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Un blanqueo que se pone cada vez más negro

A partir del 1º de julio pasado entró en vigencia la Ley de Blanqueo de Capitales versión 2013. Dos meses más tarde venció ese período de gracia para evasores y se alcanzó una magra recaudación de U$S 341.600 millones. El resultado evidencia el fracaso de la medida, máxime cuando el “equipo económico del gobierno” había anunciado que con ella se recuperarían alrededor de U$S 4.000 millones para el circuito formal. A las palabras se las lleva el viento y al 90% de esos 4.000 millones, también. No contentos con este rotundo fracaso de política económica, la presidenta decidió prorrogarla por decreto. En ese marco, cabía preguntarse por qué se prorrogaba una medida que ya había fracasado.

Hoy tenemos más claro el motivo. Carlos y Alejandro Bulgheroni, el primero de ellos literalmente echado por Elisa Carrió de su casa en 2001 por lobbysta, acaban de anunciar que adquirirán U$S 500 millones en bonos creado en la Ley de Blanqueo de Capitales para inversiones energéticas, con destino a una inversión en el yacimiento de Vaca Muerta. Una clara maniobra para que el grupo Bridas ingrese a negocios compartidos con YPF con dinero que no tenía radicado en nuestro país.

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82% móvil: los jubilados todavía están esperando su década ganada

Los adultos mayores constituyen, junto a los niños, la franja más vulnerable de nuestra sociedad, y por eso requieren de políticas públicas específicas para garantizarles una vejez digna. El veto de la presidenta a la Ley del 82% móvil que presentamos junto a Elisa Carrió deja ver que hoy no son una prioridad.

Desde 2003 a la fecha, el país de los “activos” casi duplicó su producto bruto y los recursos públicos se multiplicaron por diez. La realidad de los “pasivos” parece haberse quedado a mitad de camino, en el limbo de la supuesta “década ganada”. Los jubilados tienen que conformarse con algo injusto, con el argumento de que antes estaban peor. La relación de la jubilación mínima con el salario mínimo vital y móvil se mantiene fija oscilando entre el 60 y 70%. El haber medio, descontando la inflación, sigue en los mismos niveles de 2002. Tres de cada cuatro jubilados cobran la jubilación mínima de $2165 y a nueve de cada diez jubilados no le alcanza para cubrir sus gastos básicos, que la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad ha estimado en $4.298,39. Los tribunales de la seguridad social están colapsados por jubilados que reclaman la actualización que les corresponde, mientras Anses especula condenando a esperas interminables a quienes ya no tienen tiempo para esperar. Este gobierno convirtió las jubilaciones en un subsidio a la vejez; nunca entendió que una jubilación digna es un derecho adquirido por años de aporte y esfuerzo.

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