A partir del 1º de julio pasado entró en vigencia la Ley de Blanqueo de Capitales versión 2013. Dos meses más tarde venció ese período de gracia para evasores y se alcanzó una magra recaudación de U$S 341.600 millones. El resultado evidencia el fracaso de la medida, máxime cuando el “equipo económico del gobierno” había anunciado que con ella se recuperarían alrededor de U$S 4.000 millones para el circuito formal. A las palabras se las lleva el viento y al 90% de esos 4.000 millones, también. No contentos con este rotundo fracaso de política económica, la presidenta decidió prorrogarla por decreto. En ese marco, cabía preguntarse por qué se prorrogaba una medida que ya había fracasado.
Hoy tenemos más claro el motivo. Carlos y Alejandro Bulgheroni, el primero de ellos literalmente echado por Elisa Carrió de su casa en 2001 por lobbysta, acaban de anunciar que adquirirán U$S 500 millones en bonos creado en la Ley de Blanqueo de Capitales para inversiones energéticas, con destino a una inversión en el yacimiento de Vaca Muerta. Una clara maniobra para que el grupo Bridas ingrese a negocios compartidos con YPF con dinero que no tenía radicado en nuestro país.