Violencia política: la pesada herencia cultural del kirchnerismo

La construcción de un enemigo fue siempre condición necesaria para la existencia del kirchnerismo. Así, los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner afianzaron su hegemonía política acompañándose de un dominio cultural. Quienes estaban en el poder eran dueños de la verdad y los demás teníamos que guardar silencio, bajo amenaza de ser denostados o difamados públicamente. Esta política llegó hasta un punto máximo, que marcó un límite en la tolerancia de la sociedad. A fines del año pasado, las urnas le dijeron basta al kirchnerismo y pusieron un freno a la violencia en la cultura política.

Sin embargo, las manifestaciones de intolerancia y autoritarismo siguen siendo marca registrada del “movimiento nacional y popular”. El último turno electoral les quitó la legitimidad popular con la que pretendían justificar su despotismo. A pesar de ello, la consigna paradójica de “El amor vence al odio” se ve contrariada en forma permanente por legisladores y referentes políticos del kirchnerismo, por periodistas y comunicadores que mantienen su alineamiento k y con militantes o adherentes al anterior Gobierno, que hacen uso de la violencia y la descalificación personal como recurso desesperado frente a una realidad que se niegan a aceptar.

Algunas muestras de esto fueron los insultos de la diputada Mayra Mendoza en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación, los exabruptos de Hebe de Bonafini o las intervenciones cotidianas de Diego Brancatelli en Intratables. Los militantes universitarios del kirchnerismo también hacen lo propio y se jactan de “resistir con aguante”, mientras ofenden, injurian y agravian a todo aquel que piense distinto. Muchos miembros de la Franja Morada han sido destinatarios de este accionar, que se intensificó en las últimas semanas, quizás a causa de la desesperación que les produce estar lejos del poder. Continuar leyendo

La Argentina que duele llama a la acción

Una Argentina de ficción no podría habernos entregado capítulos tan asombrosos y estremecedores como los que vivimos en las últimas semanas. Al mundo paralelo de Macondo, imaginado por Gabriel García Márquez para retratar una Colombia signada por la miseria, la violencia y la corrupción, le hubieran faltado muchos elementos para acercarse a nuestra Argentina real. El 1984 ideado por George Orwell para ilustrar las prácticas nefastas del totalitarismo y alertar sobre sus consecuencias parece un cuento inocente frente al accionar del Estado nacional ante los hechos de las últimas semanas.

Las inundaciones, que develaron la falta de planificación y gestión del Gobierno bonaerense, fueron presentadas como catástrofes naturales cuyas consecuencias son imprevisibles e inevitables. Mientras se reclamaban medidas urgentes que permitan paliar el sufrimiento de los afectados por el temporal, se comprobaba que la provincia había subejecutado en un 60 % las partidas presupuestarias destinadas a mitigar los efectos de las inundaciones. A su vez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FPV) se embarcaba rumbo a Italia junto a su mujer, la embajadora de la sonrisa. La respuesta del Gobierno nacional frente a estos hechos fue atacar a la oposición, acusándola de orquestar la difamación de Daniel Scioli a través de un “ejército de twitteros”. Continuar leyendo

Una polémica inesperada

En la última semana estalló un interesante debate en torno a la vigencia o no del artículo 8 de la ley 1420, el cual está a punto de ser considerado como derogado por la Comisión del Digesto Jurídico Argentino, en su tarea de reorganizar y reordenar el sistema de normas jurídicas. La polémica fue creciendo a medida que se advertían las consecuencias que podría tener la consolidación de esta medida: Aquella ley -llamada “de educación común”- fue aprobada en 1884 y consagró los pilares de nuestro sistema educativo al establecer que el Estado está obligado a garantizar acceso a educación para todos los niños, y que la escuela pública será obligatoria, gratuita y laica. Justamente, es su artículo octavo el que refiere de manera específica a la cuestión de la laicidad, ya que establece: “La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de las horas de clase”.

Según la ley 26.939, el Digesto Jurídico Argentino debe reordenar y clasificar las leyes vigentes, haciendo un detalle de aquella legislación que se encuentra en desuso, fue derogada o “superada” por otra. Esa tarea exige una evaluación que, en este caso, excede lo meramente técnico y la convierte en una decisión política de trascendencia. Eso fue lo que hicieron notar los constitucionalistas Marcelo Alegre y Roberto Gargarella en un proyecto[1] de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) titulado “Principio de autonomía, libertad de conciencia y libertad religiosa”, el cual fue remitido a las autoridades de la Comisión Bicameral encargada de confeccionar el digesto. Allí, el único partido que se hizo eco del planteo fue la Unión Cívica Radical, que, a través de un dictamen suscrito por el diputado Manuel Garrido, planteó que el mencionado artículo “debe considerarse vigente y ser incorporado al anexo I del Digesto Jurídico Argentino”. Continuar leyendo