Por: Gabriel Solano
En menos de 12 horas Axel Kicillof dio marcha atrás con dificultad de sus dichos favorables a establecer un impuesto especial a las viviendas ociosas. Aunque al ministro se lo acusa de ser engreído, no dudó en calificar a sus propias palabras como una “taradez”. Kicillof, sin embargo, no improvisó. La propuesta que formuló fue uno de los ejes de la campaña kirchnerista en la ciudad. La marcha atrás de Kicillof, a su pesar, sirvió para mostrar que la campaña de Mariano Recalde estuvo montada sobre un fraude.
Al desdecirse de sus propias palabras, Kicillof no hizo otra cosa que seguir la posición de las grandes cámaras inmobiliarias. Estas pusieron el grito en el cielo ante una medida que, aunque tibia, afecta sus negocios actuales. Ocurre que un impuesto de este tipo serviría para incrementar la oferta de inmuebles para alquiler, lo que ante una demanda constante debería redundar en una baja de los alquileres. De este modo, tendríamos una afectación de la renta, ya sea por la vía de la baja de los alquileres o por una carga impositiva especial a quien adquirió una propiedad como reserva de valor de un activo dolarizado. De una manera indirecta y limitada, un impuesto a la vivienda ociosa conduce a una apropiación de la renta del suelo por parte del Estado.
La marcha atrás de Kicillof fue conceptual. Arguyó que la afectación de la renta derivaría en una caída de la construcción, pues las grandes constructoras verían afectada sus beneficios. Para alejar toda duda sobre sus propias convicciones, el ministro puede citar que fue él mismo y en persona quien se hizo presente en la Legislatura de la ciudad para asegurar el voto de la bancada kirchnerista al proyecto de ley elaborado con el PRO para entregar las tierras ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers a grupos como IRSA, del empresario oficialista Eduardo Elsztain, quien a su vez controla el Banco Hipotecario. La defensa de estos negocios inmobiliarios ha sido la base de los pactos entre el macrismo y el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires.
El impacto de un impuesto a las viviendas ociosas es limitado para afrontar la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Un capitalista que compra propiedades como medio de ahorro puede estar dispuesto a pagarlo, como lo hace de hecho con otros gastos, como ser las expensas o el inmobiliario. Por ello mismo, una salida de fondo requiere un programa que vaya a la raíz del problema. Este debe contener la construcción de viviendas sociales por parte del Estado, la utilización de las tierras públicas con esa finalidad, compatibilizando con las necesidades de espacios verdes y esparcimiento, la urbanización de las villas, la declaración de áreas protegidas de barrios como La Boca o Barracas, donde es necesario una política pública para reacondicionar viviendas en mal estado, evitando así que caigan en manos de las grandes constructoras. El financiamiento de un plan de este tipo requiere la colocación de impuestos especiales a los grandes especuladores inmobiliarios y la transformación del propio sistema financiero, empezando por el Banco Ciudad, que debe invertir sus recursos en préstamos hipotecarios a tasas bajas, en vez de especular con los títulos de la deuda pública.
Un programa de este tipo está en las antípodas de Kicillof y su Gobierno, cuyos funcionarios han incrementado su fortuna personal comprando inmuebles en los barrios de lujo de la ciudad, como Puerto Madero.
El derecho de los trabajadores a vivir en la ciudad y la solución a la cuestión de la vivienda requiere una transformación social integral.