En las últimas semanas, al darse a conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, se han sucedido una serie de eventos que estarían mostrando la intención de la política de dar finalmente respuesta a una de las principales deudas de la democracia.
En la sentencia, la Corte Interamericana condenó al país por haber aplicado penas de reclusión perpetua a menores de edad dictadas con base en el régimen penal de la minoridad (decreto de la dictadura militar 22.278 de 1980). La Corte instó como lo hizo diez años atrás en el caso Bulacio a derogar el mencionado decreto y a sancionar un régimen penal juvenil respetuoso de la Convención de los Derechos del Niño y de la ley de infancia 26.061.
A continuación de ese histórico fallo, el diputado Manuel Garrido de la UCR, presentó un proyecto de responsabilidad penal juvenil que reproduce la iniciativa legislativa que impulsada por los senadores Miguel Pichetto (FPV), Rubén Giustiniani (FPCyS), Gerardo Morales (UCR) y por la ex senadora Marita Pérceval (FPV) obtuvo por unanimidad media sanción en 2009 en la Cámara de Senadores, proyecto que lamentablemente luego perdió estado parlamentario debido a que no tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados.
Hace pocos días con las declaraciones del candidato a diputado por el oficialismo, Martín Insaurralde, donde anuncia la necesidad de crear un régimen penal juvenil inexistente hoy en la Argentina, se refuerza esta tendencia a instalar en la agenda política un tema urgente y prioritario para la infancia. En consecuencia, de ser sinceras las señales que evidencian un consenso sobre el avance hacia un proyecto de reforma del sistema penal juvenil acorde a la Constitución, es oportuno aprovechar el momento para abrir el debate de los proyectos y conseguir la esperada sanción. De no ser así, estaríamos ante una estrategia electoral que lo único que logra es traer mayor confusión y banalidad como la que pretende afirmar que un sistema de responsabilidad penal juvenil implica la baja de la edad de imputabilidad y el ingreso de los niños al sistema penal de adultos.
Un sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina, donde el decreto vigente permite la discrecionalidad para los menores de 16 años, la privación de libertad sin las garantías del debido proceso y penas de reclusión perpetua, comprende tanto para el colectivo de adolescentes y jóvenes, como para el conjunto de la sociedad y especialmente para el Estado, hacerse responsable de sus actos de una manera justa y democrática.