Los escasos avances en la causa en la que se investiga hace cuatro años la desaparición de Luciano Arruga evidencian la deficiente respuesta política y judicial en casos en los que se encuentran involucrados funcionarios de las fuerzas policiales. El hecho marca un extremo en las prácticas de violencia policial que afectan a jóvenes de los sectores más pobres.

Luciano fue visto por última vez la madrugada del 31 de enero de 2009, a unas pocas cuadras de su casa en Lomas del Mirador. La denuncia realizada por su madre, Mónica Alegre, apuntó a los policías de la zona  y aseguró que lo habían hecho desaparecer luego de que el joven se negara a delinquir para ellos. En septiembre de 2008, Luciano había sido detenido de forma ilegal y torturado por efectivos de esa misma dependencia.

La violencia policial en sus expresiones más graves culmina en la muerte de jóvenes o como, en el caso de Luciano, en su desaparición. Pero las prácticas violentas son mucho más cotidianas y numerosas y muestran una lógica de relación entre las policías y los adolescentes varones de barrios pobres.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se incorporó a la causa hace más de dos años por el carácter emblemático de este caso en el que se investiga una de las más graves violaciones de derechos humanos, como es el delito de desaparición forzada. A diferencia de la desaparición sistemática implementada durante el terrorismo de Estado, casos como el de Luciano no evidencian un plan centralizado, sino que muestran las consecuencias de prácticas reiteradas de abuso policial y de diferentes formas y grados de negligencia, inacción y/o complicidad judicial en diferentes provincias del país. Se trata de prácticas posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial, una indudable responsabilidad política de los gobiernos que no adoptan las reformas necesarias sobre las fuerzas de seguridad, y de un Poder Judicial que investigue y sancione adecuadamente.

En este caso, la desaparición se presenta como una maniobra final de encubrimiento, ya que se produce justamente con la intención de borrar todos los rastros y así obstaculizar investigaciones posteriores y procurar la impunidad de los victimarios.

Por todo esto, junto con la familia, las organizaciones querellantes hemos presentado un pedido ante la Justicia provincial para que entienda que el caso se enmarca en la figura de desaparición forzada de personas y, entonces, sea la Justicia federal la responsable de llevar adelante la investigación.

Han pasado cuatro años de uno de los casos más atroces y del fracaso de una de las investigaciones más relevantes de nuestro país. El Estado argentino tiene la obligación de aportar a la familia de Luciano la verdad de lo sucedido, la identificación de los responsables de su desaparición y su sanción.