Por: Gabriel Solano
Del decreto que establece la “emergencia en seguridad” ha llamado la atención especialmente la autorización para el derribo de aviones. Se entiende por qué. La medida es completamente ilegal, pues representa una clara violación de la ley de seguridad interior vigente, que prohíbe a las Fuerzas Armadas desempañar tareas de seguridad dentro del país. En el futuro, amparados siempre en la emergencia, se podrá establecer que las Fuerzas Armadas patrullen los barrios populares, como muchos candidatos lo reclamaron en las pasadas elecciones.
La aplicación de la medida equivale a establecer una suerte de pena de muerte, con el agravante de que prescinde del juicio previo y del derecho a la defensa. Se pretende justificar semejante engendro reaccionario argumentando que es necesario para luchar contra el narcotráfico, pero si esta fuese realmente la finalidad, debería procederse a la estatización de los puertos privados, por donde entra y sale la droga del país, nacionalizar el juego que sirve para lavar el narcodinero, y el sistema financiero que cumple una función similar.
El decreto de emergencia también permite a las fuerzas de seguridad a convocar al personal retirado. Aunque en la letra se establezca que esta re-convocatoria excluye a quienes tienen denuncias de corrupción y de violación de los derechos humanos, lo cierto es que, gracias a la impunidad reinante, la inmensa mayoría de quienes cometieron esos delitos pudieron retirarse sin denuncias en su contra.
Llamativamente, el decreto de derribo se aprueba en momentos en que la Fuerza Aérea ha perdido toda capacidad operativa, es decir, se ha quedado sin aviones. Lo que viene, por lo tanto, es un operativo rearme de las Fuerzas Armadas, que ya comenzó en el último ciclo del Gobierno kirchnerista. La compra de aviones de combate será un tema que servirá, además, para el alineamiento internacional con las grandes potencias imperialistas. En un país con déficit y en un cuadro de ajuste, el crecimiento del gasto armamentístico será a expensas de los gastos sociales del Estado.
La intervención de las Fuerzas Armadas en la “lucha contra el narcotráfico” plantea el peligro de que se transforme ella misma en apéndice de los propios narcos. Si ya tenemos comisarios narcos, ahora tendremos generales, almirantes y brigadieres narcos.
La “emergencia en seguridad”, sin embargo, va más allá. Incluye el combate contra las asociaciones ilícitas “organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales”, lo cual le otorga al Gobierno la posibilidad de perseguir a la oposición política y a quienes protagonicen luchas sociales. Explícitamente se encuadra en la ley antiterrorista votada por el Gobierno anterior, que establece la duplicación de la pena cuando se busque “obligar a las autoridades públicas nacionales o Gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. De este modo, toda acción reivindicativa puede ser sancionada, incluso, con un agravamiento de la pena.
Denunciamos que la emergencia de seguridad es un operativo reaccionario de alto alcance, que apuesta a reforzar el aparato represivo de un Estado y un Gobierno empeñados en aplicar un ajuste contra los trabajadores.