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Reflexiones para un ministro desorientado

Hemos abordado en la columna anterior la tan particular decisión del ministro de defensa Agustín Rossi de movilizar a 4500 militares a la frontera norte del país para reemplazar a los gendarmes traídos al Gran Buenos Aires para intentar mejorar la irrecuperable performance electoral del Frente para la Victoria frente al imparable Sergio Massa y su promesa de más seguridad en la provincia.

El ministro ha respondido a ésta y a otras notas periodísticas similares afirmando rotundamente que en ningún momento el personal militar hará tareas policiales: “si ven algo avisarán a la policía e inmediatamente se retirarán; se alejarán… perderán el contacto…”(sic). Palabras más palabras, palabras menos, el ministro reduce al personal militar al rol de vigilantes privados de cualquier empresa de seguridad. Aunque éstos, si usted osara por ejemplo robar en el supermercado o en un shopping, lo retendrían hasta que llegue la policía.

En el particular mundo que parece rodear el confortable despacho del ministro en el piso 11 del Edificio Libertador Gral. San Martín se debe respirar algún aire un tanto extraño que induce a pensar que un encuentro entre un uniformado de una fuerza militar, pertrechado y con ropa de combate, y un delincuente, narco, contrabandista o inmigrante ilegal se puede dar en términos tan risueños como éste:

“Señor presunto contrabandista o narcotraficante, soy el coronel Pérez del Ejército Argentino, por favor como no estoy autorizado a actuar frente a su flagrante delito (a pesar de que cualquier ciudadano puede al ver un ilícito proceder a un arresto civil) le pido que se quede quieto (si quiere, claro) mientras el sargento García va a buscar a la policía. Una vez que ellos arriben al lugar nos retiraremos, con lo cual ni siquiera seremos testigos del operativo policial que seguramente se llevará a cabo. Sea bueno: no me la complique que si le pongo una mano encima vamos en cana los dos juntos”.

Dios quiera, por su bien, señor ministro, y, por sobre todo, por el bien de las tropas destacadas en la frontera, que no tenga que lamentar en pocos días una o varias víctimas uniformadas que prefieran no usar su arma ante un peligro inminente ante el temor de ser luego tildados de represores.

Mientras tanto, en el Gran Buenos Aires, miles de gendarmes, mal comidos, mal dormidos y peor equipados, lucharán primero contra sus necesidades básicas insatisfechas y luego -con las pocas fuerzas que les queden- contra el delito organizado, para el que tampoco están preparados. Lo de ellos es la frontera y el monte, no los núcleos urbanos. ¿Cómo hará un gendarme recién llegado a este difícil territorio para patrullar una calle sin deber luego tener que pedir ayuda para que alguien le indique cómo regresar al destacamento? ¿No es acaso que quien vigila debe ser un experto conocedor del terreno asignado antes que nada?

Será pues cuestión de imitar a nuestra Presidente, que encomendó a Dios el éxito del fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia de EEUU frente a los bonistas que no entraron al canje y pedirle otra gauchadita al Señor: proteja a esos argentinos que estamos mandando como carne de cañón a la frontera.

Si a pesar de ello algo malo ocurriera, al menos ya sabemos lo que piensa el ministro de Defensa de la Nación sobre el valor de mercado de la sangre militar derramada en acción: nada, cero, apenas una formal condolencia a algún deudo. Al menos así se desprende de la negativa del ex diputado Rossi y algunos otros venerables miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se manifestaron abiertamente en contra del pedido de familiares de militares (muchos soldados conscriptos) caídos durante el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa ocurrido en 1975 en pleno gobierno constitucional en manos de la primer mujer presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón. En tales particulares circunstancias, los militares de aquel regimiento no habían salido a reprimir ilegalmente a jóvenes idealistas, por el contrario muchos se encontraban durmiendo y murieron sin la menor posibilidad de defenderse, mientras los familiares de sus agresores cobraron una suculenta indemnización para ellos nada.

Parece mentira que el mismo gobierno que tuvo la plausible deferencia de reconocer el derecho a cobrar una pensión de guerra a los militares de carrera que marcharon a Malvinas en 1982 niegue algo tan básico como un reconocimiento al familiar de un soldado conscripto caído y que obviamente no estaba allí por su voluntad.

Si bien es cierto que la coherencia no parece ser la mayor virtud de las actuales autoridades, en algunas cuestiones de básico sentido común uno podría esperar decisiones un tanto diferentes.

Pero con la mira puesta en el presente y el futuro inmediato, sería bueno que las autoridades de nuestro Ministerio de Defensa prevean (aunque suene feo decirlo, es su deber hacerlo) qué tipo de protección se ha de brindar a miles de familias de hombres que acaban de ser enviados con ordenes poco claras a un destino incierto en el que no solo pondrán en acción su amor por la patria sino además una infinita capacidad de resignación para no ejercer el elemental derecho a pedir la baja, ante un Estado Nacional que día a día los degrada no solo como soldados sino además como ciudadanos.

Fito Paez, la Antártida y el Almirante Irizar: caprichitos muy caros

Si hay algo que – al menos en teoría- es impecable en la administración de los recursos del Estado, es el sistema de contrataciones públicas, llevado a su casi perfección entre 1990 y 2000, época de gran cantidad de obras públicas y de una no menor cifra de escándalos políticos, judiciales y administrativos en materia de compras estatales y recientemente retocado mediante el decreto 893/2012 (recomiendo su atenta lectura).

La creación del sistema denominado “Transparencia” al que se accede simplemente googleando “ONC” (Oficina Nacional de Contrataciones) es tan simple de entender que a poco de navegar sus páginas cualquier novel aspirante a contratista descubre cuáles son las condiciones que debe cumplir si desea vender un lápiz al Estado nacional, ofrecer un recital en una fiesta para todos y todas o reparar un rompehielos.

No es por cierto imposible trabajar legalmente para el Estado; inscribirse como proveedor, elegir el rubro o rubros en los que se ofrecen servicios, presentar balances, antecedentes y fundamentalmente demostrar cada cuatro meses mediante un certificado fiscal emitido por la AFIP que no se tiene deuda fiscal son las premisas básicas que, si no se cumplen (junto a otras ), deberían indicarle al aspirante a contratista que es mejor abstenerse.

Tan perfecto es el sistema que la propia Oficina Nacional de Contrataciones ha organizado reiterados cursos para funcionarios y contratistas, por los cuales todos los que alguna vez hemos Estado de uno u otro lado del mostrador estatal sabemos perfectamente cuáles son las reglas de juego.

Recientemente tomó estado público una millonaria contratación por parte de la Secretaría de Cultura para contar con los servicios artísticos del cantante Fito Páez; no se hizo en forma directa con el cantante sino por intermedio de la productora artística Siberia SA.

La perfección del sistema de contrataciones al que aludimos permitió que a pocos minutos de conocerse los detalles de la contratación, cualquier ciudadano desde su PC pueda comprobar que Siberia SA no posee certificado de habilitación fiscal para contratar con el Estado (lo que no implica que sea evasora o nada por el estilo, simplemente no puede contratar porque no cumplió el trámite de solicitar la constancia fiscal de libre deuda) y lo que es peor es que esa empresa jamás se inscribió como proveedora del Estado. Lo que resulta bastante difícil de explicar es cómo habrá sido el pago a esta firma, ya que el sistema sólo habilita el depósito en cuenta corriente bancaria a proveedores registrados (recordemos que el sistema es perfecto).

La noticia escaló por la fama del protagonista más que por la suma involucrada (una nimiedad en comparación al gran derroche estatal) pero se suma a otros escándalos recientes en materia de contrataciones públicas, como por ejemplo la bochornosa campaña antártica que insumió 90 millones de pesos contratados en parte con monotributistas y empresas intermediarias radicadas en el exterior con el triste agregado de que, a diferencia de Fito (que no defraudó a su público), el servicio contratado para atender a las bases antárticas fue pésimo.

Bueno es recordar que se debió licitar un servicio de transporte antártico, porque desde hace años el rompehielos Almirante Irizar intenta ser reparado con poco éxito en una dependencia estatal (Tandanor) que por más buena voluntad que detente por parte de obreros y directivos no es el lugar adecuado para una tarea de semejante envergadura si se lo compara con los también estatales Astilleros Río Santiago, ubicados -claro está- en el hostil territorio bonaerense.

Así las cosas, sean un par de millones o decenas de ellos, sea un recital de un par de horas o una reparación naval de 6 años, se trate de la intención de reemplazar el tradicional desfile y las canciones patrias por cantantes de rock ataviados con bolivarianos colores o de asegurar la subsistencia de cientos de argentinos haciendo patria en el continente blanco, todas estas contrataciones públicas tienen un denominador común que excede incluso a la primaria sospecha de corrupción. Satisfacen irracionales caprichos.

Varios jefes y expertos navales recomendaron oportunamente a la entonces ministra Nilda Garré sobre la conveniencia de reparar el rompehielos en un astillero de envergadura como lo es Río Santiago (el astillero que construyó buena parte de los buques de la Armada, Fragata Libertad incluida).

Pero el capricho ministerial determinó que el destino fuera otro y el gustito ya nos va a costar casi 1000 millones de pesos (dos rompehielos y medio). La gestión Garré acertó, no obstante, con la elección del reemplazo del averiado Irizar y durante varias campañas el buque ruso Vasily Golovnin cumplió su tarea con eficiencia y a un costo razonable. Pero su sucesor al frente del ministerio de defensa, Arturo Puricelli, quiso ponerle su impronta a la gestión y contrató a un buque apto para transportar automóviles pero totalmente inadecuado para la tarea requerida. Otro caprichito… el que por mucho que sea defendido por el actual ministro Agustín Rossi, tiene a la base Marambio al borde del colapso.

Falta saber ahora cuál habrá sido el funcionario que nunca llegó a ver desde una cómoda butaca de algún teatro a Fito Páez y se dijo así mismo “ahora que tengo la manija, lo contrato y listo… total con media hora de recaudación por impuesto al cheque, retenciones al agro, ganancias a la cuarta categoría o alguna pavada de esas lo pago”.

El anterior párrafo es una mera construcción imaginaria, pero sirve para graficar y para preguntarse cuáles serán los criterios de quienes manejan desde su área de acción los dineros públicos y para reflexionar sobre si realmente no lo estarán usando como si fuera propio.

Solemos escuchar más veces de lo que quisiéramos frases tales como “yo que les pago el sueldo”, “aquí les traje ayuda”, “voy a hacer esto, aquello o lo de mas allá” como si realmente estuviéramos conducidos por un grupo de mecenas que gentilmente nos abren su billetera para satisfacer nuestras necesidades primarias, secundarias y terciarias.

Y lo grave del asunto es que cuando se echa mano a lo que es de todos en forma irresponsable o delictual pero sabiendo que no es propio, puede surgir (tal vez) el arrepentimiento, el miedo a ser descubiertos y/o el temor al castigo judicial. Pero cuando se hacen tropelías administrativas y económicas con la convicción de que encima están bien hechas, estamos en problemas ya que ninguna barrera inhibitoria aplica a quienes no llegan a percibir la diferencia entre lo que está bien o lo que está mal, entre lo legal o lo ilegal.

Hace muchísimos años un superior me reprochó severamente por haber perforado un mamparo (pared) de mi camarote para colgar un retrato familiar: “No muchacho, eso no se hace”. Aunque me costó entenderlo, tenía razón. “Mi camarote” no era mío, era el lugar que el Estado nacional me brindaba para que pueda vivir dignamente mientras cumplía mi trabajo de marino, lo que es sustancialmente diferente.

Serios problemas nos aguardan si los “timoneles de la Nación” siguen perforando los bienes y recursos del país con el mismo criterio con el que irresponsablemente perforé el mamparo de mi camarote, pero con el agravante de no contar con superior alguno que les diga “No muchachos, así no”.

Y como el todo siempre es superior a alguna de las partes, tal vez sea la ciudadanía la que deba advertir y corregir el error; en paz, en democracia, en libertad pero con absoluta severidad, antes de que por tanto perforar y perforar la Nación se vaya a pique.