El horror vivido en Junín puso en primera plana la violencia generalizada en las que estamos inmersos como comunidad. Que una adolescente muera en una pelea de chicas en la puerta de la escuela, ante la mirada atónita de una ciudad, instala la discusión sobre la convivencia en el sistema educativo. Sin embargo, el problema central está en que las relaciones sociales se han vuelto violentas.

Si el bullying político sostenidamente cancela el debate y el respeto al disenso entre diferentes partidos “bajo el paraguas del 54%”, instala relaciones de arriba para abajo dictatoriales y unilaterales, y el discurso social se centra en la “no convivencia”, es casi lógico que en las escuelas prevalezca la misma tensión. Se generan peleas “a muerte” sobre lo físico, lo económico, la condición sexual o la religión cuando no deberían ser motivo de segregación, sobre todo después de lo que se ha trabajado en leyes para la igualdad y la equidad.

Tenemos muy buenas leyes para ampliar derechos pero muy malas prácticas para efectivizarlos. Tenemos las mejores normas: antidiscriminación; identidad de género; matrimonio igualitario; protección integral de los niños o de las mujeres, e incluso la misma ley de Educación tiene capítulos de integración de pueblos y razas. Todas parecen quedar huecas cuando se niega su reglamentación o no se las implementa.

Desde la UCR hemos acompañado todas las iniciativas en esta materia -mas allá de quién fuera su autor- porque entendemos que la consagración de nuevos derechos y la protección de las personas es el eje central de la tarea legislativa. La ley N°26.892 de Bullying, igual que la de Trata de personas y asistencia a las víctimas, sigue esperando la firma de una Presidente cada día más insensible a la lucha de ciudadanos contra ciudadanos que el propio gobierno incita.

No sobran leyes sino faltan políticas públicas y ejemplos de las más altas autoridades de la Nación de convivencia, respeto al disenso, debate abierto y tolerancia. Los jóvenes se lo merecen.