Empoderar de facultades a instituciones de manera formal y no sustancial implica lisa y llanamente saquear de contenido genuino al fin para el cual fueron concebidas. Otro tanto sucede con nombramientos de funcionarios que aún ni siquiera saben a ciencia cierta con qué logística operativa trabajarán, dónde y bajo qué potestades.
El pasado 17 de agosto se llevó a cabo la XXXIII Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur en Montevideo, Uruguay, primera en lo que va del año. Allí se definió que los 43 parlamentarios argentinos que serán electos en las elecciones generales del próximo 25 de octubre asumirán sus bancas en el Parlasur el 14 de diciembre, durante la sesión preparatoria que se llevará a cabo en Montevideo y allí prestarán compromiso. De esta manera, oficialmente ya no participarán los actuales senadores y diputados parlamentarios de la delegación argentina.
Lo cierto es que la ley 27.120 de elección de parlamentarios del Mercosur, sancionada el 29 de diciembre de 2014 y promulgada el 6 de enero de 2015, no especifica nada respecto a la partida presupuestaria con la que contarán los parlamentarios para ejercer sus funciones una vez elegidos.
En lo que respecta al Parlasur, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos aprobó una propuesta de presupuesto que asciende a 2.400.000 dólares para el organismo regional en 2016, de los cuales 761.000 dólares se destinan a gastos de personal -38 funcionarios- que se desempeñan en la sede del Parlamento. Continuar leyendo