Por: Gabriel Solano
El Gobierno nacional anunció una nueva reforma electoral que por su naturaleza refuerza las características proscriptivas que tiene la ley vigente, al mismo tiempo que mantiene en pie el principio de intervención estatal en la vida interna de los partidos políticos.
Aunque la reforma es justificada en nombre de que el voto electrónico y la boleta única serán un golpe al control de la elección por parte del aparato de punteros, el proyecto elaborado termina beneficiándolos al mantener la obligatoriedad de los partidos o las alianzas de elegir sus candidatos en elecciones internas, pero con voto optativo y no obligatorio. Así, al reducirse el universo de votantes, el peso relativo de los votos movilizados por los punteros crece significativamente. Y con ello la capacidad de imponer sus candidatos.
El proyecto contiene una contradicción flagrante, porque establece que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) son obligatorias para los partidos o las alianzas, pero optativas para el electorado. Y empeora las cosas aún más al mantener en estas nuevas condiciones el requisito proscriptivo de superar el piso del 1,5 por ciento. Esto porque el porcentaje de cada lista dependerá de un total de votantes condicionado por las características que tengan el resto de las competencias internas. Por ejemplo, si un partido o una alianza deciden ir con una única lista a las PASO, seguramente, dado el carácter no obligatorio del voto, movilizarán menos a su electorado. Pero si otra fuerza recurre a las PASO con varias listas, tendrá mayor cantidad de votantes. Al final, el porcentaje de votos de cada partido o alianza no se relaciona con el electorado en general, sino con las internas de otros partidos.
Las PASO fueron creadas como una vía para superar la atomización política de los partidos tradicionales, golpeados por sus crisis sucesivas, especialmente luego del 2001. Para ello se consagró una mayor intervención del Estado en la vida interna de los partidos políticos, una acción conservadora, pues tiende a la reproducción del statu quo. Se estableció, incluso, que el electorado decidiera los candidatos de los partidos o las alianzas, cuando esto debe ser una decisión soberana de cada fuerza política, de acuerdo con su programa y su metodología.
El balance indica que ha fracasado. El kirchnerismo, que impulsó la ley, nunca recurrió a ella para resolver sus principales candidaturas presidenciales. La excepción fue la provincia de Buenos Aires, donde no pudo eludir las denuncias de fraude a favor de Aníbal Fernández. La modificación actual podría estar al servicio de que el macrismo intente dispersar al Partido Justicialista (PJ), al buscar que se presente en varias listas. Sea así o no, estamos en presencia de un nuevo intento de los gobiernos de turno de manipular el proceso electoral a su favor.
La reforma actual empeora las características negativas de la ley vigente, al reforzar la intervención del Estado y las cláusulas proscriptivas ya existentes. De lo que se trata no es de modificar las PASO sino de eliminarlas por completo, dándoles a los partidos la plena libertad para funcionar de acuerdo con la decisión soberana de sus militantes.
Mientras los “liberales” del macrismo refuerzan la intervención del Estado, los socialistas reclamamos la plena libertad política.