En tiempos de inestabilidad financiera se incrementa el fraude corporativo. Este precepto se cumple con exactitud en la Argentina actual, donde el robo de activos e información, la manipulación contable y los ciberataques están a la orden del día, y crecen cada año causando en las empresas pérdidas equivalentes alrededor del 4% de sus ventas. Con ciertos matices, la tendencia se repite en varios países de la región y del mundo, donde la necesidad por contrarrestar estos delitos se hace cada vez más necesaria y costosa.

El lavado de dinero -también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales- es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) define el lavado de dinero como el procedimiento mediante el cual las organizaciones criminales disfrazan u ocultan el origen ilícito de los ingresos monetarios provenientes de sus actos, a fin de obtener ganancias para un individuo o grupo. En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2% y 5 % del Producto Interno Bruto global (PIB).

En la Argentina, este flagelo impactó al 75% de las empresas, en las que los delitos más comunes fueron el robo de mercaderías (42%), robo de datos (21%) y fraudes de proveedores (45%), según la “7° Encuesta Global de Fraude”, que elabora Kroll, consultora especializada en estos temas.

El lavado de dinero es un fenómeno que genera varias consecuencias económicas y sociales, incluyendo el aumento del delito y la corrupción, así como también el debilitamiento del sector privado legitimo; e incluye el movimiento de fondos para apoyar el terrorismo u organizaciones terroristas.

Todas las entidades están en la obligación de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de cualquier operación sean éstas utilizadas como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar, en cualquier forma, dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas

Para las instituciones financieras esto ha significado mayores esfuerzos para implementar los controles necesarios para reducir sus riesgos, ya que entre otras cosas, el incumplimiento con los requerimientos legales podría implicar sanciones y multas millonarias, deterioro de la relación con los clientes y otras entidades financieras, prisión y daño reputacional.

En este sentido, el tema relacionado con los mecanismos de detección y prevención del lavado de activos ha adquirido en los últimos tiempos una especial relevancia mundial. En este esfuerzo, deben participar no solo los estados y los gobiernos; sino también la sociedad, correspondiendo una responsabilidad moral, ética y profesional muy importante a la profesión contable y particularmente a los auditores.

La privilegiada posición de contadores y auditores dentro de las empresas y entidades públicas no solo les permite implementar mecanismos y controles de prevención, sino también, detectar y tomar acciones concretas frente al lavado de dinero. Sin embargo, ello requiere no solo estar actualizado y alerta sobre las características y contornos de este fenómeno, sino estar consciente de las responsabilidades que el ejercicio profesional demanda al respecto.

Una auditoría es el mecanismo de prevención y control para la lucha contra el lavado de dinero, ya que cuestiona mediante la evaluación del control interno la obtención de una razonable seguridad de que los estados financieros estén libres de afirmaciones erróneas significativas. Esta actividad se desarrolla para controlar las operaciones relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación del país, y evitar de esta forma que lavadores de activos logren ingresar recursos provenientes de actividades delictivas para dar aspecto de legalidad a las transacciones, operaciones y fondos vinculados. Ahora más que nunca, estos exámenes son necesarios para el desarrollo y el progreso de nuestro país.