Si hay algo que – al menos en teoría- es impecable en la administración de los recursos del Estado, es el sistema de contrataciones públicas, llevado a su casi perfección entre 1990 y 2000, época de gran cantidad de obras públicas y de una no menor cifra de escándalos políticos, judiciales y administrativos en materia de compras estatales y recientemente retocado mediante el decreto 893/2012 (recomiendo su atenta lectura).

La creación del sistema denominado “Transparencia” al que se accede simplemente googleando “ONC” (Oficina Nacional de Contrataciones) es tan simple de entender que a poco de navegar sus páginas cualquier novel aspirante a contratista descubre cuáles son las condiciones que debe cumplir si desea vender un lápiz al Estado nacional, ofrecer un recital en una fiesta para todos y todas o reparar un rompehielos.

No es por cierto imposible trabajar legalmente para el Estado; inscribirse como proveedor, elegir el rubro o rubros en los que se ofrecen servicios, presentar balances, antecedentes y fundamentalmente demostrar cada cuatro meses mediante un certificado fiscal emitido por la AFIP que no se tiene deuda fiscal son las premisas básicas que, si no se cumplen (junto a otras ), deberían indicarle al aspirante a contratista que es mejor abstenerse.

Tan perfecto es el sistema que la propia Oficina Nacional de Contrataciones ha organizado reiterados cursos para funcionarios y contratistas, por los cuales todos los que alguna vez hemos Estado de uno u otro lado del mostrador estatal sabemos perfectamente cuáles son las reglas de juego.

Recientemente tomó estado público una millonaria contratación por parte de la Secretaría de Cultura para contar con los servicios artísticos del cantante Fito Páez; no se hizo en forma directa con el cantante sino por intermedio de la productora artística Siberia SA.

La perfección del sistema de contrataciones al que aludimos permitió que a pocos minutos de conocerse los detalles de la contratación, cualquier ciudadano desde su PC pueda comprobar que Siberia SA no posee certificado de habilitación fiscal para contratar con el Estado (lo que no implica que sea evasora o nada por el estilo, simplemente no puede contratar porque no cumplió el trámite de solicitar la constancia fiscal de libre deuda) y lo que es peor es que esa empresa jamás se inscribió como proveedora del Estado. Lo que resulta bastante difícil de explicar es cómo habrá sido el pago a esta firma, ya que el sistema sólo habilita el depósito en cuenta corriente bancaria a proveedores registrados (recordemos que el sistema es perfecto).

La noticia escaló por la fama del protagonista más que por la suma involucrada (una nimiedad en comparación al gran derroche estatal) pero se suma a otros escándalos recientes en materia de contrataciones públicas, como por ejemplo la bochornosa campaña antártica que insumió 90 millones de pesos contratados en parte con monotributistas y empresas intermediarias radicadas en el exterior con el triste agregado de que, a diferencia de Fito (que no defraudó a su público), el servicio contratado para atender a las bases antárticas fue pésimo.

Bueno es recordar que se debió licitar un servicio de transporte antártico, porque desde hace años el rompehielos Almirante Irizar intenta ser reparado con poco éxito en una dependencia estatal (Tandanor) que por más buena voluntad que detente por parte de obreros y directivos no es el lugar adecuado para una tarea de semejante envergadura si se lo compara con los también estatales Astilleros Río Santiago, ubicados -claro está- en el hostil territorio bonaerense.

Así las cosas, sean un par de millones o decenas de ellos, sea un recital de un par de horas o una reparación naval de 6 años, se trate de la intención de reemplazar el tradicional desfile y las canciones patrias por cantantes de rock ataviados con bolivarianos colores o de asegurar la subsistencia de cientos de argentinos haciendo patria en el continente blanco, todas estas contrataciones públicas tienen un denominador común que excede incluso a la primaria sospecha de corrupción. Satisfacen irracionales caprichos.

Varios jefes y expertos navales recomendaron oportunamente a la entonces ministra Nilda Garré sobre la conveniencia de reparar el rompehielos en un astillero de envergadura como lo es Río Santiago (el astillero que construyó buena parte de los buques de la Armada, Fragata Libertad incluida).

Pero el capricho ministerial determinó que el destino fuera otro y el gustito ya nos va a costar casi 1000 millones de pesos (dos rompehielos y medio). La gestión Garré acertó, no obstante, con la elección del reemplazo del averiado Irizar y durante varias campañas el buque ruso Vasily Golovnin cumplió su tarea con eficiencia y a un costo razonable. Pero su sucesor al frente del ministerio de defensa, Arturo Puricelli, quiso ponerle su impronta a la gestión y contrató a un buque apto para transportar automóviles pero totalmente inadecuado para la tarea requerida. Otro caprichito… el que por mucho que sea defendido por el actual ministro Agustín Rossi, tiene a la base Marambio al borde del colapso.

Falta saber ahora cuál habrá sido el funcionario que nunca llegó a ver desde una cómoda butaca de algún teatro a Fito Páez y se dijo así mismo “ahora que tengo la manija, lo contrato y listo… total con media hora de recaudación por impuesto al cheque, retenciones al agro, ganancias a la cuarta categoría o alguna pavada de esas lo pago”.

El anterior párrafo es una mera construcción imaginaria, pero sirve para graficar y para preguntarse cuáles serán los criterios de quienes manejan desde su área de acción los dineros públicos y para reflexionar sobre si realmente no lo estarán usando como si fuera propio.

Solemos escuchar más veces de lo que quisiéramos frases tales como “yo que les pago el sueldo”, “aquí les traje ayuda”, “voy a hacer esto, aquello o lo de mas allá” como si realmente estuviéramos conducidos por un grupo de mecenas que gentilmente nos abren su billetera para satisfacer nuestras necesidades primarias, secundarias y terciarias.

Y lo grave del asunto es que cuando se echa mano a lo que es de todos en forma irresponsable o delictual pero sabiendo que no es propio, puede surgir (tal vez) el arrepentimiento, el miedo a ser descubiertos y/o el temor al castigo judicial. Pero cuando se hacen tropelías administrativas y económicas con la convicción de que encima están bien hechas, estamos en problemas ya que ninguna barrera inhibitoria aplica a quienes no llegan a percibir la diferencia entre lo que está bien o lo que está mal, entre lo legal o lo ilegal.

Hace muchísimos años un superior me reprochó severamente por haber perforado un mamparo (pared) de mi camarote para colgar un retrato familiar: “No muchacho, eso no se hace”. Aunque me costó entenderlo, tenía razón. “Mi camarote” no era mío, era el lugar que el Estado nacional me brindaba para que pueda vivir dignamente mientras cumplía mi trabajo de marino, lo que es sustancialmente diferente.

Serios problemas nos aguardan si los “timoneles de la Nación” siguen perforando los bienes y recursos del país con el mismo criterio con el que irresponsablemente perforé el mamparo de mi camarote, pero con el agravante de no contar con superior alguno que les diga “No muchachos, así no”.

Y como el todo siempre es superior a alguna de las partes, tal vez sea la ciudadanía la que deba advertir y corregir el error; en paz, en democracia, en libertad pero con absoluta severidad, antes de que por tanto perforar y perforar la Nación se vaya a pique.