Se suponía que las elecciones tenían que ser la transición política a un nuevo gobierno, que supere el agotamiento del kirchnerismo como movimiento político y como esquema económico. Pero la decisión de que el vice de Scioli sea Zannini ha bloqueado esta transición política que las elecciones venían a consagrar. Nadie duda que Zannini es un representante directo de Cristina Kirchner y que ha sido colocado en la fórmula presidencial para manejar, al menos, una parte del poder en un próximo gobierno. Recordemos que el vicepresidente no sólo controla la presidencia del Senado sino que está primero en la línea sucesoria. Por eso la fórmula Scioli-Zannini tiene todo el aspecto de un golpe de Estado potencial, que oscilará entre el condicionamiento al próximo gobierno y los intentos de desestabilización. Continuar leyendo
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La Corte Suprema y el post-kirchnerismo
El fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura asegura que la elección popular de consejeros contradice la “independencia del Poder Judicial”. La afirmación es por lo menos curiosa, porque hasta la reforma constitucional del año 1994 los jueces eran nombrados por el Senado, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo. Con la creación del Consejo de la Magistratura -concebido para ‘despolitizar’, precisamente, esos nombramientos-, las cosas siguieron más o menos igual. El kirchnerismo, de hecho, nombró a centenares de jueces de su riñón político, dado que el Senado y el Poder Ejecutivo siguieron interviniendo en la elección de los jueces.
La decisión de la Corte Suprema se produce en el marco de un cambio de frente de los capitales que acompañaron a los K. A Repsol, Eskenazi, Vale do Rio Doce, El Tejar, el Banco Macro y se le suma la UIA, con la incorporación de De Mendiguren, un vocero de Techint, a la lista de Sergio Massa. En este marco debe entenderse el choque del gobierno con la Corte nombrada por Néstor Kirchner. Alberto Fernández acaba de explicar que eso ocurrió luego de que el gobierno obtuviera el compromiso de los nuevos jueces supremos con la legalización de la pesificación asimétrica establecida en 2002.
La Corte Suprema propina otra derrota al gobierno
En tiempo récord, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley que establece la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura. La resolución no generó sorpresas. Aun antes que la ley sea aprobada en el Congreso se sabía que la corporación judicial rechazaría la ley por inconstitucional, haciendo valer la interpretación que a los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo deben elegirlos sus pares y no el voto universal del electorado. De este modo, la Corte Suprema declaró la validez de un principio corporativo en una institución del Estado.
Para rechazar la elección del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema argumentó que la Justicia debe ser independiente del poder político. Se trata, sin embargo, de un argumento llamativo, pues hasta la reforma constitucional de 1994 los jueces siempre fueron designados por un acuerdo entre el Senado y el Poder Ejecutivo, o sea, por una rosca política que involucró al peronismo y al radicalismo, e incluso en algunos períodos por los gobiernos militares (una parte del actual Poder Judicial fue designado por la dictadura militar sin que a la “democracia” se le mueva un pelo).