En los próximos días, el Congreso mexicano comenzará un debate sobre la reforma energética que propone el presidente Peña Nieto, hombre del PRI, partido que en 1938 impulsó la creación de la empresa Pemex y la nacionalización de los hidrocarburos. Esta compañía enfrenta varios desafíos importantes, como pérdidas en los últimos nueve meses de 7 mil millones y niveles de producción de 2,5 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en dos décadas. Desde agosto, el Ejecutivo impulsa una legislación que le dé más espacio a la inversión privada e internacional. Para concretarlo, deberá conseguir una mayoría calificada de tres cuartas partes.
Asimismo, el gobierno impulsa reforzar la seguridad de Pemex frente a los ataques de las mafias del narcotráfico. Se invertirá en sistemas de seguridad electrónicos de cámaras, sensores, drones, lanchas, etcétera. Esto se hará también y de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad, principal proveedora de energía eléctrica del país. El plan de seguridad de Pemex se extenderá en una primera etapa hasta el 2017 e invertirá 2900 millones de pesos mexicanos. Se buscará también reducir el número de robo de combustible y secuestro de personal. En la visión del gobierno, sin una mejora de la seguridad física de estas instalaciones y del personal, no habrá inversión sustentable en el mediano y largo plazo.