Nuestro país tiene un escenario laboral que es necesario analizar sin limitarse rígidamente a las estadísticas. Para estimar el futuro se necesita tener en cuenta varios otros elementos cuali-cuantitativos:

• Los ámbitos en que trabajan compatriotas que no figuran como desocupados, pero donde su productividad es muy modesta y los ingresos que perciben o generan están por debajo de las necesidades básicas.
• La mirada estratégica de las empresas grandes por un lado y las más chicas por el otro, más allá de su vocación inversora, y cómo afecta ella la calidad y cantidad de trabajo en toda la cadena de valor en la que operan.
• Las actividades que a medida que se concentran reducen la ocupación en relación a las ventas y cuáles son los elementos con los que cuenta el Estado para descentralizarlas, aumentando así el trabajo disponible.
• Las tareas que la comunidad puede requerir para mejorar algún aspecto de la calidad de vida colectiva y los obstáculos para que ellas se concreten.

Resulta imprescindible plantear la tarea en tal dimensión porque tenemos a la vista los resultados de creer que las inversiones para el mercado capitalista tradicional son el motor excluyente del progreso y que de allí surgirá el trabajo y el bienestar.

El resultado de poner el aparato del Estado al servicio de ese dogma ha sido una estructura productiva concentrada, donde en muchos casos son las empresas las que deciden qué se consume y no los individuos o la comunidad quienes demandan en función la satisfacción de sus necesidades. Para peor, insertados en un mercado global, los países periféricos tienen a su vez una dependencia en la definición de su perfil de producción, que subordina la estructura final a decisiones que se toman nadie sabe demasiado en qué país. Una sociedad organizada de tal modo ofrece oportunidades de desarrollo personal con enormes asimetrías, que están en evidencia clara y serían en buena medida invisibles si nos limitáramos a las estadísticas formales.

Hay más de 4 millones de trabajadores sin aportes sociales, incluidas unas 800.000 empleadas domésticas y 600.000 obreros rurales, que se completan con gran cantidad de cuentapropistas cuyo ingreso no les da opciones de regularizar su relación con el sistema previsional.

Hay más de 150.000 recuperadores de residuos urbanos; más de 100.000 integrantes de cooperativas del plan Argentina Trabaja; decenas de miles de artesanos con venta en la vía pública; una población difícil de estimar de campesinos aplicados a la agricultura familiar con enormes dificultades.

El universo descripto son trabajadores en actividad, pero en su gran mayoría no tienen ingresos dignos. Se suman como problema, por lo tanto, al 1.200.000 compatriotas que figuran técnicamente como desocupados, porque buscan trabajo y no lo encuentran.

¿Cómo no afirmar y creer que se necesita encarar algunas facetas innovadoras importantes si es que queremos trabajo digno para todos?

El aporte que sigue se basa en una idea fuerza principal, de la cual se deducen varias otras complementarias:

El consumo de quienes tienen ingresos adecuados y la inversión para expandir ese consumo en el futuro, en un país sin plena autonomía productiva y tecnológica, no generan suficiente trabajo de calidad para toda la población. Para que eso suceda, hay que agregar al funcionamiento actual del mercado la producción de bienes y servicios para las demandas socialmente necesarias.

Las demandas socialmente necesarias no tienen como actor demandante solamente al Estado, como se podría imaginar apresuradamente. También tienen su origen en los consumidores individuales, los ámbitos sociales comunitarios e incluso las empresas.

Demandas socialmente necesarias de los consumidores

El conjunto de la población necesita, como núcleo de supervivencia, alimentarse, vestirse y contar con una vivienda digna.

Las tres facetas hoy están determinadas por el mercado y en algún caso –la vivienda– la asimetría de poder es tan descomunal que se puede considerar que satisfacer esa necesidad es una utopía.

Alimentación

Las cadenas de valor de producción de alimentos han sufrido una importante concentración en los últimos 50 años.

En paralelo, hay miles y miles de productores pequeños, tanto primarios como de alimentos industriales, que no tienen cómo vender sus productos.

Propuesta 1: Dictar una norma que imponga a toda unidad de hipermercado con más de3000 m2 de superficie de góndolas, la asignación en el mismo predio de un mínimo del 5% de la superficie total para entregar en comodato a la Comercializadora de Alimentos de la Agricultura Familiar, sociedad a crear con mayoría de capital estatal y mayoría de control del directorio de representantes de organizaciones de productores. Esa superficie servirá para exponer y vender exclusivamente productos de la agricultura familiar en forma totalmente independiente del hipermercado.

Dada la concentración producida en el eslabón comercial, se somete a estas unidades a la competencia directa de la producción pequeña, con igualdad de acceso a los consumidores.

Vestimenta y calzado

Aquí y en todo el mundo estos sectores son dominados por los eslabones que diseñan y por la publicidad y comercialización. La tecnología de producción de prendas y de calzado es relativamente simple y eso permite que talleres con personal de poca formación previa soporten el peso de la manufactura.

En consecuencia los márgenes entre los costos de producción y los precios de venta son enormes. En síntesis: la indumentaria y el calzado son caros y la explotación de los trabajadores es muy alta.

Propuesta 2: Auspiciar talleres de indumentaria y calzado con financiación de la Anses, para atender necesidades locales, propiciando acuerdos con escuelas públicas para que se venda la producción de cada lugar a alumnos, docentes y su núcleo familiar a los costos reales, con un beneficio razonable. Este programa no debe ser imperativo en ningún aspecto, buscando sólo introducir una oferta de calidad a un precio sustancialmente menor.

Se elije la escuela pública como centro de difusión de la producción local porque es allí donde se construye buena parte de los valores comunitarios.

Propuesta 3: En paralelo con la propuesta anterior, propiciar salones de exhibición de alcance federal, con una franquicia pública tipo, donde toda unidad productiva, desde el pequeño taller hasta la gran marca, tenga el mismo espacio disponible y en que se tomen pedidos de consumidores directos para ser entregados luego vía postal.

Acceso a la vivienda

El déficit de propiedad de viviendas familiares excede largamente las 2 millones de unidades. Como contracara y sin sentido, hay centenares de miles de viviendas vacías, utilizadas como refugio de valor y una especulación de décadas con la tierra urbana o potencialmente urbana.

La iniciativa del Plan ProCreAr es interesante. Sin embargo, su talón de Aquiles es que las viviendas construidas por el Estado obligan a cuotas que están al alcance sólo de salarios medios y medio altos.

Propuesta 4: Crear fideicomisos a escala municipal o barrial (para grandes conglomerados) que compren tierra agrícola o semirural y la habiliten para vivienda, vendiendo lotes estrictamente al costo, con un pequeño margen que habilite a reproducir la operación. A partir de allí, financiar a propietarios de lotes y a cooperativas de construcción locales para construir casas con diseño individual.

Demandas socialmente necesarias del Estado

Toda demanda de un bien o servicio por parte del Estado debería ser socialmente necesaria, en el sentido utilizado en este documento. El modo en que algunas de ellas se concretan está sin embargo tan cargado de una subordinación a la lógica de mercado que apuntala la existencia de conglomerados que se apropian de renta comunitaria y/o reducen las posibilidades de ocupación. O más simplemente, la supervivencia de intermediarios cuya única capacidad es transitar los pasillos públicos para ganar una licitación, quienes luego buscan quien atienda la demanda, quedándose con diferencias innecesarias.

Mantenimiento escolar

Propuesta 5: Planificar las refacciones y mantenimiento anual por distrito escolar y asignar a la coordinación del distrito la posibilidad de realizarlas con cooperativas de construcción locales, con supervisión directa de las cooperadoras escolares.

Tratamiento de residuos urbanos

Propuesta 6: Asignar a cooperativas de recuperadores de residuos sólidos urbanos la responsabilidad de promover y hacer el seguimiento de la separación de residuos en origen, dotando en paralelo a esos grupos de las facilidades para clasificar, compactar, comercializar e integrar hacia adelante las cadenas de reciclado o reuso que técnicamente sean aplicables (vidrio, madera, residuos electrónicos, plástico).

Asegurar agua de calidad

El mapa con dificultades de volumen y/o de calidad se ha ido ampliando, por la creciente importancia del arsénico en agua y por la variación importante de la profundidad de las napas.

Propuesta 7: Habilitar el monitoreo de calidad de agua y la diseminación de buenas prácticas de construcción de pozos para agua, de pozos ciegos y de sistemas de recolección de agua de lluvia, como actividad permanente y rentada de una unidad de posgrado en cada escuela técnica del país.

Aumentar la generación domiciliaria de energía eléctrica de origen eólico o solar

Las energías renovables ya tienen presencia en la matriz energética nacional, pero están pensadas a partir de parques de generación instalados y operados por grandes empresas.

Propuesta 8: Modificar la legislación vigente para admitir la producción de energía eléctrica de origen eólico o solar a escala domiciliaria, comprando los excedentes para volcarlos a la red.

Demandas socialmente necesarias de espacios comunitarios

Creación y mantenimiento de infraestructura social

Debe darse la iniciativa a la comunidad para que formule planes de saneamiento, de prevención de inundaciones, de iluminación pública, asignando esas tareas a cooperativas locales de servicios públicos.

Propuesta 9: Promover legislación municipal que exima de tributos locales a grupos comunitarios que presenten planes de mejora de infraestructura con aporte propio de al menos el 50% del presupuesto y participación de cooperativas locales como ejecutoras.

Demandas socialmente necesarias de empresas

Es claro que las empresas productoras de bienes o servicios deberían aplicar la esencia misma de la filosofía que sustenta el capitalismo de mercado. Su fin es explícitamente el lucro y detrás de él queda habitualmente oculta su función social, como proveedora de algún elemento que la comunidad necesita. Otro subproducto de colocar al lucro en el centro de la escena es que normalmente las empresas socializan los efectos negativos de su actividad, reteniendo para sí sólo los beneficios.

Así, los efluentes líquidos o gaseosos suelen ir a ríos o arroyos o a la atmósfera; los residuos sólidos o los rechazos del proceso industrial suelen ir a parar a los rellenos sanitarios, y así siguiendo.

Ordenar la relación con el ambiente

En el país existe una rigurosa legislación en cuanto a efluentes líquidos o gaseosos, que básicamente debe controlarse. Pero no existen ni normas ni cultura de reciclado o reuso de residuos industriales sólidos.

Propuesta 10: Establecer registros de residuos sólidos generados por empresas industriales o comerciales, donde deban inscribirse los volúmenes previstos, de cualquier origen, y los convenios de recuperación firmados con grupos locales. Estos convenios deben ser promovidos mediante el establecimiento de tasas diferenciales para los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza.

Propuesta 11: Diseminar la tecnología y las buenas prácticas operativas para el reciclado del vidrio, madera, los diversos tipos de plástico, residuos electrónicos, de manera de construir escenarios de oferta que mejoren la perspectiva de reducir el enterramiento de residuos sólidos.

Incorporar al ámbito local como proveedor en la infraestructura industrial

Es habitual que las empresas no den mayor importancia a la formación de recursos humanos locales para realizar las tareas periféricas de construcción de infraestructura o mantenimiento. Uno de los prejuicios es que la inversión en formación de recursos no tiene retorno adecuado, ya que quien mejora su condición laboral tiene una relación solo transitoria con quien facilita su formación. Más que discutir este concepto en teoría, hay que modificar el marco para la toma de decisiones.

Propuesta 12: Propiciar una legislación nacional que permita computar el 130% del costo de una contratación externa en el balance impositivo de una empresa si esa contratación ha sido hecha a una empresa local con determinadas características, que aseguren que no es intermediario, que se dedica regularmente a prestar ese servicio, que es una cooperativa o emprendimiento con menos de un cierto número de trabajadores.

Hay medidas de toda naturaleza que se pueden y deben auspiciar para cambiar las relaciones de fuerza al interior de las cadenas de valor y el compromiso de los distintos niveles de gobierno y de las empresas con su comunidad más cercana.

Con esas dos cuestiones en la mira, relaciones de poder y compromiso, es enorme el camino que se puede recorrer detrás de una inclusión genuina.

Con sólo aplicarse con intensidad a este puñado de iniciativas se pueden mejorar las condiciones de vida de centenares de miles -o millones- de compatriotas. El Estado debe poner convicción; capacidad para organizar y transferir conocimientos; financiamiento al cual ya está obligada la Anses y las compañías de seguros. Ninguna de las propuestas afecta el presupuesto nacional o los provinciales o municipales de manera relevante. En todo caso, cualquier apoyo se vería recompensado con creces con los ingresos derivados de la mayor actividad local.

Como decía Hugo Chávez, quien a su vez lo había tomado de algún prócer de las luchas por la Independencia: “O inventamos o erramos”.