Siempre he dicho que los derechos humanos son una opción política. ¿Por qué? Por una sencilla razón: se trata de conquistas logradas a través de luchas reales y simbólicas a lo largo de la historia, en un derrotero plagado de víctimas y victimarios.

En la Argentina de hoy parece natural el consenso desplegado en torno a la política de Memoria, Verdad y Justicia; pero es vital recordar que hace apenas 12 años, antes del inicio del proceso político inaugurado por Néstor Kirchner, el contrato social que determinaba la vida de los argentinos era diametralmente opuesto. En aquel contexto, las demandas y necesidades de los organismos de derechos humanos eran marginales: para los sistemas políticos e institucionales y los grandes medios de comunicación no eran prioridad.

Pero con la llegada del binomio Kirchner-Daniel Scioli a las más alta responsabilidad institucional del país, los derechos humanos pasaron a ser el corazón del andamiaje socio-político y cultural en torno al cual se organizaron los consensos más desplegados de esta época. Una verdadera política de Estado, que requirió valor y decisión.

La provincia de Buenos Aires es el territorio en el que esa política de Estado ha tenido la más acabada interpretación política y social, el despliegue más amplio, la implementación de políticas públicas más progresistas y el empoderamiento institucional más notable.

La secretaría de Derechos Humanos provincial (posee rango ministerial) es la cartera más importante del país en cuanto a estructura. Esto no es un dato menor, porque el despliegue presupuestario nos permite extender nuestra competencia, atravesar toda la gestión del Ejecutivo y abordar cada uno de los distritos de la Provincia. En cómo se asignan los recursos es posible distinguir la definición política de un gobierno.

Esos atributos se traducen en logros de gestión explícitos:

-Hemos firmados el convenio Marco de Articulación Institucional con más de 100 municipios, los que nos permite la implementación efectiva de metodologías ligadas a la gestión asociada.

-Gestionamos el Programa de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia (AVM), que es la principal herramienta del gobierno provincial para abordar las violencias de género. A través de un número telefónico gratuito (0800-555-0137 o desde del 911) contiene, asesora y articula con los organismos nucleados en las Mesas Locales las emergencias; además, a través del equipo interdisciplinario genera estadísticas, investigaciones y realiza capacitaciones a lo largo y ancho de la provincia.

- Las Políticas Reparatorias son masivas en la Provincia: más de 4500 pensiones; 45 señalizaciones; más de 70 condenados en juicios de Lesa Humanidad; 5 Espacios de Memoria en marcha o en proceso de construcción.

- Se realizó un abordaje integral para garantizar los derechos de los pueblos originarios de la Provincia: se los empoderó a través de la normalización institucional de sus comunidades, cuyas autoridades elegidas democráticamente confluyen en el Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA), el órgano que depende de nuestra Secretaría y que garantiza la expresión de las demandas de sus comunidades.

- Hemos encarado una profunda transformación en el Servicio Penitenciario que incluye la formación y capacitación integral de los agentes -también de la policía- desde una perspectiva integral de derechos; el monitoreo permanente de los centros de encierro y la construcción de una ley provincial de prevención de la tortura.

Buenos Aires ha establecido un piso de transformaciones que constituye una referencia central para el resto de las provincias. En este momento atravesado por lógicas y dinámicas eminentemente electorales, es saludable tomarse un segundo: ninguno de estos notorios avances en materia de derechos humanos logrados por la Provincia hubiesen sido posible sin la decisión y la convicción de Daniel Scioli, el máximo responsable político e institucional.

En el mismo momento en que algunos precandidatos expresan su menosprecio por los derechos humanos al tildarlos de “curro”, o pretenden invisibilizarlos hablando de “etapa superada”,  Scioli se ocupa de empoderar institucionalmente la cartera de su gobierno (con recursos humanos y materiales), de acercar las políticas públicas del área a los ciudadanos, de profundizar el proceso dinámico de construcción de Memoria; de convertir a los derechos humanos en un tópico que atraviesa toda la gestión y que proyecta su desarrollo en el futuro cercano. 

En estas acciones es fácil encontrar la naturaleza de un proyecto político y su alcance histórico. Como Néstor y como Cristina, para Daniel Scioli los derechos humanos son política de Estado. El resto, son apenas palabras.