A Repsol todo, a los docentes nada

Las dos noticias que tienen en vilo al país en estos días tienen el valor de ilustrar, con una nitidez que sorprende, los intereses que representa el gobierno kirchnerista y, en especial, el giro que encarna el equipo económico encabezado por Axel Kicillof. Mientras se procede a indemnizar a los vaciadores de Repsol, saludada por toda la clase capitalista, se amenaza a los docentes con un decretazo que imponga una rebaja salarial, ya que en los planes oficiales debe servir para aleccionar a todo el movimiento obrero. Lo más importante, de todos modos, es que la “hoja de ruta” que el gobierno se ha trazado para querer superar su bancarrota económica y política lo pone al arbitrio del capital financiero internacional.

Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

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Conservadurismo, autoritarismo e inmovilismo en la UBA

La columna de opinión que publicaron los decanos entrantes y salientes de tres facultades de la UBA es un manifiesto del hundimiento político de lo que alguna vez pretendió ser una alternativa a la casta radical-peronista que dirige la universidad. Ahora asumen alegremente la defensa de esta camarilla, sin ahorrarse el recurso clásico del macartismo.

Los columnistas recurren a la mentira cuando dicen que el movimiento estudiantil que reclama la democratización de la universidad representa una “minoría”. ¿No saben acaso que esta ‘minoría’ ha ganado con gran amplitud, tanto las elecciones de Centro de Estudiantes como las de Consejo Directivo (obligatorias)? En realidad, aún no han logrado digerir la conquista por esa ‘minoría’ de ocho de trece centros de estudiantes, así como la mayoría del Claustro Estudiantil del Consejo Superior (cuatro sobre cinco representantes). Las listas kirchneristas que ellos apoyaron no lograron siquiera un registro testimonial.

Las eminencias que suscriben la columna de opinión representan a un claustro de dos mil profesores; el padrón del claustro estudiantil reúne a 300.000 personas. La “democracia universitaria”, sin embargo, le otorga a los primeros una representación institucional que más que duplica a la de los estudiantes. Mientras la reforma del 18 consideraba a los estudiantes como “el demos universitario”, el Estatuto actual - elaborado por los gobiernos de la Fusiladora- los trata directamente como kelpers.

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La Corte Suprema y el post-kirchnerismo

El fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura asegura que la elección popular de consejeros contradice la “independencia del Poder Judicial”. La afirmación es por lo menos curiosa, porque hasta la reforma constitucional del año 1994 los jueces eran nombrados por el Senado, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo. Con la creación del Consejo de la Magistratura -concebido para ‘despolitizar’, precisamente, esos nombramientos-, las cosas siguieron más o menos igual. El kirchnerismo, de hecho, nombró a centenares de jueces de su riñón político, dado que el Senado y el Poder Ejecutivo siguieron interviniendo en la elección de los jueces.

La decisión de la Corte Suprema se produce en el marco de un cambio de frente de los capitales que acompañaron a los K. A Repsol, Eskenazi, Vale do Rio Doce, El Tejar, el Banco Macro y se le suma la UIA, con la incorporación de De Mendiguren, un vocero de Techint, a la lista de Sergio Massa. En este marco debe entenderse el choque del gobierno con la Corte nombrada por Néstor Kirchner. Alberto Fernández acaba de explicar que eso ocurrió luego de que el gobierno obtuviera el compromiso de los nuevos jueces supremos con la legalización de la pesificación asimétrica establecida en 2002.

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