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Buenos Aires, provincia referente en Derechos Humanos

Siempre he dicho que los derechos humanos son una opción política. ¿Por qué? Por una sencilla razón: se trata de conquistas logradas a través de luchas reales y simbólicas a lo largo de la historia, en un derrotero plagado de víctimas y victimarios.

En la Argentina de hoy parece natural el consenso desplegado en torno a la política de Memoria, Verdad y Justicia; pero es vital recordar que hace apenas 12 años, antes del inicio del proceso político inaugurado por Néstor Kirchner, el contrato social que determinaba la vida de los argentinos era diametralmente opuesto. En aquel contexto, las demandas y necesidades de los organismos de derechos humanos eran marginales: para los sistemas políticos e institucionales y los grandes medios de comunicación no eran prioridad. Continuar leyendo →

Una falsa dicotomía que debe superarse

Poco más de cuarenta y cinco días atrás, el Gobernador Daniel Scioli decretó la Emergencia en Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Desde ese momento se alentaron debates alrededor de aquella medida y de la implementación que llevó adelante el Ejecutivo bonaerense: desde descalificaciones reduccionistas hasta aportes para la construcción de seguridad democrática.

En este marco, toma una dimensión muy importante un concepto político que determina la práctica y delimita los alcances de una gestión de gobierno: los derechos humanos y la seguridad no son antagónicos.

Desde diversos sectores (que se ubican en los extremos del arco ideológico de la política nacional) se intentó hacer una utilización política que sólo confunde. Sin embargo, la gestión que realiza el Ejecutivo provincial a través de la secretaría de Derechos Humanos (en articulación con el resto de los ministerios), y las medidas tomadas en el marco de la Emergencia, dan cuenta de un accionar enmarcado en una concepción que aspira a ser una síntesis: la seguridad pública atravesada y condicionada por los derechos humanos.

Por eso el gobernador Scioli tomó una decisión vital: los legajos de los policías y penitenciarios retirados convocados a sumarse a la Emergencia fueron revisados por la secretaría de Derechos Humanos. Cada uno de esos expedientes fue cotejado en una base de datos de lesa humanidad, otra de violencia de género y otra de asuntos internos, por lo que ninguno de los reincorporados tiene antecedentes en ninguno de los tres casos.

Esta articulación con el ministerio de Seguridad se inscribe en el trabajo institucional que Derechos Humanos realiza al interior del Gobierno provincial para abordar la heterogénea y compleja problemática de derechos humanos.

En ese marco, estamos reparando y ampliando derechos en la Provincia, en los distintos campos de acción y ámbitos de intervención de la secretaría de Derechos Humanos. La Emergencia en Seguridad no es la excepción: se intensificaron las políticas sociales, robusteciendo el vínculo con las organizaciones que trabajan territorialmente y complementan la acción estatal, desde una matriz de gestión asociada.

En por esto que entendemos que también debemos trabajar en relación a los sentidos: es falsa la premisa que enfrenta la seguridad con los derechos humanos. La articulación institucional dentro del Gobierno bonaerense, y el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que pueblan los 307 mil kilómetros cuadrados de la provincia, apuntan a la construcción de seguridad democrática, porque el primer derecho que defendemos es el derecho a la vida.

Esta es la concepción que nos permite, además, avanzar en transformaciones en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), formando y capacitando a agentes -también de la policía- desde una perspectiva integral de derechos; trabajar en la construcción de una ley provincial de prevención de la tortura; monitorear el accionar policial para erradicar la violencia institucional; abordar la violencia de género con un Programa gratuito que atiende las 24hs. los 365 días del año (0800 555 0137).

Por supuesto que estos avances son posibles en el marco de un proyecto político que comenzó hace 11 años: la reciente actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el desarrollo del Programa Progresar, garantizan el acceso a necesidades básicas de los sectores menos favorecidos.

En ese mismo temperamento transformador hay que ubicar los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una nueva conquista democrática que llena de participación popular un ámbito institucional que, muchas veces, evidenció rasgos corporativos. Esta decisión avanza en el mismo sentido que la reforma del sistema político con la incorporación de las PASO; o que las transformaciones socio-culturales expresadas en la ley de identidad de género; o la incorporación de nuevos actores en el espectro comunicacional que significó la ley de medios.

Los juicios por jurados implica modernización y ampliación de ciudadanía en su doble dimensión: como derecho y como responsabilidad que generará mayor compromiso cívico de los bonaerenses. En estas búsquedas, acciones, medidas y sujetos destinatarios es posible vislumbrar el contorno que delimita un proyecto político y su proyección en la historia.

Ampliar derechos, no volver al pasado

Las recientes escaramuzas mediáticas en torno a una supuesta iniciativa para promover el  regreso del servicio militar obligatorio, construyó un escenario que posibilitó diferenciar los comentarios individuales sin representación social ni anclaje institucional, de las políticas de Estado que promueve el Ejecutivo provincial.

El gobernador Daniel Scioli no dejó dudas al respecto y, al mismo tiempo, trazó la hoja de ruta para abordar problemáticas ligadas al presente, pero especialmente relacionadas con el mediano plazo y con la oportunidad de desarrollar la provincia y el país.

El gobernador explicó que el servicio militar obligatorio “es parte del pasado”, y definió el marco político-conceptual para abordar, por ejemplo, la problemática de jóvenes desocupados: “inclusión social”, generación de oportunidades a partir de un Estado activo que interceda para generar las condiciones (destacó los programas Envión –provincial- y Progresar –nacional).

Desde estas certezas y esta responsabilidad es que debemos construir la provincia y el país que estamos en condiciones de hacer: reparando, fortaleciendo y ampliando derechos; caminando hacia la equidad en el marco del desarrollo.

Las problemáticas sociales, las que plantea el desarrollo, no pueden abordarse desde lógicas reduccionistas, ni desde los discursos y prácticas que en el pasado configuraron la Argentina del terror, de la miseria y la exclusión.

Relacionar a la juventud con las violencias, sin matices ni voluntad de análisis histórico, se inscribe en ese marco. Es una especie de resorte reaccionario que expresa, básicamente, incapacidad e irresponsabilidad. No se trata de mandar a los pibes a la cárcel o a los cuarteles. Se trata, como expresó el Gobernador, de incluir y ofrecer posibilidades.

Y finalmente, estos entreveros mediáticos permiten diferenciar a los dirigentes que asumen sus compromisos institucionales con responsabilidad, de los que se transforman en generadores de títulos de alto impacto que se remiten sólo a impresiones particulares que permanecen desarticulados de proyectos colectivos de transformación, y alejados de las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Este es el camino de los Derechos Humanos. Por eso, en la Provincia ampliamos una consigna histórica: a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia, le sumamos la Inclusión Social como paradigma rector. En esos valores puede rastrearse los límites, objetivos y sujetos de un proyecto político.