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Preservar la salud institucional de la República

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria al vicepresidente Amado Boudou, imputado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa que investiga el caso Ciccone.

En su resolución, el magistrado cuenta cómo cree él que fue la maniobra de la que se lo acusa a Boudou y compañía.

Según dice Lijo en su escrito, el vicepresidente “junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial.”

Para concretar la operación, cada uno tenía un rol: Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Nuñez Carmona habría hecho lo que no podía hacer Boudou por su cargo. Como el entonces ministro de Economía no podía ser dueño del monopolio de la fabricación de billetes y Nuñez Carmona tampoco porque es de conocimiento público su relación con Boudou, entonces convocan a Vanderbroele, quien ya actuaba como representante de The Old Fund.

Adquirida Ciccone, comenzó el salvataje de la empresa, la segunda parte de la estrategia de Boudou para llegar al objetivo final que era, ­según Lijo,­ “la contratación con el Estado Nacional para la impresión de billetes de curso legal.”

Una vez que Boudou preste declaración indagatoria, el juez tiene 10 días para decidir su situación procesal. Lijo puede sobreseerlo, dictar la falta de mérito o procesarlo. En Comodoro Py, fuentes ligadas a la causa, dicen que, salvo que la defensa de Boudou saque un conejo de la galera, las pruebas colectadas hasta el momento dejan al vicepresidente a las puertas del procesamiento.

Esta decisión del magistrado dispararía una tormenta de consecuencias impredecibles dentro del gobierno. Vale recordar que el 24 de junio de 2011, en un acto en Olivos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner postuló como su compañero de fórmula de cara a las elecciones de octubre de aquel año, a Amado Boudou. En ese momento dijo que escogió al entonces ministro de Economía por “su calidad humana y lealtad al proyecto.”

¿Podía desconocer la Presidenta lo que hacía Boudou? ¿El actual vicepresidente intervino para adquirir Ciccone con la finalidad de realizar un negocio millonario como es imprimir billetes y documentación oficial sin consultar a la autoridad máxima del país?

Para preservar la salud institucional de la República alguien del gobierno debería contestar estas y otras preguntas, porque a Boudou lo eligió Cristina

Un Código Penal que no pidió la gente

En la última Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encendió la mecha del debate al anunciar que enviará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal para su tratamiento. La propuesta fue elaborada por una comisión encabezada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni. Antes de mencionar algunos aspectos de la iniciativa, vale recordar conceptos básicos del Derecho Penal para entender también los objetivos que debería perseguir una legislación de semejante importancia.

Para la escuela clásica, “el Derecho Penal tiende a un fin de tutela; la pena es un medio de tutela jurídica, que tiende al restablecimiento del orden público alterado por el delito y tiene el carácter de un mal, equivalente al que el delincuente ha causado; su límite lo da la equidad, ya que no debe ir más allá de las necesidades tutelares para no ser abusiva; en consecuencia, la pena debe ser proporcionada al delito, cierta, conocida, segura y justa.” (1) Para la escuela positiva la sanción persigue “la resocialización del delincuente, su readaptación a la vida en sociedad, para la cual es un inadaptado.” (2). Y para la escuela sociológica alemana “la pena se justifica, porque mantiene el orden jurídico y como consecuencia de ello, la seguridad social.” (3)

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