El Gobierno nacional anunció una nueva reforma electoral que por su naturaleza refuerza las características proscriptivas que tiene la ley vigente, al mismo tiempo que mantiene en pie el principio de intervención estatal en la vida interna de los partidos políticos.
Aunque la reforma es justificada en nombre de que el voto electrónico y la boleta única serán un golpe al control de la elección por parte del aparato de punteros, el proyecto elaborado termina beneficiándolos al mantener la obligatoriedad de los partidos o las alianzas de elegir sus candidatos en elecciones internas, pero con voto optativo y no obligatorio. Así, al reducirse el universo de votantes, el peso relativo de los votos movilizados por los punteros crece significativamente. Y con ello la capacidad de imponer sus candidatos.
El proyecto contiene una contradicción flagrante, porque establece que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) son obligatorias para los partidos o las alianzas, pero optativas para el electorado. Y empeora las cosas aún más al mantener en estas nuevas condiciones el requisito proscriptivo de superar el piso del 1,5 por ciento. Esto porque el porcentaje de cada lista dependerá de un total de votantes condicionado por las características que tengan el resto de las competencias internas. Por ejemplo, si un partido o una alianza deciden ir con una única lista a las PASO, seguramente, dado el carácter no obligatorio del voto, movilizarán menos a su electorado. Pero si otra fuerza recurre a las PASO con varias listas, tendrá mayor cantidad de votantes. Al final, el porcentaje de votos de cada partido o alianza no se relaciona con el electorado en general, sino con las internas de otros partidos. Continuar leyendo