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Capítulo II de la ley antiterrorista

Del decreto que establece la “emergencia en seguridad” ha llamado la atención especialmente la autorización para el derribo de aviones. Se entiende por qué. La medida es completamente ilegal, pues representa una clara violación de la ley de seguridad interior vigente, que prohíbe a las Fuerzas Armadas desempañar tareas de seguridad dentro del país. En el futuro, amparados siempre en la emergencia, se podrá establecer que las Fuerzas Armadas patrullen los barrios populares, como muchos candidatos lo reclamaron en las pasadas elecciones.

La aplicación de la medida equivale a establecer una suerte de pena de muerte, con el agravante de que prescinde del juicio previo y del derecho a la defensa. Se pretende justificar semejante engendro reaccionario argumentando que es necesario para luchar contra el narcotráfico, pero si esta fuese realmente la finalidad, debería procederse a la estatización de los puertos privados, por donde entra y sale la droga del país, nacionalizar el juego que sirve para lavar el narcodinero, y el sistema financiero que cumple una función similar.

El decreto de emergencia también permite a las fuerzas de seguridad a convocar al personal retirado. Aunque en la letra se establezca que esta re-convocatoria excluye a quienes tienen denuncias de corrupción y de violación de los derechos humanos, lo cierto es que, gracias a la impunidad reinante, la inmensa mayoría de quienes cometieron esos delitos pudieron retirarse sin denuncias en su contra. Continuar leyendo →

Los motivos de fondo de la marcha atrás

En menos de 12 horas Axel Kicillof dio marcha atrás con dificultad de sus dichos favorables a establecer un impuesto especial a las viviendas ociosas. Aunque al ministro se lo acusa de ser engreído, no dudó en calificar a sus propias palabras como una “taradez”. Kicillof, sin embargo, no improvisó. La propuesta que formuló fue uno de los ejes de la campaña kirchnerista en la ciudad. La marcha atrás de Kicillof, a su pesar, sirvió para mostrar que la campaña de Mariano Recalde estuvo montada sobre un fraude.

Al desdecirse de sus propias palabras, Kicillof no hizo otra cosa que seguir la posición de las grandes cámaras inmobiliarias. Estas pusieron el grito en el cielo ante una medida que, aunque tibia, afecta sus negocios actuales. Ocurre que un impuesto de este tipo serviría para incrementar la oferta de inmuebles para alquiler, lo que ante una demanda constante debería redundar en una baja de los alquileres. De este modo, tendríamos una afectación de la renta, ya sea por la vía de la baja de los alquileres o por una carga impositiva especial a quien adquirió una propiedad como reserva de valor de un activo dolarizado. De una manera indirecta y limitada, un impuesto a la vivienda ociosa conduce a una apropiación de la renta del suelo por parte del Estado.

La marcha atrás de Kicillof fue conceptual. Arguyó que la afectación de la renta derivaría en una caída de la construcción, pues las grandes constructoras verían afectada sus beneficios. Para alejar toda duda sobre sus propias convicciones, el ministro puede citar que fue él mismo y en persona quien se hizo presente en la Legislatura de la ciudad para asegurar el voto de la bancada kirchnerista al proyecto de ley elaborado con el PRO para entregar las tierras ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers a grupos como IRSA, del empresario oficialista Eduardo Elsztain, quien a su vez controla el Banco Hipotecario. La defensa de estos negocios inmobiliarios ha sido la base de los pactos entre el macrismo y el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Continuar leyendo →

Alumbran un monstruo bicéfalo

Se suponía que las elecciones tenían que ser la transición política a un nuevo gobierno, que supere el agotamiento del kirchnerismo como movimiento político y como esquema económico. Pero la decisión de que el vice de Scioli sea Zannini ha bloqueado esta transición política que las elecciones venían a consagrar. Nadie duda que Zannini es un representante directo de Cristina Kirchner y que ha sido colocado en la fórmula presidencial para manejar, al menos, una parte del poder en un próximo gobierno. Recordemos que el vicepresidente no sólo controla la presidencia del Senado sino que está primero en la línea sucesoria. Por eso la fórmula Scioli-Zannini tiene todo el aspecto de un golpe de Estado potencial, que oscilará entre el condicionamiento al próximo gobierno y los intentos de desestabilización. Continuar leyendo →

El día después

En los últimos tiempos, ocurrieron hechos que confirman el carácter irreversible del retroceso del kirchnerismo. Uno de ellos viene del mundo del espectáculo. Nos referimos al acuerdo que suscribieron Cristóbal López (uno de los empresarios del riñón del oficialismo) con Marcelo Tinelli y Canal 13, del archienemigo Héctor Magnetto. El empresario adquirió la productora Ideas del Sur del famoso conductor, quien seguirá protagonizando “Showmatch”. Este, junto a otros programas que elaborará la empresa de Cristóbal López, se pasarán por la pantalla de Canal 13. Uno de los programas sería entre Tinelli y ¡Lanata! Es difícil no percibir el retroceso que este acuerdo representa.

Sólo hace unos meses atrás, el gobierno quiso forzar la salida de Tinelli del Canal 13 de Magnetto. En parte lo lograron, porque en el crucial año electoral, Tinelli levantó su programa. Pero ahora, luego de la derrota sin atenuantes de agosto, es éste quien le “roba” al kirchnerismo uno de sus principales “burgueses nacionales”, al que ayudó a enriquecerse con la obra pública de Santa Cruz y el negocio del juego. Resulta obvio, además, que este acuerdo refuerza la posición del grupo Clarín para el fallo de la Corte sobre la Ley de Medios.

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La Corte Suprema propina otra derrota al gobierno

En tiempo récord, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley que establece la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura. La resolución no generó sorpresas. Aun antes que la ley sea aprobada en el Congreso se sabía que la corporación judicial rechazaría la ley por inconstitucional, haciendo valer la interpretación que a los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo deben elegirlos sus pares y no el voto universal del electorado. De este modo, la Corte Suprema declaró la validez de un principio corporativo en una institución del Estado.

Para rechazar la elección del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema argumentó que la Justicia debe ser independiente del poder político. Se trata, sin embargo, de un argumento llamativo, pues hasta la reforma constitucional de 1994 los jueces siempre fueron designados por un acuerdo entre el Senado y el Poder Ejecutivo, o sea, por una rosca política que involucró al peronismo y al radicalismo, e incluso en algunos períodos por los gobiernos militares (una parte del actual Poder Judicial fue designado por la dictadura militar sin que a la “democracia” se le mueva un pelo).

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