Postales que dejó el 24 de marzo

La jornada del 24 de marzo puso el punto sobre las íes al “derechohumanismo” kirchnerista. La inmensa movilización del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, denunciando la designación del genocida Milani como Jefe del Ejército, así como las condenas contra los obreros de Las Heras dictadas por una Justicia sometida a los monopolios petroleros y al gobierno, contrastaron con la marcha armada por los punteros oficialistas, claramente minoritaria y carente de entusiasmo y hasta de mística.

Este contraste convirtió a la jornada de 24 de marzo en otro capítulo del ascenso de la izquierda y de la retirada del gobierno kirchnerista. Mención aparte merece Sergio Massa, que decidió pasar el 24 de marzo en Nueva York en compañía de los “inversores” que apadrinaron el golpe genocida hace 38 años.

Impostura

La consigna utilizada por la conmemoración oficialista, “Democracia o corporaciones”, es el colmo de la hipocresía, puesta en boca de un gobierno desesperado por arreglar con todas esas corporaciones en tiempo récord. Salvo, claro, que se quiera presentar a Chevrón, Repsol o el CIADI como garantes de la democracia. CFK ni siquiera se hizo presente para acompañar esta farsa – no sea que arruine el acuerdo con el Club de París. Su acción “militante” se limitó a un tuit sobre su esposo. Horas antes, un tribunal de Santa Cruz digitado por el poder político provincial y nacional dictó prisión preventiva contra obreros petroleros que luchan contra el impuesto al salario y la tercerización.

El faltazo de CFK convirtió al ministro Julio Alak,  un defensor acérrimo del indulto y abogado personal de Carlos Menem, en el orador en la Esma. Así, el Día de la Memoria derivó en una operación de encubrimiento fingiendo un olvido colectivo. El cierre a cargo de Carlos Zannini, sin protagonismo para gobernadores e intendentes, transformó el 24 de marzo en un nuevo capítulo de la crisis del aparato justicialista.

El avance de la izquierda

La movilización del 24 de marzo organizada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia fue realmente popular. Testimonio de ello fue la presencia de los docentes que están en huelga indefinida por su salario, de los petroleros de Las Heras, de los dirigentes Qom, de los centros de estudiantes (que le ganaron a La Cámpora colegio por colegio en votaciones de asamblea la adhesión a la marcha independiente), de los familiares de la masacre de Once y de Cromagnón. Se hicieron presentes dirigentes de los derechos humanos, que en años anteriores organizaban marchas “intermedias” entre el gobierno y la izquierda, y que ahora estrechan filas con ésta para enfrentar a un gobierno en abierto giro a la derecha.

El repudio a la designación de Milani fue el eje político de la marcha, lo que refrenda el proyecto de destitución que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso. La centroizquierda no tuvo protagonismo. Pino Solanas, que en el pasado solía asomarse por estas marchas, ahora es cuarto violín de los ejecutores de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Todo el bloque UNEN sufrió una derrota política cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia rechazó que participara en el sorteo de la marcha, considerando que son parte de un bloque político responsable de la impunidad. El UNEN se limitó a realizar un acto en una Iglesia y la UCR a una actividad interna en su local central.

Perspectivas

La Plaza de Mayo, repleta por miles de personas, fue un respaldo a la gran huelga docente, por eso contó con una masiva presencia de los protagonistas de esta lucha histórica. Desde un punto de vista estratégico expresó la fusión de la izquierda con las causas populares.

El 24 de marzo se convirtió, gracias a una lucha decidida, en una jornada de polarización política real, pues opuso a bloques que representan intereses sociales antagónicos y no a punteros del propio partido gobernante. La tarea del momento es desarrollar esa polarización impulsado una fuerte campaña por la huelga general y por una salida política de los trabajadores.

En esa perspectiva trabajan el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

A Repsol todo, a los docentes nada

Las dos noticias que tienen en vilo al país en estos días tienen el valor de ilustrar, con una nitidez que sorprende, los intereses que representa el gobierno kirchnerista y, en especial, el giro que encarna el equipo económico encabezado por Axel Kicillof. Mientras se procede a indemnizar a los vaciadores de Repsol, saludada por toda la clase capitalista, se amenaza a los docentes con un decretazo que imponga una rebaja salarial, ya que en los planes oficiales debe servir para aleccionar a todo el movimiento obrero. Lo más importante, de todos modos, es que la “hoja de ruta” que el gobierno se ha trazado para querer superar su bancarrota económica y política lo pone al arbitrio del capital financiero internacional.

Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

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El Código Civil y Comercial de un Estado en bancarrota: el estatuto del derrumbe kirchnerista

El proyecto de unificación del Código Civil y Comercial que el gobierno ha elaborado en acuerdo con los miembros de la Corte se inspira en el elaborado por el menemismo en 1998. Según el decreto presidencial de 1995, éste apuntaba a “acompañar el proceso de modernización que ha emprendido el país”. ‘Modernización’ es la contraseña que utilizan el FMI y el Banco mundial para desarmar las reglamentaciones que protegen el conjunto de conquistas obreras que ponen un cierto límite a la explotación capitalista. La ausencia de ‘modernización’ de las relaciones laborales es el reproche principal que la Comisión Europea imputa a ciertos países de su jurisdicción.

Impunidad para el Estado y los funcionarios

Una de las modificaciones establece que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva (como multas) es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. El artículo 6 dice que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos”. ¿Cómo justifican los K estas disposiciones que equivalen darle al Estado y los funcionarios un certificado de impunidad por adelantado? Según los guionistas del relato estas medidas son progresivas porque impiden la proliferación de la industria del juicio, y más aún, protegen al Estado de la acción de los monopolios. Pero la impostura salta a la vista cuando vemos que son ellos mismos quienes acaban de sellar un acuerdo con Chevron, que aún mantiene su carácter confidencial siendo sin embargo YPF una empresa “pública”.

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La Corte Suprema propina otra derrota al gobierno

En tiempo récord, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley que establece la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura. La resolución no generó sorpresas. Aun antes que la ley sea aprobada en el Congreso se sabía que la corporación judicial rechazaría la ley por inconstitucional, haciendo valer la interpretación que a los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo deben elegirlos sus pares y no el voto universal del electorado. De este modo, la Corte Suprema declaró la validez de un principio corporativo en una institución del Estado.

Para rechazar la elección del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema argumentó que la Justicia debe ser independiente del poder político. Se trata, sin embargo, de un argumento llamativo, pues hasta la reforma constitucional de 1994 los jueces siempre fueron designados por un acuerdo entre el Senado y el Poder Ejecutivo, o sea, por una rosca política que involucró al peronismo y al radicalismo, e incluso en algunos períodos por los gobiernos militares (una parte del actual Poder Judicial fue designado por la dictadura militar sin que a la “democracia” se le mueva un pelo).

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