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Acuerdo con Repsol: cuando el gobierno renuncia a la soberanía nacional

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo sellado entre Kicillof y Repsol es que el gobierno ha convertido al monopolio petrolero español en un agente de la colocación de la deuda Argentina. El Estado ha renunciado a jugar ese papel, que le es propio, y lo ha tercerizado en un monopolio privado que milita en la oposición política al kirchnerismo.

El mecanismo de esta colocación de deuda es simple. El gobierno le da a Repsol los bonos de la deuda soberana, y éste los venderá en el mercado con un descuento para hacerse de los dólares. Como se prevé que los bonos tendrán una quita al momento de la venta, el gobierno se comprometió a emitir deuda hasta 6.000 millones de dólares, para asegurarle a Repsol un mínimo de 4.760 millones. Es claro aquí que el acuerdo no tiene una lógica interna, o lo que es lo mismo peca de incoherente, pues de venderse los bonos por debajo del 80% de su valor nominal, los 6.000 millones no alcanzarán a cubrir el piso asegurado a Repsol. ¿Qué ocurrirá en ese caso? Ahí entra a jugar la cláusula del acuerdo que establece que la deuda no se dará por cancelada hasta que Repsol no se haga de los dólares billetes. De este modo surge que el techo de deuda anunciado no es tal, y que si llegase a ocurrir una caída de los bonos argentinos el Estado deberá emitir bonos por encima de los 6.000 millones.

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A Repsol todo, a los docentes nada

Las dos noticias que tienen en vilo al país en estos días tienen el valor de ilustrar, con una nitidez que sorprende, los intereses que representa el gobierno kirchnerista y, en especial, el giro que encarna el equipo económico encabezado por Axel Kicillof. Mientras se procede a indemnizar a los vaciadores de Repsol, saludada por toda la clase capitalista, se amenaza a los docentes con un decretazo que imponga una rebaja salarial, ya que en los planes oficiales debe servir para aleccionar a todo el movimiento obrero. Lo más importante, de todos modos, es que la “hoja de ruta” que el gobierno se ha trazado para querer superar su bancarrota económica y política lo pone al arbitrio del capital financiero internacional.

Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

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El Código Civil y Comercial de un Estado en bancarrota: el estatuto del derrumbe kirchnerista

El proyecto de unificación del Código Civil y Comercial que el gobierno ha elaborado en acuerdo con los miembros de la Corte se inspira en el elaborado por el menemismo en 1998. Según el decreto presidencial de 1995, éste apuntaba a “acompañar el proceso de modernización que ha emprendido el país”. ‘Modernización’ es la contraseña que utilizan el FMI y el Banco mundial para desarmar las reglamentaciones que protegen el conjunto de conquistas obreras que ponen un cierto límite a la explotación capitalista. La ausencia de ‘modernización’ de las relaciones laborales es el reproche principal que la Comisión Europea imputa a ciertos países de su jurisdicción.

Impunidad para el Estado y los funcionarios

Una de las modificaciones establece que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva (como multas) es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. El artículo 6 dice que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos”. ¿Cómo justifican los K estas disposiciones que equivalen darle al Estado y los funcionarios un certificado de impunidad por adelantado? Según los guionistas del relato estas medidas son progresivas porque impiden la proliferación de la industria del juicio, y más aún, protegen al Estado de la acción de los monopolios. Pero la impostura salta a la vista cuando vemos que son ellos mismos quienes acaban de sellar un acuerdo con Chevron, que aún mantiene su carácter confidencial siendo sin embargo YPF una empresa “pública”.

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