En las últimas semanas, al darse a conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, se han sucedido una serie de eventos que estarían mostrando la intención de la política de dar finalmente respuesta a una de las principales deudas de la democracia.
En la sentencia, la Corte Interamericana condenó al país por haber aplicado penas de reclusión perpetua a menores de edad dictadas con base en el régimen penal de la minoridad (decreto de la dictadura militar 22.278 de 1980). La Corte instó como lo hizo diez años atrás en el caso Bulacio a derogar el mencionado decreto y a sancionar un régimen penal juvenil respetuoso de la Convención de los Derechos del Niño y de la ley de infancia 26.061.