En la Argentina hay aproximadamente cuatro millones y medio de jóvenes entre 15 y 25 años, comprendidos en ese período difícil y complejo de la vida, que conjuga descubrimientos, rebeldías, aprendizajes y riesgos. Atento a las dificultades que presenta, es una tendencia mundial que las políticas públicas aborden a la juventud desde una perspectiva integrada y con acciones coordinadas. Lamentablemente en nuestro país, el abordaje ha sido siempre espasmódico y disperso, con escasas iniciativas interesantes como el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y con ausencias notorias de políticas públicas como en la lucha contra las adicciones.
Entre los riesgos que afectan a los jóvenes, las adicciones son un aspecto altamente preocupante y con un panorama poco alentador. Conforme las estadísticas de Sedronar, los jóvenes que abusan del alcohol han pasado de ser el 30% en 2001 al 63% en el 2011, y asimismo un 30% de ellos ha confesado no recordar lo ocurrido durante la ingesta, una tendencia realmente preocupante. En el mismo período de tiempo, la cantidad de jóvenes que han consumido algún tipo de droga aumentó del 5,2% al 12,3%, con un marcado crecimiento de la marihuana, llegando hoy a ser consumida por el 10,3% de la juventud. En este escenario, las estadísticas también dan cuenta del riesgo potencial de consumo, estimando que en las escuelas secundarias alrededor del 35% de los alumnos han consumido alguna droga, consumiría o siente curiosidad por hacerlo.
La educación también es un área donde las políticas públicas están dando resultados exiguos. Conforme la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo cuatrimestre del 2013, en la franja etaria de los 20 a los 24 años, aún persisten 13.000 jóvenes que no saben leer y escribir, 64.000 que no han terminado la primaria, 150.000 que solo tienen estudios primarios, y 550.000 que aún no han terminado la secundaria. Eso nos lleva a concluir que el 35% de los jóvenes no posee el grado educativo requerido para su edad. Pero asimismo, quienes siguen un camino de escolaridad adecuado se enfrentan con la escasa calidad educativa de nuestro país. Las evaluaciones internacionales nos ponen frente a la triste realidad de encontrarnos entre los países con peores resultados. Las pruebas PISA de la OCDE en su edición del 2012 manifestaron un franco retroceso en la posición argentina en educación respecto de otros países del mundo. Comparando con la evaluación del 2009, se retrocedió en matemáticas del puesto 51 al 59, en lectura del puesto 54 al 61 y en ciencias del 52 al 58; quedando en los rankings por detrás de la mayoría de los países latinoamericanos evaluados, con un nivel cercano al de Kazajistán y siendo superados por Trinidad y Tobago. Un sistema educativo que no puede garantizar que los jóvenes comprendan lo que leen, difícilmente pueda prepararlos para un mundo laboral que exige cada vez más.
La vulnerabilidad de la juventud se manifiesta notoriamente en materia laboral, siendo el sector social que más padece el desempleo y la precariedad laboral. Retomando los datos oficiales de la EPH del segundo trimestre de 2013, podemos observar que mientras que la tasa general de desempleo es del 7,2 %, en los jóvenes entre 20 y 24 años se incrementa hasta el 17 %, agudizándose entre las mujeres llegando al 21,3 %. En este aspecto no puede decirse que ha existido una desidia de las políticas públicas, sino todo lo contrario. Desde el 2008 se ha implementado el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, tal vez la acción estatal dirigida a jóvenes más importante de las últimas décadas, pero pese a ello, los resultados no son alentadores. Durante el período de vigencia del programa, la tasa de desocupación entre los jóvenes aumentó de 13,6 % hasta los actuales 17 %, a razón de un punto por año aproximadamente.
Estos tres aspectos elegidos dan cuenta de la realidad que vive la juventud en la Argentina, de los riesgos y las debilidades de las políticas públicas. Se podría continuar analizando más datos alarmantes en diferentes aspectos de la vida, como ser que el 45% de ellos manifiesta no tener cobertura de salud, y presumiblemente en todos estos aspectos los jóvenes sean el sector etario más vulnerable. Son estadísticas que dan cuenta de la realidad que se vive en el día a día, con un incremento notable de los jóvenes que no estudian ni trabajan, o con el flagelo de la droga azotándolos como consumidores o como peones en el juego de las mafias.
Los desafíos de las políticas públicas están planteados y son cuantiosos y difíciles, pero el primero de ellos es lograr una coordinación. Hoy el accionar del gobierno nacional es disperso y poco efectivo, reducido a una Dirección Nacional en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, y pequeños programas repartidos en diversas áreas, que pasan inadvertidos para la mayoría de la población, y con escasa coordinación con los otros niveles del estado. Hace falta entonces dar un marco estructural, que permita enfocar y coordinar los esfuerzos, jerarquizando la labor hacia la juventud. Otros países han tomado la delantera dictando leyes nacionales de juventud y creando ministerios o secretarias de juventud, otorgándole recursos y protagonismo político. En nuestro país, cualquier acción va a ser mejor que la actual inacción. Si queremos construir un futuro mejor, es imprescindible que empecemos a invertir en los jóvenes hoy.