Las dos noticias que tienen en vilo al país en estos días tienen el valor de ilustrar, con una nitidez que sorprende, los intereses que representa el gobierno kirchnerista y, en especial, el giro que encarna el equipo económico encabezado por Axel Kicillof. Mientras se procede a indemnizar a los vaciadores de Repsol, saludada por toda la clase capitalista, se amenaza a los docentes con un decretazo que imponga una rebaja salarial, ya que en los planes oficiales debe servir para aleccionar a todo el movimiento obrero. Lo más importante, de todos modos, es que la “hoja de ruta” que el gobierno se ha trazado para querer superar su bancarrota económica y política lo pone al arbitrio del capital financiero internacional.

Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

A los 6.000 millones de dólares de nueva deuda creada por el gobierno se le deberán añadir los intereses; estos serán superiores al 8% anual, una tasa usuraria que duplica, como mínimo, lo que pagan países de América Latina. Se estima que, hasta 2033, fecha de vencimiento de los bonos, los intereses serán equivalentes al capital, lo que totaliza pagos por 12.000 millones de dólares. Este beneficio se distribuirá entre Repsol y los bancos que se hagan de los bonos. Si Repsol resolviera mantener los bonos en su cartera, recibirá intereses anuales por entre 360 y 500 millones de dólares -más o menos lo que obtenía como dividendos cuando era propietaria de YPF. En el caso de los bonos 2024, que aún no tienen cotización, el Estado garantizará a través del Banco Nación las tres primeras cuotas de intereses. Las garantías a Repsol no terminan acá. El convenio establece que si surgen problemas de pago o embargos, el Estado deberá pagar de inmediato el saldo adeudado. De ocurrir diferendos, no serán los tribunales argentinos los que decidan, sino la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Para el gobierno “nacional y popular” se ha vuelto una moda renunciar a la soberanía de la Justicia argentina.

Aunque el gobierno presenta como positivo que Repsol renuncie a continuar los juicios contra el país, lo cierto es que se trata de una medida recíproca, que compromete a Argentina a renunciar también a los juicios contra la empresa. Los pasivos ambientales que el propio Kicillof había denunciado en el momento de la expropiación nunca fueron tasados y ahora no podrán ser llevados a la Justicia. Tampoco las investigaciones sobre vaciamiento empresario, que constaban en el Informe Mosconi elaborado por el gobierno. De amenazar con no pagar un peso, e incluso declarar que la investigación probaría que es Repsol la que debería indemnizar a la Argentina, Kicillof nos dice que la legislación vigente obliga a este pago oneroso a los vaciadores. El “relato” termina sepultado bajo la Ley Nacional de Expropiaciones dictada por Videla y Massera en 1977, hoy vigente.

La cola que sigue

El objetivo declarado de “volver a los mercados” que el gobierno se había trazado ha sido tercerizado a Repsol. Será el monopolio petrolero quien colocará los “bonos soberanos” de Argentina en el mercado, con la salvedad de que los dólares se los quedarán ellos y la factura la pagará el país. Es que por muy entreguista que sea el acto indemnizatorio, los “mercados” siguen reclamando más. En la cola de los que esperan un resarcimiento están el Club de París, los bonistas que no han entrado en el canje y las empresas que litigaron en el CIADI. Entre unos y otros se esconde el FMI. Los países que integran el Club de París ponen como condición para un acuerdo que el gobierno acceda a que el Fondo realice una auditoría de las cuentas nacionales. El nuevo índice de inflación dado a conocer el mes pasado es un primer paso del gobierno en esa dirección.

La “normalización económica” con el gran capital implicará la creación de una deuda inmensa. Si se suma a la ya comprometida con Repsol, estaríamos muy por encima de los 30.000 millones de dólares. Cristina Kirchner y Kicillof terminarían sus días como afiliados al “club de los endeudadores”, al costo de una cuota muy alta. Después de haber batido el parche del “desendeudamiento”, tendríamos una deuda pública de unos 300.000 millones de dólares. Por lejos, la más alta de la historia. Los elementos para una quiebra económica generalizada se van reuniendo a una velocidad inusitada.

A medida que el gobierno avanza en esta dirección, su capacidad de arbitraje se reduce a la mínima expresión. El factor decisivo pasa a ser el capital financiero internacional. Mientras en el pasado la cancelación de la deuda con el FMI era presentada como una medida de autonomía nacional para “independizarnos” del Fondo, ahora la indemnización a Repsol persigue el propósito declarado de una asociación con los monopolios petroleros internacionales como Chevron, y conseguir fuentes de financiamiento de los grandes bancos. Estas concesiones empujan a un cambio completo de la política económica, dándole completa libertad al capital para su acción.

A los docentes, nada

El acuerdo entre el Repsol y el gobierno contrasta con las negociaciones establecidas con los docentes. La propuesta oficial de un 22% en tres cuotas más 2.000 pesos de presentismo a pagar en dos veces equivale a una rebaja salarial hecha y derecha. Contra una inflación prevista por arriba del 40%, es claro que el gobierno quiere que los salarios se reduzcan en relación con la inflación y el índice de devaluación. Reducir el salario en dólares es el nuevo grito de la clase capitalista. En el caso concreto de los docentes, el gobierno ya anticipó que piensa recurrir a un decretazo para imponer este objetivo.

La oposición tradicional no sólo apoya el acuerdo con Repsol, y el acuerdo con el Club de París y el FMI. También es partidaria de un ataque al salario. De Mendiguren ha pedido la suspensión de las paritarias -aunque ahora quiere “apurarlas” en acuerdo con la CGT- y Felipe Solá auguró que los trabajadores están dispuestos a aceptar “una rebaja salarial”. La oposición, que ha saludado la devaluación de la moneda, pide bajo el eufemismo de la necesidad de “un plan integral” realizar un ajuste que incluya un tarifazo generalizado y una nueva devaluación.

Huelga general

La docencia combativa de todo el país se ha convocado para resolver un paro para el 5 y 6 de marzo, y exigió a la CTERA y al resto de los sindicatos la huelga general para defender un salario igual a la canasta familiar. La burocracia, sea oficialista u opositora, no quiere saber nada con ello. Por eso han puesto en el freezer el paro convocado por ellos mismos. Actúan como lo que son: agentes del ajuste al interior del movimiento obrero. Pero la burocracia no es el factor decisivo en la situación. Ante los despidos en Córdoba, ya se han ocupado tres empresas metalúrgicas, lo cual marca un curso a seguir para enfrentar los despidos y suspensiones.

Asistimos a los últimos capítulos de un gobierno en disgregación, que se juega la supervivencia en una ofensiva contra los trabajadores. En oposición a la intención de “blindar” a Repsol y al gran capital, llamamos a “blindar” a los trabajadores, prohibiendo despidos y suspensiones, con un aumento salarial de emergencia de 3.000 pesos y un salario mínimo igual a la canasta familiar. Está planteado impulsar la huelga general por este programa y estructurar una salida independiente de los trabajadores.