Por: Gabriel Solano
En tiempo récord, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley que establece la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura. La resolución no generó sorpresas. Aun antes que la ley sea aprobada en el Congreso se sabía que la corporación judicial rechazaría la ley por inconstitucional, haciendo valer la interpretación que a los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo deben elegirlos sus pares y no el voto universal del electorado. De este modo, la Corte Suprema declaró la validez de un principio corporativo en una institución del Estado.
Para rechazar la elección del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema argumentó que la Justicia debe ser independiente del poder político. Se trata, sin embargo, de un argumento llamativo, pues hasta la reforma constitucional de 1994 los jueces siempre fueron designados por un acuerdo entre el Senado y el Poder Ejecutivo, o sea, por una rosca política que involucró al peronismo y al radicalismo, e incluso en algunos períodos por los gobiernos militares (una parte del actual Poder Judicial fue designado por la dictadura militar sin que a la “democracia” se le mueva un pelo).
La creación del Consejo de la Magistratura no modificó en nada esta situación, como lo prueba el hecho de que los gobiernos siguieron designando a jueces de su agrado. El kirchnerismo no ha sido la excepción a esta regla. Nombró a buena parte de los jueces actuales, incluso a los miembros de la Corte Suprema, y contó con el aval del Poder Judicial para sus medidas de gobierno. El choque actual se asemeja, por lo tanto, a una crisis entre socios o ex socios cuando la sociedad que conformaron entra en decadencia. Es lo que ocurre ahora, pero mientras el gobierno pretende enfrentarla con medidas de excepción que le posibilite seguir pagando la deuda externa y bancando un régimen de subsidios que llevó a la quiebra al Estado, el Poder Judicial sale en defensa de intereses capitalistas enfrentados con el gobierno.
Más allá de estas divergencias existen todavía fuertes coincidencias, como lo prueba el fallo de la Corte Suprema, a pedido del gobierno, levantando el embargo al monopolio petrolero Chevrón por la contaminación producida en Ecuador. La crisis en curso anticipaba que la elección del Consejo de la Magistratura sería rechazada por la Justicia. El gobierno, advertido de ello, decidió de todos modos seguir adelante considerando que al menos podría explotar en la campaña electoral una bandera democrática en contra de una oposición que defiende a las corporaciones. Pero aquí también incurrió en un error de cálculo grosero. Es que el requisito para que la oposición pagase un costo político era que la “reforma judicial” ganase un apoyo popular, algo que no ocurrió ni podía ocurrir. Esto por el simple motivo de que estaba dictada por intereses reaccionarios, como lo prueba la limitación del derecho a presentar cautelares contra medidas establecidas por el Estado, o el alargamiento de los procesos judiciales con la creación de nuevas Cámaras de Casación perjudicando los juicios laborales y provisionales.
En lo que hace a la “democratización” de la Justicia el gobierno nunca planteó la elección y revocabilidad de los jueces, sino sólo la elección de una parte de un organismo de tranzas como es el Consejo de la Magistratura, elección que para peor iría pegada a la sábana general de la lista de los partidos políticos.
El kirchnerismo, al final, hizo el peor de los negocios. No sumó nuevas fuerzas con su campaña por la “reforma judicial” sino que, por el contrario, perdió parte de su tropa llevándola a una pelea perdida. A la oposición, que estaba fragmentada y dividida, le entregó un triunfo en bandeja, y hasta le facilitó la tarea para que, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, armen un frente que aunque no deja de ser una bolsa de gatos, alcanza para dejar al kirchnerismo en tercer puesto, o sea, sin banca de senador.
Para el oficialismo, la elección del Consejo de la Magistratura tenía una finalidad inmediata: nacionalizar la elección con una boleta de distrito único, superando el carácter distrital de una elección parlamentaria que se le presentaba difícil de ganar. Pero esta maniobra se calló junto con la ley de Consejo de la Magistratura, con el agravante de haberle facilitado un triunfo político a la oposición de derecha. El kirchnerismo verificará en carne propia que los impasse políticos no se superan apelando a maniobras de corto plazo. La fragmentación de su propia tropa que quería ocultar se pondrá ahora de manifiesto, pero de manera agravada, ya que la derrota sufrida no tendrá un efecto neutro. Por el contrario, agravará el retroceso político del kirchnerismo convirtiendo las aspiraciones re-reeleccionistas de la camarilla K en una utopía.
La oposición, que va de Macri a Binner, festeja el fallo de la Corte Suprema mostrando que su programa es la defensa de una “corpo” judicial integrada por una casta de jueces inamovibles, que elijen a sus propios sucesores y aseguran el dominio de los grandes estudios jurídicos que responden a las corporaciones capitalistas.
El fallo de la Corte Suprema privó al país de un hecho que iba a ser clarificador: la lista única de Macri y Binner, pasando por Pino Solanas y cía. De todas formas nada nos privará, realizada ya esa presentación, de acusar a la centroizquierda de frente con Macri en grado de tentativa. Además no podemos descartar que mas temprano que tarde ese delito se consume hasta el final.
Con esta derrota no terminan los problemas del gobierno. Hace días llegó a la Corte Suprema la causa de la “ley de medios” y todo hace pensar que en lo esencial los “supremos” fallarán en defensa de Clarín. Una Corte llamada a defender la propiedad privada no es muy amiga de las “desinversiones” y maniobras patrimoniales que, aunque no cuestionen la esencia de la propiedad privada, afectan puntualmente a determinados capitalistas.
El gobierno entra al proceso electoral golpeado por esta derrota estratégica y por una creciente crisis financiera. Las maniobras para superar la crisis se le han vuelto en contra. El agotamiento del kirchnerismo, como resultado inexorable de sus propias limitaciones, se acelera. El Frente de Izquierda llama a sacar las conclusiones de este fracaso y reforzar la construcción de una alternativa obrero y socialista.