Rúa siguió financiando a las provincias gobernadas en su mayoría por peronistas que también controlaban el Senado. Pero no se puede confundir este desmanejo financiero de las provincias, especialmente de Buenos Aires, con el manejo de la deuda a nivel nacional, que es al que se refiere Zaiat en su libro.

4. No se pagaron sobretasas de interés, al menos durante el gobierno de Menem y durante el primer año del gobierno de De la Rúa. Las tasas fueron altas durante 2001, tanto para los préstamos que habían tomado las provincias con los bancos locales como para las operaciones del megacanje y las letras que hubo que emitir durante ese año, porque el país ya estaba en crisis y aumentaba todos los días el riesgo país. Para bajar esas tasas era necesario plantear una restructuración de la deuda. Ésta recién tuvo inicio el 1° de noviembre de 2001, porque el Congreso Nacional se negó a permitir que el impuesto a las transacciones financieras que había sido introducido para integrar el Fondo de Crédito Público fuera utilizado para garantizar los servicios de la deuda. Algún tipo de garantía era indispensable para lograr una participación total de los acreedores en un canje que exigiera alargamiento de plazos de amortización y reducción de los intereses originalmente pactados.
Ya con la crisis muy agravada, hacia fines de octubre de 2001, el presidente Fernando de la Rúa estuvo dispuesto a afectar como garantía el Fondo de Crédito Público, por decreto de necesidad y urgencia. Eso permitió lanzar la primera etapa de la reestructuración de la deuda. El primer tramo, que se concluyó el 30 de noviembre de 2001 y abarcó 55 mil millones de dólares, demostró que era factible reducir los intereses y alargar los plazos. Con la transformación de préstamos y bonos en el “préstamo garantizado”, la tasa de interés bajó hasta el 7 % anual, incluso las de todos los préstamos bancarios a las provincias, que hasta ese momento pagaban intereses de más del 20 % y las de los bonos que habían surgido del tan criticado megacanje de mayo de 2001.

5. El endeudamiento público de los 90 se contrató con mecanismos transparentes, cumpliendo con todas las disposiciones de la ley de administración financiera argentina y las normas de los mercados de capitales, tanto de nuestro país como de los otros países del mundo donde se emitieron. No hubo ninguna aplicación irregular de fondos ni cambio de destino y de ninguna manera fue vehículo de especulación financiera y fuga de capitales. Todo lo contrario, los capitales no sólo no se fugaron, sino que entraron en magnitudes que nunca se habían visto en el pasado, ni siquiera en la época de los petrodólares.

Esta columna apareció originalmente en el blog de Domingo Cavallo