En tiempo récord, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley que establece la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura. La resolución no generó sorpresas. Aun antes que la ley sea aprobada en el Congreso se sabía que la corporación judicial rechazaría la ley por inconstitucional, haciendo valer la interpretación que a los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo deben elegirlos sus pares y no el voto universal del electorado. De este modo, la Corte Suprema declaró la validez de un principio corporativo en una institución del Estado.
Para rechazar la elección del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema argumentó que la Justicia debe ser independiente del poder político. Se trata, sin embargo, de un argumento llamativo, pues hasta la reforma constitucional de 1994 los jueces siempre fueron designados por un acuerdo entre el Senado y el Poder Ejecutivo, o sea, por una rosca política que involucró al peronismo y al radicalismo, e incluso en algunos períodos por los gobiernos militares (una parte del actual Poder Judicial fue designado por la dictadura militar sin que a la “democracia” se le mueva un pelo).