Archivo de Tag: derechos humanos

Buenos Aires, provincia referente en Derechos Humanos

Siempre he dicho que los derechos humanos son una opción política. ¿Por qué? Por una sencilla razón: se trata de conquistas logradas a través de luchas reales y simbólicas a lo largo de la historia, en un derrotero plagado de víctimas y victimarios.

En la Argentina de hoy parece natural el consenso desplegado en torno a la política de Memoria, Verdad y Justicia; pero es vital recordar que hace apenas 12 años, antes del inicio del proceso político inaugurado por Néstor Kirchner, el contrato social que determinaba la vida de los argentinos era diametralmente opuesto. En aquel contexto, las demandas y necesidades de los organismos de derechos humanos eran marginales: para los sistemas políticos e institucionales y los grandes medios de comunicación no eran prioridad. Continuar leyendo →

Una falsa dicotomía que debe superarse

Poco más de cuarenta y cinco días atrás, el Gobernador Daniel Scioli decretó la Emergencia en Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Desde ese momento se alentaron debates alrededor de aquella medida y de la implementación que llevó adelante el Ejecutivo bonaerense: desde descalificaciones reduccionistas hasta aportes para la construcción de seguridad democrática.

En este marco, toma una dimensión muy importante un concepto político que determina la práctica y delimita los alcances de una gestión de gobierno: los derechos humanos y la seguridad no son antagónicos.

Desde diversos sectores (que se ubican en los extremos del arco ideológico de la política nacional) se intentó hacer una utilización política que sólo confunde. Sin embargo, la gestión que realiza el Ejecutivo provincial a través de la secretaría de Derechos Humanos (en articulación con el resto de los ministerios), y las medidas tomadas en el marco de la Emergencia, dan cuenta de un accionar enmarcado en una concepción que aspira a ser una síntesis: la seguridad pública atravesada y condicionada por los derechos humanos.

Por eso el gobernador Scioli tomó una decisión vital: los legajos de los policías y penitenciarios retirados convocados a sumarse a la Emergencia fueron revisados por la secretaría de Derechos Humanos. Cada uno de esos expedientes fue cotejado en una base de datos de lesa humanidad, otra de violencia de género y otra de asuntos internos, por lo que ninguno de los reincorporados tiene antecedentes en ninguno de los tres casos.

Esta articulación con el ministerio de Seguridad se inscribe en el trabajo institucional que Derechos Humanos realiza al interior del Gobierno provincial para abordar la heterogénea y compleja problemática de derechos humanos.

En ese marco, estamos reparando y ampliando derechos en la Provincia, en los distintos campos de acción y ámbitos de intervención de la secretaría de Derechos Humanos. La Emergencia en Seguridad no es la excepción: se intensificaron las políticas sociales, robusteciendo el vínculo con las organizaciones que trabajan territorialmente y complementan la acción estatal, desde una matriz de gestión asociada.

En por esto que entendemos que también debemos trabajar en relación a los sentidos: es falsa la premisa que enfrenta la seguridad con los derechos humanos. La articulación institucional dentro del Gobierno bonaerense, y el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que pueblan los 307 mil kilómetros cuadrados de la provincia, apuntan a la construcción de seguridad democrática, porque el primer derecho que defendemos es el derecho a la vida.

Esta es la concepción que nos permite, además, avanzar en transformaciones en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), formando y capacitando a agentes -también de la policía- desde una perspectiva integral de derechos; trabajar en la construcción de una ley provincial de prevención de la tortura; monitorear el accionar policial para erradicar la violencia institucional; abordar la violencia de género con un Programa gratuito que atiende las 24hs. los 365 días del año (0800 555 0137).

Por supuesto que estos avances son posibles en el marco de un proyecto político que comenzó hace 11 años: la reciente actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el desarrollo del Programa Progresar, garantizan el acceso a necesidades básicas de los sectores menos favorecidos.

En ese mismo temperamento transformador hay que ubicar los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una nueva conquista democrática que llena de participación popular un ámbito institucional que, muchas veces, evidenció rasgos corporativos. Esta decisión avanza en el mismo sentido que la reforma del sistema político con la incorporación de las PASO; o que las transformaciones socio-culturales expresadas en la ley de identidad de género; o la incorporación de nuevos actores en el espectro comunicacional que significó la ley de medios.

Los juicios por jurados implica modernización y ampliación de ciudadanía en su doble dimensión: como derecho y como responsabilidad que generará mayor compromiso cívico de los bonaerenses. En estas búsquedas, acciones, medidas y sujetos destinatarios es posible vislumbrar el contorno que delimita un proyecto político y su proyección en la historia.

Frente a la demagogia, los derechos humanos como horizonte

Los linchamientos (o intentos de) a supuestos delincuentes, sucedidos en los últimos días, exigen especial atención a quienes tenemos responsabilidades político-institucionales; y debemos hacer un esfuerzo para no caer en la tentación de los análisis simplistas.

En primer lugar, debemos remarcar que estas situaciones expresan conductas pre democráticas. Es inaceptable que consignas como “el que las hace las paga”, u “ojo por ojo” sean las que determinen nuestro comportamiento social. Y es inaudito que legisladores nacionales repliquen esas ideas y las justifiquen.

La sociedad debe estar muy atenta a los discursos dominantes en torno a estas situaciones, y a la creación de sentidos que apunta a presentar escenarios desastrosos que legitiman estas acciones de “justicia por mano propia”.

Los discursos de determinados políticos, cargados de demagogia punitiva, que apuntan a la “ausencia del Estado”, están cargados de intencionalidad política y miopía social.

Resulta particularmente esclarecedor el comportamiento oscilante de estos mismos políticos, que actúan como caja de resonancia de los discursos mediáticos dominantes: no aparecen con el mismo temperamento en casos de violencia institucional contra jóvenes pobres del conurbano. Parece que estos dirigentes son apenas portavoces de lo que los medios dominantes imponen como agenda: un pibe asesinado en una villa no merece la atención que sí le dispensan a un robo a un vecino de Palermo.

Sin embargo lo principal es que, ante estas situaciones, recordemos las enormes conquistas sociales, culturales, laborales, institucionales que hemos logrado en los últimos 11 años. Por supuesto que no se trata de esconder los notorios problemas que enfrentamos como sociedad. Pero al mismo tiempo que la autocrítica, es vital entender que fue el Estado nacional, y el provincial en sintonía fina, quien impulsó la reparación de derechos y ampliación de ciudadanía más importante de los últimos 50 años.

Las demandas y banderas históricas de sectores sociales que habían sido reducidos a la marginalidad e invisibilizados por los mismos medios que hoy acicatean el descontrol, fueron recuperadas por el Estado para empoderarlos, protegerlos, incluirlos.

Los organismos y militantes de derechos humanos somos un claro ejemplo de ello. Hoy, Memoria, Verdad y Justicia son políticas de Estado. Los valores que constituyen esa consigna se han hecho carne en los argentinos.

Abuelas y Madres, HIJOS y familiares, sobrevivientes. Todos ellos son el ejemplo que debemos tomar ante estas situaciones sociales complejas: jamás hubo justicia por mano propia. A pesar de conocer a los asesinos y desaparecedores de nuestros hermanos, a pesar de las provocaciones de los genocidas –incluso en los mismos juicios-, a pesar de los años de ninguneo institucional, nunca hubo respuestas violentas ni “ojo por ojo”. Sólo la búsqueda de justicia a través de las instancias institucionales correspondientes.

No podemos adoptar las prácticas de los victimarios, porque nos convertiríamos en ellos. Debemos profundizar la inclusión y la apertura de posibilidades. Debemos abrir las instancias de diálogo para abordar las tensiones de nuestra sociedad. Y debemos estar atentos ante el oportunismo y la demagogia de determinados sectores y ciertos dirigentes políticos.