La lección de Gestamp

El ataque descarado del gobierno y Cristina Fernández de Kirchner contra los despedidos de Gestamp es el resultado político más acabado del acuerdo con el Club de París y los pactos con Repsol y Chevron. A puro grito, la presidenta reclamó desde la Patagonia el desalojo de la planta por cualquier medio. Scioli se encargó de usar el más cínico y miserable: el desconocimiento de una conciliación obligatoria que él mismo había establecido y el trabajo sucio subsiguiente de presionar a la defección de los compañeros cesanteados.

¿Cómo ponerse del bando contrario a la española Gestamp, cuando España acaba de “ayudarnos” en el Club de París? ¿Cómo “atraer inversiones extranjeras”, luego de todos estos arreglos entreguistas, si luego los “inversores” no pueden ejercer “el derecho de propiedad”, disponiendo de la fuerza de trabajo de acuerdo con su conveniencia? La promesa de “crear trabajo” en el futuro empieza por la destrucción de la fuerza de trabajo en el presente. El ingreso de los despedidos, que establecía la conciliación luego derogada, afectaba el “clima de inversiones” que promueven los nacionales y populares. Tolerar un triunfo obrero habría convertido en inútiles todas las agachadas ante el gran capital. Cuando el laburante Pignanelli amenaza con una fuerza de choque contra los trabajadores, simplemente cumple con su oficio de alcahuete del capital extranjero.

Mentiras y estafas

El desalojo de Gestamp con mentiras y estafas es una lección muy valiosa para los trabajadores, que el gobierno y las patronales van a pagar caro. Han destruido la conciliación obligatoria y las mediaciones de los ministerios de Trabajo. Cuando las suspensiones y despidos arrecian, el Estado ha entregado un arma antiobrera importante. La macarteada de la Presidenta al comparar la lucha de Gestamp con la toma del Palacio de Invierno, seguida por las procacidades pedracistas de Pignanelli, han suscitado una reacción democrática que crece. La ciudadanía advierte que la colaboración de la burocracia sindical con la Triple A no quedó en el cajón de los recuerdos. Las patronales y los gobiernos vuelven a recurrir a los servicios de la burocracia.

Esta vez, sin embargo, “no pasarán”. Por lo pronto, la lucha por la reincorporación continúa, en medio de suspensiones y despidos en otras empresas metalmecánicas, en la construcción y en la industria en general. Los planteos de la huelga nacional del 10 de abril pasado siguen vigentes; las suspensiones y despidos están lejos de cerrarse. Honda, por ejemplo, acaba de informar que suspenderá durante un mes a todo su personal. En Cables Lear, las suspensiones alcanzan al 50% de la planta. Iveco ha extendido el plazo de suspensiones que había anunciado inicialmente. General Motors quiere canjear las suspensiones por una rebaja del salario en un 35 por ciento.

Lo que viene

Todavía están pendientes las paritarias de gremios grandes, entre ellos camioneros, Alimentación y Transporte. Los compañeros de la 60 y de Ecotrans ya han empezado con medidas de advertencia; el clima entre los choferes está caliente.

La crisis tienen que pagarla los capitalistas. Ni suspensiones ni despidos: que se reduzca la jornada laboral con el mismo salario de bolsillo actual. Que se abran los libros de las automotrices y autopartistas, y de sus financieras. Ni Cristina Fernández de Kirchner ni Scioli ni Pignanelli van a torcer el brazo de la clase obrera. La lucha por la reincorporación de los compañeros de Gestamp continúa, con acampes, cortes, volanteadas, fondos de huelga y acciones de solidaridad. El alcance que ha tomado la ofensiva capitalista requiere una respuesta de conjunto. Planteamos por ello una campaña por la huelga general.

Postales que dejó el 24 de marzo

La jornada del 24 de marzo puso el punto sobre las íes al “derechohumanismo” kirchnerista. La inmensa movilización del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, denunciando la designación del genocida Milani como Jefe del Ejército, así como las condenas contra los obreros de Las Heras dictadas por una Justicia sometida a los monopolios petroleros y al gobierno, contrastaron con la marcha armada por los punteros oficialistas, claramente minoritaria y carente de entusiasmo y hasta de mística.

Este contraste convirtió a la jornada de 24 de marzo en otro capítulo del ascenso de la izquierda y de la retirada del gobierno kirchnerista. Mención aparte merece Sergio Massa, que decidió pasar el 24 de marzo en Nueva York en compañía de los “inversores” que apadrinaron el golpe genocida hace 38 años.

Impostura

La consigna utilizada por la conmemoración oficialista, “Democracia o corporaciones”, es el colmo de la hipocresía, puesta en boca de un gobierno desesperado por arreglar con todas esas corporaciones en tiempo récord. Salvo, claro, que se quiera presentar a Chevrón, Repsol o el CIADI como garantes de la democracia. CFK ni siquiera se hizo presente para acompañar esta farsa – no sea que arruine el acuerdo con el Club de París. Su acción “militante” se limitó a un tuit sobre su esposo. Horas antes, un tribunal de Santa Cruz digitado por el poder político provincial y nacional dictó prisión preventiva contra obreros petroleros que luchan contra el impuesto al salario y la tercerización.

El faltazo de CFK convirtió al ministro Julio Alak,  un defensor acérrimo del indulto y abogado personal de Carlos Menem, en el orador en la Esma. Así, el Día de la Memoria derivó en una operación de encubrimiento fingiendo un olvido colectivo. El cierre a cargo de Carlos Zannini, sin protagonismo para gobernadores e intendentes, transformó el 24 de marzo en un nuevo capítulo de la crisis del aparato justicialista.

El avance de la izquierda

La movilización del 24 de marzo organizada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia fue realmente popular. Testimonio de ello fue la presencia de los docentes que están en huelga indefinida por su salario, de los petroleros de Las Heras, de los dirigentes Qom, de los centros de estudiantes (que le ganaron a La Cámpora colegio por colegio en votaciones de asamblea la adhesión a la marcha independiente), de los familiares de la masacre de Once y de Cromagnón. Se hicieron presentes dirigentes de los derechos humanos, que en años anteriores organizaban marchas “intermedias” entre el gobierno y la izquierda, y que ahora estrechan filas con ésta para enfrentar a un gobierno en abierto giro a la derecha.

El repudio a la designación de Milani fue el eje político de la marcha, lo que refrenda el proyecto de destitución que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso. La centroizquierda no tuvo protagonismo. Pino Solanas, que en el pasado solía asomarse por estas marchas, ahora es cuarto violín de los ejecutores de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Todo el bloque UNEN sufrió una derrota política cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia rechazó que participara en el sorteo de la marcha, considerando que son parte de un bloque político responsable de la impunidad. El UNEN se limitó a realizar un acto en una Iglesia y la UCR a una actividad interna en su local central.

Perspectivas

La Plaza de Mayo, repleta por miles de personas, fue un respaldo a la gran huelga docente, por eso contó con una masiva presencia de los protagonistas de esta lucha histórica. Desde un punto de vista estratégico expresó la fusión de la izquierda con las causas populares.

El 24 de marzo se convirtió, gracias a una lucha decidida, en una jornada de polarización política real, pues opuso a bloques que representan intereses sociales antagónicos y no a punteros del propio partido gobernante. La tarea del momento es desarrollar esa polarización impulsado una fuerte campaña por la huelga general y por una salida política de los trabajadores.

En esa perspectiva trabajan el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

Acuerdo con Repsol: cuando el gobierno renuncia a la soberanía nacional

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo sellado entre Kicillof y Repsol es que el gobierno ha convertido al monopolio petrolero español en un agente de la colocación de la deuda Argentina. El Estado ha renunciado a jugar ese papel, que le es propio, y lo ha tercerizado en un monopolio privado que milita en la oposición política al kirchnerismo.

El mecanismo de esta colocación de deuda es simple. El gobierno le da a Repsol los bonos de la deuda soberana, y éste los venderá en el mercado con un descuento para hacerse de los dólares. Como se prevé que los bonos tendrán una quita al momento de la venta, el gobierno se comprometió a emitir deuda hasta 6.000 millones de dólares, para asegurarle a Repsol un mínimo de 4.760 millones. Es claro aquí que el acuerdo no tiene una lógica interna, o lo que es lo mismo peca de incoherente, pues de venderse los bonos por debajo del 80% de su valor nominal, los 6.000 millones no alcanzarán a cubrir el piso asegurado a Repsol. ¿Qué ocurrirá en ese caso? Ahí entra a jugar la cláusula del acuerdo que establece que la deuda no se dará por cancelada hasta que Repsol no se haga de los dólares billetes. De este modo surge que el techo de deuda anunciado no es tal, y que si llegase a ocurrir una caída de los bonos argentinos el Estado deberá emitir bonos por encima de los 6.000 millones.

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A Repsol todo, a los docentes nada

Las dos noticias que tienen en vilo al país en estos días tienen el valor de ilustrar, con una nitidez que sorprende, los intereses que representa el gobierno kirchnerista y, en especial, el giro que encarna el equipo económico encabezado por Axel Kicillof. Mientras se procede a indemnizar a los vaciadores de Repsol, saludada por toda la clase capitalista, se amenaza a los docentes con un decretazo que imponga una rebaja salarial, ya que en los planes oficiales debe servir para aleccionar a todo el movimiento obrero. Lo más importante, de todos modos, es que la “hoja de ruta” que el gobierno se ha trazado para querer superar su bancarrota económica y política lo pone al arbitrio del capital financiero internacional.

Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

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Un viraje de fondo

Mientras Cristina Kirchner fatiga la tribuna acusando a la oposición de representar los “intereses corporativos”, sus representantes recorren Nueva York tejiendo un delicado acuerdo con los fondos buitres, el FMI y el Banco Mundial, los que suponen una modificación radical de la actual política económica. El silencio de Sergio Massa, Mauricio Macri y Hermes Binner sobre estos manejos de trastienda no deja de ser clarificador, no sólo porque muestran el carácter artificial de sus campañas electorales, sino porque delata un acuerdo de fondo entre los políticos capitalistas para aplicar un programa contrario a los intereses de los trabajadores.

Detrás del presupuesto

Es indudable que el proyecto de Presupuesto 2014 enviado por el gobierno al Congreso es un “dibujo”. Tampoco son ciertas las proyecciones de inflación o el superávit fiscal que se anuncian, por lo que se marcha a un agujero del fisco de proporciones a financiar mediante la emisión monetaria y el saqueo de la Anses, el Banco Nación, el Central y otras cajas del Estado. Detrás de la adulteración estadística se esconde el propósito de manejar la política económica por medios de excepción.

La oposición denuncia el “dibujo”, pero no cuestiona en lo más mínimo el tema de fondo. El Presupuesto plantea utilizar casi 10.000 millones de dólares del Banco Central para cancelar vencimientos de capital de la deuda externa, así como una cifra exorbitante en pesos para enfrentar el vencimiento de intereses. Dentro de los pagos presupuestados para 2014, estarían los 4.000 millones de dólares para el Cupón PBI, que surgiría de presentar un crecimiento económico muy por encima del real. El pago de este Cupón, desde que fuera emitido con el canje de deuda del año 2005, sirvió para neutralizar la promocionada “quita” realizada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Finalmente, es una de las causas que explican por qué la deuda pública creció hasta superar holgadamente los 200.000 millones de dólares, aunque en ese mismo lapso pagamos deuda por 176.000 millones -según reconociera la propia Presidenta cuando se autocalificó como “pagadora serial”.

En busca de un acuerdo

El pago del Cupón PBI que establece el Presupuesto para el año que viene no puede explicarse si no es por el intento del gobierno de ofrecerle un gancho a los acreedores y a los fondos buitres para buscar un acuerdo por afuera de la Justicia de Nueva York. Ha trascendido que el acuerdo podría incorporar el pago en efectivo de una parte de la deuda y el resto ser compensado con la emisión de nuevos bonos, a los que se le añadiría el cupón PBI. En cualquier caso, el resultado final sería un nuevo incremento del stock de deuda, lo que la llevaría por encima de la relación promedio entre la deuda y el PBI que Argentina tuvo en la década del ’90.

Para avanzar en la negociación con los fondos buitres, el gobierno debe resolver toda la agenda pendiente que reclama el capital financiero. Por eso mismo, ya habría un acuerdo con las cinco empresas que ganaron los juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a las cuales el gobierno les pagaría 500 millones de dólares emitiendo nuevos bonos. Pero la lista en el Ciadi es más larga: está el caso Repsol, el más importante de todos, con su demanda por la expropiación de sus acciones por parte del Estado. De más está decir que el reconocimiento de los juicios en el Ciadi, un tribunal que pertenece al Banco Mundial y que viola por completo la soberanía nacional, supone otro factor de aumento de una deuda usuraria.

Con la negociación con el Ciadi y con el Club de París (que reclama una deuda de 7.000 millones más intereses), el gobierno gana tiempo para cerrar un acuerdo con los fondos buitres. Es que recién el año que viene vence la cláusula que Néstor Kirchner inscribió en el canje de 2005, que establecía que cualquier beneficio que se le otorgue en el futuro a un bonista que no entró al canje debe generalizarse para todos. Pasada esa fecha, el gobierno queda con las manos libres para cerrar un acuerdo con los fondos buitres, entregándoles nuevas concesiones.

Endeudamiento y devaluación

Estas negociaciones realizadas por el gobierno suponen, en el caso de prosperar, un cambio general de la política económica. La necesidad de hacer frente a nuevos pagos de la deuda requiere el ingreso de dólares del exterior, los que no pueden depender exclusivamente de un saldo comercial favorable -el cual, dicho de paso, está en claro retroceso. Pero el ingreso de dólares no es compatible con el cepo cambiario y con la restricción existente en el giro de utilidades, como lo probó el fracaso del blanqueo de capitales y la emisión de Cedines. El gran capital reclama recuperar libertad de movimientos para llevar a cabo un nuevo ciclo de endeudamiento. Quien dio el primer paso en ese sentido fue la “nacional y popular” YPF, que colocó deuda en Londres como parte de un plan más amplio de endeudamiento en esa y en otras plazas del capital financiero internacional.

Este giro general de la política económica no puede darse sin una fuerte devaluación de la moneda, la que permita, por un lado, levantar el cepo y las restricciones al giro de divisas y, por el otro, incentivar el ingreso de dólares mediante el abaratamiento generalizado de la economía. Una devaluación de tal magnitud podría conducir a una hiperinflación, salvo que se la complemente con fuertes medidas recesivas -como, por ejemplo, la reducción del gasto público con un ajuste fiscal y, por sobre todo, con un ataque directo al salario de los trabajadores.

La clase capitalista reclama este giro. Como parte de las previsiones de lo que se viene, deben entenderse las negociaciones sobre un nuevo índice inflacionario que se están sustanciando entre el equipo económico y el FMI. La idea es preparar el terreno para habilitar una indexación de la economía, que alcance incluso a los títulos de deuda que emita el gobierno. De este modo, queda claro que el llamado “desendeudamiento” -el cual fue una transferencia de deuda del gran capital financiero a la Anses, el Banco Central y hasta el Pami-, será usado ahora para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento internacional.

La campaña electoral

El desarrollo de la campaña electoral de acá a octubre estará atravesado por los intentos del gobierno de arribar a un acuerdo con los fondos buitres, el Ciadi y el FMI. De igual modo que el gobierno sepultó su política de “derechos humanos” para poner al pistolero Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la derrota sufrida en las PASO acelera la tendencia ya existente en el gobierno para tomar el programa de la clase capitalista a favor de una devaluación, un ajuste y un nuevo ciclo de endeudamiento que pagarán con creces los trabajadores.

En esta nueva fase de la campaña electoral que se abre, el Frente de Izquierda denunciará la dependencia del gobierno y de la oposición tradicional con los saqueadores del país.

La Corte Suprema y el post-kirchnerismo

El fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura asegura que la elección popular de consejeros contradice la “independencia del Poder Judicial”. La afirmación es por lo menos curiosa, porque hasta la reforma constitucional del año 1994 los jueces eran nombrados por el Senado, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo. Con la creación del Consejo de la Magistratura -concebido para ‘despolitizar’, precisamente, esos nombramientos-, las cosas siguieron más o menos igual. El kirchnerismo, de hecho, nombró a centenares de jueces de su riñón político, dado que el Senado y el Poder Ejecutivo siguieron interviniendo en la elección de los jueces.

La decisión de la Corte Suprema se produce en el marco de un cambio de frente de los capitales que acompañaron a los K. A Repsol, Eskenazi, Vale do Rio Doce, El Tejar, el Banco Macro y se le suma la UIA, con la incorporación de De Mendiguren, un vocero de Techint, a la lista de Sergio Massa. En este marco debe entenderse el choque del gobierno con la Corte nombrada por Néstor Kirchner. Alberto Fernández acaba de explicar que eso ocurrió luego de que el gobierno obtuviera el compromiso de los nuevos jueces supremos con la legalización de la pesificación asimétrica establecida en 2002.

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