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Postales que dejó el 24 de marzo

La jornada del 24 de marzo puso el punto sobre las íes al “derechohumanismo” kirchnerista. La inmensa movilización del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, denunciando la designación del genocida Milani como Jefe del Ejército, así como las condenas contra los obreros de Las Heras dictadas por una Justicia sometida a los monopolios petroleros y al gobierno, contrastaron con la marcha armada por los punteros oficialistas, claramente minoritaria y carente de entusiasmo y hasta de mística.

Este contraste convirtió a la jornada de 24 de marzo en otro capítulo del ascenso de la izquierda y de la retirada del gobierno kirchnerista. Mención aparte merece Sergio Massa, que decidió pasar el 24 de marzo en Nueva York en compañía de los “inversores” que apadrinaron el golpe genocida hace 38 años.

Impostura

La consigna utilizada por la conmemoración oficialista, “Democracia o corporaciones”, es el colmo de la hipocresía, puesta en boca de un gobierno desesperado por arreglar con todas esas corporaciones en tiempo récord. Salvo, claro, que se quiera presentar a Chevrón, Repsol o el CIADI como garantes de la democracia. CFK ni siquiera se hizo presente para acompañar esta farsa – no sea que arruine el acuerdo con el Club de París. Su acción “militante” se limitó a un tuit sobre su esposo. Horas antes, un tribunal de Santa Cruz digitado por el poder político provincial y nacional dictó prisión preventiva contra obreros petroleros que luchan contra el impuesto al salario y la tercerización.

El faltazo de CFK convirtió al ministro Julio Alak,  un defensor acérrimo del indulto y abogado personal de Carlos Menem, en el orador en la Esma. Así, el Día de la Memoria derivó en una operación de encubrimiento fingiendo un olvido colectivo. El cierre a cargo de Carlos Zannini, sin protagonismo para gobernadores e intendentes, transformó el 24 de marzo en un nuevo capítulo de la crisis del aparato justicialista.

El avance de la izquierda

La movilización del 24 de marzo organizada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia fue realmente popular. Testimonio de ello fue la presencia de los docentes que están en huelga indefinida por su salario, de los petroleros de Las Heras, de los dirigentes Qom, de los centros de estudiantes (que le ganaron a La Cámpora colegio por colegio en votaciones de asamblea la adhesión a la marcha independiente), de los familiares de la masacre de Once y de Cromagnón. Se hicieron presentes dirigentes de los derechos humanos, que en años anteriores organizaban marchas “intermedias” entre el gobierno y la izquierda, y que ahora estrechan filas con ésta para enfrentar a un gobierno en abierto giro a la derecha.

El repudio a la designación de Milani fue el eje político de la marcha, lo que refrenda el proyecto de destitución que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso. La centroizquierda no tuvo protagonismo. Pino Solanas, que en el pasado solía asomarse por estas marchas, ahora es cuarto violín de los ejecutores de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Todo el bloque UNEN sufrió una derrota política cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia rechazó que participara en el sorteo de la marcha, considerando que son parte de un bloque político responsable de la impunidad. El UNEN se limitó a realizar un acto en una Iglesia y la UCR a una actividad interna en su local central.

Perspectivas

La Plaza de Mayo, repleta por miles de personas, fue un respaldo a la gran huelga docente, por eso contó con una masiva presencia de los protagonistas de esta lucha histórica. Desde un punto de vista estratégico expresó la fusión de la izquierda con las causas populares.

El 24 de marzo se convirtió, gracias a una lucha decidida, en una jornada de polarización política real, pues opuso a bloques que representan intereses sociales antagónicos y no a punteros del propio partido gobernante. La tarea del momento es desarrollar esa polarización impulsado una fuerte campaña por la huelga general y por una salida política de los trabajadores.

En esa perspectiva trabajan el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

A Repsol todo, a los docentes nada

Las dos noticias que tienen en vilo al país en estos días tienen el valor de ilustrar, con una nitidez que sorprende, los intereses que representa el gobierno kirchnerista y, en especial, el giro que encarna el equipo económico encabezado por Axel Kicillof. Mientras se procede a indemnizar a los vaciadores de Repsol, saludada por toda la clase capitalista, se amenaza a los docentes con un decretazo que imponga una rebaja salarial, ya que en los planes oficiales debe servir para aleccionar a todo el movimiento obrero. Lo más importante, de todos modos, es que la “hoja de ruta” que el gobierno se ha trazado para querer superar su bancarrota económica y política lo pone al arbitrio del capital financiero internacional.

Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

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El Código Civil y Comercial de un Estado en bancarrota: el estatuto del derrumbe kirchnerista

El proyecto de unificación del Código Civil y Comercial que el gobierno ha elaborado en acuerdo con los miembros de la Corte se inspira en el elaborado por el menemismo en 1998. Según el decreto presidencial de 1995, éste apuntaba a “acompañar el proceso de modernización que ha emprendido el país”. ‘Modernización’ es la contraseña que utilizan el FMI y el Banco mundial para desarmar las reglamentaciones que protegen el conjunto de conquistas obreras que ponen un cierto límite a la explotación capitalista. La ausencia de ‘modernización’ de las relaciones laborales es el reproche principal que la Comisión Europea imputa a ciertos países de su jurisdicción.

Impunidad para el Estado y los funcionarios

Una de las modificaciones establece que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva (como multas) es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. El artículo 6 dice que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos”. ¿Cómo justifican los K estas disposiciones que equivalen darle al Estado y los funcionarios un certificado de impunidad por adelantado? Según los guionistas del relato estas medidas son progresivas porque impiden la proliferación de la industria del juicio, y más aún, protegen al Estado de la acción de los monopolios. Pero la impostura salta a la vista cuando vemos que son ellos mismos quienes acaban de sellar un acuerdo con Chevron, que aún mantiene su carácter confidencial siendo sin embargo YPF una empresa “pública”.

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Un viraje de fondo

Mientras Cristina Kirchner fatiga la tribuna acusando a la oposición de representar los “intereses corporativos”, sus representantes recorren Nueva York tejiendo un delicado acuerdo con los fondos buitres, el FMI y el Banco Mundial, los que suponen una modificación radical de la actual política económica. El silencio de Sergio Massa, Mauricio Macri y Hermes Binner sobre estos manejos de trastienda no deja de ser clarificador, no sólo porque muestran el carácter artificial de sus campañas electorales, sino porque delata un acuerdo de fondo entre los políticos capitalistas para aplicar un programa contrario a los intereses de los trabajadores.

Detrás del presupuesto

Es indudable que el proyecto de Presupuesto 2014 enviado por el gobierno al Congreso es un “dibujo”. Tampoco son ciertas las proyecciones de inflación o el superávit fiscal que se anuncian, por lo que se marcha a un agujero del fisco de proporciones a financiar mediante la emisión monetaria y el saqueo de la Anses, el Banco Nación, el Central y otras cajas del Estado. Detrás de la adulteración estadística se esconde el propósito de manejar la política económica por medios de excepción.

La oposición denuncia el “dibujo”, pero no cuestiona en lo más mínimo el tema de fondo. El Presupuesto plantea utilizar casi 10.000 millones de dólares del Banco Central para cancelar vencimientos de capital de la deuda externa, así como una cifra exorbitante en pesos para enfrentar el vencimiento de intereses. Dentro de los pagos presupuestados para 2014, estarían los 4.000 millones de dólares para el Cupón PBI, que surgiría de presentar un crecimiento económico muy por encima del real. El pago de este Cupón, desde que fuera emitido con el canje de deuda del año 2005, sirvió para neutralizar la promocionada “quita” realizada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Finalmente, es una de las causas que explican por qué la deuda pública creció hasta superar holgadamente los 200.000 millones de dólares, aunque en ese mismo lapso pagamos deuda por 176.000 millones -según reconociera la propia Presidenta cuando se autocalificó como “pagadora serial”.

En busca de un acuerdo

El pago del Cupón PBI que establece el Presupuesto para el año que viene no puede explicarse si no es por el intento del gobierno de ofrecerle un gancho a los acreedores y a los fondos buitres para buscar un acuerdo por afuera de la Justicia de Nueva York. Ha trascendido que el acuerdo podría incorporar el pago en efectivo de una parte de la deuda y el resto ser compensado con la emisión de nuevos bonos, a los que se le añadiría el cupón PBI. En cualquier caso, el resultado final sería un nuevo incremento del stock de deuda, lo que la llevaría por encima de la relación promedio entre la deuda y el PBI que Argentina tuvo en la década del ’90.

Para avanzar en la negociación con los fondos buitres, el gobierno debe resolver toda la agenda pendiente que reclama el capital financiero. Por eso mismo, ya habría un acuerdo con las cinco empresas que ganaron los juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a las cuales el gobierno les pagaría 500 millones de dólares emitiendo nuevos bonos. Pero la lista en el Ciadi es más larga: está el caso Repsol, el más importante de todos, con su demanda por la expropiación de sus acciones por parte del Estado. De más está decir que el reconocimiento de los juicios en el Ciadi, un tribunal que pertenece al Banco Mundial y que viola por completo la soberanía nacional, supone otro factor de aumento de una deuda usuraria.

Con la negociación con el Ciadi y con el Club de París (que reclama una deuda de 7.000 millones más intereses), el gobierno gana tiempo para cerrar un acuerdo con los fondos buitres. Es que recién el año que viene vence la cláusula que Néstor Kirchner inscribió en el canje de 2005, que establecía que cualquier beneficio que se le otorgue en el futuro a un bonista que no entró al canje debe generalizarse para todos. Pasada esa fecha, el gobierno queda con las manos libres para cerrar un acuerdo con los fondos buitres, entregándoles nuevas concesiones.

Endeudamiento y devaluación

Estas negociaciones realizadas por el gobierno suponen, en el caso de prosperar, un cambio general de la política económica. La necesidad de hacer frente a nuevos pagos de la deuda requiere el ingreso de dólares del exterior, los que no pueden depender exclusivamente de un saldo comercial favorable -el cual, dicho de paso, está en claro retroceso. Pero el ingreso de dólares no es compatible con el cepo cambiario y con la restricción existente en el giro de utilidades, como lo probó el fracaso del blanqueo de capitales y la emisión de Cedines. El gran capital reclama recuperar libertad de movimientos para llevar a cabo un nuevo ciclo de endeudamiento. Quien dio el primer paso en ese sentido fue la “nacional y popular” YPF, que colocó deuda en Londres como parte de un plan más amplio de endeudamiento en esa y en otras plazas del capital financiero internacional.

Este giro general de la política económica no puede darse sin una fuerte devaluación de la moneda, la que permita, por un lado, levantar el cepo y las restricciones al giro de divisas y, por el otro, incentivar el ingreso de dólares mediante el abaratamiento generalizado de la economía. Una devaluación de tal magnitud podría conducir a una hiperinflación, salvo que se la complemente con fuertes medidas recesivas -como, por ejemplo, la reducción del gasto público con un ajuste fiscal y, por sobre todo, con un ataque directo al salario de los trabajadores.

La clase capitalista reclama este giro. Como parte de las previsiones de lo que se viene, deben entenderse las negociaciones sobre un nuevo índice inflacionario que se están sustanciando entre el equipo económico y el FMI. La idea es preparar el terreno para habilitar una indexación de la economía, que alcance incluso a los títulos de deuda que emita el gobierno. De este modo, queda claro que el llamado “desendeudamiento” -el cual fue una transferencia de deuda del gran capital financiero a la Anses, el Banco Central y hasta el Pami-, será usado ahora para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento internacional.

La campaña electoral

El desarrollo de la campaña electoral de acá a octubre estará atravesado por los intentos del gobierno de arribar a un acuerdo con los fondos buitres, el Ciadi y el FMI. De igual modo que el gobierno sepultó su política de “derechos humanos” para poner al pistolero Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la derrota sufrida en las PASO acelera la tendencia ya existente en el gobierno para tomar el programa de la clase capitalista a favor de una devaluación, un ajuste y un nuevo ciclo de endeudamiento que pagarán con creces los trabajadores.

En esta nueva fase de la campaña electoral que se abre, el Frente de Izquierda denunciará la dependencia del gobierno y de la oposición tradicional con los saqueadores del país.