Las cárceles de menores en la Argentina: el secreto peor guardado de los derechos de la infancia

Desde un punto de vista estrictamente matemático y objetivo la Argentina es el país más atrasado y más brutal de América Latina particularmente en lo que respecta a los derechos humanos de la infancia. El record, único y absoluto en la región, de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre el 2003 y el 2013, sólo en esta materia, otorga a esta afirmación el carácter de crónica sobria y objetiva.

A la ausencia de un régimen de responsabilidad penal juvenil y en su lugar la solitaria vigencia en América Latina de un “Régimen Penal de la Minoridad” que por lo demás lleva la firma del máximo genocida de la historia de este país (el decreto 22.278 de 1980 con firma de Jorge Rafael Videla), se deben sumar la acumulación de denuncias todavía no procesadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denuncias que provocan, según las palabras de un Comisionado, que “ya no sabemos cómo conmover al Estado argentino”. Continuar leyendo

¿Habrá llegado la hora de la política?

En las últimas semanas, al darse a conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, se han sucedido una serie de eventos que estarían mostrando la intención de la política de dar finalmente respuesta a una de las principales deudas de la democracia.

En la sentencia, la Corte Interamericana condenó al país por haber aplicado penas de reclusión perpetua a menores de edad dictadas con base en el régimen penal de la minoridad (decreto de la dictadura militar 22.278 de 1980). La Corte instó como lo hizo diez años atrás en el caso Bulacio a derogar el mencionado decreto y a sancionar un régimen penal juvenil respetuoso de la Convención de los Derechos del Niño y de la ley de infancia 26.061.

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