Culpables se buscan

Por esas cosas extrañas que tiene nuestro país, desde hace algunas semanas la adrenalina judicial aumenta día tras día. Causas dormidas durante años amenazan ahora con agotar el stock de papel tamaño oficio de los principales proveedores de los tribunales federales.

Los cronistas especializados deben esforzarse para aclarar cada mañana por qué causa es que se presentan a declarar los ex socios de “la década ganada”. Es que son tantas las de cada uno de los otrora subordinados de Cristina Fernández, viuda de Kirchner (¿no es así la forma correcta de llamarla si es que desea usar su apellido de casada?).

Resulta así que un mismo ex funcionario puede ser testigo en una causa, imputado en otra, procesado en una tercera y, por qué no, absuelto en alguna otra. Claro está que, como somos argentos, nos dividimos entre quienes piden perpetua para todos y quienes organizan marchas del aguante para desembozadamente presionar a los jueces y los fiscales. Sobre todo si de ella se trata.

Esta semana, no obstante, el interés social y periodístico tuvo un drástico giro a partir de los sucesos ocurridos en Costa Salguero. Estuve tentado de escribir “fatalidad”, pero me parece que ese vocablo está reservado para sucesos que el hombre no puede modificar o que eran imprevisibles. Del que me voy a ocupar, por cierto, no lo era. Continuar leyendo

El sueño de la generala propia

Al solo efecto de abstraerlo por un rato, querido amigo lector, de los avatares de la política, la inseguridad y la maltrecha economía nacional y popular, lo he de entretener durante unos pocos minutos con una bonita historia que no ha de cambiar su vida ni la mía, pero que pinta de cuerpo entero la racionalidad que impera en los máximos niveles de la conducción nacional.

Una de las tantas luchas que nuestra jefa de Estado ha comandado desde su llegada al trono (perdón, quise decir al poder) es la causa de la igualdad de género. En cada acto público o privado, la mandataria se ocupa de dejar bien en claro (y con razón) lo mucho que le ha costado al género femenino ir escalando en todos los órdenes para afianzar sus derechos. La tarea no les ha sido fácil, pero nadie con dos dedos de frente podrá hoy sostener que deberían existir diferencias de género en cuestiones laborales, sociales, familiares o la que se nos ocurra. Continuar leyendo

La paja y el trigo

En mi pago chico (la marina y los barcos) la noticia de la designación de un fiscal militar para llevar a juicio administrativo a marinos civiles, generó muchos más chascarrillos que críticas o apoyos. La ley en la que se basa el funcionamiento del “ Tribunal Administrativo de la Navegación” data de la dictadura autodenominada “ Revolución Argentina” y entre otras cosas faculta al presidente del tribunal ( a la sazón un almirante) a ordenar la detención de un “imputado que se niegue a comparecer”. ¿Se imagina, amigo lector, el picnic que se haría hoy un estudiante de primer año de derecho con una orden detención librada por un almirante? Demás está decir que este tribunal no funcionaen la práctica desde hace muchísimos años, pues su esencia misma ha sido demolida más que por el paso del tiempo por el sentido común. No es políticamente correcto ver a uniformados juzgando a alguien, ni siquiera a otros uniformados. De hecho la abolición del código de justicia militar, dejó en claro que los militares no pueden juzgarse a sí mismos. Mucho menos lo podrán hacer entonces con ciudadanos civiles que eligieron el mar como medio de vida. No obstante, algún alto mando naval está intentando hacerlo funcionar. Continuar leyendo

Caso Lola Chomnalez: culpables y culposos

Feliz Año Nuevo, querido amigo lector. En este primer post de 2015, y en con el sano propósito de darle un descanso a las oficinas militares y civiles que siguen con atención nuestros encuentros semanales, intentaré dejar de lado las cuestiones internas de nuestra contrariada Patria para abordar sin ninguna autoridad profesional un tema que por estos días conmueve a la opinión pública de ambas márgenes del Río de la Plata. La muerte de la joven Lola Chomnalez. Lo haré como un simple espectador  local de la actualidad.

Razones profesionales me llevan a estar mucho tiempo aquí en Uruguay. Al menos el suficiente para ir comprendiendo a una sociedad muy parecida a la nuestra en muchas cosas pero con sensibles diferencias; entre ellas, la de la forma en que se encara desde las esferas oficiales y periodísticas un caso de fuerte percusión social como el que nos ocupa.

Algunas cosas de las ocurridas en torno a este aberrante crimen, son muestra de esas diferencias a las que aludo en el párrafo anterior. Sé que esto que le contaré querido amigo le resultará “increíble” pero, ¿a que no se imagina quien fue el encargado de informar a la sociedad uruguaya y a los medios sobre el hallazgo del cuerpo de la desafortunada joven? Continuar leyendo

Un bochorno incompatible con la democracia

Imagine por un momento, amigo lector, que un incontrolable impulso renovador lo lleva a la redistribuir los espacios de su hogar. Puesto en la tarea, monta su escritorio en la cocina, ocupando las alacenas con libros y papeles; instala la impresora sobre las hornallas, mientras ocupa la bañera con platos, servilletas y víveres. Muda el dormitorio al garage y agranda un poquito el ventanal del living para poder entrar el auto. ¿Quien podría negarle su derecho? Es su casa y en su casa manda usted. Tal vez el sentido común podría indicar que su calidad de vida será peor. Pero el sentido común no es el más común de los sentidos por estos días…

La ley 19.349 sancionada el 25 de noviembre de 1971 dice que “Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad militarizada dependiente del Comando en Jefe del Ejército, estructurada para cumplir las misiones que precisa esta ley en la zona de seguridad de fronteras y demás lugares que se determine al efecto”. También agrega la norma que es misión de la GN satisfacer las necesidades inherentes al servicio de policía que le compete al Comando en Jefe del Ejército en la zona de seguridad de fronteras.

Por su parte, la ley 18.398 de octubre de 1969 determina: “La Prefectura Naval Argentina es la fuerza por el que comando en Jefe de la Armada ejerce el servicio de policía de seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial”.

Mucha agua pasó por debajo de los puentes de la patria en estos más de cuarenta años. Estas fuerzas de seguridad ya no dependen de los comandos militares, por otra parte tampoco existen más los comandos en jefe de las fuerzas armadas. Y sus leyes orgánicas han sufrido retoques conforme fueron surgiendo diferentes necesidades.

Lo que nadie aún ha modificado es precisamente la razón de ser de estas prestigiosas fuerzas federales. Su lugar en esta gran casa que se llama República Argentina son las fronteras y las aguas, respectivamente. Se forman, entrenan y especializan en el monte espeso o en las aguas profundas, saben lidiar con el temporal de nieve o con el mar embravecido; sus uniformes, carácter y pensamiento se van moldeando para adaptarlos a las necesidades del medio que frecuentan. Pueden distinguir una “mula” cargada de sustancias ilegales en un paso fronterizo, pueden “olfatear” la tormenta que se avecina sobre la costa y recomendar a los navegantes que refuercen sus amarras. Son, eso sí, un poco torpes para pedir documentos a los automovilistas en la General Paz y ni que hablar a la hora de cumplir la orden de arrojarse de palomita sobre un auto manejado por un manifestante en la Panamericana.

La seguridad es una de las grandes deudas que el modelo saliente dejará sin pagar cuando abandone para siempre el poder en diciembre de 2015. No puedo afirmar que sea la más grande: pobreza, desempleo, mala calidad de salud, crispación social, tergiversación maliciosa de la historia, corrupción en grado superlativo, enriquecimiento exponencial de toda la cadena de mandos de la Nación son, sin lugar a dudas, parte importante de la herencia que el ahora desenmascarado modelo nacional y popular nos deja. Pero duele más que nos maten a un padre, hijo o vecino a ver que nuestro Vicepresidente declara vivir en la cima de un médano o que un juez federal se roba una causa para absolver a los allegados al poder

Coincidirá conmigo, querido amigo lector, a que somos proclives a adaptarnos con rapidez a los cambios, incluso si estos son para peor. Hasta hace muy poco tiempo, ante un la ocurrencia de un delito común o un conflicto de baja intensidad, no solíamos ver al ministro de Seguridad en persona comandando a las fuerzas del orden. Ni tampoco al jefe de la fuerza de seguridad involucrada, ni muchísimo menos. Obviamente la aparición de los mismos era proporcional a la magnitud de los hechos en cuestión.

Pero este modelo, que todo lo puede, le sacó la policía al ministerio del Interior y al tiempo que le dio el manejo de trenes, colectivos y aviones, y creo el ministerio de Seguridad. A cargo de una ministra desdibujada y recaído en manos del ya conocido Teniente Coronel Berni, quien se encuentra en uso antirreglamentario de licencia (el art. 38 inciso b de la ley 19101 prevé que el personal militar superior convocado por el PEN para cumplir funciones ajenas a la fuerza a la que pertenece podrá hacerlo por un tiempo máximo de seis meses). Como es razonable suponer, a la hora de elegir subordinados, colocó en varios puestos de relevancia dentro de su área de acción a militares retirados y de su confianza; hasta incluso a hijos de camaradas entre los que se encuentran los de un por estos días muy famoso teniente general de la Nación.

Nunca antes un Gobierno había declamado con tanta fuerza la prohibición de actuación a los militares en cuestiones de seguridad interior. Nunca antes esa norma ha sido violada tan reiteradamente como durante esta gestión. Cuando ponemos al ejército en las villas, aunque sea con funciones “sociales” (salvo ante una catástrofe o tragedia), estamos violando la ley orgánica de las fuerzas militares. No importa si el propósito es noble. Importa que no estamos cumpliendo la ley

Si quisiéramos desentrañar las funciones reglamentarias del omnipresente secretario Berni, tropezaríamos con varios interrogantes. Se autodenomina jefe de la seguridad a nivel nacional. Pero es el primero en declarar que la seguridad de las provincias es responsabilidad de los gobernadores de las mismas. Reitera -y con razón- que las fuerzas federales a su mando sirven a la prevención y represión de delitos federales, pero anda con gendarmes y prefectos corriendo rateros de provincia si esto conviene al relato.

Su rol en la Ciudad de Buenos Aires es aún más confuso, ya que por momentos nos explica que al ser Buenos Aires la Capital Federal del país la seguridad es suya, pero al mismo tiempo pretende que la incipiente y aún inexperta Policía Metropolitana sea poco menos que una guardia pretoriana todo terreno. Si se cae un balcón en tribunales, aparece Berni. Si se incendia un buque en Zárate, aparece Berni. Pero si, como algunas semanas atrás, mueren dos tripulantes a bordo de un barco en medio del río y sin cámaras de TV cerca, no es tema de Berni. Sin embargo, si se cae un avión en aguas uruguayas y hay cobertura mediática, el hombre vuelve a aparecer.

Policías, gendarmes y prefectos han sido instruidos para ser reticentes a la hora de dar explicaciones profesionales relacionadas con un hecho determinado. Si lo hicieran previo permiso político, no deberán dejar transcurrir más de tres palabras sin dejar de mencionar que todo lo actuado fue por obra, gracia, inspiración y control del señor secretario. Es por ello que resulta difícil pensar que un oficial superior de la Gendarmería Nacional se proyecte contra un vehículo detenido por propia iniciativa. Tampoco será creíble que la presencia de un Coronel de inteligencia comandando el accionar de una fuerza de seguridad sea casualidad.

Es muy cierto que el modelo se equivocó de medio a medio cuando decretó la descriminalización de la protesta social en cualquiera de sus formas. Aun cuando algunas de estas formas colisionan contra elementales derechos de los demás ciudadanos. Pero pretender remediar el error infiltrando espías en las protestas, y utilizando una versión atenuada de “guerra sucia” obligando a los uniformados a delinquir en pos de los objetivos políticos de un funcionario, es algo que esta democracia no puede darse el lujo de tolerar.

La seguridad, como dijimos, es una de las tantas asignaturas pendientes de la década “ganada”. Es algo demasiado complejo para dejarlo librado a las manos de un funcionario al que nadie le negará su compromiso con la tarea, pero al que es hora de comenzar a pedirle explicaciones por los graves errores que a diario comete. No alcanza con colgarse de un helicóptero, manejar motos en contramano o disfrazarse de bombero. Por estas horas el teniente coronel todo terreno acaba de tener que despedir a uno de los muchos militares de los que supo rodearse; en los próximos días seguramente la gendarmería perderá a un oficial superior que cumplió una orden, sin percatarse de la ilegalidad del acto. Va llegando el momento de indicarle al coronel médico que su uniforme es el delantal blanco y su arma reglamentaria el estetoscopio. Mientras tanto, habrá que comenzar a ordenar todo el tremendo desbarajuste al que han sumido a las fuerzas de seguridad y pasará mucho tiempo hasta que -citando a Raúl Alfonsín- podamos decir: “La casa está en orden”.